Videla - Menendez

El genocidio fue posible porque hubo "tolerancia" de funcionarios judiciales

2012-01-06T00:45:00.000-08:00

Se llevó a cabo en la Cámara Federal de Apelaciones, la primera audiencia oral y pública en el marco de la causa que investiga la conducta de los jueces y funcionarios judiciales que actuaron durante la última dictadura cívico militar.

Los ex funcionarios acusados, Puga, Fuad Alí y Cornejo, ausentes

Por Katy Garcia - Prensared

Ayer, desde media mañana y hasta pasadas las 13 se reunieron en audiencia las partes y el tribunal que estuvo conformado por Abel Sánchez Torres (presidente) y los jueces Luis Roberto Rueda y Octavio Cortés Olmedo.

La defensa del ex fiscal Alí Fuad Alí la ejerció el abogado José Antonio Buteler. Mientras que Carlos María Lescano Roqué y Ángel Ignacio Carranza, lo hicieron por el ex juez Miguel Ángel Puga y el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo. Los defensores solicitaron la prescripción de la causa por falta de acción y negaron que la conducta de sus asistidos configure un delito de lesa humanidad. Asimismo cuestionaron los fundamentos resueltos en primera instancia.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que se rechacen los argumentos de la defensa y mantengan los procesamientos. El fiscal general Carlos Gonella sostuvo que existen fundamentos suficientes en los tratados internacionales a los que el país adhiere. Y que en este caso los delitos atribuidos a los ex funcionarios públicos pueden encuadrarse como delitos de lesa humanidad cuando se habla de “tolerar” o mantener “un comportamiento de otro modo” por parte del estado, lo cual sucedió.

¿Este verdadero genocidio se podría haber llevado adelante sin esta ‘tolerancia’? ¿Cabe alguna duda de que este “tolerar” fue una conducta sistemática en el caso de la UP1? Está presente sistemáticamente y se masacraron a 30 personas que estaban a cargo de los magistrados. No me cabe duda”, fundamentó.

Asimismo reclamó que sean citados como testigos los ex presos políticos que testimoniaron en la causa Videla: Luis Baronetto, Osvaldo Onetti, Maria Teresa Sánchez, Luis Angulo, Alfredo De La Merced, Manuel Canizzo y Jerónimo López y a los ex policías Luis Eduardo Molina, Carlos Yanicelli y Yamil Yabour.

Los abogados querellantes particulares Miguel Ceballos, Miguel Martínez y Miguel Hugo Vaca Narvaja adhirieron a los planteos del ministerio público fiscal y demandaron que se rechacen los argumentos de la defensa y que se imponga mayor celeridad a la causa. Marcelo Arrieta, defensor oficial representó a los ausentes.

Breve historia de idas y venidas

Para comprender esta instancia a la que se arribó tras varios incidentes es necesario conocer su recorrido. En el marco del Juicio Videla, los abogados Miguel Ceballos y Rubén Arroyo solicitaron que se investiguen las conductas de magistrados y funcionarios de la Justicia Federal de aquella época, cuando los ex presos políticos luego asesinados, estaban a su cuidado.

Se trata de Miguel Ángel Puga, Ricardo Haro, Carlos Otero Álvarez, Luis Eduardo Molina, Eudoxo Vázquez Cuestas, Antonio Sebastián Cornejo y Ali Fuad Ali.

El fiscal federal, Gustavo Vidal Lascano, promovió acción penal en contra de Miguel Ángel Puga y Antonio Sebastián Cornejo por tres hechos. Mientras que a Ali Fuad Ali por cincuenta y dos. Y los acusa de supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 del C.P.). En cambio pidió que se desestimen las denuncias en contra de Otero Álvarez, Molina y Haro y se declaró incompetente en relación a los hechos ocurridos en Bell Ville.

El Juez Federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes accedió a lo solicitado e hizo lugar “a la excepción de falta de acción” formulada por los imputados y terminó sobreseyendo a Miguel Angel Puga, Antonio S. Cornejo y Ali Fuad Ali.

El fiscal federal y los querellantes apelaron la medida y esta cámara le hizo lugar al planteo formulado por Miguel Martínez, abogado de Diego Bauducco. Declaró la nulidad de lo actuado y volvió al juez de primera instancia. Es ahí que Sánchez Freytes se inhibe y por sorteo recae en manos de juez Daniel Herrera Piedrabuena del Juzgado Federal de La Rioja.

Nuevamente se presentaron los querellantes Juan Miguel Ceballos y Luis Miguel Baronetto, ampliaron la denuncia original y solicitaron la imputación de Carlos Otero Alvarez y Ali Fuad Alí como partícipes del delito de privación ilegítima de la libertad agravada, respecto de los hechos ocurridos en UP1.

El juez Piedrabuena rechazó las “excepciones de prescripción de la acción penal y de atipicidad penal planteadas por las defensas de los imputados Ali Fuad Ali, Miguel Ángel Puga y Antonio Sebastián Cornejo, por considerar que los hechos investigados constituyen delitos de lesa humanidad”. Las defensas apelaron y quien debe resolver el asunto es la Cámara Federal. Y es así que se llega a esta audiencia.

Habla la defensa

El primero en exponer fue José Buteler quien recordó que los comportamientos atribuidos a su defendido están prescriptos y que además no constituyen delitos de lesa humanidad. Expresó que la imprescriptibilidad de los hechos no fue demostrada porque los sitúa como hechos conexos. Y puso el foco en ese punto porque consideró que no explican porqué lo son ni tampoco figura en la imputación.

Desde diversas fuentes del derecho que se centran en el delito y su tipificación en el Código Penal rebatió los argumentos de la acusación y manifestó que desde el plano internacional desde Nuremberg a esta parte era imposible violar el principio de legalidad “como lo hizo Sánchez Freites”.

“Es evidente que nuestra tabula de salvación es aplicar el derecho” enfatizó y agregó que “no impongamos el derecho de los ganadores sino el derecho argentino”.

Planteó fallas en la imputación en general porque no define qué es un delito conexo. “Vamos a seguir bregando no porque participemos de ninguna actitud de valoración positiva ni negativa sino que vamos a pedir la aplicación del derecho”, expresó.

Pidió en definitiva que se revoque la decisión del juez y declare sobreseída la causa por prescripción de la acción penal y recordó que su defendido no está en “condiciones cognitivas” en este momento.

Por su parte Lescano Roqué, defensor de los imputados Puga y Cornejo, dijo que es prioritario “definir si el hecho es un delito o no, al margen de las connotaciones políticas que no vienen al caso” e invitó al tribunal a ceñirse a la descripción realizada por la fiscalía. “El hecho objeto del proceso debe ser respetado”, remarcó.

Sobre la cuestión de los hechos conexos explicó que desde lo procesal “es un disparate” aplicarlo a sus defendidos, porque “si no está en la requisitoria no existe”. Explicó que Puga en su condición de Juez federal no omitió averiguar las circunstancias y causas de la muerte de Moukarzel porque existía un certificado médico que diagnosticaba paro cardio respiratorio y cuya información fue aportada por el registro civil.

En el caso de las muertes de Miguel Ángel Mosé y de Miguel Ceballos afirmó que Cornejo tomó conocimiento de que fueron producidas en enfrentamientos por Zamboni Ledesma. Y agregó que tampoco le caben las imputaciones porque no era funcionario público en ese momento y los hechos citados no están incluidos.

¿Estos hechos son un delito en el Código Penal? Interrogó y respondió que “si no fueron mencionados se debe archivar la causa porque -advirtió – vamos camino a la nulidad”.

En este punto insistió que tanto el Art. 248 como el 274 no constituyen delito porque ninguno de los imputados conoce el hecho del que habría surgido una probable investigación. “Si el Fiscal no tuvo el coraje de ampliarla no es un problema nuestro, habrá que hacer una nueva requisitoria y habrá que inventar una novela distinta”, deslizó.

Concretamente solicitó que revoque la falta de acción y sobresea la causa porque no encajan los hechos. Se apoya en jurisprudencia de la CFCP acerca de la garantía de la defensa en juicio. “Si el hecho constituye delito en ese caso no prosperaría y si fuera subjetivo que lo es, es innecesario someter a personas a procesos como lo dijo la Corte”, afirmó.

Sobre la prescripción dijo que “esta etapa no supera el análisis de los hechos y no debería ser planteada” y adhirió a lo dicho por su colega. Indicó que en el supuesto caso que se le aplique el artículo 248 -pena de dos años- por la prescripción ya se cumplieron y con exceso.

Se declaró “fanático” de la teoría del delito de Francisco Carrara que aprendió como alumno y seguirá enseñando como profesor. Ponderó esta construcción teórica y a una de las premisas que explican que “si no hay hecho no hay delito. No se puede castigar a nadie sin una ley previa”, destacó.

A propósito de esta afirmación cabe destacar que en la audiencia quedó expuesto un duelo verbal entre profesores y ex alumnos de la Facultad de Abogacía y Ciencias Sociales de la UNC. Unos sentados en el banco de la defensa y otros en la fiscalía y la querella.

La voz de la fiscalía

El fiscal retrucó los argumentos esgrimidos por la defensa. En primer lugar contextualizó los hechos y recordó que los ex presos políticos asesinados en la penitenciaría estaban bajo la tutela de los funcionarios y amplió los fundamentos de la acusación. Y afirmó que la decisión del juez fue acertada.

Desde lo procesal afirmó que esta causa que está juzgando la conducta de los funcionarios quedó expuesta en el Juicio Videla y lamentó que haya sido escindida de aquella.

Antes realizó unas consideraciones semánticas acerca de los conceptos “dictadura militar, dictadura cívico militar y dictadura militar a secas” y los relacionó con el discurso que cada juicio fue legitimando. Sobre la legitimación y los discursos dominantes en diferentes etapas discurrirá Vaca Narvaja sobre el final.

Gonella recordó que “dictadura militar” refiere a los mandos militares de la cúpula castrense juzgados en la causa 13 y sostuvo que cuando se quiso avanzar en la definición de responsabilidades de los mandos subalternos ocurrieron presiones y se consagraron las leyes de la impunidad y produjo un retraso de 20 años.

A partir del año 2005 -dijo-, una medida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución en la causa Simón que “para mí produjo un acto refundacional de la república”, sostuvo.

Y explicó que ello significó que “cada porción del poder asumió su cuota de poder y su rol institucional”. El poder ejecutivo acompañó estas medidas con políticas de Estado y a las víctimas del terrorismo de Estado como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, en la lucha por investigar la verdad de lo que ocurrió en esta época reciente.

“En el mismo sentido actuó el poder legislativo, pero con el resurgir de esta causa empezó aflorar otro concepto nuevo: Terrorismo de Estado que trascendió a un par de burócratas altamente eficientes en la aplicación de torturas y esto quedó demostrado el año pasado en el juicio UP1”, señaló.

Luego analizó que el término dictadura cívico - militar asomó cuando aparecieron actores civiles cómplices como la Iglesia y los Jueces. Hizo un racconto de las causas que en las que fueron condenados y destituidos magistrados como Bruza en Santa Fe y Miretti en Mendoza.

El funcionario público advirtió que “existen más de 45 funcionarios entre procesados y condenados en todo el país. Todos los abogados defensores plantean estos recursos de excepción como por ejemplo en Salta donde se investiga la desaparición y tortura del gobernador y también en el TOF1 hasta llegar incluso a la Corte”, afirmó y reconoció la labor de esta cámara que también se expidió en el caso Alsina.

“El principio de inocencia lo es hasta que un Tribunal lo declare culpable y no lo afecta al imputado”, aclaró y solicitó el rechazo de la solicitud de la defensa.

Sobre el tema de la prescripción dijo que Buteler argumentó desde una posición positivista del derecho y recordó que la Corte dijo que la inclusión de convenciones fueron tomadas en base a experiencias tomadas de la costumbre como los genocidios armenio, judío y otros y se refirió al fallo Arancibia Clavel.

Más adelante aportó jurisprudencia de fallos recientes para demostrar que los delitos conexos como los que son objeto de análisis en esta audiencia son también abarcados.

Y citó textualmente párrafos de un fallo que expresan que los crímenes son imprescriptibles y destacan por ejemplo que también son responsables los que “toleren su participación; No solo prevé castigos para los que lo hacen sino también para los que los “toleren.”

“La comunidad internacional debió dar respuesta a los hechos aberrantes ocurridos en nuestro país” –consideró-, y se preguntó: ¿Este verdadero genocidio se podría haber llevado adelante sin esta ‘tolerancia’? ¿Cabe alguna duda de que este “tolerar” fue una conducta sistemática en el caso de la UP1? Está presente sistemáticamente y se masacraron a 30 personas que estaban a cargo de los magistrados. No me cabe duda”, fundamentó.

Pidió que consten en actas otras consideraciones que respaldan lo actuado por el Juez y defendió la aplicación de varios artículos del código penal que alcanzan a los funcionarios públicos. (Arts. 248, 264, 269, 274 y 277)

“Hay más que suficientes pruebas del delito, la prueba es contundente. Según Lescano Roqué –dijo- Puga sería una tabula rasa y tendría que tenerse en cuenta en un hecho y no en el segundo. Puga juró por el proyecto del Proceso de Reorganización Nacional, la matanza fue sistemática”, expresó.

En relación a los sobreseimientos de Otero Álvarez, Haro y Molina consideró que fue apresurada habida cuenta que se encuentran muy comprometidos y pidió que se solicite como testigos a varios testigos de la causa UP1, ya nombrados.

“Juicio maldito”

Los abogados querellantes presentes adhirieron a la postura del MPF y reforzaron el pedido de procesamiento y agilización de la causa de magistrados.

Miguel Ceballos tomó las palabras de Rubén Arroyo cuando en su momento dijo refiriéndose a la causa UP1 que “este es el juicio maldito de la justicia federal”. Y recordó que fue Arroyo quien le advirtió a la fiscal López de Filoñuk, en 2007, que había que imputar a Jorge Rafael Videla y que se debía tener en cuenta el caso del doctor Vaca Narvaja –asesinado en la UP1- que estaba a cargo de esos magistrados.

Retrucó los dichos del defensor cuando intentó alejar de la escena de la muerte de Moukarzel a su defendido diciendo que murió de un PCR. “Nunca hubo voluntad de investigar”, afirmó y recordó que López Filoñuk y Enrique Senestrari se apartaron como fiscales. Pasó a Gustavo Vidal Lascano y luego Cristina Garzón de Lascano también se apartó. “Una cadena de complicidades y una actitud corporativa”, manifestó.

“Soportamos el desglose y que la siga Piedrabuena. Hasta hoy, el fiscal que estaba- Alberto Lozada- también se apartó. Esta causa se debió tratar con a causa Videla y me refiero a Haro, Otero Álvarez y Molina” remarcó.

Solicitó que se eleve la causa a juicio y reflexionó que “esta justicia federal debe dar el paso más doloroso: dejar de lado los amiguismos, “la sagrada familia” como se conoce en la calle. Ninguno de nosotros ni los organismos de derechos humanos hemos hecho cuestiones de venganza”, concluyó.

Por su parte, Miguel Martínez, se refirió a que “lo conexo existe y ya fue resuelto porque fue arbitrariamente separada de la causa UP1; y uno de ellos tuvo que renunciar: Otero Álvarez. Hablamos de hechos y son concretos. Y el doctor Buteler dijo que el ‘derecho es nuestra salvación’. Lo espero del sistema democrático y nadie puede discutir que juró ante un sistema y nadie puede desconocer cada uno de los derechos mucho menos Ali Fuar Ali y Puga que incluso se autoincriminó”, analizó.

Finalmente Miguel Hugo Vaca Narvaja (n)planteó si “¿Está en condiciones la justicia federal de Córdoba de resolver estas cuestiones que hacen a su estructura precedente en estos casos? La respuesta no es fácil de obtener. Hubo tres juicios: Brandalisis, Alvareda, Moyano y Morales y UP1, expresó.

El querellante destacó que tras un análisis del discurso jurídico de la justicia federal queda claro que “se centra en el Golpe Militar que es llevado adelante por los militares” y fortaleció lo expresado por Carlos Gonella respecto a la consideración de la existencia de una dictadura cívico- militar de la cual la justicia no se siente parte y tampoco considera hacer una autocrítica.

Luego reprochó a la corporación judicial que “asume una posición cómoda y toma el discurso de los militares que afirma que ‘vinieron para erradicar a la subversión’. Sin embargo, podemos palpar que el objetivo central no era la lucha contra la subversión y quien lo dijo con claridad fue precisamente Mones Ruiz”, analizó.

“La teoría de los dos demonios que le daba sustento se propagó en la sociedad pero el objetivo era un reordenamiento social, un cambio en el perfil productivo industrial para devolverle al antiguo rol de agroexportador al país”, señaló. Y añadió que esto se pudo vislumbrar apenas nombraron como ministro de economía a José Martínez de Hoz y ante la creación varias instituciones bancarias.

“No hubo testigo que no nombrara a alguno de los apellidos ya mencionados. Y volviendo a la pregunta original: ¿Están en condiciones la justicia federal de juzgar estos hechos? ¿De juzgar la participación necesaria de estos hechos? La respuesta la tienen ustedes señores jueces”, concluyó.

Todos realizaron las reservas legales de concurrir ante la corte suprema si no eran acogidos sus fundamentos. El lunes 18 se realizará una próxima audiencia en la sede de tribunales federales, a las 10:30hs.

Séptimo juicio para Menéndez sobre el CCD "La Perla"

2011-12-27T23:35:00.000-08:00

Entre los acusados están el ex carapintada Ernesto “El Nabo” Barreiro y el capitán Héctor Vergez, jefe de La Perla.

El cuarto juicio oral y público en Córdoba por delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado durante la dictadura será un “megajuicio”. Las razones son varias: será la séptima vez que el represor Luciano Benjamín Menéndez se siente en el banquillo, con sus seis condenas anteriores a prisión perpetua. Le harán compañía el ex mayor carapintada Ernesto “El Nabo” Barreiro y el capitán Héctor Vergez, jefe de interrogadores y jefe, respectivamente, del centro clandestino La Perla. La mayoría de las víctimas cuyos casos serán juzgados estuvieron secuestradas en ese campo de exterminio cordobés y para dar testimonio de ello declararán unos 300 testigos, algunos de los cuales vendrán desde el exterior. La fecha de inicio para este megaproceso sería el 12 de junio.

“Será un juicio paradigmático, aunque en Tribunales lo llaman Menéndez III, para nosotros es el que corresponde a La Perla, pero en realidad, además de ese expediente que es enorme, se sumarían otros nueve”, explicó a Página/12 el abogado querellante Claudio Oroz, que representa a varias víctimas, sus familiares, a Hijos y a la Asociación de Familiares de Ex Detenidos-Desa-parecidos de Córdoba. La Justicia Federal confirmó ayer la realización del juicio que apuntará a juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas en La Perla entre 1975 y 1978. La fecha del inicio del proceso oral y público fue resuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, integrado por Jaime Díaz Gavier, José Vicente Muscará y Julián Falcucci, cuya primera audiencia se realizará desde las 10 en el edificio de los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba.

Antes del comienzo se sumarían otras causas, pero lo que ya está elevado a juicio involucra a 32 víctimas de la represión, en tanto que junto a Menéndez se encuentran imputados otros 16 represores. Los fiscales serán Maximiliano Hairabedián y Carlos Gonella, en tanto que está previsto la convocatoria de unos 250 testigos, que serían más cuando se adjunten los demás expedientes, como vaticinó el abogado Oroz. Algunos testigos que vienen del extranjero son Piero di Monte y Graciela Geuna. Di Monte ya declaró en anteriores juicios que “somos prueba del infierno en que ellos (por los represores) eran los dioses, y La Perla una fábrica de muerte”. Ese campo, por el que pasaron unas tres mil víctimas, tuvo muy pocos sobrevivientes y Susana Graciela Geuna es una de ellos. Por eso pudo contar, y volverá a hacerlo, cómo el propio Menéndez presenciaba los fusilamientos en ese centro clandestino. La mujer fue secuestrada en junio de 1976, cuando tenía apenas 20 años, y el suyo fue uno de los primeros y muy detallados testimonios del terrorismo de Estado, brindado inicialmente en Madrid ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos.

“Si se llega a acumular todas las que pretendemos, los casos serían unos 150, si agregan la causa Acosta hay decenas de víctimas que, en su mayoría, son sobrevivientes”, analizó Oroz. Entre esas víctimas también está Tomás di Toffino, conocido como Tití, el compañero de Agustín Tosco en la conducción del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. El abogado especuló con que un juicio de estas dimensiones se prolongaría por más de un año.

Será la primera vez que se siente entre los acusados El Nabo Barreiro. Gabriel Mayorga tenía 16 años, pero se acuerda que quien le aplicó picana fue el teniente primero Ernesto Guillermo Barreiro, “quien me decía que era agente de la CIA”. Fue vocero de los carapintada que se alzaron en Semana Santa de 1987, escapó a los Estados Unidos en 2004, lo detuvieron por haber mentido cuando ingresó al país y fue deportado en octubre de 2007. El abogado Oroz fue uno de los que detectaron su paradero luego de la fuga.

También estará en el banquillo su jefe en La Perla, Vergez, que fue el creador de los Comandos Libertadores de América, la versión cordobesa de la Triple A. Casi todos llegan presos al juicio, salvo Menéndez, que sufrió un infarto y goza del arresto domiciliario, aunque los querellantes plantearán que está en condiciones de participar de las audiencias.

Videla, Harguindeguy y Menéndez, procesados por el asesinato de Angelelli

2011-11-24T23:54:00.000-08:00

Tres ex generales y un obispo muerto

Es la primera causa que involucra al entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy. El juez concluyó que el entonces obispo de La Rioja fue asesinado para acallar sus denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.

El dictador Jorge Rafael Videla, su ex ministro Albano Harguindeguy y el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, fueron procesados con prisión preventiva por el homicidio del ex obispo riojano Enrique Angelelli en 1976. El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, consideró probado que el siniestro que le costó la vida a Angelelli fue un “accidente automovilístico provocado”, en respuesta a las denuncias por los asesinatos de religiosos en la localidad de Chamical. El religioso tenía en su poder al momento del asesinato documentación sobre crímenes de la dictadura que terminó en el despacho de Harguindeguy, entonces ministro del Interior, quien a diferencia de Videla y Menéndez todavía no fue condenado en ninguna causa.

La decisión del juez federal de La Rioja incluyó además al ex segundo jefe del escuadrón de tropas en Chamical, Luis Estrella, y al ex comisario y por entonces jefe del Servicio de Informaciones de la policía riojana, Juan Carlos “la Bruja” Romero. Por los cargos jerárquicos que ocupaban en la estructura represiva ilegal, los cinco procesados fueron considerados autores mediatos de homicidio calificado y asociación ilícita agravada.

El magistrado consideró probado que la dictadura hizo inteligencia sobre sacerdotes que trabajaban con sectores pobres y con campesinos que luchaban por sus tierras y que el crimen de Angelelli se enmarcó “en un intento por evitar que las denuncias por violaciones a los derechos humanos y asesinatos tomaran estado público, sobre todo en el exterior, ya que el religioso cordobés tenía llegada a altas jerarquías de la Iglesia en distintos lugares del mundo”.

“Previo a la muerte de monseñor Enrique Angelelli existía un cuadro de persecución a ciertos sectores de la Iglesia Católica, que se exteriorizaban desde años anteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, lo que es corroborado por distintos testimonios y, como se señalara anteriormente, concluyeron en los homicidios de Longueville, Murias, Pedernera y de monseñor Angelelli”, advirtió el juez en una extensa resolución de 120 carillas, dictada a 35 años de los hechos. Los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias habían sido asesinados en Chamical el 18 de julio de 1976 junto con el laico Wenceslao Pedernera. Angelelli intentaba desentrañar los crímenes y llevaba “una carpeta con información que había recopilado”, escribió el juez, y agregó que el obispo “temía por su vida” porque “era perseguido por la policía provincial”.

El accidente provocado en el que murió Angelelli ocurrió el 4 de agosto de 1976. El vehículo, una camioneta Fiat 125 que manejaba el propio obispo, fue siniestrado cerca de la localidad de Punta de los Llanos. Su acompañante, el ex sacerdote Arturo Pinto, resultó herido, pero sobrevivió. En el mismo año, el primero de la dictadura, la Justicia local cerró el caso en la interpretación de que se trató de un accidente. El expediente se reabrió tras el retorno de la democracia en 1984, cuando comenzó a investigarse el homicidio, pero volvió a ser archivado a raíz de la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida.

Herrera Piedrabuena consideró probado, en base al testimonio de Pinto, entre otros, que la camioneta Fiat 125 fue arrinconada por otro vehículo. Testigos que acudieron al lugar confirmaron la presencia de policías y personal civil de inteligencia del Ejército, que estaba bajo la órbita del procesado Menéndez, que “apuntaban con Itakas” para que los pobladores se alejaran. El magistrado relató también que, antes de partir desde Chamical rumbo a La Rioja, el sacerdote Pinto había hecho revisar el vehículo en una estación de servicio, por lo cual “la camioneta estaba en perfectas condiciones para viajar”. Partieron a las 14.30 por la Ruta Nacional 38 y tomaron por un “camino viejo de la ruta” para evitar ser “hostigados”. Según el relato de Pinto, un vehículo blanco se acercó en la misma dirección que el que conducía Angelelli y realizó una maniobra “intencionalmente brusca por el lado izquierdo, provocando que volcara”.

El procesamiento de Videla, Menéndez y Harguindeguy incluye una resconstrucción de la obra pastoral de Angelelli, con citas de sus sermones y testimonios sobre el trabajo que realizaban los sacerdotes provinciales para evitar que los campesinos fueran expropiados de sus tierras por grandes empresas. Angelelli había viajado en abril de 1976 para entrevistarse con Harguindeguy en Buenos Aires y pedir la libertad del párroco de la localidad de Olta, Eduardo Ruiz, y mantenía reuniones con altas jerarquías de la Iglesia, ante quienes planteaba una y otra vez sus denuncias, tal como surge de la correspondencia con monseñor Vicente Zazpe. “Era clara la amenaza de que la represión que se estaba llevando a cabo en la Argentina alcanzara trascendencia internacional”, concluyó el juez para explicar el móvil del crimen.

Menéndez y otros represores acusados por delitos sexuales en Mendoza

2011-11-24T00:02:00.000-08:00

Procesados por violadores

La Cámara Federal de Mendoza procesó al ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército y a tres policías como autores mediatos de las violaciones a mujeres secuestradas. Consideraron que “esa práctica sistemática” estaba avalada por la jefatura.

La Cámara Federal de Mendoza procesó al general Luciano Benjamín Menéndez y a otros tres represores como autores mediatos de las violaciones sexuales sufridas por mujeres secuestradas en esa provincia durante la dictadura. Para el tribunal, “la violación sexual fue una práctica sistemática y generalizada en los centros clandestinos de detención”. La decisión histórica de imputar a un oficial superior, como el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, por su lugar jerárquico en la cadena de mandos se inscribe en línea con un documento difundido el mes pasado entre jueces y fiscales por la Unidad Especial de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, en el que sostuvo que no hacían falta órdenes explícitas para responsabilizar por ese delito a los superiores de los perpetradores directos, dado que la “práctica sistemática” estaba avalada por las jerarquías militares.

Los procesados por la Sala B del tribunal de apelaciones mendocino, además de Menéndez, son represores que actuaron en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza. Se trata del comisario Juan Agustín Oyarzábal, ex subjefe del D2, del subcomisario Armando Osvaldo Fernández y del oficial Eduardo Smaha Borzuk. Los cuatro estaban procesados en primera instancia por privaciones ilegales de la libertad, torturas y homicidios, pero se habían beneficiado por una falta de mérito en cuanto al delito de violación. La Cámara revocó esa decisión de instrucción y consideró que también deben rendir cuentas por las violaciones. El tribunal los responsabilizó por los delitos padecidos al menos por tres mujeres que estuvieron cautivas en el D2.

Para la Cámara cuyana, los delitos sexuales integraron el “plan sistemático y generalizado de violación de derechos humanos” de la dictadura. Por ese motivo deben ser considerados delitos de lesa humanidad, y por ende imprescriptibles. “Conforme lo estipulado en diversos instrumentos internacionales sobre el tema, los delitos sexuales son equiparables a la tortura en cuanto crimen de lesa humanidad”, explicaron. Para el tribunal, ello “no equivale a decir que queden subsumidos en el delito de tormentos”, criterio que hasta el momento venía adoptando la mayor parte de los tribunales de instrucción, “sino que conservan su especificidad por la gravedad de la ofensa contra el bien jurídico protegido, esto es, la integridad y libertad sexual de la víctima”.

“Surge en principio de la investigación desarrollada que las agresiones sexuales que se cometieron en los centros clandestinos contra las personas allí detenidas fueron continuas, reiteradas y masivas”, advirtieron los jueces. Las violaciones “formaban parte, al igual que los golpes, la picana eléctrica, las vejaciones, etcétera, del conjunto de prácticas criminales que, como hechos aberrantes, integraron de modo expreso o implícito el dispositivo represivo diseñado por los altos mandos militares para lo que denominaron ‘la lucha contra la subversión’, y que fue replicado en todos y cada uno de los niveles de mando y ejecución del plan en todo el país”, explicaron.

El plan sistemático “incluyó una práctica que afectó principalmente a las mujeres, la violencia de género y la violencia sexual, y que no habría afectado de este modo sistemático a los detenidos varones”, sostuvieron. “Si bien las violaciones habrían sido sufridas también por varones, las principales víctimas fueron mujeres, a las que se les infringió otro tipo de violencia sexual”, escribieron, y ejemplificaron con “la desnudez forzada y violencia que tienen que ver con particularidades biológicas de la mujer como su carácter de gestante: embarazos forzados y abortos forzados”, agregaron. Las sobrevivientes “señalan la frecuencia de los ataques”, que demuestran que “los delitos contra la integridad sexual fueron integrantes del ataque sistemático, implementado contra sectores de la población civil, en particular contra las mujeres”.

Sin Bussi ni Menéndez, comienza otro juicio oral por crímenes de la última dictadura en Tucumán

2011-11-20T22:17:00.000-08:00

El juicio por los homicidios de Juan Carlos Aguirre y Margarita Susana Azize Weiss durante la dictadura militar comenzará el próximo jueves en los tribunales federales de Tucumán, luego de un par de postergaciones y sin dos de los principales imputados, Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal resolvió separar a los dos represores del juicio, luego de recibir sendos informes médicos sobre el mal estado de salud de ambos.

Tanto el ex gobernador de facto en Tucumán como el ex jefe del III Cuerpo del Ejército fueron revisados por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determinaron que no están en condiciones físicas de afrontar el proceso.

El médico forense Cristian Rando envió sendos informes al presidente del Tribunal, Gabriel Casas, en el que precisa que tanto Bussi, de 85 años, como Menéndez, de 84 años, "no se encuentran en condiciones físicas apropiadas para ser sometidos a proceso judicial en ninguna de sus modalidades, sea presencia física o teleconferencia".

El facultativo revisó a Menéndez en el domicilio donde se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en la provincia de Córdoba, mientras que a Bussi lo vio en el sanatorio privado donde estuvo internado luego de sufrir un accidente casero.

En tanto, Bussi, también fue revisado por el perito psiquiátrico Marcelo Gustavo Rudelir, quien se pronunció en iguales términos que Rando.

Los miembros del tribunal, Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Jaime Díaz Gavier consideraron atendibles las recomendaciones de los especialistas y resolvieron separar a los imputados de la causa judicial "en atención a la contundencia de las conclusiones de los mencionados informes".

No obstante la separación ordenada, los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Federal dispusieron que se efectúe un monitoreo bimestral a ambos imputados mediante exámenes médicos, a los efectos de constatar su estado de salud y la evolución.

En consecuencia, sólo afrontará el proceso judicial el ex policía provincial Roberto "El Tuerto" Albornoz, quien está acusado por los delitos de violación de domicilio, privación ilegal de libertad y homicidio agravado en perjuicio de Aguirre y Azize Weiss, cargo que también pesaban sobre Bussi y Menéndez.

Las audiencias del juicio se realizarán en la sede judicial de Crisóstomo Alvarez y Chacabuco, en la capital tucumana, los jueves y viernes desde las 9.30, aunque de ser necesario se habilitarán otros días y horarios.

Además, el Tribunal autorizó la transmisión en vivo de los tramos más importantes del juicio oral, aunque hasta el momento no se confirmó si algún canal hará uso de ese derecho.

En la acordada se habilita la transmisión en vivo del inicio del juicio, los alegatos y la lectura de la sentencia, en su parte dispositiva y fundamentos.

Bussi y Menéndez : genocidas aptos, pero no para juicios

2011-11-09T23:28:00.000-08:00

Los ex militares Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez no se encuentran en condiciones físicas apropiadas para a un juicio oral.

Lo anterior, en ninguna de sus modalidades, presencial o por videoconferencia y según dos informes elaborados por un perito del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, consignó un reporte del Centro de Información Judicial (CIJ).

Los informes habían sido solicitados por el Tribunal Oral Federal de Tucumán, que tiene previsto dar inicio a partir del 24 de noviembre próximo un juicio oral en el que, además de Bussi y Menéndez, también se encuentra imputado el ex policía Roberto Heriberto Albornoz.

En la causa, Menéndez, Bussi y Albornoz están acusados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de libertad y homicidio agravado, en perjuicio de Juan Carlos Aguirre y Margarita Susana Azize Weiss, completó el reporte del centro de prensa del Poder Judicial.

Inicio del primer juicio en San Juan por delitos de lesa humanidad

2011-11-08T00:07:00.000-08:00

Menéndez y Olivera, acusados

Entre los doce represores juzgados por la desaparición, entre otras, de la ciudadana francesa Marie Ane Erize figuran el ex jefe del Tercer Cuerpo condenado en Córdoba y el mayor retirado que fraguó documentación para ser liberado en Italia.
Por Ailín Bullentini

Más de una docena de represores, incluido quien fue el jefe del Tercer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar, Luciano Benjamín Menéndez, comenzaron a ser juzgados ayer en San Juan, en el marco del primer proceso oral por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en esa provincia. La mitad de los imputados, no obstante, está prófuga. “Estaban todos detenidos, pero la Cámara de Casación de Mendoza les revocó la prisión preventiva a fines de 2010. Cuando la Justicia sanjuanina los citó a declarar por otras causas, descubrió que estaban prófugos”, explicó a este diario uno de los fiscales del juicio, Germán Bermejo. Junto a su compañero, Dante Vega, solicitaron durante la primera audiencia la anulación del privilegio de prisión domiciliaria del que gozan dos de la media docena de imputados que no se fugó.

El tribunal, integrado por los jueces mendocinos Héctor Cortez y Alejandro Piña y el puntano Luis Fourcade, analizará los casos de torturas, detenciones ilegales, de-sapariciones y homicidios de 60 personas, que integraron, en etapa de instrucción, cuatro causas ahora unificadas. “La unificación de las causas es conveniente porque, en primer lugar, permite analizar de una manera más eficiente la sistematicidad del sistema represivo en la provincia en un nivel macro, panorámico –explicó Bermejo–. También sirve para proteger a los testigos, sobre todo a los sobrevivientes, de la reiteración de situaciones traumáticas.”

Entre los casos analizados figuran la desaparición y torturas a la modelo argentino-francesa Marie Ane Erize y del militante montonero José Alberto Carbajal, muerto en una sesión de torturas; y las detenciones ilegales y torturas de Hugo Ricardo Bustos, la actual jueza penal Margarita Camus –hija del ex gobernador Eloy Camus–, el actual gobernador, José Luis Gioja; su hermano y senador César Gioja; el juez provincial Abel Soria Vega y el sindicalista de UPCN y diputado nacional electo José Villa. Se prevé que el proceso oral dure un año y que declararán alrededor de 300 testigos. Las cuatro causas unificadas abrazan, según informó el fiscal, al 40 por ciento de las víctimas que el terrorismo de Estado dejó en la provincia. “Se esperan, por lo menos, dos juicios más”, pronosticó.

En este caso, es Menéndez quien carga con la mayor cantidad de acusaciones en relación con las 60 causas analizadas. Fue el único de los seis imputados que no están prófugos que presenció la primera audiencia, ayer, vía teleconferencia. Se encuentra en Córdoba, cumpliendo una de las seis condenas a prisión perpetua que obtuvo desde que comenzaron los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina. Los otros cinco acusados son Jorge Antonio Olivera, jefe de Inteligencia; los subalternos Osvaldo Benito Martel, Daniel Gómez, Alejandro Víctor Lazo y quien era jefe de la Policía Federal, Horacio Julio Nieto. Este último es defendido en el juicio por el reconocido defensor de militares Eduardo San Emeterio. Ayer, la Fiscalía pidió que a Martel y a Lazo se les revocara el beneficio de prisión domiciliaria.

Los militares retirados Carlos Malatto, Juan Francisco Del Torchio, Gustavo De Marchi, Eduardo Cardoz, Jorge Horacio Páez y Eduardo Vic y el entonces jefe de la policía provincial Juan Carlos Coronel están prófugos. Todos habían sido detenidos a mediados de 2010 por el juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo, “La Cámara de Casación de Mendoza los liberó en octubre de ese año, En agosto pasado los volvieron a citar para tomarles declaración indagatoria, pero nunca aparecieron”, denunció Bermejo. La Fiscalía solicitó la captura internacional. Aún no hay novedades de sus paraderos, a excepción del de Malatto, que se encuentra en Italia. La Justicia argentina ya pidió su extradición.

Luciano Benjamín Menéndez el represor con más condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

2011-10-09T23:44:00.000-07:00

Luciano Benjamín Menéndez ostenta el triste récord de ser, hasta el momento, el represor con más condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

Menéndez, alias "Cachorro" y comandante del III Cuerpo del Ejército desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979, tuvo el control operativo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la zona 3 y fue responsable de todos los centros clandestinos de detención que funcionaron en las provincias que abarcaba el sector, es decir, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán.

El represor no fue beneficiado por la Ley de Obediencia Debida y se hallaba inculpado en cerca de 800 causas. En 1988 fue procesado por 47 casos de homicidio, 76 de tormentos, 4 de ellos seguido de muerte y 4 sustracciones de menores, pero la Corte Suprema lo desprocesó entonces en conformidad con la Ley de Punto Final.

En 1990, el entonces presidente Carlos Menem lo indultó días antes de que se iniciara el juicio en su contra.

A mediados de 1998, se reabrió una causa penal por 30 fusilamientos y asesinatos de presos políticos cometidos en 1976 y Menéndez fue detenido por unos días, por negarse a declarar en esta causa, aunque fue dejado en libertad poco después.

Finalmente, la justicia llegó, diez años después, al ser sentenciado en Córdoba, el 24 de julio de 2008, por los secuestros, torturas y asesinatos de Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores abatidos en un operativo montado por el Tercer Cuerpo en diciembre de 1977.

Luego le llegó el turno ante la justicia tucumana, que el 28 de agosto -también de 2008- lo condenó por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, hecho ocurrido en 1976, en la madrugada del golpe de Estado.

Durante este proceso, también fue condenado Antonio Domingo Bussi, entonces jefe militar de Tucumán.

A fines de 2009 en Córdoba, Menéndez fue condenado por tercera vez, en esta oportunidad por el secuestro, tortura y asesinato del comisario Ricardo Albareda, además por los secuestros, tormentos y lesiones graves en perjuicio de otros perseguidos políticos.

El 18 de mayo de 2010, un tribunal tucumano volvió a condenarlo por los padecimientos de 22 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía.

Poco después, el 22 de diciembre de 2010, la justicia cordobesa lo condenó por la muerte de 31 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1) de la ciudad de Córdoba, ocurridos en 1976 bajo el paraguas de la Ley de Fugas, además del secuestros y torturas en contra de un civil y cinco miembros del entonces Departamento de Informaciones Policiales (D2).

En este juicio, acompañó a Menéndez en el banquillo de los acusados el máximo responsable de la ex dictadura y entonces titular del Poder Ejecutivo Nacional, Jorge Rafael Videla.

La hasta ahora última condena la recibió el 23 de marzo de 2011, un día antes de recordarse los 35 años del golpe militar, cuando la justicia tucumana lo sentenció por "homicidios doblemente agravados y violación de domicilio" en la causa Romero Niklison, en la que se investigan los asesinatos de cinco personas.

Las víctimas fueron María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Eduardo González Paz y Atilio Bransen.

Menéndez tuvo la posibilidad de hablar antes de conocerse el fallo y desde el country de Yerba Buena, donde permanece alojado por razones de salud, defendió por videoconferencia la tesis de "una guerra" que viene sosteniendo en cada juicio que afronta.

El desgarrador relato de una mujer que fue violada sistematicamente

2011-07-03T23:40:00.000-07:00

Una atrocidad sin límites

Una ex detenida desaparecida en el penal tucumano de Villa Urquiza, entonces de 19 años, contó cómo era abusada y torturada al mismo tiempo por los carceleros. Quedó embarazada por esas violaciones. Tras el parto en cautiverio, nunca supo del bebé.

Por Mariana Carbajal

El testimonio más desgarrador, en el marco de tanto horror ocurrido en el penal de Villa Urquiza es, tal vez, el de S.A.N. Ex detenida desaparecida, tenía 19 años cuando fue secuestrada y trasladada al centro clandestino, donde sufrió violaciones sexuales en forma sistemática casi diariamente por parte de los miembros de la “patota” que comandaba el comisario Marcos Fidencio Hidalgo, jefe de la cárcel. Incluso, la amenazaban con ser mordida por perros si se resistía. Como consecuencia de los abusos sexuales quedó embarazada, tuvo la criatura en cautiverio, se la arrancaron de los brazos y nunca más supo de ella.

S.A.N. fue secuestrada en julio de 1975. Regresaba desde su trabajo a su casa, en Tucumán. Antes de ser llevada a Villa Urquiza, pasó por la comisaría del Parque 9 de Julio y la Jefatura de Policía, donde fue sometida a torturas.

En Villa Urquiza la alojaron en una “celda chiquita”, le ataron las manos y quedó tirada en el piso. Ese primer día no le dieron agua ni comida ni tuvo contacto con nadie. “Después de ese primer día entran a la celda dos personas, la sacan y la llevan a otro lugar, allí la desnudan y la empiezan a manosear mientras le tiraban agua, uno de los hombres que pasa primero se saca la camisa, se desnuda y le ordena que lo toque, que lo manosee, y él hacía lo mismo con ella mientras la viola por la cola, al tiempo que la hacía morder con los perros que tenía a su lado cuando se negaba a besarlo, riéndose de tal situación”, describe la sentencia dictada por el juez federal N 1 de Tucumán, Daniel Bejas (ver nota central).

De su relato surge que fue violada por otros miembros de la patota de Hidalgo, entre ellos el cabo Miguel Carrizo, y por el propio jefe del penal. “Hidalgo era uno de los más violentos en las violaciones”, afirmó. Después de todo eso la regresan en muy mal estado a la celda. Desde esa primera vez, todas las noches volvía a ser sometida en iguales circunstancias por las mismas personas a violaciones y vejaciones. S.A.N. recordó que el cabo Carrizo se ponía una peluca y que en el lugar en donde la abusaban había una mesa donde era sometida. La mujer precisó que “después de un tiempo quedó embarazada, aproximadamente en el mes de septiembre”, y que a pesar de comunicar dicha situación la continúan violando aproximadamente hasta los cinco o seis meses de gestación. A partir de esa fecha quedó totalmente recluida sin tener contacto con nadie.

La sentencia describe que durante el embarazo nunca recibió asistencia médica. El parto se desencadenó aproximadamente en mayo o junio de 1976 y estando sola en la celda se le rompe la bolsa y ante sus gritos vino Carrizo. “Era de noche y hacía frío, la sacaron de la celda y la llevaron a un salón, donde le soltaron las manos y le sacaron la venda”, sigue el fallo. Las personas que la atendieron estaban con capuchas, el parto se realizó en un colchón en el piso, le ordenaron que pujara cuando vinieran las contracciones. S.A.N. contó que nació una criatura viva, que lo sabe porque escuchó su llanto. Ella permanecía acostada en el piso mientras dos personas vestidas de policías le agarraban las manos, inmediatamente después del nacimiento envolvieron al recién nacido, del que nunca supo el sexo, en una colcha y el médico o enfermero que realizó el parto se lo llevó. Quedó en ese lugar por un rato y le volvieron a vendar los ojos, colocándole ese día y los posteriores una medicación para que no tuviera leche. Hidalgo y Carrizo están muertos: por esa razón no fueron procesados.

S.A.N. no fue llevada a la cárcel de Villa Devoto como otras ex detenidas-desaparecidas. Un tiempo después la sacaron de la celda. La trasladaron y la arrojaron de un camión y cayó cerca de un cañaveral al borde de la ruta. Contó que comenzó a caminar y luego a correr, estaba pelada, sucia y así llegó al Parque 9 de Julio. Al verla así paró una ambulancia y la llevaron al Hospicio el Carmen, un hospital neuropsiquiátrico, y le preguntaron si tenía historia clínica, y qué era lo que le había pasado. Ella no quería responder nada. Al día siguiente, al despertar tuvo miedo debido a que estaba lleno de policías y militares y se escuchaban ruidos de helicópteros.

S.A.N. todavía sufre las secuelas que le dejó aquel infierno: declaró en la causa que le molestan los ruidos de hierros o ruidos de helicópteros, vive actualmente encerrada en su casa y le cuesta comunicarse con la gente. Tiene secuelas físicas de lo sucedido durante su cautiverio, problemas en los intestinos, las marcas de las mordeduras de los perros, tumores y coágulos en la zona abdominal y una fisura en la pelvis.

Procesados jerarcas de la dictadura por las violaciones a mujeres en CCD

2011-07-03T23:28:00.000-07:00

Bussi y Menéndez, dos abusadores sexuales

En un fallo inédito, un juez tucumano analiza la violencia de género sufrida por las mujeres en el marco del terrorismo de Estado. Y por primera vez procesó a dos ex jefes militares por los sometimientos sexuales contra las detenidas en el penal de Villa Urquiza.

Por Mariana Carbajal

Por primera vez dos altos jerarcas de la última dictadura militar, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi, fueron procesados como “partícipes necesarios” por la violencia de género perpetrada contra todas las mujeres detenidas en un centro clandestino de detención que funcionó en el penal de Villa Urquiza, en Tucumán, y por las violaciones sexuales sistemáticas sufridas por una adolescente de 19 años alojada en ese lugar, que logró sobrevivir y ha quedado con terribles secuelas físicas por aquellos ultrajes cometidos cada día por al menos ocho carceleros, entre ellos el entonces director de la cárcel, y que se repetían incluso cuando les advirtió que había quedado embarazada producto de aquellos ataques. Uno de sus violadores la hacía morder con los perros que tenía a su lado cuando se negaba a besarlo. Todavía tiene las marcas de las mordeduras (ver aparte).

El fallo fue dictado por el juez federal N 1 de Tucumán, Daniel Bejas. La sentencia es relevante porque analiza exhaustivamente la violencia de género sufrida por las mujeres en el marco del terrorismo de Estado. Y pone en evidencia, en línea con la Convención de Belem do Pará, que por su condición de mujeres además de haber sido víctimas de delitos de privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones y tormentos agravados –como los demás detenidos varones–, habrían sufrido una violencia específica en razón de su sexo, lo que habría agregado un plus al daño generado por los delitos de que fueron víctimas.

El fallo que se conoce ahora fue firmado el 19 de mayo por el juez Bejas, a cargo de la instrucción de la causa “Fernández Juárez, María Lilia y Herrera, Gustavo Enrique s/ su denuncia por privación ilegítima de la libertad” (Expediente n 133/05 y causas conexas), en la que se investigaron las violaciones a los derechos humanos cometidas en el penal de Villa Urquiza, de San Miguel de Tucumán, donde funcionó un centro clandestino durante la última dictadura militar. El magistrado procesó a 13 ex represores, entre ellos Menéndez, en su condición de comandante del III Cuerpo de Ejército en el momento de los hechos investigados, y Bussi, entonces comandante de la V Brigada de Infantería del Ejército, con jurisdicción en las provincias de Tucumán, Jujuy y Salta. Menéndez y Bussi eran las máximas jerarquías de la última dictadura desde Córdoba hacia el norte del país. Bejas les imputa un abanico de delitos. Las acusaciones incluyen violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejámenes, torturas agravadas, tormentos seguidos de muerte y homicidio agravado, en perjuicio de al menos 33 varones y 10 mujeres. Lo novedoso es que tanto Bussi como Menéndez fueron procesados, además, como “partícipes necesarios” de la violencia de género que sufrieron las mujeres detenidas, y del delito de violación sexual agravada en grado reiterado (artículos 119 y 122 del Código Penal) en perjuicio de S.A.N., una adolescente que tenía 19 años cuando fue llevada al centro clandestino que estaba en el penal tucumano.

Puntualmente, el magistrado declara en el punto 7º de la sentencia que “las mujeres alojadas en el Penal de Villa Urquiza durante la vigencia del terrorismo de Estado habrían sido víctimas de actos que califican como las más graves y reprochables formas de violencia contra la mujer (art. 1 y 2 de la Convención de Belén do Pará), correspondiendo al Ministerio Público Fiscal ahondar su investigación a fin de visibilizar tales hechos en forma particular y específica” (ver aparte). La violencia de género es considerada dentro del delito de tortura.

La prueba testimonial recolectada en la instrucción determinó que las mujeres eran alojadas en un pabellón del penal de Villa Urquiza cercano al sector de la Panadería. Allí, destaca la sentencia, “habrían sido víctimas de numerosos y variados actos de violencia de género”. Algunas de ellas estaban embarazadas y otras con sus hijos. Según el testimonio de presos comunes, “habrían sido objeto de particulares maltratos, abusos y delitos sexuales”. Varias de las detenidas permanecían en celdas de aislamiento. Una de ellas, J.R.P., declaró que fue llevada al centro clandestino estando embarazada, y permaneció los primeros días incomunicada en una celda sola con régimen de aislamiento, a la que llegó en “un estado deplorable, ya que venía de haber sido torturada”. Contó que después le permitieron estar junto a su hija de ocho meses, que estaba en la cárcel con otros niños. Destacó que era “permanentemente torturada psicológicamente” y que “jamás estando embarazada” recibió atención ni trato adecuado a su situación. La mayoría de las detenidas, consideradas “peligrosas subversivas”, fueron luego trasladadas a la cárcel de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, y los niños, entre ellos una hija de J.R.P., fueron liberados en forma conjunta sin tener ella y sus compañeras la certeza de que fueran entregados a sus familiares como les decían. Precisamente, los militares “jugaban con esa incertidumbre para generar mayor temor en ellas”, dice la sentencia. Las fichas médicas recuperadas dan cuenta de al menos ocho nacimientos en cautiverio. Varias de las detenidas eran llevadas al despacho del director del penal, Marcos Hidalgo, donde eran abusadas sexualmente. Otra ex detenida-desaparecida declaró que en una oportunidad le solicitó a Hidalgo que sus hijas menores estuvieran con ella, como pasaba con otras internas; él accedió, le llevaron a sus hijas y le dieron otra cama y colchón. “Apenas dejaron las cosas, pasó Hidalgo y le propuso a la testigo que tuviera relaciones con él en compensación de los favores recibidos, también le dijo que si accedía él podía darle la libertad, a lo que la testigo se negó y a partir de ese momento el trato para con ella se endureció”, describe el fallo.

En los fundamentos del fallo, el juez Bejas “consideró importante” la “debida visibilización y consideración” de la violencia de género, “en virtud de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino con relación a la investigación y juzgamiento de la violencia contra las mujeres durante la vigencia del terrorismo de Estado en el país”.

Recién ahora no les pagaremos a Bussi y a Menéndez... ¿?

2011-05-27T23:02:00.000-07:00

El ministro de Defensa dio de baja del Ejército a Antonio Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez

El Ministro de Defensa de la Nación, Arturo Puricelli, firmó ayer "las resoluciones ministeriales Nº 408 y Nº 409 por medio de las que se dispone la Baja de las filas del Ejército Argentino de los Generales de División (R) Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi", informó esta noche la cartera de Defensa.

"Las resoluciones respectivas indican en los considerandos que, luego de conocidos los fallos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán en las causas por las que eran juzgados (Bussi y Menéndez) y por las que se les impusieran las penas de ´Prisión Perpetua e Inhabilitación Absoluta y Perpetua…´, tomó intervención la Auditoría General de las Fuerzas Armadas, la que opinó que resultaba procedente dictar la baja de ambos individuos como consecuencia de las penas e inhabilitaciones que se les aplicara a los condenados", agrega el comunicado.

"Ambas resoluciones se adoptan en virtud de las leyes y las normativas militares vigentes", concluye el texto firmado por Puricelli.
Pero Menéndez, que ahora está ingresado en un clínica privada, después irá a su casa

Confirman en Córdoba procesamiento de Luciano Benjamín Menéndez

2011-04-11T04:04:00.000-07:00

La Cámara Federal de esa ciudad ratificó una decisión de primera instancia contra el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. En la causa se investigan crímenes en perjuicio de tres víctimas. La medida también alcanza a tres ex policías

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en aquella provincia durante el último gobierno de facto.

Así, los jueces Abel Sánchez Torres, Octavio Cortés Olmedo e Ignacio María Vélez Funes ratificaron un fallo de primera instancia que dispuso aquella medida para Menéndez y para los ex policías Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri.

En la causa se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado, en perjuicio de tres víctimas.

En su fallo, los jueces afirmaron que “las víctimas habrían sido detenidas en la intersección de las calles Octavio Pinto y Caraffa el día 2 de junio de 1976 aproximadamente a las 11 horas, e ingresadas forzosamente a un vehículo policial identificable, en el cual fueron trasladadas hasta el lugar donde se les habría dado muerte y donde aparecieron los cuerpos de las víctimas Oliva, Diez y Villanueva, el mismo día y con posterioridad”.

Asimismo, aseguraron que “todos los testimonios vertidos dan por tierra con la versión exculpatoria sostenida por los imputados, la cual no encuentra apoyo en ningún testimonio y la prueba informativa colectada resulta confusa y contradictoria para resolver en beneficio de esos inculpados”.

Salta : se inicia el juicio oral

2011-04-04T04:58:00.000-07:00

Será este martes 5 de abril, en Salta.

En el proceso se investiga la desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de esa provincia, y un caso de homicidio. Será juzgado Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, junto a otros siete acusados
El Tribunal Oral Federal de Salta dará el martes 5 de abril, a partir de las 9, al juicio oral por el secuestro y desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de esa provincia, donde será juzgado Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, junto a otros siete acusados.

En el proceso también se investiga el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal.

Además de Menéndez, están procesados Carlos Alberto Mulhall, ex jefe del Ejército en Salta; Miguel Gentil, ex jefe de la Policía de Salta; Joaquín Guil, ex jefe de Seguridad de la Policía; Jorge Héctor Zanetto, ex vocero de la Triple A, y los ex policías Andrés del Valle Soraire, Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera.

Piden revertir absoluciones de tres acusados del juicio a Videla

2011-03-29T04:30:00.000-07:00

Los querellantes Vaca Naravaja y Martínez interpusieron un recurso de casación contra el fallo que absolvió a Pino Cano, Quiroga y D`Aloia.os abogados querellantes, Hugo Vaca Naravaja y María Elba Martínez, interpusieron hoy el recurso de casación contra el fallo que absolvió a Víctor Pino Cano, Osvaldo Quiroga y Pablo D`Aloia, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Así lo confirmó el abogado Hugo Vaca Narvaja, que actuó como querellante en la causa en la que se juzgó el fusilamiento en un fraguado intento de fuga en la Unidad penitenciaria número (UP1) de su padre, Miguel Hugo Vaca Narvaja, junto a Higinio Toranzo y Gustavo de Breuil, el 12 de agosto de 1976.

En el recurso interpuesto, los letrados rechazaron el fallo absolutorio a los acusados emitido por el Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1), integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier, Carlos Lascano y José María Pérez Villalobo, en diciembre último.

En ese sentido consideraron como un "silogismo fallido" la decisión del tribunal, al sostener que si "sí había un plan sistemático (de extermino), en un territorio determinado: la UP1 que estaba a cargo de la IV Brigada, donde se realizaban traslados que encubrían fusilamientos; que Quiroga integraba la IV Brigada; que realizó traslados que terminaron en fusilamientos, y que Quiroga no puede resultar absuelto".

Vaca Narvaja y Martínez precisaron que en la declaración del militar durante el juicio, "se detectan con claridad falsedades que el Tribunal no advirtió en sus fundamentos", como que es "falso que desconociera la identidad de las víctimas, puesto que firma que las retira, concretamente en el legajo de Miguel Hugo Vaca Narvaja".

"Sabe que eran cuatro, confiesa como los traslada, como los `acondiciona`. Sabía su identidad, pues eso es lo que firmó. No puede aceptarse que Quiroga ignorara quién era Vaca Narvaja, menos aún recién llegado del Operativo Independencia, y menos aún con la trascendencia pública de su hermano Fernando, uno de los dirigentes de Montoneros".

"Omisión". Señalan más adelante que el tribunal "omite considerar que Quiroga no solamente era parte de la estructura que retiraba estos detenidos, sino que avaló y acompañó todas las circunstancias, como el hostigamiento a Vaca Narvaja sobre el padre o la referencia a la colega María Luisa Montaldo, militante reconocida en esos tiempos que luchaba contra loteos fraudulentos".

"Quiroga, que estaba bajo la órdenes de Pino Cano, sabía con quién estaba y para qué estaba, vino de Tucumán para ello y logró su asenso en diciembre de 1976 al grado de capitán".

"Otra prueba que se omite es la despedida que el mismo Vaca Narvaja realiza diciendo: "hasta la victoria siempre compañeros, me van a fusilar", y descarta que "el `preocupado Quiroga`, es ascendido en diciembre de ese mismo año y en la hoja 1 de su legajo dice: "Folio 6. Ascenso de teniente primero a capitán. 31 de diciembre de 1976."

"Este hombre -añaden-, que dijo haber sido criado en la verdad, utilizó su posibilidad de poder honrar a la verdad como imputado y mintió. Este oficial del Ejército Argentino, sin embargo, no rechazó las leyes de impunidad como hubiera correspondido a todo verdadero soldado de la patria".

También rechazan en la casación lo sostenido por el TOF1, al indicar que "es falso que los traslados se produjeran durante la noche, en condiciones irregulares, ocultando o falseando la identidad del militar que los retiraba frente a las autoridades penitenciarias".
"Dice el Tribunal que un ejército actuaba en horas hábiles, y era legal, y otro en horas inhábiles, y era clandestino.

Un absurdo que no encuentra justificación alguna en las constancias de la causa. La sentencia en este punto se torna absolutamente arbitraria. Además, Quiroga se reconoce como un cuadro operativo de la Cuarta Brigada, encargado de la aplicación del plan sistemático descripto por el Tribunal", agregaron los letrados.

Asimismo sostienen que hubo una "indebida fundamentación, lógica sentencia, silogismo incorrecto, fundamentación en afirmaciones contradictorias, que devienen irreversiblemente en fundamentación arbitraria subjetiva", lo que permitió la absolución de los imputados cuando la querella había solicitado la pena de prisión perpetua para los imputados.

En Tucumán, piden cárcel común para los represores Albornoz y De Cándido

2011-03-17T00:31:00.000-07:00

Entidades de derechos humanos apelaron la excarcelación en la causa Jefatura

Los abogados de andhes, FADETUC y la abogada de familiares de desaparecidos, Laura Figueroa, presentaron el lunes 14 de marzo, ante la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, un Recurso Extraordinario solicitando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el reciente fallo que revocó la prisión efectiva de los condenados por delitos de Lesa Humanidad, Roberto H. Albornoz y Luis Armando De Cándido.

Los querellantes consideraron que hay arbitrariedad manifiesta en dicha resolución de la Cámara de Casación.

Tanto Albornoz como De Cándido fueron condenados en el juicio llevado adelante por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán en 2010, por delitos de Lesa Humanidad cometidos contra 22 víctimas en el Centro Clandestino de Detención, Jefatura de Policía, durante la última Dictadura Militar.

Los querellantes plantearon la medida en base a que ambos represores fueron encontrados penalmente responsables de gravísimos crímenes calificados de Lesa Humanidad en función de las circunstancias probadas en debate oral sobre el nivel de participación criminal de los mismos; destacándose en el escrito el riesgo procesal cierto que se desprende de la excarcelación de los represores, dada la actividad remanente de la estructura de poder represor a nivel nacional y local, con el consecuente riesgo que ello implica para víctimas y testigos.

También se tuvo en cuenta la vulnerabilidad del régimen de prisión domiciliaria advertido durante el proceso judicial, así como la declaraciones de Juan Martín, Fote, Homquist, Aldeco y Clemente, entre otros, sobre la actitud de Albornoz quien amenazó y amenaza constantemente a testigos y víctimas del Terrorismo de Estado. Se destacó, además, que otros testigos advirtieron la aptitud de De Cándido (alta formación en inteligencia) de poner en riesgo cierto la ejecución de la sentencia.

La condena del TOF y su revocación parcial

Es importante destacar que el 8 de Julio de 2010 el TOF dictó sentencia en la causa condenando a Albornoz a prisión perpetua y a Luis De Cándido a 18 años de prisión ordenando para ambos el traslado a la unidad penitenciaria de Villa Urquiza, a efectos de neutralizar el riesgo procesal que implica la situación de ambos condenados por delitos de lesa humanidad.

Por su parte, la sala III de la Cámara de Casación Penal decidió “anular parcialmente la sentencia exclusivamente en lo referido la revocación de la prisión domiciliaria de Albornoz y la orden de detención de De Candido, y ordenar que, hasta que la sentencia condenatoria quede firme, los imputados continúen con el régimen dispuesto con anterioridad al juicio oral”. Esto significa que, desconociendo los motivos esgrimidos por el TOF para la prisión efectiva, la Cámara Nacional de Casación Penal deja en libertar al represor De Cándido y permite al represor Albornoz volver a la prisión domiciliaria, de la cual, según surgió del juicio oral, ya se burló anteriormente.

En la presentación del Recurso Extraordinario, los querellantes indicaron que “inteligir que estos ex miembros de la fuerza policial con contactos firmes dentro de la estructura de poder, no representan un riesgo procesal a los efectos de la ejecución de la sentencia de autos, es desconocer lo sucedido durante el debate oral y omitir la valoración adecuada de la prueba producida y su aptitud convictiva, extremos requeridos en aras de garantizar el debido proceso de las partes”.

La resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal se presenta manifiestamente lesiva de los derechos y garantías fundamentales. Por eso, los abogados recordaron “el especial deber de cuidado que pesa sobre los magistrados… para neutralizar toda posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación en casos como el aquí considerado”.

La anulación parcial de la sentencia emitida por el TOF “en tanto que allana la posibilidad del entorpecimiento de la ejecución de la sentencia condenatoria alcanzada, compromete asimismo la responsabilidad internacional del Estado Argentino en materia de juzgamiento y condena a responsables por la comisión de delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de estado sufrido” indicaron los querellantes.

Sobre los condenados

Roberto Heriberto Albornoz represor conocido como el “Tuerto”, fue jefe del Servicio Informaciones Confidenciales (SIC) durante el primer tramo de la dictadura. Por eso, fue condenado prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, por ser autor material penalmente responsable de delitos de violación de domicilio en concurso ideal con los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte, homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes calificándolos como delitos de lesa humanidad.

Por su parte, Luis Armando De Cándido fue policía e integrante de la misma estructura de inteligencia en la provincia. Fue sentenciado a dieciocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita agravada, autor material penalmente responsable del delito de violación del domicilio de calle Chacabuco N° 476/478, en concurso ideal con los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, torturas seguida de muerte calificados como delitos de lesa humanidad

El SIC, integrado por agentes de policía bajo el control del supervisor militar y en el marco de la labor de inteligencia, investigaba e individualizaba personas, encargandose de realizar seguimientos a las posibles víctimas, secuestrarlas, trasladarlas a la Jefatura y realizar los interrogatorios bajo tortura.

Realizaron inspección ocular en el juicio oral contra Menéndez en Tucumán

2011-03-11T00:01:00.000-08:00

El reconocimiento se llevó adelante este miércoles, en el lugar donde habrían ocurrido los homicidios de cinco víctimas por los que se juzga al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. También está acusado el ex policía Roberto Heriberto Albornoz

El Tribunal Oral Federal de Tucumán realizó este miércoles, en horas de la tarde, una inspección ocular en el marco del nuevo juicio oral contra el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, acusado por el homicidio de cinco personas durante el último gobierno de facto.

El reconocimiento, del que participaron los miembros del tribunal, las querellas y las defensas, se realizó en la ciudad de San Miguel de Tucumán, sobre la calle Azcuénaga al 1800, donde se habrían producido los hechos investigados.

Se trata de la causa “Romero Niklison”, en donde se juzga al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército por delitos cometidos en perjuicio de cinco víctimas. También está acusado el ex policía Roberto Heriberto Albornoz.

Descripción de los hechos (requerimiento fiscal)
El día 20 de Mayo de 1976, en horas cercanas al medio día, se produjo un allanamiento por parte de personal de la Vº Brigada de Infantería y personal perteneciente a fuerzas policiales de la Provincia de Tucumán, en el domicilio donde vivían María Alejandra Niklison y Gerardo Alfredo Romero (padres de la denunciante), sito en calle Azcuénaga Nro. 1816, Barrio Echeverría de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Momentos antes del allanamiento, en ese domicilio se hallaban reunidos cinco militantes pertenecientes a la Organización Político-Militar Montoneros de Tucumán, quienes estaban participando de una reunión de conducción de la zona Este: María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, (a) “Pepo”; Juan Carlos Meneses (cuyo nombre falso era Miguel Angel Gonzalez Cano, oriundo de la provincia de Santa Fe) Atilio Brandsen y Eduardo Gonzalez Paz,(a) “Tomas” o “Martín”; Fuerzas conjuntas del Ejército y de la Policía Provincial, toman por asalto la casa, previamente lanzan explosivos, ingresan a la vivienda, simulando un enfrentamiento asesinan a todos los moradores, por disparos de arma de fuego.

Uno de los ocupantes logra salir de la casa huyendo, pero es asesinado por los mismos agresores cerca de la iglesia cercana, luego identificado como Fernando Saavedra Lamas. Frente del domicilio allanado había camiones del Ejército, vehículos policiales, gran cantidad de efectivos de ambas fuerzas, y muchos vecinos del lugar.

Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron llevados a la Jefatura de la Policía de Tucumán, y de allí cuatro de ellos (tres masculinos y un femenino) fueron inhumados en fosas comunes en el Cementerio del Norte de esta ciudad.

Cuando iban a dar testimonio los testigos, Menéndez internado por hipertensión.

2011-03-02T23:57:00.000-08:00

La justicia argentina suspendió el miércoles 2 de marzo el juicio contra el ex general Luciano Menéndez por crímenes de lesa humanidad debido a que el acusado, que suma cuatro condenas a cadena perpetua, debió ser internado por un cuadro de hipertensión, informó una fuente juicial.

"Tuvo un pico de presión y el médico del sistema de salud aconsejó su internación", informó el secretario de Derechos Humanos del Tribunal Oral Federal de Tucumán (norte) donde se lo juzga por el homicidio de cinco personas durante la dictadura (1976-83).

Menéndez (83 años), ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército con jurisdicción sobre el centro y norte del país, una de las regiones más castigadas por el terrorismo de Estado en aquella época, ya fue condenado en cuatro oportunidades a prisión perpetua, pena que cumple en cárcel común desde diciembre de 2009.

El ex represor, comenzó a manifestar problemas de hipertensión "hace dos o tres días", dijo el funcionario judicial por lo que se decidió su hospitalización en un sanatorio privado de la capital tucumana.

El juicio, en el que se aguardaba el relato de testigos, fue suspendido en principio hasta el jueves.

En la causa se lo juzga por los hechos ocurridos el 20 de mayo de 1976 en Tucumán, cuando un grupo integrado por efectivos del Ejército y de la policía provincial irrumpió en una casa y mató a cinco presuntos miembros del grupo guerrillero Montoneros y luego inhumó sus restos en fosas comunes.

En este juicio también está acusado el ex jefe de inteligencia policial de Tucumán Roberto Albornoz, condenado a cadena perpetua en otra causa por crímenes de lesa humanidad.

Menéndez ya fue condenado a cadena perpetua por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, torturas seguidas de muerte y homicidios..

Otra jornada en el juicio contra Menéndez en Tucumán

2011-02-24T03:54:00.000-08:00

Gerardo Romero, esposo de una de las víctimas asesinada junto con otras cuatro personas, hecho ocurrido durante la última dictadura militar, aseguró que en la vivienda donde sucedió el ataque "no había armamentos como dijeron los comunicados" del Tercer Cuerpo de Ejercito.

Romero declaró hoy como testigo en la segunda jornada del juicio que se realiza en Tucumán por la denominada causa "Romero Niklison" contra el represor Luciano Benjamín Menéndez.

"El Ejército sostuvo que hubo un enfrentamiento armado, pero en el lugar no había armamentos. Los compañeros fueron directamente fusilados y sin posibilidades de defensa", señaló Romero al declarar hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

El tribunal procurará determinar la responsabilidad del ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez y del otro imputado, el ex comisario Roberto Heriberto Albornoz, en el hecho ocurrido el 20 de mayo de 1976.

Durante el relato, Romero sostuvo que "en la casa no había túneles ni armamentos ni municiones, sólo había un depósito camuflado donde había documentación, libros y revistas que teníamos prohibido leer los argentinos en esa época".

El testigo recordó que "ese día había una reunión política en mi casa y yo salí con mi hija Alejandra, que tenía un año y ocho meses, porque debía encontrarme con un compañero para una reunión de control que hacíamos habitualmente".

"Era un reunión rápida, pero me demoré en volver porque mi compañero se quedó sin nafta en el auto y lo llevé a una estación de servicio para que compre combustible", señaló.

"Cuando volví a mi casa, una vecina me alertó que habían entrado y asesinados a todos. Me desvié al ver la presencia de soldados y logré observar a la distancia que estaban saqueando mi casa. Nunca me bajé del auto ni pude ver si trasladaban los cuerpos", explicó.

"Yo no vi lo que pasó, pero por los relatos que escuché se trató de una ejecución, sin darles posibilidades de defensa", añadió.

El testigo contó que al ser asesinada, su esposa María Romero Niklison estaba embarazada de cinco meses y que él decidió enviar a su hija a Santa Fe, donde fue criada por su cuñada.

También señaló que conoció a su esposa cuando ingresó a Montoneros militando en la Universidad Nacional de Tucumán.

Durante la jornada también declaró María Alejandra Romero Niklison, que actúa como querellante en la causa y es hija de María Romero Niklison, una de las víctimas.

Contó que al suceder el ataque era muy pequeña pero que con el tiempo fue conociendo detalles de lo sucedido por el relato de amigos y vecinos.

En la casa de la familia, ubicada en el barrio Echeverría, de la capital tucumana, el 20 de mayo de 1976, María Romero Niklison mantenía una reunión con otros cuatro militantes de la organización Montoneros.

De acuerdo con constancias del expediente, fuerzas conjuntas del Ejército y de la policía provincial tomaron por asalto la casa y, simulando un enfrentamiento, asesinaron a todos quienes allí estaban.

Córdoba: responsabilizan a Videla por represión y "aniquilación de todos los opositores políticos"

2011-02-21T14:00:00.000-08:00

El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) sindicó al represor Jorge Rafael Videla como el “responsable” de fijar los objetivos y de proveer los medios para la “aniquilación de todos los opositores políticos al régimen” militar, al dar a conocer hoy los fundamentos de la sentencia que, junto a Luciano Benjamín Menéndez, lo condenó a perpetua el año pasado en Córdoba.

Los jueces, al argumentar las sentencias para los 30 imputados, sostuvieron que los hechos juzgados “se cometieron como consecuencia de la planificación estratégica y táctica emanada de la cúpula militar”, y que “Videla fue el responsable de fijar los objetivos y proveer de infraestructura y medios para la consiguiente cadena de mandos bajo sus órdenes”.

En ese sentido, añadieron que Videla dictó la Directiva 404/75 (Lucha contra la Subversión) con el cual puso en ejecución el “objetivo político de represión de actividades consideradas ilegales y de la aniquilación de todos los opositores políticos al régimen” y de todo lo que se consideraba “enemigo”.

Para llevar adelante el “plan ilegal diseñado por Videla se trazó una división por zonas del país”, y que la mayoría de los detenidos estaban a disposición conjunta del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), por lo que resulta “inverosímil” que ignorara la modalidad sistemática que se utilizaba para eliminar a los detenidos que estaban a su disposición.

Al referirse en general sobre la totalidad de los condenados, los jueces sostuvieron en el fallo que todos formaban parte de la “organización de un plan sistemático integral criminal, que, amparado por los mecanismos estatales tenía como objetivo la eliminación de los opositores políticos”.

Agregaron que dentro de ese plan de aniquilamiento cumplieron distintos roles y tareas dentro de la “represión ilegal caracterizada por la discrecionalidad y libertad otorgada por la Junta de Comandantes (Videla) a los jefes de zona (Menéndez), como así también la libertad al personal militar y policial inferior en sus distintas jerarquías y grados”.

En ese contexto, “se advierte allí sin dificultad, un nivel horizontal de responsabilidades y la existencia de coautoría mediata. Todos ellos se conocían, se reunían, compartieron cargos como integrantes de la Junta y en común planificaron y ordenaron la ejecución del plan criminal descripto”, sostuvieron los jueces Jaime Díaz Gavier, Carlos Lascano y José María Pérez Villalobos.

En cuanto a las responsabilidades de Menéndez sobre los hechos juzgados, entre el 2 de julio y el 22 de diciembre del año pasado y que involucra la muerte de 31 presos políticos, el tribunal sostuvo que “compartió un grado de responsabilidad paralela en paridad de cargos con los demás Comandantes de zona del país”.

Menéndez, desde el rol de Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y al mismo tiempo, Comandante del Area 311, “desarrolló un estricto control de las unidades a su cargo, impartió órdenes e instrucciones, generó las condiciones adecuadas para que se acataran, supervisó los resultados y facilitó las condiciones para que el plan de aniquilamiento se cumpliera acabadamente por las diversas dependencias a su cargo”.

En el marco de ese análisis jurídico, los magistrados entendieron que “los hechos traídos a juicio se ejecutaron como consecuencia de las directivas y órdenes impartidas por Menéndez, lo que nos permite concluir que intervino en los hechos atribuidos”, resaltó entre los puntos más sobresalientes del extenso fundamento de 674 páginas.

En diciembre del año pasado Videla fue condenado a `prisión perpetua` como responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (30 hechos en concurso real), homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (29 hechos en concurso real), y tormentos seguido de muerte (1 hecho).

Menéndez recibió la misma pena por los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, por durar más de un mes y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (6 hechos en concurso real).

Se suman los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (38 hechos en concurso real), homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (30 hechos en concurso real), tormentos seguido de muerte (1 hecho) y lesiones graves calificadas (1 hecho) todo en concurso real.

En el mismo proceso también fueron condenados a prisión perpetua los militares Vicente Meli, Mauricio Poncet, Raúl Fierro, Jorge González Navarro, Gustavo Alsina, Pedro Mones Ruiz y Miguel Angel Pérez, al igual que los policías Carlos Yanicelli, Miguel Angel Gómez, Luis Lucero, Calixto Flores, Yamil Jabour, Marcelo Luna y Ramón Molina.

Para Hermes Rodríguez la sentencia fue de 12 años; José San Julián, 6 años; Juan Húber, 14 años; Víctor Pino Cano, 12 años; Carlos Hibar Pérez, 10 años; Mirta Antón, 7 años y Fernando Rocha, 8 años.

Las absoluciones favorecieron a Osvaldo Quiroga, Francisco D`Aloia, Cayetano Rocha, Luis Alberto Rodríguez, José Paredes, Luis Merlo y Gustavo Salgado.

Para ese proceso de enjuiciamiento se habían acumulado las causas por la muerte de 31 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1), aplicando la `Ley de Fugas`, y el expediente sobre secuestros y torturas en contra de un civil y cinco miembros del entonces Departamento de Informaciones Policiales (D2), en todos los casos ocurridos en 1976.

La Cámara de Casación beneficia a dos represores

2011-02-19T00:52:00.000-08:00

Donde no deben estar

Roberto Albornoz y Luis Armando de Cándido estaban en una cárcel común por los crímenes que cometieron en Tucumán. El primero seguirá preso en su casa; el segundo quedó en libertad

Cuna del terrorismo de Estado en 1975 con el operativo “Independencia”, devastada en dictadura de la mano de Antonio Domingo Bussi, Tucumán no tiene un solo represor condenado en la cárcel. A pesar de los “riesgos inminentes” para los testigos invocados por el Tribunal Oral Federal en su sentencia de junio pasado, cuando ordenó que los genocidas cumplan su pena en una cárcel común, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó la decisión con inusual celeridad y permitió abandonar el penal de Villa Urquiza a Roberto Heriberto Albornoz y Luis Armando de Cándido, los únicos dos condenados que no estaban en su casa. Hijos regional Tucumán calificó de “vergonzosa” la decisión de Liliana Catucci, Gustavo Mitchel y Angela Ledesma.

El máximo tribunal penal de la Nación suele tomarse su tiempo para confirmar sentencias en causas por delitos de lesa humanidad. De cuarenta fallos en el último lustro, Casación confirmó once, de los cuales sólo tres fueron revisados por la Corte Suprema de Justicia y están técnicamente “firmes”. La demora permite que sigan libres y no se revea el modo de ejecución de la sentencia de represores que pagaron altas sumas para evitar la cárcel, como Jorge Olivera Róvere, los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani o el coronel Bernardo Menéndez, que se da el lujo de defender como abogado a sus camaradas en desgracias.

En el caso tucumano el tribunal demostró que no siempre es lento. En julio del año pasado, luego de escuchar durante meses a sobrevivientes y familiares de víctimas de la ex Jefatura de Policía de Tucumán, el TOF local condenó a prisión perpetua a Albornoz, el ex titular de ese centro clandestino, y a 18 años de cárcel al policía De Cándido. Como la ley permite el beneficio del arresto domiciliario a los mayores de setenta años (Albornoz tenía 78 años, De Cándido, 71), los vocales del tribunal debatieron sobre el modo de cumplimiento de la sentencia. Se impuso el criterio de Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi (votó en disidencia Gabriel Casas), de revocar el arresto domicilio de quien fuera mano de derecha de Bussi y la excarcelación de su subordinado. En sus argumentos destacaron los antecedentes de amedrentamientos a testigos, tanto del El Tuerto Albornoz, que además había violado su arresto domiciliario, como de De Cándido, reconocido por las víctimas como uno de los más feroces torturadores de la ex Jefatura.

A siete meses del fallo y sin pronunciarse sobre el fondo de la sentencia, la Sala III de Casación decidió retrotraer la situación al comienzo del juicio, léase liberar a De Cándido y encerrar en su casa a Albornoz, que encabezó sesiones de torturas contra centenares de tucumanos. “La interpretación de las normas, especialmente cuando está en juego la libertad de las personas o una morigeración del lugar de detención, debe ser restrictiva. Para revocar el arresto domiciliario u ordenar la detención de un imputado deben existir elementos objetivos que permitan sostener que existen –o que permitan presumir– riesgos procesales, circunstancia que no se presenta en autos”, escribieron Catucci, Mitchel y Ledesma.

Hijos Tucumán manifestó su “más enérgico repudio” a la resolución y recordó que “esta marcada intencionalidad de favorecer a los genocidas responsables del terrorismo de Estado tiene lamentables antecedentes: fue esta misma Cámara la que excarceló a Astiz y al Tigre Acosta, dándose el lujo de resolver las formas de cumplimiento de las penas sin resolver antes el fondo de la cuestión”. Desde la reapertura de causas en 2003 hubo en Tucumán sólo dos juicios que derivaron en cinco condenas. “A constantes dilaciones, con megacausas como Arsenal de Azcuénaga que lleva años a la espera de ser elevada a juicio oral –lamentó Hijos–, se agrega la decisión de Casación de mandar a sus casas a los dos únicos genocidas que cumplían sus condenas en cárceles comunes. ¿Será justicia?”

El represor se queda sin abogado

2011-02-09T00:02:00.000-08:00

El operativo de traslado del ex Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército se concretaría el próximo sábado desde Córdoba a Tucumán, donde será alojado en la casa de su hijo, en Yerba Buena. El 15 de febrero comenzará a ser juzgado por el fusilamiento de cinco militantes de Montoneros ocurrido en 1976. El represor se quedó sin defensa, luego de que su abogado Horacio Guerinau renunciara el viernes pasado. “El Tuerto” Albornoz, del penal al banquillo.

Al iniciarse el 15 de febrero el tercer juicio oral y público en su contra en Tucumán, el ex Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, sería trasladado el próximo sábado desde Córdoba a la provincia y será alojado en la casa de su hijo en Yerba Buena.

Menéndez será juzgado esta vez por el fusilamiento de cinco militantes políticos de la organización Montoneros ocurrido el 20 de mayo de 1976 en el Barrio Echeverría, en el marco de la causa “Romero Niklison”.

Por estas horas es una incógnita quien será su defensor. Sucede que el represor se quedó sin abogado defensor luego de que el viernes pasado renunció Horacio Guerinau, quien lo defendió en los dos primeros juicios que se realizaron en la provincia y terminaron con una condena a prisión perpetua al militar retirado. Fuentes del Tribunal Oral aseguraron que si en tres días no designa a otro abogado, se designará de oficio a un defensor público oficial.

También se confirmó que durante su estadía en la provincia, Menéndez cumplirá arresto domiciliario en la casa de su hijo, ubicada en Yerba Buena. Esto se debe a que todavía los jueces del Tribunal Oral Federal no decidieron la modalidad del cumplimiento de la primera condena firme contra Menéndez, en el marco de la causa Vargas Aignasse.

El que será trasladado diariamente desde el penal de Villa Urquiza a la sala de audiencias será el policía retirado Roberto Heriberto Albornoz, ex jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía de Tucumán entre 1975 y 1978), quien cumple allí la condena a prisión perpetua dictada en el último juicio que se realizó el año pasado en la provincia en la megacausa Jefatura de Policía.

En tanto, en el lugar de la Fiscalía General, debutará Leopoldo Peralta Palma, quien asumirá el papel en representación del Ministerio Público que en los dos primeros juicios estuvo en manos de Alfredo Miguel Terraf, quien concretó su retiro jubilatorio.

El Tribunal estará integrado nuevamente por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla, con la incorporación de Luis López (juez santiagueño que actuará en calidad de subrogante).

Luciano Benjamín Menéndez. Regresará al banquillo en Tucumán.

2011-01-31T00:19:00.000-08:00

Será a partir del 15 de febrero Comenzará un nuevo juicio al represor Luciano Benjamín Menéndez

Iniciará un nuevo proceso judicial para el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, el represor Luciano Benjamín Menéndez. Se trata de la causa Romero Niklison, en la que se juzga a Menéndez, junto al ex policía Roberto Albornoz, por los homicidios de cinco personas cometidos durante el último gobierno de facto. El proceso tendrá lugar en el Tribunal Oral en lo Federal de Tucumán, el 15 de febrero, según publicó en su portal el Centro de Información Judicial. En la causa también está imputado el policía retirado, Roberto Heriberto Albornoz.

Es preciso destacar, que el último juicio a represores fue en Córdoba. El proceso comenzó el julio de 2010 y finalizó el diciembre. En el transcurso de esos meses, se juzgó al dictador Jorge Rafael Videla, a Menéndez y 29 represores más.

En cantidad de imputados, fue el mayor de la historia argentina. Se juzgaron fusilamientos de presos y torturas a policías.

El juicio se desarrolló en el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, lugar en el que se condenó a cadena perpetua y cárcel común a Menéndez y Videla.

Videla : le esperan dos juicios en Tucumán

2011-01-03T22:57:00.000-08:00

"la patria me lo demandaba"

También serán enjuiciados Menéndez y el "Tuerto" Albornoz

El ex presidente de facto se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 15 de febrero, en el marco de la causa "Romero Niklison", por el asesinato de cinco montoneros en 1976. Un mes después, será juzgado por la muerte de Osvaldo De Benedetti, ocurrida en 1978.

El ex presidente de facto, Jorge Rafael Videla, uno de los principales ideólogos del golpe de Estado de 1976 y responsable por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los "años de plomo" en Argentina, será juzgado por primera vez en Tucumán, desde la reapertura de las causas por esos delitos, a partir del próximo 15 de febrero.
El proceso, que será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF), se enmarca en la causa "Romero Niklison", en la que se investiga el asesinato de cinco personas.
Junto a Videla, también estarán sentados en el banquillo de los acusados Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, y al ex policía Roberto Heriberto "El tuerto" Albornoz.
Otra particularidad del que será el primero de los seis juicios por delitos de lesa humanidad que ya tienen fecha para 2011 en nuestro país, es el hecho de que, por primera vez, el ex gobernador de facto de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, por razones de salud, no estará entre los acusados.
Los hechos por los cuales serán juzgados Videla y los otros imputados acontecieron el 20 de mayo de 1976, cuando, en horas del mediodía, se produjo un allanamiento por parte de personal de la Vª Brigada de Infantería y de fuerzas policiales de Tucumán en el domicilio donde vivían María Alejandra Niklison y Gerardo Alfredo Romero, en calle Azcuénaga 1.876, de la Capital provincial.
Momentos antes del allanamiento, en ese domicilio, ubicado en el barrio Echeverría, se encontraban reunidos cinco militantes pertenecientes a la Organización Político-Militar Montoneros de Tucumán, quienes estaban participando de una reunión de conducción de la zona Este. Ellos eran María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, alias "Pepo"; Juan Carlos Meneses (cuyo nombre falso era Miguel Angel Gonzalez Cano, oriundo de la provincia de Santa Fe) Atilio Brandsen y Eduardo González Paz, más conocido como "Tomas" o "Martín".
Fuerzas conjuntas del Ejército y de la Policía provincial lanzaron explosivos y tomaron por asalto la casa, ingresaron a la vivienda y, simulando un enfrentamiento, asesinaron a todos los moradores con disparos de arma de fuego. Uno de los ocupantes, Saavedra Lamas, logró escapar de la casa, pero fue asesinado por los mismos agresores al frente de una iglesia cercana.
Testigos relataron que frente del domicilio allanado había camiones del Ejército, vehículos policiales, gran cantidad de efectivos de ambas fuerzas, y muchos vecinos del lugar.
Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron llevados a la Jefatura de la Policía de Tucumán y de allí cuatro de ellos (tres masculinos y un femenino) fueron inhumados en fosas comunes en el Cementerio del Norte de esta ciudad.

Otro juicio, en marzo

Un mes después, el 15 de marzo, también en Tucumán, comenzará el juicio en el marco de la causa "De Benedetti", en la que se investiga la muerte de Osvaldo De Benedetti, ocurrida en 1978 y por la que están acusados Videla, Menéndez, Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge González Navarro y Alberto Carlos Lucena.
De Benedetti fue procesado por asociación ilícita y detenido en la Unidad penitenciaria N° 1 de la ciudad de Córdoba, a disposición del Juzgado Federal de Tucumán y del Poder Ejecutivo Nacional por decreto N° 1761/74. En carácter de "rehén", junto a otros presos provenientes de diferentes cárceles del país, De Benedeti fue retirado de dicho establecimiento carcelario el 3 de julio de 1978, por orden del Area 311 y trasladado a la Unidad Penitenciaria de Tucumán donde ingresó en la misma fecha. Posteriormente, y siempre conforme se desprende de las piezas acusatorias, en fecha y hora aún no determinadas con exactitud, pero posiblemente el día 21 de julio de 1978, en un lugar aún no identificado de la provincia Tucumán, De Benedetti habría sido ejecutado por personal militar perteneciente al III Cuerpo del Ejército, en un simulado intento de fuga.

La sentencia de Córdoba echó luz sobre la complicidad de jueces y religiosos

2010-12-26T23:38:00.000-08:00

“El juicio trajo algo de paz”

“Hasta tres días de tortura no son pecado si sirven para salvar vidas”, decían los curas de la UP 1, según el testimonio de Fermín Rivera, el primero que denunció los fusilamientos de presos políticos en Córdoba.
Por Martín Notarfrancesco, Pablo Luro y Waldo Cebrero

La sentencia del juicio a Videla repara no sólo a las víctimas y sus familiares. El Estado asume sus culpas y consagra la voz de los sobrevivientes. Ese relato oral que perduró en el tiempo para dar testimonio de la atrocidad encuentra su reivindicación en un fallo que otorga valor a sus voces.

A días de aquella jornada, distintos actores de este proceso analizan el desarrollo del juicio y las conclusiones del tribunal. La sensación de tarea cumplida se entremezcla con los nuevos horizontes y lo que falta. Las complicidades reflotadas a lo largo del debate marcan el rumbo para seguir profundizando el camino de justicia. La Iglesia Católica y la Justicia federal quedaron muy comprometidas. La causa “de los magistrados”, abierta en contra de los funcionarios judiciales de entonces, acusados de no investigar los crímenes denunciados por los presos políticos, ya pide pista.

Los primeros en denunciar

Con 34 años de espera en los hombros, Fermín Rivera, autor de la denuncia que dio origen a esta causa, se siente “satisfecho de que hayan sido condenados algunos de los máximos responsables, pero también de que se pueda conocer la verdad tras décadas de querer ocultarla”. Fermín Rivera es un ex preso de la UP 1 que denunció, mientras estaba preso en Rawson, los fusilamientos de los presos políticos. Los detenidos políticos tenían el compromiso de denunciar lo que vivían en la cárcel, y él intentó hacerlo ante los jueces Eudoro Vázquez Cuestas y Adolfo Zamboni Ledesma, que le tomaron declaración maniatado y apuntado por fusiles militares que lo custodiaban. Durante el juicio, Rivera denunció la actuación de los capellanes del penal Eduardo McKinnon y Sabas Gallardo, quienes justificaban que “hasta tres días de tortura no son pecado si sirven para salvar vidas”. “Pero también consideró que fueron juzgados sólo algunos de los ejecutores de los crímenes. Faltan los hombres cómplices de la Justicia, de la Iglesia y los que se beneficiaron económicamente. Ninguno de los crímenes se podría haber cometido sin las complicidades. Este puede también ser un primer paso”, concluye Rivera.

“Ahora que los policías que me torturaron están presos, pienso en volver a vivir a la Argentina, porque siento que el país es otro muy distinto al de antes”, adelantó el ex policía Luis Urquiza, abrazado a sus dos hijas, nacidas en Dinamarca. Urquiza es ex policía y el único querellante de la causa “Gontero”, donde se investigó la participación de la policía de Córdoba en la estructura represiva que comandó Luciano Benjamín Menéndez. En los ‘90 decidió volver del exilio, pero en 1997 tuvo que escapar nuevamente tras recibir amenazas de Carlos Yanicelli, uno de sus torturadores, que fue director de Inteligencia de la policía durante los gobiernos de Eduardo César Angeloz y Ramón Bautista Mestre. Urquiza denunció durante el juicio que el por entonces ministro de Asuntos Institucionales de la provincia, Oscar Aguad, apadrinó a más de cien represores del D2 en la policía, entre ellos a Carlos Yanicelli, un hombre de su confianza. “Aguad hoy es diputado nacional del radicalismo y ocupa el Concejo de la Magistratura. Moralmente debería apartarse de ese lugar”, afirma Urquiza.

“Esto que empezó hace 34 años, costó mucho dolor. Ahora puedo volver con mis hijas. Ellas también son víctimas porque nos tuvimos que ir del país, incluso en democracia, por falta de voluntad política del gobierno radical de entonces”, concluye.

Héctor Fransicetti vivió desde adentro de la UP 1 el período represivo que terminó con los fusilamientos. Desde su lugar de víctima y testigo afirmó que para ellos este juicio fue un resarcimiento. “Estamos conformes en un porcentaje importante porque la mayoría de los asesinos de los compañeros están ahora condenados”, dijo emocionado en la puerta de los tribunales, a minutos de haber escuchado la sentencia.

Algo de paz

Rosario Rodríguez fue la compañera de vida de Pablo Alberto Balustra, delegado sindical de Obras Sanitarias y militante montonero que fue asesinado el 11 de octubre de 1976. Como familiar de una víctima, dio ante el tribunal uno de los testimonios más sentidos, que sirvió para comprender la magnitud de los crímenes. “Me siento muy feliz de haber vivido este momento. Fueron muchos años de sufrimiento para nosotros, los familiares. Las colas frente a la cárcel, y las giras por los hospitales para saber dónde estaban los cuerpos de nuestros muertos, son recuerdos muy duros y ahora podemos decir que, aunque no nos devuelve a los familiares, el juicio trajo algo de paz”, dirá Rosario horas después, ya en los festejos.

“Yo no lo tengo a mi hermano y era vital en la vida de la familia”, dijo Miriam Funes, hermana de José Cristian, “El Diablito”, fusilado el 30 de junio de 1976. Sus palabras expresaron el vacío que lleva adentro hace tres décadas. Si bien valoró la llegada de este juicio, también dejó claro que “nunca ningún juicio ni ninguna sentencia me van a conformar”.

Un largo camino

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, llegó hasta Córdoba para seguir las últimas dos audiencias del juicio. Luego de escuchar el veredicto, dijo que hace décadas esperó por este día. “Hace casi treinta años nos presentamos como querellantes junto con María Elba Martínez, pero después vinieron las leyes de la impunidad. Recién con este gobierno se pudo comenzar a juzgarlos y por eso es tan importante que podamos estar en este día histórico.” También valoró el derecho a defensa que se le respetó a cada uno de los imputados. Al respecto, dijo que “esto habla de la dignidad de un pueblo y una Justicia. Estoy seguro de que sobre la impunidad no se puede construir una democracia”.

Carolina Scotto, rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, estuvo presente, como en cada una de las sentencias que se dieron en Córdoba. Desde su punto de vista, estos juicios constituyen un paso adelante a favor de las generaciones de argentinos y argentinas que van a cuidar estas conquistas, como algo de lo que no se puede retroceder. “Estos juicios nos obligan a que los ciudadanos y las instituciones completemos la revisión y hagamos la recuperación de la memoria, con la valentía que hace falta para asumir el rol que nos cupo para que no volvamos a cometer viejos errores. El proceso que acaba de terminar desnudó esas responsabilidades institucionales, incluso las de omisión, que no son sanas a la verdad.”

El querellante Martín Fresneda fue de los más optimistas. Se mostró conforme con la sentencia y dijo que “sin lugar a dudas tiene una dimensión política porque interpela parte de la historia”. El abogado de H.I.J.O.S. opinó que se trata antes que nada de “un proceso penal y no un juicio político”. “Visto así –agregó–, las absoluciones hablan bien del proceso porque significa que hubo una defensa, que no se está condenando sin pruebas que certifiquen con la certeza necesaria. Por otro lado, lo valorable, más allá de las penas, es haber juzgado a los responsables.”

Mirando hacia adelante

Para el fiscal Carlos Gonella, este juicio puede generar un quiebre en la Justicia federal. Allí radica su expectativa. Afirmó que el juicio ventiló las complicidades civiles que tuvo el genocidio político. Dijo además que espera que “pueda haber una autocrítica urgente del rol que cumplieron nuestros pares de la Justicia, de los que yo me avergüenzo. Espero que esas complicidades sean analizadas en los fundamentos de la sentencia y que permitan agilizar las investigaciones a funcionarios de la Justicia durante la dictadura cívico-militar”.

Marcelo Yornet es militante de H.I.J.O.S. y su conclusión del fallo apuntó más hacia adelante. Dijo que fue todo un aprendizaje colectivo haber luchado en paz para condenar estos crímenes y ahora queda el trabajo de afianzar los verdaderos logros que dejan estos juicios, la incorporación de los derechos humanos en la vida diaria de la gente.

Los condenados, los absueltos, los cargos y las penas

2010-12-22T22:47:00.000-08:00

1 Jorge Rafael Videla. Fue director del Colegio Militar, jefe del Estado Mayor del Ejército y comandante en jefe del Ejército. El 24 de marzo de 1976 encabezó, junto a Emilio Massera y Orlando Agosti, el golpe de Estado que derrocó a María Estela de Perón. Juzgado luego del retorno a la democracia cumplió sólo cinco años de prisión efectiva hasta que recibió un indulto del entonces presidente Carlos Menem. En 1998 volvió a la cárcel por una causa de robo de bebés, aunque días después se le concedió el arresto domiciliario. Hace dos años perdió aquel beneficio y fue trasladado a Campo de Mayo. Se lo consideró responsable de las torturas y homicidios de todas las víctimas de la causa UP1. Le dieron perpetua.

2 Luciano Benjamín Menéndez. Entre 1975 y 1979, fue el comandante del III Cuerpo de Ejército, con epicentro en Córdoba y presencia en diez provincias. Como tal, fue el máximo responsable de los delitos de lesa humanidad cometidos en estas jurisdicciones y de la existencia de los centros clandestinos en Cuyo y Noroeste. El propio Menéndez presidía la denominada Comunidad Informativa donde confluían las autoridades de todas las fuerzas de Defensa y Seguridad. Hasta ayer contaba con cuatro condenas a perpetua, que cumplía en el penal de Bouwer. Perpetua.

3 Vicente Meli. Fue jefe de Estado Mayor de la IV Brigada desde junio de 1976 y por lo tanto responsable en las decisiones que se tomaron en la provincia para “eliminar a la subversión”. También acusado de las torturas y homicidios de todas las víctimas de UP1, Meli cumple detención domiciliaria desde 2007. Perpetua.

4 Mauricio Carlos Poncet. Fue jefe de la División Personal (G1) de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada. Desde allí dirigió la custodia y el trato de los presos políticos. Perpetua.

5 Jorge González Navarro. Como jefe del G5 (Asuntos Civiles) de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, participó en el diseño y coordinación de la represión en Córdoba. Perpetua.

6 Raúl Eduardo Fierro, alias “El Francés”. Fue jefe del grupo de Inteligencia (G2) de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada y miembro del Estado Mayor. Algunos sobrevivientes recuerdan haberlo visto en los centros clandestinos La Perla y La Ribera. Perpetua.

7 Gustavo Adolfo Alsina. Fue uno de los jefes de las secciones de la Policía Militar. Participó de los levantamientos carapintadas de Semana Santa, beneficiándose luego con la ley de obediencia debida y con los indultos. Se lo juzgó por tormentos y por el asesinato de René Moukarzel. Perpetua.

8 Enrique Pedro Mones Ruiz. Miembro del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, donde integraba la Compañía de Comando. Se retiró con el grado de teniente coronel. Fue acusado de torturas y por el asesinato dentro del penal de Raúl Bauducco. Perpetua.

9 Miguel Angel Pérez. Miembro del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, es recordado por su testimonio autoincriminatorio en los juicios por la verdad histórica donde confesó haber asesinado a quemarropa a Bauducco en el patio de la cárcel. Perpetua.

10 Marcelo Luna, alias “Piruchín” o “Pibe Pedrota”. Fue parte de la patota del D2 y desde ahí responsable de numerosos casos de torturas y homicidios. También fue visto en el centro clandestino Chalet de Hidráulica. Perpetua.

11 Calixto Luis Flores, alias “Chato”. Hasta 1977 formó parte del personal del centro clandestino D2. Integró una de las brigadas operativas de La Ribera. El año pasado había sido absuelto en la causa Albareda. Perpetua.

12 Yamil Jabour. Policía retirado con grado de comisario mayor. Fue miembro del Comando Libertadores de América y de la patota del D2. Estaba acusado de cuatro casos de torturas y seis homicidios. Perpetua.

13 Alberto Luis Lucero, alias “Cara con Rienda” o “Chatarra”. Fue integrante de grupo calle de la patota del D2 y de la brigada operativa de Pilar. Fue visto también en el Chalet de Hidráulica. Estaba acusado por la aplicación de tormentos a diez detenidos y el asesinato de seis. Perpetua.

14 Carlos Alfredo Yanicelli, alias “Tucán”. Uno de los miembros más recordados de la patota del D2. Con la vuelta a la democracia llegó a conducir la policía provincial durante el gobierno de Ramón Mestre. Fue imputado por diez torturas y seis asesinatos. Perpetua.

15 Juan Eduardo Ramón Molina, alias “Negro”. Fue integrante de la patota de la D2 que torturó a los detenidos de la UP1 que llevaron hasta el centro para interrogarlos. Perpetua.

16 Carlos Hibar Pérez. Militar retirado, imputado por haber revistado en las filas del Regimiento de Infantería Aerotransportada II durante la dictadura. Acusado de torturar a presos políticos. Fue condenado a 14 años de prisión.

17 Juan Emilio Huber. Ex jefe de la Policía Militar 141, órgano que tomó el control de los pabellones de presos políticos en la UP1 a partir de abril de 1976. Se lo acusó por tormentos. 14 años.

18 Hermes Oscar Rodríguez, alias “Salame”. Entre 1976 y 1977 fue el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 141, además de ser un asiduo visitante de La Perla y de participar en las reuniones de oficiales en donde se decidía la suerte de los detenidos. El que culminó ayer fue el segundo juicio en su contra. 12 años.

19 Víctor Pino Cano. Fue jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, del que dependían las brigadas que participaron del traslado de los detenidos. Se lo acusó por la imposición de tormentos a todos los presos políticos de la penitenciaría y el homicidio de tres de ellos. Cumple detención domiciliaria en el country Tortugas. 12 años.

20 Fernando Martín Rocha, alias “El Tuerto” o “Dardo”. Era oficial principal en el Comando Radioeléctrico. Desde ahí participó en las torturas que sufrieron las seis víctimas de la causa Gontero. 8 años.

21 Miguel Angel Gómez, alias “Gato”. Durante la última dictadura integró el grupo de tareas que funcionó con epicentro en la D2. Los sobrevivientes del centro clandestino lo señalan como uno de los torturadores más feroces. Ya contaba con una condena a 16 años de prisión. 7 años.

22 Mirta Graciela Antón, alias “Cuca”. Señalada por los sobrevivientes del D2 como la encargada de darle el “tiro de gracia” a los policías que eran asesinados por sus propios compañeros, se convirtió ayer en la primera mujer condenada en Córdoba por delitos de lesa humanidad. 7 años.

23 José Eugenio San Julián. Durante la dictadura se desempeñó como jefe de la Región Noroeste de Gendarmería Nacional. Fue acusado de torturar a seis víctimas de la causa Gontero. 6 años.

24 Ricardo Cayetano Rocha. Fue integrante de la patota del D2. Se jubiló de la policía provincial por incapacidad, con el grado de sargento. Estaba acusado en las dos causas que integraron el juicio. Fue absuelto.

25 Osvaldo César Quiroga. Estuvo en las filas del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, donde integraba la Compañía A. Dejó constancia de puño y letra del retiro de los presos políticos Miguel Vaca Narvaja, Arnaldo Toranzo y Gustavo de Breuil, quienes luego serían asesinados. Fue absuelto.

26 Francisco Pablo D’Aloia. Integró las filas del Regimiento de Infantería Aerotransportada II. Estaba acusado de haber participado del traslado de Vaca Narvaja, Toranzo y De Breuil. Fue absuelto.

27 José Antonio Paredes. También del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, estaba acusado por tormentos. Unos días antes del inicio del juicio había sido encarcelado en la prisión de Bouwer. Fue absuelto.

28 Luis Alberto Rodríguez. Integró la patota de la D2 y se retiró de la policía con el grado de comisario mayor. Estaba acusado de imposición de tormentos a cuatro personas. Fue absuelto.

29 Gustavo Rodolfo Salgado. También formó parte de la patota del D2. Fue visto en el centro clandestino La Ribera. Se lo acusó de torturar a las seis víctimas de la causa Gontero. Fue absuelto.

30 Luis David Merlo. Llegó al juicio acusado de ser “El Moro” Merlo, un mítico represor del D2, ya muerto. Alegó que durante la instrucción de la causa se cometió un “error de identidad” entre él y el oficial principal Luis Ricardo Merlo, quien sí habría sido “El Moro”. Fue absuelto.

31 José Felipe Tavip. Médico. Fue el único civil imputado en este juicio, acusado de encubridor por haber fraguado el certificado de defunción de José René Moukarzel. Fue apartado del juicio por razones de salud.

Videla, Menéndez y otros 21 represores condenados a perpetua y otras

2010-12-22T22:40:00.000-08:00

23 condenas y 7 absoluciones (¿?) en el juicio por los fusilamientos de presos políticos en la UP! de Córdoba
Otro Cordobazo para Videla y Menéndez

Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 21 policías y militares fueron condenados ayer por el Tribunal Oral 1 de Córdoba y deberán cumplir sus penas en la cárcel. Miles de personas se reunieron en la puerta de tribunales para celebrar.
Por Martín Notarfrancesco

Como un reloj que de tanto en tanto detiene sus agujas en ese instante preciso. Es el momento en que un tribunal lee la sentencia que condena a un violador sistemático de derechos humanos, a un terrorista de Estado, a un genocida que lo abandona, para siempre, su mejor compañera, la impunidad. Ayer las agujas del reloj de la historia asomaron por Córdoba y detuvieron su marcha a las 17.49, cuando Jaime Díaz Gavier, presidente del TOF 1, le dijo de frente a Jorge Rafael Videla que estaba condenado a la pena de prisión perpetua y que, además, la debe cumplir en una cárcel común. Luciano Benjamín Menéndez y otros 21 policías y militares también fueron encontrados culpables.

Sol de diciembre y calor mediterráneo. El día arrancó agradable. La intensidad y la temperatura fueron subiendo de la mano de un termómetro que rozó los 35 grados. Sólo faltaba la última palabra de Menéndez, que pidió cerrar la ronda. Los otros 28 imputados pudieron hacerlo el martes. A las 11 de la mañana arrancó la última audiencia del juicio. Luego de la intervención del Cachorro (ver página 4), el tribunal pasó a deliberar, anunciando que el veredicto se leería a las cinco de la tarde.
Un megajuicio

El juicio comenzó el 2 de julio y fue la primera megacausa de Córdoba. Los antecedentes locales se remontan a julio de 2008 y diciembre de 2009, cuando se condenó a Menéndez y otros siete torturadores del centro clandestino La Perla y cinco ex policías del D2, respectivamente.

El juicio que culminó ayer agrupó dos causas: los fusilamientos de 31 presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 –UP1– que fueron asesinados entre abril y octubre de 1976, y el expediente “Gontero”, que esclareció las torturas sufridas por cinco ex policías y el hermano de uno de ellos, el mismo año. En total, el banquillo de acusados albergó a 31 imputados (uno fue apartado por razones de salud). Fueron 63 audiencias, 110 testigos y 34 años de espera. A lo largo de estos años, la causa por el fusilamiento de los ex presos políticos se convirtió en la causa maldita. Pocos confiaban en que pudiese llegar a juicio un expediente que involucraba a la Iglesia Católica y a la misma Justicia federal, que tenía a su disposición a la mayoría de quienes resultaron acribillados.

Existe otra parte de esta causa que no ingresó en este juicio. Es justamente el tramo que involucra a los funcionarios judiciales de entonces. Jueces, fiscales, defensores oficiales y secretarios que permitieron, con acciones y omisiones, que todo suceda. El trámite está a cargo del juez riojano Daniel Herrera Piedrabuena y constituye una puja, por ahora irresuelta.

En el fallo de ayer, el tribunal hizo equilibrio entre los pedidos de la fiscalía y las querellas. Videla, Menéndez y la cadena de mandos inmediata recibieron perpetuas. Lo mismo que el núcleo duro que operó en el D2 de la policía provincial. En líneas generales el clima fue de satisfacción. Pudo verse a muchos ex presos fundirse en abrazos eternos con sus compañeros de celda. Era la primera condena que recibía Videla luego del Juicio a las Juntas.

La mayor sorpresa estuvo en las absoluciones, siete en total. Nadie esperaba tantas y mucho menos que una recayera sobre Osvaldo César Quiroga, un veterano de Malvinas que en 1976 integró una de las secciones del Regimiento de Infantería Aerotransportada II de Córdoba. En cumplimiento de una orden, el 12 de agosto de 1976 retiró a cuatro detenidos de la UP1. Los trasladó atados unos a otros, vendados los ojos y en el piso de un camión. Luego de una parada intermedia, fusilaron a Hugo Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y Gustavo De Breuil. El cuarto era Eduardo De Breuil, hermano de Gustavo, a quien le hicieron ver los cuerpos rematados y lo regresaron a la cárcel. En su testimonio recordó que el oficial a cargo del operativo siempre fue el mismo. Quiroga dejó asentada su firma y se responsabilizó de sacar a estos detenidos. Por esta razón nadie comprendió la absolución y tanto la fiscalía como las querellas se mostraron disconformes en este punto, lo que hace presumir un planteo ante la Cámara de Casación.
Las calles

A partir de las tres de la tarde, organizaciones sociales, políticas, juveniles, sindicatos, murgas y ciudadanos de a pie se fueron arrimando al edificio de los tribunales federales. La convocatoria de los organismos de derechos humanos reunió cerca de mil personas, estimaron desde la Policía Federal. Poco antes de las cinco de la tarde se abrieron las puertas para que algunos ingresaran a colmar la sala de audiencias. El Premio Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel, la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y el intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, encabezaban la platea de personalidades presentes. El resto lo siguió por los parlantes y pantallas en la vereda, transpirando la gota gorda.

El tribunal marcó el criterio de revocar todas las prisiones domiciliarias y en los casos de enfermedad ordenó que una junta médica diagnosticara si el paciente puede cumplir la pena en la cárcel. En esta situación se encuentra Menéndez, entre otros.

Después de 34 años Videla sigue esmerado en mostrarse igual. Pero tal vez en algún rincón de su interior se encuentre con ese pasado que vuelve. Ahora, a su celda.

Perpetua para Videla y Menéndez

2010-12-22T13:37:00.001-08:00

Jorge Rafael Videla hizo su alegato reivindicando sus crímenes

2010-12-21T23:04:00.000-08:00

El dictador volvió a reivindicar sus crímenes

En el juicio por el fusilamiento de 31 presos políticos de la UP1, Jorge Rafael Videla habló sin arrepentimientos y dijo que “los enemigos de ayer están hoy en el poder” e “intentan establecer un régimen marxista”. Esta tarde se conocerán las sentencias.
por Waldo Cebrero

Desde Córdoba

“Los enemigos de ayer están hoy en el poder y desde él intentan establecer un régimen marxista, a la manera de Gramsci, que puede estar satisfecho de sus alumnos”, dijo el dictador. Sentado en la primera fila del banquillo de acusados, Jorge Videla ofrecía la imagen de un anciano achacado, con el cuerpo doblado por los años. En el juicio que enfrenta desde hace seis meses y que hoy llega a su fin, se lo vio dormitarse sobre el hombro de Luciano Benjamín Menéndez, también imputado junto a otros 28 represores. Pero cuando habló, como lo hizo ayer ante el Tribunal Oral Federal 1, su cuerpo adquirió la posición rígida y marcial de otros tiempos, y de su voz afloró el tono castrense y amenazante, con el que volvió a reivindicar los crímenes de la dictadura.

Videla habló por cuarta vez desde que se inició el proceso, en un día plagado de expectativas por la inminente sentencia del tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba. Tras una semana de receso, la sala se volvió a colmar para escuchar las últimas palabras de los imputados, cuyo discurso inaugural lo dio el principal acusado de la causa. Afirmado sobre un atril, de cara al tribunal, Videla extendió su alegato durante 50 minutos. Volvió a hablar de “una guerra interna”, desconoció al tribunal por considerar que no son sus “jueces naturales” y sostuvo la teoría de los dos demonios, para argumentar su versión de la historia reciente y justificar los crímenes del terrorismo de Estado. “La Constitución nacional guarda luto por la República desaparecida”, dijo, para estupor de los presentes.

Como un audio calcado del Juicio a las Juntas, que acaba de cumplir 25 años, la voz de Videla repitió los mismos argumentos que usó en aquella ocasión. Como en aquel juicio histórico, también se espera que reciba la máxima pena.

Occidental y cristiano

Desde que el dictador habló por primera vez en el juicio, se mostró atento a contar su particular versión de la historia reciente, tratando de dejar un mensaje “hacia el futuro”. Esta vez, no fue la excepción: “Les quiero hablar a los jóvenes, que están manipulados por una propaganda artera, que desvirtúa nuestro pasado”, dijo el represor, que olvidó mencionar en su relato de la historia los fusilamientos sistemáticos de los presos políticos, los centros clandestinos, el robo de bebés y la sucesión de delitos económicos. “No fue una guerra sucia –repitió Videla–, sino una guerra justa en la que salvamos al país de ‘los jóvenes idealistas’ que quisieron imponer una cultura ajena a nuestro tradicional estilo de vida, occidental y cristiano.”

El dictador Videla aseguró además que en febrero de 1976 se reunió con el entonces titular de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín, y que durante ese encuentro el dirigente le preguntó si las Fuerzas Armadas iban a intervenir “cuanto antes” para evitar “una larga agonía a la República”. “Inteligentemente, el señor Balbín supo interpretar mis silencios”, remató, sugiriendo que Balbín estaba enterado de lo que vendría.

El edificio en el que se desarrolla el juicio está enclavado en plena ciudad universitaria de la capital cordobesa. Buena parte de los que asistieron a las audiencias fueron estudiantes, que escucharon a más de 80 sobrevivientes de la UP1 relatar la crueldad que reinó en la cárcel desde que el Ejército asumió su control. De ese relato unánime también surgió que las responsabilidades militares en los crímenes fueron compartidas por los funcionarios de la Justicia Federal, que tenía su cargo a los detenidos, por la Iglesia y gran parte de la clase política de Córdoba.

Junto a Videla, una docena de imputados hizo uso del derecho a la última palabra. Como habían acordado entre los acusados, Luciano Benjamín Menéndez cerrará hoy por la mañana la ronda de intervenciones, previo a que el tribunal dicte la sentencia, hacia las cinco de la tarde. Para participar de las últimas audiencias del juicio, llegó a Córdoba el abogado y Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que además es uno de los primeros querellantes de la causa UP1, junto con la doctora María Elba Martínez, representante del Serpaj en Córdoba. Tras escuchar a los imputados, Pérez Esquivel repudió los dichos del dictador y recordó que “antes de que este gobierno anulara las leyes de impunidad, había que acudir los tribunales internacionales para buscar justicia. Este juicio que condena a Videla –concluyó– es emblemático a escala mundial”. Hoy por la tarde, cuando el tribunal comience a leer las condenas, se cerrará un proceso que se inició con la vuelta a la democracia y que pone a Jorge Rafael Videla en el lugar que viene esquivando desde hace 25 años.

Los insultantes alegatos de las defensas

2010-12-08T23:47:00.000-08:00

Se reanudó el juicio oral en Córdoba contra Jorge Rafael Videla y continuaron los alegatos de las defensas. Declararon los abogados de Carlos Yanicelli, Fernando Rocha, Calixto Luis Flores, Ricardo Cayetano Rocha, Gustavo Salgado, Gustavo Alsina y Mauricio Poncet.

Pidieron sus absoluciones en función de negar que se trate de delitos de Lesa humanidad, y que por ende, en caso que hubiera habido delitos, están prescriptos

“Pido la prescripción penal por el transcurso del tiempo, por ausencia de declaración del delito de lesa humanidad previo, por haber sido llamados a declaraciones indagatorias siendo un delito sujeto a un delito común y no haber sido declarado expresamente como delito de lesa humanidad. Corresponde la prescripción por el transcurso del tiempo.”

Asimismo se solicitó la inconstitucionalidad de todos los actos procesales y que se rechazara las pruebas testimoniales “Hay una orfandad probatoria en esta causa.” Otra de las perlas que se lanzaron en el alegato fue : “En Nuremberg no se sentó en el banquillos a los que tiraron la bomba atómica sobre Hiroshima”.

Por último, aducen una vulneración a la Constitución para defender a quiénes suspendieron la misma para desarrollar el plan de terrorismo de estado

Alegatos de la fiscalía

2010-12-04T01:39:00.000-08:00

"Si Primatesta estuviera vivo, estaría aquí sentado"
Alexis Oliva (PRENSARED)

El fiscal Carlos Gonella cuestionó duramente el rol de las instituciones "con alta representatividad social" que fueron "cómplices" del brazo ejecutor militar del terrorismo de Estado, entre ellos la Iglesia Católica y la propia Justicia Federal. "Si hubieran cumplido con el juramento de defender la ley al asumir como magistrados, quizás nosotros no estaríamos acá", reprochó.

En la continuación de los alegatos del Ministerio Público Fiscal en el juicio a Jorge Rafael Videla y otros 30 represores por los fusilamientos de 31 pesos políticos de Córdoba durante 1976, el fiscal general Carlos Gonella cuestionó duramente el rol del Poder Judicial y la Iglesia Católica durante la dictadura militar, al establecer “la complicidad de la sociedad civil, de sectores con alta representatividad social que también tuvieron responsabilidad (…), poderes fácticos que utilizaron a las Fuerzas Armadas para mediante el terrorismo de Estado para desplazar a amplios sectores del pueblo de la vida social”.

Al contextualizar y caracterizar el terrorismo de Estado desplegado durante la dictadura militar, explicó:

“Era una época difícil, en la que sectores de la juventud veían a la violencia como un método de lucha política, pero también había otros sectores que no, pero que pensaban de una forma similar. Era una época compleja. Pero barrieron con todo, con los jóvenes que creían en la violencia y los otros también. Fueron eliminados. Fue una visión totalitaria, destruir al otro, cargarle un mote y destruirlo. Lo que pasó con esta causa es un ejemplo. Qué necesidad tenían de eliminar a estas personas si ya los tenían recluidos en un establecimiento penitenciario. Era destruir a esas personas para demostrar que querían destruir a un grupo disidente. Esto no difiere del nazismo y el estalinismo”.

Respecto a la responsabilidad de los funcionarios de la Justicia Federal al momento de los hechos, dijo:

“En este juicio ha quedado acreditado cómo magistrados y funcionarios de la Justicia de entonces han tenido una actitud cómplice. Un abordaje serio no puede dejar de lado la conducta que tuvieron. Si hubieran cumplido con el juramento de defender la ley al asumir como magistrados quizás nosotros no estaríamos acá. Se hubieran juzgado los primeros hechos de esta masacre pero no hubiera ocurrido nada más. Ustedes recién ahora pueden decir la verdad sobre lo que ocurrió en aquel entonces, porque en aquel entonces se ocultó. Es una paradoja judicial. Acá se trata de terrorismo de Estado, de cómo el Estado se fagocitó la vida de 28 personas que estaban a disposición de la justicia y el Poder Ejecutivo Nacional, con la participación individuos a cargo del poder ejecutivo en forma espuria y la complicidad de los funcionarios de la Justicia. (…) Un testigo de esta causa, Héctor Jerónimo López, fue procesado por denunciar las torturas a que fue sometido. (…) Con el tiempo, terminó recurriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en un dictamen sobre el caso dice: “El terrorismo de Estado en Córdoba contó con la complicidad del Poder Judicial, a través del Juzgado Federal N°1, con el juez Adolfo Zamboni Ledesma y el secretario Carlos Otero Álvarez”. No lo digo yo, lo dice la Corte interamericana de Derechos Humanos”.

En relación a la Iglesia Católica, el fiscal Gonella expresó:

“También existió complicidad de los representantes de la Iglesia. (…) Hay constancias en esta causa de que (el entonces arzobispo de Córdoba y titular del Episcopado argentino) Raúl Primatesta intervino para gestionar un alivio a los presos, lo cual derivó en que algunos pudieran recibir visitas en Navidad. Pero también se han dicho acá otras cosas. La testigo María Cristina Tobares, refugiada en el ACNUR en Brasil, dijo que monseñor (Paulo Evaristo) Arns (arzobispo de San Pablo) les prestaba refugio, y él les dijo que Primatesta les pedía información sobre los refugiados políticos acá y le reprochaba que prestara las instituciones del Arzobispado de San Pablo para refugiar a subversivos exiliados de la Argentina. Arns los llamó y les dijo que si pensaban volver a Córdoba no lo hicieran porque su vida corría peligro. (…) El libro del periodista Horacio Verbitsky, La mano izquierda de Dios, cita una frase de Primatesta en Nochebuena del 75: ‘Dios va a defender su creación, va a defender el hombre. La mano izquierda de dios es paternal, pero puede ser pesada’. Si no es la ‘mano izquierda’ la orden de Menéndez de reprimir ‘por izquierda’... (…) Si Primatesta estuviera vivo, estaría aquí sentado, no tengo dudas”.

Claramente, se refería al banquillo de los acusados.

Causa Gontero

A continuación, el fiscal Gonella desarrolló la acusación de la causa Menéndez o Gontero, en la que se investigan los secuestros y torturas de seis policías –y al hermano de uno de ellos- acusados de “infiltrados” de las organizaciones guerrilleras: Luis Alberto Urquiza, José María Argüello, Raúl Urzagasti Matorras, Carlos Arnau Zuñiga, Horacio y Oscar Samamé, todos sobrevivientes de su odisea.

“El motivo que llevó a estas seis víctimas a su calvario represivo, fue el de ser tres de ellos estudiantes universitarios. Lo que dio origen al mote de subversivos fue el haber sido estudiantes universitarios”, expresó el fiscal.

Tras describir la persecución ideológica y las circunstancias ilegales de detención y apremios ilegales a los que fueron sometidos en el D2 por sus propios camaradas de armas, Gonella dio por acreditada la “participación responsable” de los acusados.

Además, se refirió a la continuidad dentro de la fuerza policial de algunos de los represores policiales, principalmente el caso de Carlos “Tucán” Yanicelli, quien llegó a integrar el alto mando de la Policía de Córdoba: “El terrorismo de Estado penetró en los procesos democráticos, en este caso cordobés, permitiendo que estas personas acusadas de delitos imprescriptibles ocuparan cargos en una institución encargada cuidar la vida y los bienes de las personas”.

Acto seguido, se refirió a los padecimientos sufridos por el querellante Luis Urquiza, cuando denunció a los ex represores en 1997, siendo Yanicelli comisario mayor y jefe de Inteligencia policial. Ahí le dedicó un reproche a quien era entonces Ministro de Asuntos Institucionales y hoy diputado nacional por la UCR, Oscar Aguad -definido en los documentos filtrados en estos días por Wikileaks como “de centroizquierda”-. “Aguad le dijo a Urquiza que él no iba generar una sangría en la fuerza policial. Hasta le ofreció casa y trabajo a Urquiza, para que no se vaya. Quiso comprar su silencio, cosa que Urquiza no aceptó (…) y se tuvo que exiliar nuevamente en Dinamarca”, relató el fiscal.

Comenzó el alegato de los fiscales en el juicio a Jorge Rafael Videla

2010-11-30T22:50:00.000-08:00

El TOF 1 de Córdoba dio inicio a las exposiciones en el debate contra el ex presidente de facto y otros 30 acusados por delitos de lesa humanidad. La semana pasada, las querellas solicitaron penas de prisión perpetua para Videla y Menéndez

El Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba comenzó a escuchar este martes el alegato del Ministerio Público Fiscal, en el marco del juicio oral contra el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y otros 30 acusados por delitos de lesa humanidad.

Así, ante los jueces Jaime Díaz Gavier, Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobo, presentan sus exposiciones Maximiliano Harabedian y Carlos Gonella.

El Tribunal ordeno un cuarto intermedio hasta el próximo jueves a las 9:30, donde continuarán con los alegatos del Ministerio Público Fiscal.

A continuación, los principales tramos del alegato de Harabedian:

"En primer lugar, voy a referirme a la situación procesal del principal acusado de esta causa, Jorge Rafael Videla. Qué pruebas tiene la Fiscalía para decir que fue el máximo responsable de la elaboración de este plan de eliminación de opositores que tuvo la dictadura militar. En la cárcel penitenciaria, hubo un antes y un después, narrado por todos los ex detenidos que declararon en esta causa. Hubo un régimen antes y otro después del 24 de marzo. Antes no los sacaron para matarlos y después sí, a pesar de que Videla y Menéndez ya eran autoridad del Ejército y existían las directivas para la lucha contra la subversión. O sea que lo que cambió no fueron las directivas, sino que todo cambió con la llegada a la presidencia de Videla."

"Además, Videla fue uno de los impulsores de reglamentación y decretos que ordenaron la lucha contra la subversión en 1975 durante el gobierno constitucional. Voy a citar el libro “La mentira oficial”, de Nicolás Márquez. El autor no es alguien que quiera perjudicarlo a Videla, sino que lo reivindica. Italo Luder (entonces a cargo de la presidencia) cita a los jefes militares para ver qué acciones para la lucha contra la subversión. Videla presenta cuatro soluciones y le aclara que los militares tienen armas y están preparados para matar y morir."

"La primera solución que presenta era un sistema centralizado, riguroso y muy supervisado por la cúpula, control de la superioridad a la inferioridad. Este sistema no era conveniente porque iba a llevar mucho tiempo llevar al éxito en la lucha y no se sabía cuánto tiempo podía tardar. Era un sistema de legalidad. En la otra punta, el que proponía Videla, era un método con libertad de acción no sólo a cada fuerza sino también a cada estamento involucrado en la subversión. Gran independencia y libertad. El método iba a ser cruento pero rápido, aclaraba Videla. Ese método fue el que se implementó después, por eso encuentro importante este libro para fundamentar esta situación."

"Directiva 404/75: reserva para la figura del Comandante en Jefe la planificación de la lucha contra la subversión en todo el país. Coloca las cárceles provinciales bajo control de Ejército. Coloca a las brigadas de infanterías de todo el país un rol predominante. Y otorga a las brigadas de infantería aerotransportada la misión de operaciones psicológicas. La orientación de cómo realizarlas se las reserva a la figura de él (Videla), que tenía que orientar a los comandantes de cada lugar en esta acción psicológica."

"Otra cuestión. Videla ha confesado su responsabilidad en este juicio. No así en el jucio a los comandantes. Ha dicho que asume toda la responsabilidad de los hechos. La confesión tiene un gran peso probatorio."

"¿Habrá tenido poder de disposición sobre los presos de Córdoba también? La tuvo, y no sólo la responsabilidad formal, sino también la real."

"Se advierte cuando (el entonces arzobispo Raúl Francisco) Primatesta intercede ante Videla por los presos de Córdoba, a los que no les dejaban ver a su familia. Se dirige a Videla y la gestión tuvo éxito, porque Videla ordena a través del Tercer Cuerpo, área 311, y la orden se restransmite a laCuarta Brigada y (Vicente) Meli ordena que en Navidad los presos puedan ver a los familiares e incluso se ordenan algunas libertades."

"La sentencia causa 13/85 determina la lucha contra la subversión iba a ser responsabilidad de cada arma. Pero finalmente, todos los hechos de esta causa han sido bajo control del Ejército, el arma a la que pertenecía Videla. Hechos se cometieron bajo órdenes del poder ejecutivo y el Ejército, no hubo desbordes de grupos para policiales y desobediencia de los mandos inferiores. El plan se ejecutó en forma puntillosa de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y se aplicó en todo el territorio nacional. Esto tiene importancia porque los episodios que ocurrieron en la penitenciaría de Córdoba no sucedieron solamente en esta cárcel, sino en otras del país donde no estaban bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército."

"Los presos han relatado que en otras cárceles también se les aplicaba el mismo tratamiento que acá: La Plata, Sierra Chica, Chaco, etcétera. Esto está probado también en el juicio a las juntas, como se estableció en el caso de Margarita Belén. En un traslado sin motivo se realizaba un asesinato masivo, que después se encubría, en una operación psicológica, como un enfrentamiento con las fuerzas subversivas."

"Antes del 24 de marzo no había habido denuncias en el exterior por violaciones a los derechos humanos. A raíz de esta campaña llamada “antiargentina” hubo numerosos reclamos de personalidades e instituciones internacionales y nacionales que se dirigían justamente a Videla. Pero ya estaban lanzados en este plan de exterminio y no lo detuvieron. Había una voluntad férrea en lo general de seguir adelante en este programa de exterminio, programa que ideológicamente se lo he atribuido a él incluso desde sus albores."

"Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Argentina se dirigía a él y con él lograban en algunas veces algunas medidas. Frente a los innumerables reclamos por violaciones a los derechos humanos, se reunió varias veces con Videla, incluso el vicariato le habla a Videla de personas con problemas de conciencia porque los han obligado a participar en torturas. Esto está en el libro "Iglesia y Derechos Humanos". El Episcopado reclamó a Videla por los presos sin condena ni indagatoria. El dolor de las familias, que nada saben y el paso del tiempo agrava su dolor. Es inadmisible la falta de defensa de los detenidos. Para todo cristiano el fin no justifica los medios."

"En los decretos se hablaba de “aniquilar el accionar de la subversión”. Aniquilar no significaba aniquilar a los subversivos y así lo han reconocido hasta los mismos miembros de la junta, Videla o Massera, ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, antes del juicio a los comandantes."

"El argumento de Videla de que no eran crímenes de lesa humanidad porque las víctimas no eran población civil sino combatientes es falaz. La doctrina y la jurisprudencia establecen claramente que incluso un miembro de una fuerza armada y un combatiente irregular pueden ser victimas de delitos de lesa humanidad. En qué casos: 1) Cuando ya se ha rendido, 2) cuando ha sido desarmado y se encuentra prisionero en manos de la autoridad que lo mantiene cautivo, 3) cuando está herido e indefenso. En esos casos son sujetos pasivos de crímenes de lesa humanidad. Es exactamente lo que ocurrió en esta causa."

"Videla dijo en este juicio: “Que fuimos crueles, nadie le dude”. Eso es muy general. Alsina dice que los presos vivían como animales. Reconoce cómo vivían. Ante una pregunta de esta Fiscalía, dijo que a él no le constaba, y que lo había leído cuando en la instrucción leyó las declaraciones de los presos. No le constaba, pero les creyó a los presos. Y después lo volvió a reconocer. Eso le pasa a los que hablan de más. Dijo que en la cárcel comprobó que vivían como animales y que era culpa del Servicio Penitenciario y que así a nadie se lo recupera para la sociedad."

"Las golpizas eran sistemáticas, no fueron un día u otro, eran permanentes."

"La sentencia de la causa 13 establece cuestiones importantes y dignas de destacar sobre la responsabilidad de Videla. Cada arma de las FFAA iba a ser responsable de la lucha contra la subversión en su ámbito. Todos los hechos de esta causa ocurrieron dentro de la órbita del Ejército."

"Habla la sentencia que el método empleado en la represión de la subversión fue idéntico en todo el territorio nacional. Esto tiene importancia porque se ha demostrado que los episodios que vivieron los presos fueron comunes a cárceles de todo el país."

"Sobre el argumento de la cosa juzgada, en la acusación de los fiscales de aquella causa no están descriptos los hechos de esta causa."

"Se amparan en las directivas del gobierno constitucional (sobre todo en aquel decreto que ordena aniquilar la subversión). Aniquilar un accionar no significa aniquilar las personas que llevan adelante el accionar."

"Pasaré ahora a referirme a la cadena de mandos, el jefe de estado mayor, Vicente Meli. Las funciones de Meli eran dictar las ordenes para que funcionaria el Estado Mayor, no tiene ninguna sanción en su legajo por incumplir una orden, el debía coordinar las acciones para hacer cumplir la orden que venía de arriba."

"Hay un dato que pinta cual era la cadena de mando que tenia Meli, Jorge De Breuil, relato que lo trasladaron a la cárcel y le hicieron de todo, le quemaron los genitales, el que dio la orden fue Meli, aquí queda de manifiesto el grado de mando que Meli tenía."

"Su involucramiento no solo era formal, sino real. Alsina reconoce como vivían lo presos, dijo que “Vivían como animales” y luego se contradijo varias veces en lo que va del juicio, eso le pasa a los que hablan de mas."

"Esto de los malos tratos no es algo que los presos inventaron acá. Otto dice en esta audiencia que cuando lo detienen le encuentran unos volantes en los que se denunciaban malos tratos a los presos en aquel entonces."

"De este jefe dependía la implementación de la orden. De la cuarta brigada bajaba la orden. Pino retransmitía las órdenes. De su legajo surge que el estuvo en esta cadena de mandos al tiempo de los hechos. No había un by pass en las órdenes. El retransmitía. El regimiento de infantería que el comandaba estaba también en la lucha contra la subversión."

"Quiroga, cuando se defiende del hecho once dice que le llega la orden de su superior y que después le informa que lo cumplió sin novedad y que después repreguntaron que paso cuando salió el comunicado."

"Mones Ruiz esta sindicado de ser el responsable de una sección en la cárcel que tuvo protagonismo en los malos tratos de esta causa. El ha dicho que fue muy poco, que había otras secciones a la cárcel pero los detenidos solo recuerdan a Alsina y a Mones Ruiz. Por algo será. SI iba poco será que cuando iba era terrible y por eso lo recuerdan."

"Hay testigos, por ejemplo De Breuil, que dijo que la sección del teniente Parsic era tranquila y que por eso no tenían problema en que los miraran."

"Alsina. No es nuevo el nombre de él. Lo vienen nombrando hace 25 años. Dice Alsina que los detenidos han mentido cuando dicen que a él le gustaba dar discursos. Que el es un hombre de pocas palabras. .Dice eso el imputado que se ha caracterizado en este juicio por sus largos discursos El dice que la cárcel estaba a cargo del servicio penitenciario. Los documentos de la época dicen que la cárcel estaba bajo el control del ejército. No entiendo como puede negar lo que los mismos documentos del ejército admiten."

"Dice Alsina que los testigos están armados para decir todos lo mismo. Demuestra que no es asì el hecho, por ejemplo que los testigos no reconocen a los imputados cuando vienen pudiendo haberlos visto en los diarios y en Internet."

"Las mujeres presas han descripto la personalidad de Alsina y la de Mones Ruiz. Dijeron que a Alsina era histérico, impulsivo etc y que Mones Ruiz era serio, discreto de buen porte. Las mujeres suelen ser mejores describiendo la personalidad de los hombres. Fijense que los legajos militares de los mismos dicen lo mismo."

"Carlos Hibar Pérez. Dice que había otros Pérez. El otro Pérez del que hace traer el legajo, salteño, no solamente no es de la sección de Alsina. La testigo Sánchez dijo que el Pérez que las mortificaba tenía una tonada puntana o cuyana. Fíjense que el legajo dice que Carlos Hibar Pérez nació en San Luis. No hay dudas de que se están refiriendo a él no a otro Pérez."

"Miguel Angel Pérez. El testigo Avila cuenta un episodio en el valle de Punilla y de pronto le parece ver en un negocio de un supermercado al famoso cabo Pérez que los cascaba en la cárcel. El le pregunta a la dueña del mercado si lo conocía a ese hombre y la mujer le dijo que el apellido era Pérez y que había sido militar."

"Paredes. Bozano dijo que vio como Paredes golpeaba a los detenidos cuando los llevaban a la enfermería."

"Pasaré a hablar ahora del hecho quinto ( Pucheta Sgandurra y Villada)"

"La orden para llevarlos al consejo de guerra viene de la cuarta Brigada. Sasiaiñ. El libro dice que el traslado lo hizo López. Dependían de Pino. El libro de la morgue registra su ingreso. El Tercer Cuerpo comunica el hecho de la muerte de siete subversivos. La hora y el día para sacarlos de la cárcel para el consejo de guerra demuestran la falsedad del procedimiento. Ninguna versión oficial coincide. La fiscalía no tiene acreditado quienes fueron los autores materiales del hecho."

Hecho VII

"El día previo a que los saquen a Rossetti de Arquiola y a Funes fue un coronel a sacarlos y no lo dejaron retirarlos porque no tenían una orden. Zamboni Ledesma tampoco quiso dar la orden."

"Por eso Funes, cuando lo sacan al día siguiente, dice que lo sacan para matarlo y el testigo Guido cuenta que se fundieron en un abrazo. Ya antes lo habían sacado junto a Vaca Narvaja y a Bazán les habían dicho que los iban a matar."

"Esto demuestra la planificación. En esa oportunidad el que los traslada es Alsina. Por eso hay responsabilidad de la cuarta Brigada. Meli da una explicación diciendo que a el le sale el pase 9 días antes. El boletín figura el dicen que sale el pase pero no cuando se efectiviza el pase."

"El dice que apenas llegó a Córdoba, aparte de la mudanza tuvo que revalidar la licencia de paracaidista que se le vencía. Esto parece razonable ya que si tenemos en cuenta que este crimen fue planificado antes, no tengo pruebas para decir que el intervino en este hecho. Por este hecho la fiscalía va pedir la absolución."

Hecho octavo. La muerte de Raúl Bauducco

"Mones Ruiz dice que cuando Pérez lo mata a Bauducco él no estaba en el patio
Perez dice que lo mató sin querer. Mones Ruiz dijo que se retiro porque lo habían llamado para que llevara a un detenido. Los documentos dicen que ese día no se tomó declaración a ningún detenido en la cárcel."

"El director de la cárcel dijo que Mones Ruiz le dijo que no estaba en el patio porque Mones Ruiz se había ido a hablar con la novia. Ya ha dado por lo menos tres versiones distintas del hecho en el transcurso de estos largos años. Primero dijo que fu un intento de arrebato del arma, después dijo que fue un accidente por una broma que quiso hacerle."

"Pocas veces vi en un juicio a un acusado con tantas posiciones exculpatorias juntas. Primero dice que cuando el se fue Pérez no tenía el arma en la mano. Pérez dice que la tenía en la mano por orden de Mones Ruiz. El dice que lo consoló a Pérez porque estaba muy mal. ¿Es la reacción lógica para un oficial que ha desobedecido una orden y que lo puede comprometer seriamente?"

"La otra versión es que Pérez lo quiso levantar porque se había golpeado con otros presos y que se le escapo un tiro por accidente. Es una versión poco creíble por los movimientos que hay que hacer para montar el arma. Eso demuestra que es un hecho deliberado, no fortuito."

"Lo que quiso hacer fue matar a una persona que no se podía levantar por los golpes que había sufrido previamente. En la causa Muñoz, el Tribunal puede comprobar que el acto terrorista de Bauducco fue recibir una revista, hecho que después fue desmentido en instrucción."

Sobre la muerte de Rene Moukarzel

"Hay pocos homicidios con más testigos que este. Alsina dijo que lo dejo esposado en un patio y que lo dejo ahí. Lo que lo respalda en esa versión es Coelho que trabajaba con él. Es raro que una persona que hasta ese momento no tenía problemas de salud muera por eso y que nadie investigue qué pasó."

"El hecho de Moukarsel fue creatividad de Alsina. No fue una orden superior y sin embargo están imputados por este hecho toda la cadena de comandos que estaba por encima de él.La responsabilidad de Alsina está probada, pero la responsabilidad de la cadena de mando es más complicada."

"Sucedió lo de Moukarsel en el marco del plan sistemático implementando por Videla hacia abajo hasta llegar a Huber. Los homicidios tienen un móvil. El homicidio de Moukarsel es difícil de clasificar porque se mezclan la personalidad de Alsina y el contexto histórico que le dieron marco."

"Se dice que el mal es fácil de entender por los motivos que lo mueven. Lo de Alsina sale del móvil. Sale de lo clásico y por eso es muy difícil de comprender para el ser humano."

"Es un mal que no entra en las categorías clásicas del mal. Voy a demostrar que sin el contexto histórico de la época no hubiera podido ocurrir."

"Cuáles son las características propias de su personalidad. Las observaciones del Ejército dicen en su legajo que de cadete tiene muchas indisciplinas. Decían que era muy impulsivo. Lo reprenden por ser demasiado estricto con sus subordinados. Que tiene altibajos en su conducta, que obra impulsivamente. No podía controlar su conducta. Los altibajos lo llevan a excederse en las sanciones. Huber pidió que se vaya de la policía militar porque no era útil para el cargo."

"En el año 1987 se le diagnostica neurosis y que no puede ejercerle cargo. El hecho de Moukarsel demuestra que no se puede controlar. Lo vio que recibía algo de un detenido y no se pudo controlar."

"Un neurótico según la doctrina es imputable. Es consciente de lo que hace y tiene consciencia del bien y del mal y tiene una buena lectura de la realidad."

"En el terrorismo de estado se borran los límites entre el bien y el mal entre la verdad y la mentira. El sistema totalitario en hombre queda reducido a un muñeco fantasmal. Si no hubiera tenido Alsina un poder omnímodo, si los detenidos no hubieran estado reducidos a la nada, hubiera podido Alsina hacer lo que hizo con Moukarsel. Por supuesto que no."

"El totalitarismo necesita garantizar la impunidad por sus acciones. Fue el régimen implementado por Videla el que permitió que ocurriera el crimen de Moukarsel."

"El hecho nominado 11, no hace falta mucho esfuerzo para demostrar el hecho, ya que hay un sobreviviente del hecho, el hermano De Breuil quien declaro en este juicio. En el caso de Quiroga, hay elementos para sostener la hipótesis de la fiscalía. El firma el retiro de la cárcel de De Breuil y luego también estuvo en la entrada a la cárcel. El propio protagonista del hecho dice que es mentira el comunicado del Comando del Ejército, con esto queda totalmente demostrada su participación. El testimonio de De Breuil, debe tenerse en cuenta en toda su declaración, ya que es un testigo sincero."

"Quiroga dice que estuvo a cargo en una sola parte del hecho, pero si vamos a lo que él mismo manifiesta en relación con que estuvo en la firma de los traslados, está claro que estuvo en los dos, porque si no estaría ocultando que había un capitán de mayor jerarquía que el."

"Con relación a D’aloia, la única prueba que existe es que cuando se realiza el traslado y hacen la escala entre el primero y segundo traslado y le preguntan si va a jugar al fútbol el sábado, el dice “cállate que llevo a subversivo”. No suman elementos para solicitar una perpetua sobre este imputado."

"El hecho nominado 13 (último hecho). Un mes antes del hecho ya había sospechas entre los presos de lo que sucedería, porque ya se lo habían dicho a ellos. Balustra dijo, antes de ser retirado, que lo iban a matar. Varios testigos lo dejaron bien en claro en el transcurso de esta audiencia."

"También el testimonio de varios familiares que dejaron en claro las torturas que sufrieron sus familiares. En primer lugar se han oído cuestionamientos a los testigos, afirmando que son terroristas y no victimas. En el sistema penal argentino un terrorista también puede ser victima. Acá pareciera que hay un discurso armado."

"Si el Ejército Argentino hizo una autoadmistía, es porque sabían lo que sucedía."

"Con esto doy por finalizado mi alegato señor Presidente, para el día jueves se prevé que continué el Dr. Gonella con el análisis de la prueba y posteriormente procederemos a dar el pedido punitivo respectivo para los imputados."

Informe: Natalia Brusa

Más querellas piden prisión perpetua para Videla y Menéndez en juicio oral en Córdoba

2010-11-26T00:07:00.000-08:00

Representantes de algunas víctimas solicitaron este jueves esa pena al TOF 1 de esa ciudad. Es en el marco del proceso que se le sigue al ex presidente de facto y a otros 30 imputados acusados de delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba retomó este jueves las audiencias de alegatos en el juicio oral contra el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y otros treinta imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

A continuación, las penas solicitadas por las querellas que presentaron su exposición:

De las querellas representadas por los abogados Claudio Orosz, Martín Fresneda, Elvio Zanotti y por la imposición de tormentos y los homicidios de las vìctimas: Pablo Balustra ; Jose Svaguza y Miguel Mozé y José Cristian Funes

Jorge Rafael Videla

“En los hechos nominados tercero (respecto a Moze, Svagusa y Balustra), cuarto y decimotercero como autor de imposición de tormentos agravados: art. 144 ter., 1er. Párrafo del Código Penal, con el agravante dispuesto en el 2° párrafo de la misma norma (ley 21388).- preso y perseguido político la victima.”

“Homicidio agravado: art. 80, incs. 2° y 6° del Código Penal, figura que deberá aplicarse agravada por alevosía y por el número de colaboradores en su ejecución. Remarcamos su calidad de funcionario público en los términos del art. 77 cp. Y la condición de presos y perseguidos políticos de las víctimas, la indefensión de las víctimas y la ausencia de peligro para los autores de su muerte.”

“Todos estos delitos están contemplados en el código penal argentino tanto a la fecha de los hechos han sido cometidos hasta el presente. Como ya dijimos estas conductas han sido realizadas en el marco de un plan sistemático y generalizado de persecución y exterminio que transformo estos en delitos imprescriptibles en el marco de un genocidio tal como lo estableciera la asamblea de naciones unidas respecto a las persecuciones con motivos étnicos, raciales, nacionales religiosos y políticos”.
“Son graves los hechos, es enorme la extensión del daño, bastando escuchar a los deudos, para darse cuenta de ello.”

“Entendemos que estamos en presencia de un funcionario publico, que ha desconocido al Poder Judicial de la Nación y ha reclamado ser juzgado por sus propios pares, jamás ha demostrado remordimiento y arrepentimiento por lo terribles crímenes cometidos."
"Nunca jamás ha colaborado con hacer cesar los efectos de los delitos cometidos por lo menos indicando donde descansan los restos de los miles de detenidos desaparecidos asesinados y en este caso especifico, contribuyendo con su actitud procesal a dilucidarlos acabadamente, reconociendo sus responsabilidades, sin bien la ley le concede ese privilegio con el que no contaron sus víctimas.”

“En consecuencia solo nos cabe pedir respecto a el un tratamiento penitenciario efectivo en cárcel común, y solicitamos la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua con las accesorias de ley.”

Luciano Benjamín Menéndez

“En los hechos nominados tercero (respecto a Moze, Svagusa y Balustra), cuarto y decimotercero como autor de imposición de tormentos agravados: art. 144 ter., 1er. Párrafo del Código Penal, con el agravante dispuesto en el 2° párrafo de la misma norma (ley 21388).- preso y perseguido político la víctima.”

“Homicidio agravado: art. 80, incs. 2° y 6° del Código Penal, figura que deberá aplicarse agravada por alevosía y por el número de colaboradores en su ejecución.”
“Todos concursados materialmente según las reglas del concurso real del art. 55 cp.
Remarcamos su calidad de funcionario público en los términos del art. 77 cp. Y la condición de presos y perseguidos políticos de las victimas, la indefensión de las victimas y falta de peligro para los victimarios.”

“Todos estos delitos están contemplados en el código penal argentino tanto a la fecha de los hechos han sido cometidos hasta el presente. Como ya dijimos estas conductas han sido realizadas en el marco de un plan sistemático y generalizado de persecución y exterminio que transformo estos en delitos imprescriptibles en el marco de un genocidio tal como lo estableciera la asamblea de naciones unidas respecto a las persecuciones con motivos étnicos, raciales, nacionales religiosos y políticos.”

“Son graves los hechos, es enorme la extensión del daño, bastando escuchar a los deudos, para darse cuenta de ello.”
“Entendemos que estamos en presencia de un funcionario publico, que ha desconocido al Poder Judicial de la Nación y ha reclamado ser juzgado por sus propios pares, jamás ha demostrado remordimiento y arrepentimiento por lo terribles crímenes cometidos."

"Nunca jamás ha colaborado con hacer cesar los efectos de los delitos cometidos por lo menos indicando donde descansan los restos de los miles de detenidos desaparecidos asesinados y en este caso especifico, contribuyendo con su actitud procesal a dilucidarlos acabadamente, reconociendo sus responsabilidades, sin bien la ley les concede ese privilegio con el que no contaron sus víctimas.”
“En consecuencia solo nos cabe pedir respecto a el un tratamiento penitenciario efectivo en cárcel común, y solicitamos prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua con las accesorias de ley.”

Vicente Meli

“En los hechos nominados tercero (respecto a Balustra), y decimotercero (haciendo la aclaración que respecto a el solamente por los hechos nominados tercero en relación al representado de los Dres. Zanotti y Luque que ya han adherido a este pedido, caso José Cristian Funes y a nuestros representados en el caso Pablo Balustra exclusivamente), como también por los tres hechos sobre los que alegamos"

Mauricio Carlos Poncet, Raúl Eduardo Fierro, Jorge González Navarro

“Por dominio del hecho y por dominio de la voluntad, en un aparato organizado de poder calificados típicamente como imposición de tormentos agravados: art. 144 ter., 1er. Párrafo del Código Penal, con el agravante dispuesto en el 2° párrafo de la misma norma (ley 21388).- preso y perseguido político la victima”

“Homicidio agravado: art. 80, incs. 2° y 6° del Código Penal, figura que deberá aplicarse agravada por alevosía y por el número de colaboradores en su ejecución.
Todos concursados materialmente según las reglas del concurso real del art. 55 cp.”
“Remarcamos su calidad de funcionarios públicos en los términos del art. 77 cp. Y la condición de presos y perseguidos políticos de las victimas, la indefensión de las victimas y la falta de peligro para los victimarios.”

“Todos estos delitos están contemplados en el Código Penal argentino tanto a la fecha de los hechos han sido cometidos hasta el presente. Como ya dijimos estas conductas han sido realizadas en el marco de un plan sistemático y generalizado de persecución y exterminio que transformo estos en delitos imprescriptibles en el marco de un genocidio tal como lo estableciera la asamblea de naciones unidas respecto a las persecuciones con motivos étnicos, raciales, nacionales religiosos y políticos.”

“Son graves los hechos, es enorme la extensión del daño, bastando escuchar a los deudos, para darse cuenta de ello.”
“Entendemos que estamos en presencia de funcionarios públicos, que ha desconocido al Poder Judicial de la Nación y ha reclamado ser juzgado por sus propios pares, jamás ha demostrado remordimiento y arrepentimiento por lo terribles crímenes cometidos."

"Nunca jamás han colaborado con hacer cesar los efectos de los delitos cometidos por lo menos indicando donde descansan los restos de los miles de detenidos desaparecidos asesinados y en este caso especifico, contribuyendo con su actitud procesal a dilucidarlos acabadamente, reconociendo sus responsabilidades, sin bien la ley les concede ese privilegio con el que no contaron sus víctimas.”

“En consecuencia solo nos cabe pedir respecto a ellos un tratamiento penitenciario efectivo en cárcel común, y la condena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua con las accesorias de ley.”

Juan Huber y Victor Pino Cano

“En relación con el tercer hecho (respecto a Moze, Svagusa y Balustra). Por dominio del hecho y por dominio de la voluntad en un aparato organizado de poder calificados típicamente como imposición de tormentos agravados: art. 144 ter., 1er. Párrafo del Código Penal, con el agravante dispuesto en el 2° párrafo de la misma norma (ley 21338).- preso y perseguido político la víctima. Cuatro hechos, todos concursados materialmente según las reglas del concurso real del art. 55 cp.”

“Remarcamos su calidad de funcionarios públicos en los términos del art. 77 cp. Y la condición de presos y perseguidos políticos de las victimas. La indefensión de las victimas y la falta de peligro para los victimarios.”
“Todos estos delitos están contemplados en el código penal argentino tanto a la fecha de los hechos han sido cometidos hasta el presente. Como ya dijimos estas conductas han sido realizadas en el marco de un plan sistemático y generalizado de persecución y exterminio que transformo estos en delitos imprescriptibles en el marco de un genocidio tal como lo estableciera la asamblea de naciones unidas respecto a las persecuciones con motivos étnicos, raciales, nacionales religiosos y políticos.”

“Son graves los hechos, es enorme la extensión del daño, bastando escuchar a los deudos, para darse cuenta de ello.”
“Entendemos que estamos en presencia de funcionarios públicos, que han desconocido al Poder Judicial de la Nación y ha reclamado ser juzgado por sus propios pares, jamás ha demostrado remordimiento y arrepentimiento por lo terribles crímenes cometidos."

"Nunca jamás han colaborado con hacer cesar los efectos de los delitos cometidos por lo menos indicando donde descansan los restos de los miles de detenidos desaparecidos asesinados y en este caso especifico, contribuyendo con su actitud procesal a dilucidarlos acabadamente, reconociendo sus responsabilidades, sin bien la ley les concede ese privilegio con el que no contaron sus víctimas.”

“En consecuencia solo nos cabe pedir respecto a ellos un tratamiento penitenciario efectivo en cárcel común. El concurso material mencionado lleva la escala penal de 3 a 25 años.”
“Por ello, y atento que como correctamente dice Hanna Arendt en su libro “Eichmann en Jerusalem” al citar la sentencia del caso dice: “…pero en un delito tan enorme y complicado como el que nos ocupa, en el que participan muchos individuos, situados a distintos niveles, y en actividad de muy diversa naturaleza -planificadores, organizadores, y ejecutores, cada cual según su rango-, de poco sirve emplear los conceptos comunes de instigación y consejo en la comisión de un delito. Estos delitos fueron cometidos en masa, no solo en cuanto se refiere a las víctimas, sino también en lo concerniente al número de quienes perpetraron el delito, y a la situación más o menos remota de muchos criminales en relación al que materialmente da muerte a la víctima nada significa, en cuanto a medida de su responsabilidad. Por el contrario en general, el grado de responsabilidad aumenta a medida que nos alejamos del hombre que sostiene en sus mano un instrumento fatal…” pág 359.

“Solicitamos para su tratamiento penitenciario la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua y accesorias de ley.”

Gustavo Adolfo Alsina, Enrique Pedro Mones Ruiz, Miguel Angel Perez, Carlos Hibar Perez y José Antonio Paredes

“Con relación al tercer hecho (respecto a Moze, Svagusa y Balustra) como autores materiales y por dominio funcional del hecho.”

“Imposición de tormentos agravados: art. 144 ter., 1er. Párrafo del código penal, con el agravante dispuesto en el 2° párrafo de la misma norma (ley 21338).- preso y perseguido político. Cuatro hechos, todos concursados materialmente según las reglas del concurso real del art. 55 cp.”
“Remarcamos su calidad de funcionarios públicos en los términos del art. 77 cp. Y la condición de presos y perseguidos políticos de las víctimas. Todos estos delitos están contemplados en el Código Penal argentino tanto a la fecha de los hechos han sido cometidos hasta el presente. Como ya dijimos estas conductas han sido realizadas en el marco de un plan sistemático y generalizado de persecución y exterminio que transformó estos en delitos imprescriptibles en el marco de un genocidio tal como lo estableciera la asamblea de naciones unidas respecto a las persecuciones con motivos étnicos, raciales, nacionales religiosos y políticos.”

“Son graves los hechos, es enorme la extensión del daño, bastando escuchar a los deudos, para darse cuenta de ello.”
“Entendemos que estamos en presencia de funcionarios públicos, que ha desconocido al Poder Judicial de la Nación y ha reclamado ser juzgado por sus propios pares, jamás ha demostrado remordimiento y arrepentimiento por los terribles crímenes cometidos."

"Nunca jamás ha colaborado con hacer cesar los efectos de los delitos cometidos en este caso especifico, contribuyendo con su actitud procesal a dilucidarlos acabadamente, reconociendo sus responsabilidades, sin bien la ley les concede ese privilegio con el que no contaron sus víctimas.”
“En consecuencia solo nos cabe pedir respecto a ellos un tratamiento penitenciario efectivo en cárcel común. El concurso material mencionado lleva la escala penal de 3 a 25 años.”

“Concretamente para Gustavo Adolfo Alsina, Enrique Pedro Mones Ruiz, oficiales con capacidad de mando sobre sus subordinados y subalternos, solicitamos la pena de veinte años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua con las accesorias de ley.”

“Carlos Hibar Perez y José Antonio Paredes solicitamos la pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua con las accesorias de ley.”

“Respecto del imputado Miguel Ángel Pérez y, exclusivamente porque valoramos en su favor que en el transcurso de la audiencia por lo menos ha pedido perdón a las familias de las víctimas, estimamos que la pena en su caso debe ser la de 15 años de prisión, inhabilitación perpetua y absoluta con las accesorias de ley.”

“Con respecto a Carlos Yanicelli, Miguel Angel Gomez , Juan Eduardo Molina , Calixto Flores , Yamil Jabour, Luis Lucero solicitamos tratamiento en cárcel común, prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua”.

Esta querella no acusa a los policías Ricardo Cayetano Rocha y Marcelo Luna

De la querella representada por la abogada Lyllan Luque, quien fijó la pena pedida por la muerte de José Cristian Funes

“Adhiriendo a todas y cada una de las consideraciones efectuadas previamente respecto a la atribución de responsabilidad por la teoría de dominio del hecho por dominio en aparato organizado de poder, que establece los casos de autoría mediata e inmediata, como la calificación legal dada al hecho tercero, dado que por el séptimo la haré infra.”

“Por el hecho tercero del cual fuera victima José Cristian Funes se solicitan las siguientes condenas atento el mínimo y máximo que el tipo penal permite, teniendo en cuenta que estamos en presencia de un delito que solo pueden cometer funcionarios públicos, contra presos, que en este caso además son perseguidos políticos.”

“15 años de prisión, con inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias de ley para Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamin Menéndez, Vicente Meli, Mauricio Poncet, Raul Fierro, Jorge Gonzalez Navarro, Víctor Pino Cano, Emilio Juan Huber, Gustavo Adolfo Alsina y Enrique pedro Mones Ruiz.”
“14 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias de ley para Carlos Hibar Pérez y Miguel Ángel Pérez”
“12 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias de ley para José Antonio Paredes.”

“En relación con el hecho nominado séptimo, del que fuera víctima José Cristián Funes, calificado legalmente como homicidio agravado por ensañamiento y la participación de dos o mas personas, según el tipo penal mencionado por el Dr. Orosz, respecto a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Vicente Meli, Mauricio Poncet, Raul Fierro, Jorge González Navarro, solicitamos la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua con accesoria de ley.”

Alegato de Rubén Arroyo

Tras un cuarto intermedio, presentó su alegato Rubén Arroyo, representante de la familia de la víctima Raúl Augusto Bauducco (hechos III y VIII de la causa). A continuación, parte de su declaración:

“Diego Bauducco y su mujer fueron secuestrados junto a su mujer el 20 de noviembre de 1975. Ella se había recibido de arquitecta a los 24 años. Fueron trasladados a la D2 y allí estuvieron una semana. Ella estaba embarazada de seis meses.”
“Vamos a tener que hablar de aquella Justicia, porque el Ministerio Público le preguntó a Dora Caffieri en este debate si creía en la Justicia. Una pregunta muy oportuna, porque cuando declaró en 1975, nunca se les dijo de qué delitos se los acusaba. Ni con el Código que estaba vigente en aquella época ni con las modificaciones que le hicieron en el año 1981. Ni antes ni después, lo único que se le dijo, según consta en el acta de la declaración indagadora, es que se la indagaba en razón de la actividad delictiva de su marido.”

“Asistida en esa oportunidad por el defensor oficial que después fue camarista, Ricardo Haro, Zamboni Ledesma le preguntó a Bauducco por qué fue allanada su casa y por qué él estaba detenido. Eso lo permitió el defensor Haro.”
“Pero la indagatoria de Dora Caffieri de Bauducco contiene una irregularidad mayor. En el entrelineado se pone entrelíneas ‘la procesada pide audiencia para denunciar los robos que hubo en su casa y además las torturas padecidas’.”
“Ustedes tienen experiencia y no creo que hayan visto que una persona que está siendo indagada tenga que pedir otra audiencia para denunciar los apremios ilegales.”

“Su defensor estaba presente y le aconsejó que no pida esa audiencia porque con la declaración que tenía en la Policía todo iba a ir más rápido.”
“Por eso preguntamos a la Dra. Cristina Garzón de Lascano por qué no se había salvado en interlineado. Y ella dijo que no se acordaba y que era un error administrativo.”
“En ese momento, el Dr. Battiston le pidió que le recordara a la jueza en qué consistía un falso testimonio. Usted dijo que no era necesario.”

“Para mi, la presunción de que un juez conoce el derecho es una presunción que debe demostrar en cada acto de su vida.”
“No era un error administrativo. La ley dice que debe salvarse cada error, tachadura o agregado en una declaración indagatoria, y eso está penado. Hasta ahora todo ha sido nulo.”

“Llegamos así a abril de 1976. Haro presenta el escrito solicitando el sobreseimiento definitivo de Bauducco. En la casa no le habían encontrado nada. Le habían encontrado muchas cosas que se las robaron. No encontraron nada de material subversivo.”
“Haro dice que ha quedado demostrada la inocencia de los hechos que se le imputaban, pero ni él sabía qué hechos se le imputaron.”

“A mi no me gusta catalogar a la Justicia en general sino dar nombres en particular de las personas.”
“Otero Alvarez le dice a Zamboni Ledesma que, según escritos periodísticos, Bauducco habría muerto en el penal de San Martín.”

“El juez corrió vista al Registro Civil y al fiscal Ali Fuad Ali para que se extinga la acción penal. Días después, Sasiain se dirige al juez y denuncia lo ocurrido, indicándole qué sección estaba a cargo del penal en ese momento y que el cadáver estaba en la Morgue. Sasiaiñ le pedía al juez que realizara la investigación que el juez nunca hizo. Zamboni no lo consideró necesario.”

“Sasiain, responsable tremendo de todo lo que pasó en el penal, autor de puño y letra del reglamento del 2 de abril sobre el Penal, ese reglamento rigió exclusivamente en la cárcel de San Martín bajo el imperio de Luciano Benjamín Menéndez.”

“Después viene el pedido de sobreseimiento provisorio a ella.”

“Concurren Zamboni Ledesma, Otero Alvarez, su defensor, que ya era Molina, y al advertir que el nombre de su marido ya no estaba con ella pregunta a donde está su marido. Y ante el silencio lo reitera. Entonces, Otero Alvarez va y le dice que su marido fue muerto cuando intentó arrebatarle un arma a un guardia.”

“Dora Caffieri le pidió a la celadora: ‘Por favor lléveme por que me dan asco’.”

“Trasladada a Devoto, le notifican el sobreseimiento provisorio. Apeló y le fue concedido. Cuando llegó a la Cámara, el defensor Molina no la mantuvo y ahí se cierra todo hasta el ’78, cuando consigue salir del país y se lleva a su hijo de dos años a Venezuela.”
“Este tribunal, en esta sentencia, tiene facultades para declarar la nulidad del procesamiento de Dora Caffieri y Raúl Bauducco y decir que ese proceso nulo no afecta su nombre y honor. Porque hasta el día de hoy siguen siendo delincuentes subversivos para el Estado argentino.”

“En plena democracia, Dora Caffeiri, al entrar a Ezeiza, es detenida porque figuraba como delincuente subversiva.”
“Ningún preso, ni los que murieron, ni los que sobrevivieron, fueron absueltos de culpa y cargo.”

“Señores vocales, este juicio que tenemos, según mi parecer, es el juicio más trascendente sobre el terrorismo de estado que hubo en el país. Es el proceso más importante, porque demuestra en forma abrumadora la participación de miembros del Poder Judicial en el terrorismo de estado.”
“Hasta antes de este juicio se hablaba genéricamente.”

“En esta sentencia espero que refleje que 28 de los 30 presos (ni Vaca Narvaja ni Chiavarini) estaban bajo la actuación de la Justicia.”

“Nos va a poner frente a una pregunta vital para mi representado Diego Bauducco; ¿Por qué lo mataron a mi padre? Él no pertenecía a ninguna organización. Sin embargo hay un porqué. ¿Qué hubiera pasado si cuando se produce el primer hecho en el D2 hubieran investigado esas muertes, ¿hubieran ocurrido los nueve hechos posteriores? Probablemente no hubieran ocurrido.”
“La responsabilidad de los jueces, de los fiscales, de los defensores oficiales es ineludible.”

“El hecho de Bauducco fue la única muerte por arma de fuego ocurrida dentro del penal.”

“La dictadura que presidía ese hombre que esta durmiendo acá había reglamentado una pena de muerte. Pero eligieron la forma más cobarde de aniquilar. Tenemos que salvar a nuestras instituciones.”
“La singularidad de este juicio la podemos ver porque no fue la única matanza de presos políticos que hubo en el país. La masacre de Margarita Belén es una donde murieron 22 presos políticos. O el de Las Palomitas, donde murieron once presos políticos.”

“Si no lo hubieron sacado a Sasiaiñ y no hubiesen trasladado a los presos a Sierra Chica quizás las matanzas hubieran seguido.”

“Entró Puga, en 1976. Cuando pedimos que lo citaran a declarar, concurrió al día siguiente, presentó un escrito. Él planteó que como juez no podía ser citado a declarar, porque como juez hablaba por sus sentencias. Apelamos y la Cámara nos dio la razón.

“Noviembre de 1999. El escrito de Puga dice cuatro cosas. Reivindica el Golpe de Estado de 1976. La Justicia dependía de ese nuevo poder revolucionario. Él estaba compenetrado con los propósitos y los estatutos del nuevo poder. El juramento que prestaban los jueces y los funcionarios por los estatutos, lo hacían por temor o por convicción. Otero y Zamboni tenían la convicción de compartir.”
“La secretaria penal del Juzgado Federal N° 3 Mariana Buteler me comentó que su padre, juez en lo Civil de la ciudad de Mendoza, se negó a jurar por los estatutos y no lo mataron. No le pasó nada. Era la convicción y no el temor lo que llevaba a los magistrados a jurar por los estatutos.”

“El secretario Pablo Bustos Fierro, allá por el año 2002, cuando presentábamos nuestros escritos, me dijo ‘doctor, habría que pensar como era ser juez en esos tiempos’, y yo le contesté mal y le dije que habría que pensar lo que era ser preso en esos tiempos.”
“Un gran profesor de Derecho Penal que tuve en aquellos años, Ricardo C. Nuñez, tuvo el valor de denunciar a todo el Tribunal Superior de Justicia de eso años. Eso deberíamos hacer nosotros.”

“Agradezco al Dr. Gerardo Battistón y al Dr. Miguel Martínez quienes llevaron el peso de este proceso.”

“El día que llevaron a los presos a hacer la requisa en la que murió Bauducco, en el patio, estaba a cargo la guardia de Enrique Pedro Mones Ruiz. Al golpear a Bauducco, él ya venia muy golpeado, quedó semidesvanecido. Miguel Angel Pérez le pidió que se levantara o lo mataba, y sabemos que le pidió autorización a su jefe Mones Ruiz. Éste asintió y le descerrajó un tiro en la cara, en el pómulo derecho. Debe haber pocos homicidios que contengan tantos testigos y tan precisos. Era lo único que tenían para mirar.”

“Es imposible creerle a Miguel Angel Pérez la versión que dio sobre el hecho. Es imposible creer el pedido de perdón que le hizo Pérez a la familia de Bauducco.”
“Mones Ruiz es doblemente criminal, porque era el jefe. Dio varias versiones distintas. En un momento dijo que el no vio cuando Pérez dio el disparo, porque se había ido a hablar con una novia. Después dijo que se había ido a llevar a un detenido. No consta registro que hubiera habido un detenido pedido para ese día. Las versiones son grotescas. Esto hace que el hecho encuadre en el artículo 80.”

“La indefensión y la alevosía. No hay nada que nos haga más vulnerables que la desnudez y en cuanto a la participación de dos o más personas.”
“Veintiséis de los treinta presos estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que Videla, como titular del Poder Ejecutivo, es responsable. Eran rehenes políticos.”

“La Fiscalía se había olvidado de señalar la responsabilidad penal de Videla, de los jueces (Puga era el único vivo), de los fiscales Ali y Cornejo, de Otero Alvarez y de los defensores oficiales Haro y Luis Eduardo Molina.
La fiscal se ofuscó mucho cuando la juez le corrió vista. Se apartó por considerar que ella era secretaria de Haro y sentía violencia moral. Pidió que la jueza desglose la causa para no retrasar el juicio.”

“La jueza también pidió apartarse, porque su marido era abogado de Cornejo. Pero se aparta y luego desglosa la causa. Sin notificar a las partes. Por eso no están acá en este juicio. Les hicieron el favor de que no aparecieran en la foto junto a Videla y a Menéndez en este juicio. Demoraron la causa. Fíjense lo que hizo este tribunal, y no porque quiera halagarlos, que contrasta con las demoras en la instrucción.”

“Lo que hizo la Cámara Federal, esperando el indulto de Menéndez, tomándole declaración a los presos que ya habían declarado en la instrucción.”
“En cuanto a la aplicación de tormentos a Dora Caffieri y Bauducco en la D2 no podemos pedir pena porque no se acreditó el hecho.”
“Padecimientos y tormentos aplicados en la UP1, responsables Mones Ruiz, Gustavo Alsina, 15 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua.”
“Por la muerte de Raúl Bauducco, a Jorge Rafael Videla como autor mediato, a Luciano Benjamín Menéndez, a Víctor Pino Cano. A los tres pedimos cadena perpetua, a cumplir en cárcel común. Pero no una como el penal de San Martín, una que humanamente los contemple como seres humanos, a pesar de su condición de criminales.”

“Perpetua para Miguel Angel Pérez y el teniente coronel Enrique Pedro Mones Ruiz, con inhabilitación perpetua y también en cárcel común.”

“Lo que dije al principio lo quiero decir ahora más tranquilo. Nunca pensé que iba a venir ni que iba a alegar en este juicio. Sigo confiando en los dos colegas que asumieron el peso de este juicio. Creo que esta causa deberíamos agradecer en general a todos los ex presos que sobrevivieron y nos permitieron conocer estos horrores. Especialmente a Fermín Herrera, que logró en Rawson que lo escuchara un juez federal y se abriera esta causa.”

“Queda en mandos de este tribunal señalar quiénes fueron los asesinos y aplicar las condenas.”
“Y, por último, anular los procesamientos de Dora Caffieri y Raul Bauducco en la causa Muñoz y reivindicar el buen nombre y honor de ellos y de todos los presos que fueron asesinados sin oportunidad de defenderse.”

Al cierre de la jornada, declaró Miguel Ceballos, el último representante de las querellas. Al comenzar su exposición agradeció al ex presidente Néstor Carlos Kirchner por haber sido "el impulsor de la realización de estos juicios". Coincidió con las penas impuestas con las demás querellas.

Luego de finalizado, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 30 de noviembre, donde comenzará su alegato Maximiliano Harabedian y después será el turno de Carlos Gonella, ambos representantes del Ministerio Público Fiscal.

Informe: Natalia Brusa

Piden prisión perpetua para Videla y Menéndez en juicio oral en la provincia de Córdoba

2010-11-25T00:18:00.000-08:00

La querella representada por la abogada María Elba Martínez solicitó este miércoles la pena de prisión perpetua para el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, en el juicio oral que se realiza en Córdoba y en el que también son juzgados otros 30 imputados por delitos de lesa humanidad.

Asimismo, solicitó las siguientes penas para el resto de los imputados:

Luciano Benjamín Menéndez, Vicente Meli, Mauricio Poncet, Raul Fierro, Jorge González Navarro y Victor Pino Cano: prisión perpetua, degradación e inhabilitación absoluta por los 14 homicidios y 15 años por imposición de Tormentos Agravados

Para Emilio Huber y Gustavo Alsina: prisión perpetua por el hecho 9 (la muerte de René Moukarzel) y cambio de calificación del delito de imposición de tormento agravado seguido de muerte por homicidio con alevosía y ensañamiento.

Enrique Pedro Mones Ruiz y Miguel Ángel Pérez: 15 años por imposición de tormentos agravados.

Osvaldo Quiroga y Francisco Pablo D’Aloia: prisión perpetua por los homicidios de Hugo Vaca Narvaja, Gustavo De Breuil y Arnaldo H. Toranzo.

José Antonio Paredes y Carlos Ibar Pérez: 15 años por imposición de tormentos agravados.

Calixto Flores, Jamil Yabour, Lucero, Carlos Yanicelli, Molina, Miguel Angel Gómez y Rodríguez: los acusa como autores directos de homicidio y solicitó la pena de prisión perpetua.

Ricardo Rocha y Luna: absolución por el hecho cuarto.

En el marco de la causa Gontero, solicitó para Menéndez la pena de 25 años por privación ilegitima de la libertad, imposición de tormentos agravados y lesiones graves (subsumida a la pena mayor).

Para Hermes Rodríguez solicitó la pena de 15 años.

Para Yamil Jabour, Miguel A. Gómez, Carlos Yanicelli, Calixto Flores, Mirta Antón, Gustavo Salgado, Fernando Rocha y Luis Lucero pidió una pena de 20 años por tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad

Para José Eugenio San Julián, pidió 10 años por imposición de tormentos.

Para Luis David Merlo, solicitó 10 años por privación ilegítima de la libertad.

Luego de la exposición de Martínez será el turno de los abogados Martín Fresneda y Elvio Zanotti, y posteriormente realizarán su alegato los letrados Claudio Oroz y Lillyan Luque.

Alegato de Elvio Zanotti

Luego, comenzó su alegato el abogado Elvio Zanotti, querellante particular que representa, junto a Lilian Luque, a la familia de José Cristian Funes, otra de las víctimas en la causa.

Funes, nacido en la ciudad de Córdoba, era obrero metalúrgico, militó en el Partido Comunista y luego en el Peronismo. Detenido en la UP1, fue asesinado en un supuesto intento de fuga el 30 de junio de 1976, a los 24 años.

“En lo que se conoce como la genial desobediencia, San Martín se negó a desenfundar su sable en contra de civiles. San Martín tenía tanta simpatía por los Montoneros del siglo XIX como estos imputados la tuvieron por los Montoneros del siglo XX. Estoy convencido de que si San Martín los hubiera enjuiciado, los hubiera fusilado.
Afortunadamente no hay pena de muerte, este es un tribunal constitucional y San Martín murió sin haber derramado sangre de sus compatriotas.”

“Algunos reos han dicho aquí que se somete a juicio a los soldados de un ejército vencedor. Eso es un error. Las personas jurídicas no pueden ser sometidas a juicio sino las personas físicas. Se desconoce el significado de una victoria pírrica.”

“Los llamados liberales fueron los destinatarios principales de las ventajas del golpe militar. La disidencia de opinión es guerra para los liberales argentinos. Se quedaron con la mejor tajada. Miles de habeas corpus, todos con resultados negativos, los familiares recorrían los tribunales con resultados negativos.”

“La persecución política legal, los fusilamientos simulados, fueron rasgos que completaron el rostro más horrendo de los desaparecidos.”

“Ahora aparece el COT como el malo de la película. Los imputados se han esforzado en explicarnos los organigramas y la organización de las instituciones militares como si fuéramos incapaces de entender. Lo que no podemos entender es ese afán de esconderse en los pliegues de la burocracia militar.”

Alegato de Martín Fresneda

Tras un cuarto intermedio se reanuda la audiencia. El ex presidente Videla no estuvo presente en la sala de audiencias como si lo hizo durante la mañana de este miércoles. Expuso Martín Fresneda, abogado querellante particular en defensa de las familias de las siguientes víctimas: Pablo Alberto Balustra, Miguel Angel Mozé y José Alberto Svagusa.

Pablo Alberto Balustra: nacido en Córdoba Capital. Trabajaba en Obras Sanitarias de la Nación. Delegado sindical. Militaba en Montoneros. Detenido en la UP1, fue asesinado en un supuesto intento de fuga el 11 de noviembre de 1976, a los 33 años. (Hechos III y XIII de la causa).

Miguel Angel Mozé: nacido en Cruz del Eje, Córdoba. Fue seminarista, estudiante de Ciencias de la Información y dirigente de la Juventud Peronista. Militaba en Montoneros. Tenía un hijo de tres años. Detenido en la UP1 y asesinado el 17 de mayo de 1976, en un supuesto intento de fuga, a los 27 años. (Hechos III y IV de la causa)

José Alberto Svagusa: nacido en Monte Maíz, Córdoba. Vivió en Río Cuarto desde los 17 años y luego se estableció en Córdoba Capital, militaba en Montoneros. Detenido en la UP1 y asesinado el 17 de mayo de 1976 en un supuesto intento de fuga. Tenía 28 años (Hechos III y IV de la causa).

“Las personas que imputamos son Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Vicente Meli, Mauricio Carlos Poncet, Raúl Eduardo Fierro, Jorge González Navarro, Emilio Juan Huber, Víctor Pino Cano, Enrique Pedro Mones Ruiz, Miguel Ángel Perez, Carlos Hibar Perez, Carlos Yanicelli, Calixto Flores, Juan Eduardo Molina, Luis Lucero.”

“Está claro que los presos de la cárcel de San Martín fueron presos políticos. La directiva 404-75 de Videla en la lucha contra la subversión, en lo concerniente a los servicios penitenciarios provinciales y nacionales, es la prueba documental con la que considero que comienza este accionar. Decía concretamente: ante la existencia de delincuentes subversivos detenidos los establecimientos quedan bajo el control de los militares. Establecer el régimen de contacto de los detenidos en el interior y con el exterior. Dirigir las actividades de inteligencia y contrainteligencia. No intervenir en las condiciones generales de administración de los establecimientos siempre y cuando éstas no afecten el control y la seguridad.”

“Hay una nota en donde se pide que se informen datos concretos de los detenidos, si pertenecen a alguna organización y en qué jerarquía. Hay testimonios, por ejemplo el de Enrique Asbert, que asegura que Menéndez llegó a la cárcel en helicóptero.”

“Es Sasiaiñ el que informa a Menéndez en un memorando que los presos en la cárcel tienen confort, hacen actividades de adiestramiento, tienen libros prohibidos, etcétera, ‘teniendo en cuenta que Larrabure no tuvo igual trato’.”

“Hubo nuevas directivas en el penal entre las que estaban el retiro de todo elemento personal, medios de comunicación, material de lectura, restricción del régimen de visita, requisas para buscar cualquier tipo de armamento, rigidez en el régimen alimentario, permiso para que las detenidas entreguen sus hijos a sus familias, etc.”

“Los primeros días de abril existieron requisas muy violentas, en el caso de las mujeres fueron requisas vejatorias, a los ojos de los militares y de sus propios hijos, que se quedaban llorando en brazos de funcionarios penitenciarios.”

“La memoria de los testigos decía que los compañeros eran sacados del penal y que no volvían más. Que se enteraban de esto gracias a artilugios que habían ideado para poder comunicarse. El idioma de las manos, la paloma, los caramelos… Así se enteraban, básicamente por el informativo de las once de la noche de Radio Universidad.”

“Existía la guardia del teniente Alsina y la del teniente Mones Ruiz. Está acreditado el calvario y las circunstancias que se provocaron luego de las directivas de Juan Bautista Sasiaiñ.”

“La inspección ocular fue de mucha utilidad para constatar cómo eran las instalaciones vetustas del penal y lo siguen siendo.”

“Otra modalidad de traslado y que nunca llegaban a destino siempre concluían con intentos de fuga de los detenidos. No había ni ley ni fuga. Era un eufemismo. Era un método sistemático y de una periodicidad llamativa.”

“Apelaron a lamentables maniobras para desinformar a través de comunicados en los cuales siempre los detenidos intentaban fugarse por desperfectos en los autos o en ataques de otros subversivos que querían salvarlos. Y así morían siempre los detenidos subversivos.”

“Corresponde afirmar que los hechos se encuentran absolutamente probados. Voy a hacer una referencia sucinta al Departamento de Informaciones. El Comando Radioeléctrico tenía un comando fijo y un comando móvil. Lo trascendente es que existían tres compañías dentro del comando móvil que rotaban. Realizaban patrullajes de prevención, actuaban en apoyo del Departamento de Informaciones. Este vínculo resulta importante de reconocer. La función y el lugar que asignaron los testigos a Rocha, el imputado de la causa Gontero. No se puede pasar por alto que los hechos sucedidos quizás no hubieran sucedido si no hubieran contado con la connivencia funcional de funcionarios de la Justicia federal, que adhirieron de forma lamentable a que estos episodios sucedan. En particular me refiero a jueces, fiscales y abogados defensores de oficio. Entiendo que eran ellos los que tenían la responsabilidad de proteger la vida y la salud de aquellos que tenían bajo su responsabilidad. Me refiero a los jueces Zamboni Ledesma y a Miguel Angel Puga.”

“Distinto hubiera sido para las víctimas que se hubieran investigado los traslados y las muertes. Sólo la cadena hechos evidenciaba irregularidades. No todos los funcionarios judiciales actuaron de la misma manera.”

“El cardenal Primatesta demostró la connivencia que tuvo la Iglesia con el régimen militar. Los testigos nos dijeron que recibieron la visita del capellán Mackinnon y Gallardo. Al confiarle su calvario, Fermín Rivera recibió como respuesta que tres horas de tortura no era pecado.”

“Quizás todos estamos esperando una actitud de arrepentimiento. Quizás todos estemos esperando de Videla la actitud que tuvo el cabo Miguel Angel Pérez, que pidió perdón a la familia. Dijo ‘que les arrojemos en el rostro las culpas y que gocemos nosotros de ser hombres libres’. Videla pensó sin pudor y sin arrepentimiento, sosteniendo la muerte como un refugio moral de su vida. Me pregunto si estas serán las grandes batallas de las que se enorgullecen los generales. Mataron a sangre fría a sus compatriotas.”

“Yo admiraba al Ejército Argentino. Lo admiraba y quería ser militar, y mi tío no me podía decir que yo era hijo de desaparecidos.”

“Señor Videla, no les arrojamos culpas al rostro, les atribuimos responsabilidades. Tampoco gozamos de los resultados porque nos dejaron un país devastado. Muerte y desaparición de personas. ¿No es sadismo tirar gente viva al mar? ¿No es sadismo estaquear a una persona, cortar los testículos del sargento Albareda? Señor presidente, en el fondo estoy convencido de que ni siquiera estos propios señores confiaron en la impunidad. Sino ¿cómo se explica tanta mentira? En el fondo creo que estos mismos señores sabían que este día llegaría.”

Informe: Natalia Brusa

Comienzan los alegatos. Menéndez no se presenta

2010-11-24T03:36:00.000-08:00

La etapa comenzó con la exposición de la abogada querellante María Elba Martínez. Luciano Benjamín Menéndez no se hizo presente en la sala de audiencias alegando problemas de salud. Los imputados son juzgados por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba comenzó este martes con la etapa de alegatos en el juicio a Jorge Rafael Videla y otros 30 imputados por delitos de lesa humanidad, cometidos durante el último gobierno militar.

Los jueces dispusieron que las querellas sean las primeras en realizar sus exposiciones.

La primera en hacerlo fue la abogada querellante María Elba Martínez representantes de María Tressens de Verón, Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Raúl Argentino Toranzo, Eduardo F. De Breuil, Carlos A. Huber, Mariano Jesús García, Elba Inés Puchetta, María Cristina Díaz, María Alicia Zorrilla, Esther María Barberis, Mirta Abdón de Maggi, María A. Moukarsel, Emilio Enrique Arqueola y Luis Alberto Urquiza.

A todo esto, Luciano Benjamín Menéndez no se hizo presente en la sala de audiencias, por presentar una neumopatía. Según su abogado defensor, Alejandro Cuesta Garzón, el ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército presenta un cuadro que le demandará 14 días de reposo.

Sin embargo, Cuesta Garzón indicó que su defendido desea presenciar el alegato del ministerio público fiscal previsto para la semana próxima.

Exposición de María Elba Martínez

“Comenzaré por la descripción de la cadena de mandos. Se trata de una maquinaria organizada de poder estatal que actuó al margen de lo jurídico y que utilizó estructuras clandestinas. En penal de San Martín se convierte a partir del 2 de abril de 1976 en un campo clandestino.”

La querella describe la siguiente estructura de mando:

Teniente general Jorge Rafael Videla, como jefe del Ejército
General Luciano Benjamín Menéndez, Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército (11 provincias)
General Juan Bautista Sasiain, jefe del Área 311
Coronel Miguel Angel Marini
Coronel Vicente Meli, jefe del Estado Mayor de la Cuarta Brigada
Teniente coronel Mauricio Carlos Poncet, G1
Teniente coronel Raúl Fierro, G2
Teniente coronel Jorge González Navarro, G5
Emilio Juan Huber, compañía de Policía militar 141, a la que pertenecían Ramos Monso, Parsic, teniente Gustavo Adolfo Alsina, Blanquet, Carlos Hibar Pérez, Miguel Gómez y Miguel Paredes
Brigada Aerotransportada 2, dirigida por Víctor Pino
Jefes de Sección Mones Ruiz, encargado Miguel Ángel Pérez
Compañía A, Osvaldo César Quiroga
Compañía B, Pablo D’Aloia

Jefe del Departamento de Informaciones Comisario inspector Raúl Pedro Telleldin, luego estaban Esteban, y el comisario Romano
A este departamento pertenecían Yanicelli, Luna, Molina, Rocha, Lucero y Gómez.
Por una orden del General Juan Bautista Sasiaíñ el penal se convierte en una estructura clandestina, aislada

Además, los abogados querellantes realizaron una semblanza de cada una de las víctimas. Luego describieron los hechos que los tuvieron como víctimas, dieron cuenta de la prueba documental y testimonial que avala la acusación y señalaron a los imputados que ellos creen que son responsables de los mismos.

- Luis Ricardo Verón: estudiante de derecho en la UNC, empleado del Banco Nación, militante de Montoneros. Detenido 31 de octubre de 1975. Torturado en la D2. Trasladado a la UP1 y fusilado el 17 de mayo de 1976, a los 27 años. Se comunica que el imputado Verón fallece en un enfrentamiento cuando intenta escaparse durante un traslado. Este comunicado es certificado por el Juzgado Federal y no se realiza ninguna investigación sobre el hecho. El día en que Verón es retirado estuvo en la Enfermería, de los meses de marzo a mayo, y tenia crisis asmática, silbidos pulmonares. Estuvo internado hasta el día en que lo sacaron y lo mataron. No existió tal enfrentamiento. Lo sacaron en un grado extremo de enfermedad.

- José Angel Pucheta: nacido en Córdoba Capital. Fue periodista, traductor de inglés y tornero. Militaba en el PRT-ERP. Detenido en la UP1 y asesinado en un supuesto intento de fuga, el 28 de mayo de 1976, cuando tenía 31 años. Los tres hermanos se distinguieron por las luchas obreras junto con Agustín Tosco. Lo retiraron del penal con orden de Juan Bautista Sasiain, Aparece en La Voz del Interior un artículo que dice que se estableció un intenso tiroteo donde mueren Pucheta y Sgandurra. La persona que lo retira es Luis Alberto López.

- Claudio Anibal Zorrilla: nacido en Córdoba Capital. Estudiaba Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba y militaba en Política Obrera. Detenido en la UP1, fue asesinado en un supuesto intento de fuga durante un traslado en las cercanías del Parque Sarmiento, el 19 de junio de 1976. Tenía 21 años. Fue trasladado junto a Esther Barberis, Miguel Barrera y Mirta Abdón de Maggi. La Justicia Federal de Bell Ville había dispuesto la falta de mérito en su causa, pero en vez de ser liberado fue puesto a disposición del PEN. Oficialmente se informó que fueron abatidos en un supuesto ataque al Batallón 141 o en un intento de fuga. No hubo uniformidad en los comunicados acerca del hecho. Los recibos de Claudio Zorrilla y de Mirta Abdón de Maggi dicen que se los traslada al Consejo de Guerra Estable. Posteriormente, en los memorandos de la Policía Federal, dicen que fueron abatidos cuando eran trasladados al Hospital Militar, no al Consejo de Guerra estable.

- María Esther Barberis: nacida en San Francisco, provincia de Córdoba. Estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y militaba en el PRT-ERP. Detenida en la UP1, fue asesinada en un supuesto intento de fuga durante un traslado en las cercanías del Parque Sarmiento, el 19 de junio de 1976. Tenía 19 años. Era menor cuando la detuvieron. Era la novia de Gustavo Chiavarini, también asesinado. Fue sobreseída por la Justicia, pero puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Según consta en el memorando de fecha 29 de noviembre de 1975. No hubo autopsia y los velatorios fueron a cajón cerrado. Hace referencia a testigos que depusieron en la audiencia y relataron que la sacaron del penal a la noche y que ella gritaba.

- Mirta Noemí Abdon de Maggi: nacida en Córdoba Capital. Estudió Arquitectura y también Bellas Artes en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue empleada del Centro de Cómputos de la Provincia de Córdoba y militante del PRT-ERP. Detenida en la UP1, fue asesinada en un supuesto intento de fuga durante un traslado en las cercanías del Parque Sarmiento, el 19 de junio de 1976. Tenía 29 años y una hija. En el memorando de Policía Federal dice que fue detenida el 17 de junio de 1976, encontrándose armas pertenecientes a la organización. Fue ingresada en la Policía Federal y luego reingresada a la cárcel de San Martín. El legajo de Abdón de Maggi muestra circunstancias diferentes a las del memorando. Dice, por ejemplo, que ella provenía de la cárcel del Buen Pastor y que su estado de salud era malo. Los periodos en los que no hay datos es porque la detenida fue trasladada a algún centro clandestino de detención. Se registra que la detenida dio a luz en la Maternidad Nacional. Hay una nota de Mirta Abdón autorizando a que le retiren a su hija.

- Marta del Carmen Rosetti de Arquiola: nacida en San Francisco, provincia de Córdoba. Militaba en el PRT- ERP. Detenida en la UP1, fue asesinada en un supuesto intento de fuga el 30 de junio de 1976 a los 27 años.

- José René Moukarzel: nacido en Frías, Santiago del Estero. Era médico, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y militante del PRT-ERP. Detenido en la UP1, muere en el Hospital Militar, el 15 de julio de 1976, luego de sufrir tormentos en la UP1. Tenía 26 años cuando fue asesinado.

- Miguel Hugo Vaca Narvaja (h.): nacido en Córdoba Capital. Era periodista y abogado, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, defensor de presos políticos, militante montonero y apoderado del Partido Peronista Autentico. Detenido en la UP1, fue asesinado durante un traslado en un supuesto intento de fuga en La Calera, el 12 de agosto de 1976, a los 35 años. En uno de los folios de su legajo penitenciario está la presentación de los abogados de Vaca Narvaja y la firma de él mismo para aceptar el poder. Hubo un pedido de informes en la Legislatura para que el Poder Ejecutivo de cuenta de los motivos y circunstancias de su arresto y del allanamiento del estudio jurídico de su propiedad. Por orden del general de brigada Juan Bautista Sasiain, fue retirado del penal junto a los detenidos Toranzo, Eduardo De Breuil y Gustavo De Breuil. Posteriormente, aparece un recibo de regreso al penal de una detenida Franciosi y de Eduardo De Breuil. Luego está el comunicado que informa que, cuando los “delincuentes subversivos” eran transportados al Consejo de Guerra, el vehículo tuvo un desperfecto y los delincuentes intentaron huir. Fueron perseguidos por la custodia y, como no acataron la orden de detenerse, fueron muertos por la custodia. Dice también que hubo un oficial herido por el incendio del automóvil, pero eso no costa en los informes oficiales. Ese informe lo hizo el capitán Quiroga.

- Gustavo Adolfo De Breuil: nacido en Córdoba Capital. Estudiaba en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y militaba en Montoneros. Detenido en la UP1, fue asesinado durante un traslado en un supuesto intento de fuga en La Calera, el 12 de agosto de 1976, a los 23 años, junto con Miguel Hugo Vaca Narvaja y Jorge Higinio Toranzo. Presentan los memorandums que precisan la orden de retiro del penal y los certificados de defunción que dan cuenta de la muerte.

- Eduardo Alfredo de Breuil: nacido en Córdoba capital. Hermano de Gustavo de Breuil. A los 29 años de edad, el 12 de agosto de 1976, fue sacado de la cárcel y llevado a presenciar el asesinato de su hermano, de Vaca Narvaja y de Toranzo. Fue devuelto a la cárcel con el mensaje de dar a conocer al resto de los detenidos lo que había pasado.

- Higinio Arnaldo Toranzo: nacido en San Francisco del Chañar, provincia de Córdoba. Participaba de la parroquia del barrio Talleres y militaba en la Juventud Peronista. Detenido en la UP1, fue asesinado durante un traslado en un supuesto intento de fuga en La Calera, el 12 de agosto de 1976, a los 20 años. Las testimoniales extensas dan cuenta de estos hechos.

- Florencio Esteban Díaz: nació en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Se radicó en Córdoba, trabajó en Fiat y en Vialidad Provincial. Integró la Coordinadora de Gremios en Lucha y el bloque gremial del Peronismo Auténtico. Militó en Montoneros. Detenido en la UP1, fue asesinado en un supuesto intento de fuga, el 11 de noviembre de 1976, a los 45 años.

- Jorge Oscar García: nacido en Córdoba. Militaba en Montoneros. Casado, un hijo. Detenido en la UP1, fue asesinado en un supuesto intento de fuga, el 11 de noviembre de 1976, a los 26 años.

- Hugo Oscar Hubert: nacido en Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba. Trabajaba como empleado de la Municipalidad de esa ciudad. Estudiaba en la Universidad Nacional de Río Cuarto y militaba en Montoneros. Detenido en la UP1, fue asesinado en un supuesto intento de fuga, el 11 de noviembre de 1976, a los 34 años.

- Luis Alberto Urquiza: detenido el 12 de noviembre de 1976 en su domicilio particular y alojado en el D2, en donde sufrió imposición de tormentos. Al momento de los hechos se desempeñaba como agente del departamento de Informaciones Policiales (D2) de la Policía de la Provincia de Córdoba. Estudiaba Psicología. Fue trasladado al Campo de la Rivera y posteriormente, el 9 de diciembre de 1976, a la UP1. Recuperó su libertad el 14 de septiembre de 1976.

Informe: Natalia Brusa

Arrancan los alegatos en el juicio oral a Jorge Rafael Videla y Luciano Menéndez

2010-11-22T23:09:00.000-08:00

La etapa comenzará con la exposición de las querellas. Se trata del proceso en donde se juzga al ex presidente de facto y a otros 30 imputados por violaciones a los derechos humanos. Durante el debate declararon 110 testigos

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba dará comienzo este martes a la etapa de alegatos en el juicio a Jorge Rafael Videla y otros 30 imputados por delitos de lesa humanidad, cometidos durante el último gobierno militar.

Los jueces dispusieron que las querellas sean las primeras en realizar sus exposiciones.
La primera en hacerlo será la abogada querellante María Elba Martínez representantes de María Tressens de Verón, Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Raúl Argentino Toranzo, Eduardo F. De Breuil, Carlos A. Huber, Mariano Jesús García, Elba Inés Puchetta, María Cristina Díaz, María Alicia Zorrilla, Esther María Barberis, Mirta Abdón de Maggi, María A. Moukarsel, Emilio Enrique Arqueola y Luis Alberto Urquiza.

En otro orden, el tribunal resolvió incorporar por lectura los testimonios de Adolfo Escobar, Benjamín Álvarez, Ángel Medici y Jorge Rubén Lagos.

Juicio UP1 de Córdoba: Finalizó la etapa de testimoniales y la próxima semana comienzan los alegatos

2010-11-12T22:51:00.000-08:00

El TOF Nº 1 de Córdoba escuchó el 11/11/2010 el testimonio de Federico Bazán y Dora Caffieri de Bauducco. En los próximos días los imputados podrán ampliar sus declaraciones ante el tribunal y luego, dos días después, arrancará la fase de alegatos

El Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba escuchó este jueves el relato de los dos últimos testigos en el juicio contra Jorge Rafael Videla y otros 30 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Además el TOF Nº1 de Córdoba dispuso que el jueves 18 de noviembre comience la ronda de conclusiones y alegatos finales, y que el martes próximo los imputados puedan ampliar sus declaraciones.

En relación a la declaración de los últimos dos testigos, a continuación parte de sus declaraciones:

Federico Víctor Bazán

“Se hicieron movilizaciones al rectorado para pedir renovaciones de contratos. Recibimos cuatro decanos, Federico, Contempo, Gallardo y yo recibimos una serie de amenazas. Nos mandaron flores rojas y a los pocos días sin haberse resuelto el problema gremial, me detuvieron en mi casa”.

“Me detuvo la policía de Córdoba. Nos acusaron de asociación ilícita a mí y a mi señora. Nos tuvieron detenidos y nos hicieron una causa. No recuerdo si era el Dr. Puga. En un primer tiempo yo conté con la asesoría legal del Dr. Ceballos que estaba en la gremial docente. Poco tiempo después el no vino más, era el mes de mayo”.

“En septiembre un octubre, comenzaron las restricciones en las ventajas que teníamos los detenidos en el Servicio Penitenciario. Eso se fue endureciendo hasta la llegada del golpe de estado, cuando las visitas quedan suspendidas”.

“En el nuevo régimen político hay una serie de circunstancias, requisas violentas, la conducta de los presos al ir al médico eran exacerbadas. Los conducían y los traían a los golpes”.

“Un preso, Dreizick, tenía asma y prefería tener ataques de asma dentro de la celda y no ir al médico. Creo que al Tribunal le va a interesar que yo en 1976 sufrí un traslado, en la fecha de 11 de junio, tres presos del pabellón 6 y 8 fuimos conducidos a las 6 o 7 de la tarde a la entrada de la cárcel. Éramos José Funes, Hugo Vaca Narvaja y yo”.

“Nos vendaron, nos ataron las manos atrás y hubo una sensación de que nos iban a trasladar. Me tocan la parte trasera de la rodilla. Cuando se siente miedo, el músculo de la rodilla tiembla y no se puede controlar. Cantaban: al cielo, vestido de blanco te vas”.

“Nos trasladaron en un camión, tirados en el suelo, acostados en el suelo del camión. Nos golpearon hasta llegar a un lugar que yo infiero que es La Rivera. El traslado duró tres noches y cuatro días. El lunes 14 nos volvieron a llevar a la cárcel de San Martín”.

“Durante la estadía en ese lugar estamos atados, vendados y sentados frente a los colchones, que los desatábamos para dormir. Nos dijeron que íbamos a ir a misa. Teníamos prohibido hablar. Ese día domingo nos permitieron tirarnos en el patio a tomar sol, ese día había otros presos que comentaban en alta voz que eran obreros de la cantera de Cruz del Eje y comentaban que era el día de San Antonio en Cruz del Eje”.

“El oído es el único órgano que no se cierra. Al estar acostado veo a través de las vendas un lugar con galerías. El día 14, lunes, nos reúnen a los tres y una persona de alto nivel nos comunica un mensaje. Nos palmea el hombro, nos abraza y nos dice ustedes encabezan la lista de gente que vamos a matar. Comuníquenselo a las palomas a Paris”.

“Ellos decían que nosotros teníamos comunicación con Paris que era la supuesta sede a la que pertenecían las organizaciones. Cuando volvemos a la cárcel de San Martín, ahí nos sacaron las vedas, nos revisaron, estábamos sucios pero no estábamos ni golpeados ni lastimados”.

“Cada uno regresó a su celda y comunicamos el mensaje de que encabezábamos la lista de presuntos muertos. Tres semanas después salió en una misión Cristian Funes con una chica y no volvieron más. Nosotros pensábamos que empezaron a cumplir la promesa”.

“Sabíamos que no eran los primeros, ya había pasado y se decía que eran fugas. Los comunes escuchaban la radio y nos comunicaban las novedades. A mediados de julio sacaron a Vaca Narvaja y tampoco volvió más. Yo pensaba que en agosto me tocaba a mí”.

“El 5 de septiembre hubo un traslado masivo de presos hacia Sierra Chica y a La Plata. Fuera de la orbita del Tercer Cuerpo. Era el aniversario de la muerte de mi padre y yo pensaba que el me había salvado. En Sierra Chica la requisa fue muy fuerte. Ahí yo pierdo un oído por los golpes”.

“En octubre hubo un traslado masivo de presos de distintas cárceles y nos llevaron al Penal de San Martín. Armaron una comisión de 23 , eligen a tres , un periodista Bornaldel de Mendoza, a mi , y una señorita Alicia Viela y nos llevan vendados y nos dicen que si algo le pasaba a Videla iban a morir una cantidad de presos, y si le pasaba algo a un coronel, iba a morir otra cantidad”.

“En ocasión del mundial de fútbol hicieron lo mismo. Nos hicieron la misma amenaza. En ese momento andaba una comisión de la Cruz Roja Internacional. Nos buscaron en la cárcel de San Martín. Nos trasladaron a los 23 a la Rivera. Cuando la Cruz Roja va a la Rivera, a nosotros dos nos trasladaron a La Perla. La Perla en ese momento estaba desmantelada”.

“Alguien en La Rivera denunció que había 23 detenidos y que ya no estaban , y nos empiezan a buscar en La Perla y en La Rivera. Fue una chica y por haber denunciado eso la llevaron a la Perla de fajinera. Era una chica Deustch”.

“Cuando llegamos a La Perla había gente que tocaba música muy fuerte. La chica Deustch me dijo que eran los que colaboraban que por eso no estaban vendados y tenían un trato especial. Nos volvieron a traer a la cárcel de San Martín. Para mí eso era un alivio porque era una cárcel pero con rostros humanos. En la Perla no”.

“Fueron tres meses en 1977 y tres meses en 1978 sin comunicación con mis familiares y sin abogado. Mi nombre figuraba dos veces entre las listas de desaparecidos”.

“Pasaron tres meses en celda de chica por haber firmado supuestamente una denuncia a la prensa. Pase tres meses en celda de castigo en Córdoba y seis meses en celda de castigo en Sierra chica. Baje de 82 kilos a 62 kilos”.

“Cuando desmantelan Sierra Chica me llevaron a Rawson donde recupere la libertad en 1980”.

“Tuve una condena por 5 años con inhabilitación completa. Por eso preparé mi viaje a Francia. Entré en Francia como refugiado político. Desde allí tramité el tema de mi inhabilitación con Elda. Becerra”.

“Los juicios quedaron anulados durante el gobierno de Alfonsín. Me devolvieron los cargos en la Universidad pero yo estaba trabajando en Paris. Me dieron licencia sin goce durante algunos años pero después tuve que renunciar porque no podía hacerme cargo”.

Dora Isabel Caffieri de Bauducco

“No he tenido contacto personal con los imputados. Han pasado 34 años Yo tengo 34 años más lo que significa que hemos cambiado todos, pero seguimos siendo los mismos”.

“Tengo 59 años, soy arquitecta. El día 20 de diciembre de 1975, entró a mi casa un grupo totalmente armando, rompieron todo y se llevaron varias cosas, yo estaba con mi marido, estaba embarazada y preparando mi tesis”.

“Nos separaron, me pusieron una venda y me llevaron a un móvil que estaba en la puerta. A mí me llevaron a informaciones, nunca me quitaron la vendan de los ojos, cuando me la sacan veo a todos de civil y me empiezan a amenazar con que iban a matar al hijo que tenía en mi barriga”.

“Me decían que yo tenía un tablero de dibujo y yo les decía que yo estudiaba arquitectura. El primo de mi marido era el almirante Massera y, llámenlo a él y se van a dar cuenta de que aquí hubo una equivocación”.

“A mí dieron una serie de patadas y me dijeron que yo estaban diciendo eso porque estaba embazada, pero que me iban a hacer decir otras cosas. Yo les decía que no iba a decir algo que no conocía”.

“La tortura fue psicológica. Me dieron patadas y tuve unas contracciones. Lo mío fue más leve que lo de otras personas. Estuve en un banco escuchando como a otra gente la torturaban. En Navidad nos trajeron una copa de sidra. Yo no acepte la copa y les dije que yo no podía brindar por nada. No sabía qué consecuencia me iba traer decir eso”.

“Mientras estuve ahí había una persona que se me acercaba todo el tiempo, muy perfumado, como de unos 45 años. Me decía que mi marido estaba diciendo un montón de cosas, diciendo que actuaban política etc. Yo le decía que mi marido no podía decir eso porque él vivía conmigo”.

“Había un asedio permanente como para que yo sintiera en lo que estaba metida. Yo sabía que no estaba metida en nada de lo que me tuviera que arrepentir. Creíamos en la justicia social, queríamos un mundo mejor, creo en la justicia , no creo en la impunidad”.

“Con las vendas puestas, veía hacia abajo personas que pasaban y veía botas. No sé si botas de militares o de policías pero las patadas eran botas”.

“Una vez me alcanzaron un pedazo de pollo envuelto en papel plateado y cuando lo pude abrir estaba lleno de hormigas. Después me trasladaron a la cárcel de San Martín”.

“Fui a declarar al juzgado de Zamboni Ledesma. El defensor era Haro. Me pusieron una causa por asociación ilícita con mi marido, un compañero de mi marido y una mujer que yo no conocía, Rosario Miguel Muñoz”.

“Mi hijo nació el 6 de marzo en la maternidad. Me esposaron una mano al elástico de la cama y un pie también. Tuve trece horas de trabajo de parto, cuando llego el momento del parto, y la doctora responsable pidió que me quitaran las esposas, que en la sala de parto mandaba ella y que no iba a entrar nadie”.

“Había hombres de civil armados. Así tuve a mi hijo, donde había parturientas recientes de la misma maternidad. Yo era la única presa política. Y me volvieron a esposar a la cama”.

“La celadora quería taparme la mano esposada y yo le dije que no lo hiciera. Esos hombres prendían la luz a las tres de la mañana y recorrían el lugar con armas. Era una situación inaceptable por lo que pedí que si le daban el alta a mi hijo, yo quería volver a la cárcel cuanto antes.

“Volví al penal y comenzó una época de terror. Las celdas y las ventanas fueron cerradas y nos quitaron todo. Nos dejaron algo de ropa y el colchón doblado toda la noche”.

“Era planta baja, en celdas individuales, la celda número veinte, justo al medio. Nos quitaron el sol, la salida al patio, todo”.

“Empezó un clima de terror desconocido para todas. Todas sentíamos lo mismo. Venían diferentes guardias que se turnaban por semana. Había gente que la identificábamos por los uniformes”.

“La gendarmería tenía otro uniforme. Esa gente nunca nos agredió. Tenían las mismas reglas rígidas pero no nos agredían. Había como una especie de competencia entre las guardias”.
“El grado de enfermedad que padecían era terrible. Trataban de explicarnos a nosotros que nosotros éramos responsables de lo que ocurría”.

“Yo jamás me imagine que alguien en la vida le pudieran hacer cosas tan dañinas a otras personas. Yo no sabía que la tortura pudiera existir. Yo era una joven de 24 años. La situación de indefensión que teníamos era terrible, no teníamos en quien confiar. Entraba alguien a la noche a la celda y no sabíamos que podía pasar. Las celadoras se quedaban afuera y los militares entraban. Había una celadora, una sola muy firme”.

“Con las mujeres, estábamos sometidas, era el terror. La personalidad de cada una de las presas podía ayudar en esas situaciones o no. Un militar entraba, cerraba la puerta y nadie te podía ayudar. Las compañeras gritaban y nadie las podía ayudar”.

“Cuando sacaban a una compañera, las compañeras gritaban, se las llevaban y al día siguiente venían las celadoras y nadie volvía a hablar de esa persona”.
“A mi marido lo vi mientras estábamos comunicados. Tuvimos visitas íntimas cuando nació mi hijo. Me entere de su muerte por una casualidad. Un preso con sus manos me pregunto como estábamos, yo le pregunte como estaban los muchachos. Me dijo estaban mal porque habían matado a uno, a Gustavo Bauducco”.

“El shock fue muy grande porque no se llamaba Gustavo pero Gustavo y Raúl Bauducco era muy parecido. Yo hasta que no tuve la entrevista con quienes vinieron del juzgado tuve la esperanza de que hubiera una equivocación. Cuando me llevaron a declarar el 12 de agosto de 1976, cumpleaños de mi mama, me leyeron los datos de la causa, faltaba mi marido. Pregunte porque no estaba en la causa y me contestaron que después me iban a explicar”.

“Ahí me dieron el sobreseimiento pero me dijeron que quedaba a disposición del PEN. En ese momento el abogado defensor era Molina. Había otras personas pero no recuerdo las caras. Me dijeron que él le había querido arrebatar el arma a un militar y que en defensa propia lo habían matado”.

“Yo entre en un ataque de rabia y les grite ustedes son la justicia, son la única esperanza que tenemos y ustedes vienen a convencerme a mí que mi marido es una persona tan imbécil que sin saber manejar un arma y en esa situación de terror le va a querer arrebatar un arma aun militar”.

“No les da vergüenza ser justicia, le pedí a la celadora que me retirara porque esas personas me daban asco. Sentí una traición .Nunca más nos vimos hasta que llegue a Devoto y mi familia tramitaba mi salida del país”.
“Las requisas eran así, me pedían que me bajara la bombacha, como yo me negaba me mandaban al calabozo. Así que yo estaba siempre en el calabozo yo les decía que no me negaba a la requisa, pero si a la violación y me volvían llevar al calabozo. Yo no tenia contacto con la realidad”.

“Algo paso que después nos volvieron a la penitenciaria. Unos días después nos volvieron a subir a un avión y la persona que me llevaba mi, se que era un militar, me dijo tenés miedo no? Y yo le dije que no, que ya tenía la libertad otorgada. No te creo, me dijo y yo le dije yo tampoco le tengo miedo”.

“Como no vas a tener miedo, si te vamos a tirar a los tiburones. Yo le dije que no tenía miedo porque yo no había hecho nada de lo que tuviera que arrepentirme en cambio ellos sí, y que iban a tener miedo toda la vida”.

Informe: Natalia Brusa

Ahora un ex cabo pide "perdón" por asesinar a Raúl Bauducco

2010-11-09T23:02:00.000-08:00

Un ex cabo del Ejército pidió “perdón” por la muerte de un preso político, en 1976, en un penal de Córdoba, al declarar en el juicio que se sigue por delitos de lesa humanidad y que tiene como principales imputados a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez. Lo que ocurrió fue un “accidente, se me escapó el tiro”, dijo el ex cabo Miguel Angel Pérez, al aludir a la muerte del ex preso Raúl “Paco” Bauducco, quien fue asesinado de un tiro en la cabeza que salió de la pistola reglamentaria que manipulaba el suboficial durante una requisa que se había realizado en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1).

Pérez añadió que su declaración sobre el hecho fue “manipulada” por sus superiores cuando le hicieron testimoniar que la muerte sucedió en un intento de arrebato del arma. Asimismo, pidió “perdón” por haberle “arruinado” la vida a la familia Bauducco. “Sólo a ellos les debo explicaciones”, dijo. Luego culpó al Ejército Argentino de arruinar su vida y la de su familia por enviarlo a la cárcel “que no era un destino militar, yo tenía dos meses de cabo, no tenía la experiencia ni la formación para ir a ese lugar”.

"A medida que los integrantes de cada celda llegábamos al patio, nos obligaban a colocarnos cuerpo a tierra, boca abajo, manos en la nuca...Ya todos en el patio, iban haciendo requisas personales por integrantes de celda. Es decir, ordenaban que se levantaran los de la celda Nº 3, por ejemplo, donde estaba Bauducco, y todo ese grupo debía hacerlo y comenzar a desnudarse. Una vez requisados, a una orden debían vestirse y tirarse nuevamente cuerpo a tierra, gomazos mediante. Los demás permanecían en la tierra hasta que les tocase el 'turno', mientras los cabos caminaban sobre nuestras espaldas. Ordenan que se pongan de pie los de la celda N8 3, el Cabo se acerca hasta Bauducco, e insultos y amenazas se suceden sin cesar contra el compañero, los gomazos se intensifican y uno de ellos, como corolario final, pega en su nuca derribándolo. Cae de rodillas".

Otros presos políticos, del pabellón 6 y del 8, que presenciaron los hechos declararon ante los tribunales federales que Bauducco manifestaba su impedimento para levantarse. Fue entonces cuando el suboficial, Cabo Miguel Ángel Pérez, se dirigió con la pistola en la mano a conversar con el oficial a cargo del operativo, Teniente Enrique Pedro Mones Ruiz. Luego regresó y le dijo a Bauduco que si no se levantaba lo iba a matar. Como Bauducco no se podía levantar, el cabo Pérez le disparó y lo mató.

Finalizaron inspecciones oculares ordenadas en el juicio oral a Videla

2010-11-04T01:57:00.000-07:00

Los reconocimientos se realizaron en una depedencia del Servicio Penitenciario y en el ex Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba. Es en el marco del juicio contra el ex presidente de facto y otros 30 acusados por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba encabezó este miércoles dos inspecciones oculares realizadas en la ex Unidad Penitenciaria Nº1 (actual Penal de San Martín) de esa ciudad, y en el ex Departamento de Informaciones de la Polciía de aquella provincia.

Fue en el marco del juicio oral contra el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y otros 30 acusados, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

Se trata de dos reconocimientos en aquellas dependencias, en las que habrían sido torturadas algunas de las víctimas durante el último gobierno militar.

En el juicio están unificadas dos causas. En una de ellas se investigan crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Córdoba. En la otra, conocida como “Gontero”, se investigan los secuestros e imposición de tormentos en perjuicio de seis víctimas, que fueron detenidas y trasladados a la sede del Departamento de Informaciones Policiales (D2), luego a las instalaciones que el Tercer Cuerpo de Ejército disponía en el campo de la "La Rivera" y finalmente a la Unidad Penitenciaria N° 1.

Informe: Natalia Brusa

Periodista denunció la complicidad de diputados en los 90 con represores

2010-10-19T23:46:00.000-07:00

Mariano Saravia reiteró que el diputado sabía en los `90 que el ex policía había sido parte del aparato policial del terrorismo de Estado.

El periodista y escritor Mariano Saravia reiteró hoy ante la Justicia que el actual diputado nacional Oscar Aguad (UCR) sabía en los `90 que el imputado Carlos "Tucán" Yanicelli había sido parte del aparato policial del terrorismo de Estado en Córdoba durante la última dictadura.

Saravia reiteró testimonios que relacionan a Aguad con Yanicelli al declarar en la audiencia 42 del juicio por delitos de lesa humanidad que tiene como principales acusados a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.

Antes de tomar declaración a los testigos, el presidente del Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1), Jaime Diaz Gavier, informó que Videla y Menéndez no asistirían a la audiencia por hallarse internados en el Hospital Militar de Córdoba.

Actual director de Radio Nacional Córdoba, Saravia, es autor del libro La Sombra Azul, que recoge el testimonio del ex policía Luis Urquiza, torturado en el Departamento de Informaciones de la policía provincial (D2), con detalles sobre ese centro clandestino de detención y exterminio en el que revistaba Yanicelli.

Durante su relato, reiteró lo publicado en el libro sobre hechos de 1997, cuando el entonces fiscal de Estado Alberto Zapiola "le tiró en el escritorio (al entonces gobernador radical Ramón Mestre) una copia de las declaraciones de (Carlos Raimundo) `Charlie' Moore (ex preso político) en San Pablo, Brasil, en el que denunciaba a Yanicelli como uno de los torturadores del D2".

"Torturador". En esa oportunidad, según Saravia, Zapiola le dijo a Mestre: "Mirá, 'Gordo', a quién estás defendidendo, este tipo (que continuaba revistando en la policía de la provincia) es un torturador".

De acuerdo con el relato, Mestre le respondió a Zapiola que "el `milico' (apodo de Aguad, en esa época ministro de Gobierno en Córdoba) me dijo que era un tipo de confianza".
Luego, el entonces ministro de Gobieno "entró al despacho del gobernador y la discusión subió de tono y Aguad le dijo que (Yanicelli) es un tipo que está haciendo las cosas bien y Zapiola le contestó: yo no sé qué hace ahora, pero este informe dice que fue un torturador y vos (Aguad), no me digás si puede serlo o no porque vos, `milico', en los años 70 estabas jugando al rugby", relató el periodista.

Saravia dijo además que Yanicelli "fue considerado uno de sus mejores hombres por Mestre".
Recordó también que Luis Rébori, el ya fallecido ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante de la Conadep-Córdoba, sostuvo en esa época que nadie que hubiese estado en el D2 "era inocente y era claro que nigún ministro o gobernador podía ignorar esto".

"A partir del la publicación del libro (2002), balearon el frente de mi casa, pusieron una cruz esvástica y se llevaron mi perra, que la hacían ladrar cuando me llamaban por teléfono, pero cuando hacia la denuncia, en la policía me decían que eran intimidaciones y no una amenza", narró Saravia.

Añadió que "la gente del D2 había sido denunciada por Moore en el 80 y por Urquiza en Madrid" por el empleo de torturas.
Posteriormente prestó declaración el jornalero Omar Astudillo, quien se limitó a relatar que conoció al imputado Luis David Merlo cuando éste formaba parte de la custodia del domicilio del ex jefe de la policía provincial comisario Raúl Pedro Telleldín, alias "El 1", ya fallecido.

Palombo recordó tres guardias: a Jorge Pérez, un karateca que practicaba con su cuerpo, a "Juan" y a "Kunfito". Sin embargo, el caso más conmocionante fue el soportado por Pedro Galeano, alias el Correntino. "Lo torturaban haciéndole la plancha, lo agarraban entre varios, lo tiraban hacia arriba y lo dejaban que caiga y pegué directo en el piso, cada vez que hacían eso, temblaba el techo del sótano", recordó Palombo. También mencionó a Rubén Vilber, el Pelado, "que tenían todo la cabeza quemada y con heridas, con quien se ensañaron por su apellido judío". "A Galeano lo llevaron con nosotros, destrozado a la Cárcel de Encausados: le habían destrozado el ano con un espéculo. Pero dias después lo buscaron y se lo llevaron, para decir que había muerto en un enfrentamiento".

Vivono cerró la jornada. El mismo testimonió su secuestro ratificando lo dicho por Antelo, y su cautiverio en el SI. Recordó las torturas a las que fue sometido y que "entre las sesiones de tortura escuchó la de Esteban Mariño, al propio Jorge Palombo, a Adrián de Rosa, a Carlos Martin, a la familia Ferrari que eran dos señores mayores y un hijo de ellos que era un adolescente que no superaba los 16 años; además de Patricia Antelo y Virginia Molina que tenían 17 años", dijo el testigo

Vivono relató también su paso por la Unidad 3 donde conoció a Daniel Gorosito y su cautiverio en la Cárcel de Coronda. Finalmente hizo mención a que después de 30 años sigue encontrándose en la calle con los autores de estos crímenes.

"El alto nivel de las declaraciones testimoniales nos desafían en lo personal y profesional permanentemente para estar a la altura de quienes representamos", señaló su abogada Gabriela Durruty. Asimismo dijo la letrada "a pesar de que el tribunal excluyó a Elida Luna como querellante, Daniel Gorosito su compañero, es una de las personas más presentes en la sala de audiencia".

Se reanudó el juicio a Videla con la declaración de una testigo

2010-10-14T23:08:00.000-07:00

Se trata de la docente Lilia Rosa Bruno, detenida meses antes del golpe de Estado. La maestra declaró en el juicio oral contra el ex presidente de facto y otros 30 acusados por violaciones a los derechos humanos que se desarrolla en Córdoba

Este martes declaró la docente jubilada Lilia Rosa Bruno como testigo en el juicio oral, que se realiza en Córdoba, contra el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y otros 30 acusados por crímenes de lesa humanidad. A continuación, algunos tramos de su declaración.

“Fui detenida el 24 de mayo de 1975 en mi casa, en el barrio Maipú, por un grupo de tareas de 11 o 13 personas. Cortaron la avenida una hora antes, según dicen los vecinos, entraron por los techos, por el patio y por la puerta de entrada. No tenía idea de que podía ser detenida.”

“Tenía 20 años, estudiaba Ciencias de la Información y Magisterio. Vivía con mis padres adoptivos y el hermano de mi mamá. Todos muy grandes. Hasta que me encontraron a mí, los golpearon, los empujaron y los tiraron al suelo. Pedían por mí. Cuando dieron conmigo me llevaron al dormitorio. El malo me tironeaba, me empujaba, y el bueno manejaba a los otros. El bueno era uno al que llamaban el 'capitán Coco'.”

“Me tomó muchos años darme cuenta que jugaban al bueno y al malo. Se llevaron mis apuntes de la universidad, afiches del 'Che' que yo dibujaba y pintaba y el libro Las venas abiertas de América Latina. Revisaron mi dormitorio, el de mi mamá. Yo trataba de sacarme mis ruleros, la ropa de fiesta, porque me iba a un casamiento.”

“Mi papá y mi mamá pedían explicaciones y los obligaron a sentarse y no meterse. Me permitieron ponerme un poncho y me llevaron esposada y vendada en un auto, en la parte de atrás. Antes de irme recuerdo haberles dicho a mis papás que esto se tenía que saber porque yo iba a desaparecer.”

“No sé de dónde lo saqué, porque en ese año, 1975, la gente era detenida pero salía. Volvían a aparecer por la facultad. Aunque estaba con los ojos vendados, me di cuenta que subían por la Isaza, daban vuelta en Ferroviario y pude armar el recorrido en mi cabeza.”

“Por el poco tiempo que duró el viaje me di cuenta de que podía estar en el Cabildo. Me hicieron pasar directamente a un patio interno donde había mucha gente. Me pusieron contra una pared y yo sentía el roce de otras personas. Quejidos, gemidos, respiración. Alguien me dio en la boca un cigarrillo. No me preguntaron si yo fumaba. Luego me llevaron varias veces a la oficina de entrada a la derecha. Allí habían personas vestidas de azul, policías. No como ellos que estaban con el pelo largo, barbas, gorros.”
“Allí el malo me pegó un culatazo en el abdomen y me preguntó si estoy embarazada. Me acusa de ser correo del ERP. Me vuelven a llevar al patio. Cada vez que el malo me golpeaba o me arrastraba de los pelos, el bueno le decía a él 'déjala, no la jodas'.”

“En mi cabeza, entre el susto, la desesperación y los veinte años, hice eso del bueno y el malo. Me aferré al bueno y le tenía al terror al malo.”

“Treinta años después cuando se presentó el libro La Sombra Azul vi a 'Coco' Damonte y supuse que era el, Juan Carlos Damonte, alias 'capitán Coco'. Fue mi represor personal, si se puede decir así.”

“Yo seguía insistiendo de donde me habían sacado. No recuerdo cuando me mostraron un papelito que yo misma había hecho. Mis padres eran muy grandes, no me dejaban salir ni ir a estudiar a otro lado. Yo convocaba a la gente a estudiar a mi casa. Hacía unos planos para explicarles a mis compañeros como llegar a mi casa.”

“Ese plano me lo mostraron. Yo creo que ellos pensaron que se iban a encontrar con otra cosa y por eso era el despliegue que no se correspondía con una mujer de 20 años.”

“Yo nunca volví a ser la de antes. Recién llegada al D2 ya no me acordaba de los nombres de mis compañeros ni de sus sobrenombres. Creo que mi memoria hizo algo para que yo no los pudiera delatar. Siempre pienso que si yo hubiera pasado por lo que pasaron otros, no se si no hubiera hablado.”

“Allí vi, en una celda a un compañero mío de la facultad tirado, todo ensangrentado. Lo reconocí porque era asiduo de mi casa y nos gustábamos mutuamente. El había estado esa mañana en mi casa.”

“Después, con los años, yo traté de saber quién era, fui a la facultad a ver quien estudiaba de Bell Ville en 1975 pero no lo pude saber. También vi una placa de estudiantes desaparecidos y había uno con el apodo Leru y creo que puede haber sido él.”

“Una noche se llevaron a mucha gente yo me quise ir con ellos pero no me dejaron. Fue una noche larga y muy fría. El malo pasaba, me tocaba, me manoseaba, me tiraba de los pelos, y me dijo que íbamos a estar solos y que allí lo iba a conocer de verdad.”

“Damonte me parecía mayor. No sé si era porque yo era muy joven, pero tenía barba y un poco de sobrepeso. Una vez pedí ir al baño y me llevaron así, de vestido largo, vendada, esposada a un excusado y me las tuve que arreglar para ir al baño con las manos esposadas atrás. Ese excusado no está ahora en el D2.”

“Después me llevaron a la cocina. Había dos personas. El malo me tapo la cabeza con mi poncho y empezó a jugar a la ruleta rusa. Nunca supe si había una bala o no. Cuando me saco el poncho fue tan bruto que me saco también la venda. Ahí lo pude ver al malo, fue la segunda vez, la primera en mi casa. El rostro era de piel morena, el cabello oscuro, los ojos también, con expresión diabólica.”
“Mi atención estaba fijada en Damonte. Ellos ya habían logrado que yo entrara en la variante del bueno y el malo. Mi cabeza solo pensaba como salvarme. Lo que ocurrió no me enorgullece. Cuando yo me di cuenta que el bueno se levantaba y que no había nadie, yo me tire arrodillada al bueno y le pedí por favor que no se fuera que si él se iba, el malo me iba a violar.”
“Me dijo que mi papá estaba sentado en la plaza y que con mucha inocencia había traído cosas para que yo me cambiara y que comiera.”

“Me dijo que había rumores de que me iban a soltar por la noche.”
“Te van a hacer firmar una declaración. Si vos no lo firmas te van a tirar un tiro por la espalda.”
“Me pase la mañana pensado que hacer si firmar o no. Aparecieron al mediodía con asado y me dijeron que cocinara .Yo no sabía cocinar así que metí la carne al horno con sal y después ellos comieron y me ofrecieron comer. Yo no quería comer pero no estaba para decir que no y picotee algo.”
“Llego la nochecita, me llevaron a la sala de entrada, me leyeron una declaración que no tenía nada que ver conmigo. Decía que yo era correo del ERP. Les dije que eso no lo iba a firmar de ninguna manera. Yo era muy inocente, no sabía de la picana, no me habían violado.”
“Me agarraron de los pelos y me llevaron de nuevo adentro y me dijeron que yo iba a pagar por no haber firmado.”

“Después me volvieron a sacar adelante y había otra declaración que si era real. De lo que habían sacado de mi casa, de mi participación en las asambleas, de mis amigos de ERP y del PRT, que yo participaba en toda las marchas. Me soltaron.”
“Yo no me quería ir porque sabía que afuera me esperaban las otras opciones. A los empujones me sacaron y empecé a caminar hacia la plaza. Ahí vi una sombra escondida detrás de la estatua de Esquiu y yo creía que era el policía joven.”

“Allí entró un auto con las luces altas y yo no podía ver quién era. Me quede inmóvil, espere. La sombra desapareció, se bajo alguien, vi que era Damonte y me dijo subí.”
“Dio la vuelta ahí mismo, vi a mi papá, le dije ahí está mi papa. No me dio bolilla. Me llevo a mi casa. Ahí estaba todo el vecindario con mi mama. No podían creer que fuera guerrillera.”
“Le dijo a mi mama que yo no saliera de mi casa, que abandonara Ciencias de la Información , que quemara todo lo de la facultad y se fue.”

“Mi papa quemó todo y me llamaron al médico del barrio que me revisó. Yo tuve un ataque de nervios y me dieron un Valium o algo así.”
“Una semana después apareció Damonte de nuevo por mi casa, me pregunto que había hecho en esos días, si había entrado en contacto con alguien. Se tomo un café y se fue.”
“Un día me tome un colectivo para pasar por la plaza San Martín, me baje como para probarme a mi misma y ahí estaba Damonte. Me subió a un auto lleno de armas y me devolvió a mi casa.”
“Una vez me llevo camino al Aeropuerto y me manoseo suavemente y me pregunto si yo era virgen, yo le dije que sí y nunca más me molesto en ese sentido.”

“Damonte desapareció. No supe nada mas de él.”

Informe: Natalia Brusa

Declararon Tres testigos en el juicio a Jorge Rafael Videla

2010-10-14T22:59:00.000-07:00

Se trata de Horacio Samamé, Guillermo Puerta y Juan Carlos Niveyro. Fue en el juicio oral en Córdoba contra el ex presidente de facto y otros 30 acusados por violaciones a los derechos humanos.

Horacio Samamé, Guillermo Rolando Puerta y Juan Carlos Niveyro, declararonen el juicio oral en Córdoba contra el ex presidente de facto, Jorge Rafael Videla, y otros 30 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

A continuación algunos tramos de sus declaraciones:

Horacio Samamé
“Fui privado de mi libertad el 12 de noviembre, a las 10 de la mañana, en la escribanía Martínez, ubicada en el pasaje Muñoz. Cuando voy saliendo de la oficina advertí que un grupo de personas, cuatro o cinco, venían avanzando hacia mí. Yo había sido policía y advertí que venían por mí.”
“Esas personas me llevaron al D2, sin decir los motivos reales. Se me dijo que eran investigaciones de la Policía y que quería conversar conmigo. Me llevaron de los brazos y de los precintos del pantalón, no toqué una baldosa de la peatonal.”
“Cuando entré al Pasaje Santa Catalina me di cuenta que íbamos a Inteligencia. Entramos al D2, me pusieron contra la pared, me vendaron, me esposaron. Fui empujado por una puerta vaivén. Se abrió esa puerta y entré a un mundo muy especial."

“Fui recibido a golpes y allí permanecí entre cinco y siete días. Uno pierde la noción del tiempo. Al principio, uno se tienta por las campanadas de la Catedral, pero después uno pierde la noción del tiempo.”
“Obviamente estábamos vendados. Recuerdo que en un momento estábamos sentados en el bondi, en unos bancos de cemento, y se acercó una persona, por la voz, estaba al lado de mí, reconozco a un ex compañero del curso de ingreso a la policía, de apellido Argüello.”

“Esta persona le pregunta: ¿Usted sabe quién soy yo? si usted es Rocha, y lo golpean. Se acerca a mí y me pregunta lo mismo y yo le dije que no sabía pero recibo un golpe también."
“Esos días de permanencia en el D2, hubo sesiones de tortura de las más variadas, mojarrita, submarino seco, golpes, interrogatorios. Si tuviese que hacer un relato coherente de ese momento puedo suponer que es lo que se buscaba. La impresión mía era que había un grupo de personas desenfrenadas, sin una metodología, dedicados a golpear a otros."

“En esos días de permanencia en el D2 tenía la clara percepción que iba a ser muerto. Pensaba que no salía vivo. El trato era bastante cruel."
“Báscamente se nos interrogaba por supuestamente pertenecer al PRT y conformar una célula infiltrada en la policía de Córdoba. Esto no era así, yo fui policía hasta el año 1974. A mi primo le dijeron que me diga que me vaya de la policía porque me iban a matar."

“Yo era policía en la ciudad de Hernando. Mis hermanos me obligaron a renunciar. Yo ingrese a la policía, porque estando en la facultad entro la policía y nos saco a los bastonazos, y pensé como era posible que la policía contara con personas que no estaban capacitadas y entonces pensé porque no entrar a trabajar, entré y me siento orgulloso porque fui un funcionario digno."
“Hoy en día yo trabajo con un sello y una lapicera y tendré que dar explicaciones a mis clientes si no lo hago bien, yo cuando era policía tenía una 11 45 en la cintura de mi dependía una vida."

“Siempre entendí que la violencia está regida por principios, Los señores que están sentados a mis espaldas, tienen que saber que yo compartí en una mesa de torturas con dignidad, se asignan el rol de combatientes."
“Fueron capaces de privarme momentáneamente de mi libertad ambulatoria pero no pudieron conseguir otros objetivos."
“Hablo de una institución a la que yo pertenecí. Como sociedad se debe tomar conciencia que hay gente que intenta prestarnos un servicio y que ojala lo hagan con la misma dedicación que lo hicimos mis compañeros."

“No voy a hablar de las torturas, sóolo decir que fui suficientemente torturado, es suficiente."

“Gómez quería que se supiese que era Gómez. Nosotros estábamos vendados. Yo particularmente trataba de mantener los ojos cerrados porque me defendía mejor así. Me dio más resultado no saber, no ver cuando venía el golpe, era mejor."
“Era como una pelotita de juego electrónico que va rebotando por todos lados. Gómez era muy cruel. Se destacaba su descarga emocional. Se identificaba diciendo que con él todo el mundo hablaba, es un mentiroso porque yo no hable."
“Reconozco al imputado Gómez porque él se identificaba como tal porque el participaba en las sesiones de tortura. Si yo hubiera abierto los ojos todos mis instintos hubieran estado tensos los músculos para resistir el golpe. Yo era un muchacho de 20 años. Hoy soy un hombre de 56. Están las percepciones pero el relato puede ser distinto."

“Con respecto a la imputada Antón, recuerdo que estábamos en un patio en el D2, esposados, sin comida, nos hacíamos encima y en algún momento no aguante más y pedí agua. La que me da agua es la imputada Antón, me daba con un latigo o con una soga y me decía traidor."
“Nosotros estábamos tabicados, con un trapo. Si no se ajusta periódicamente se va aflojando. Los propios movimientos de los músculos de la cara hacen que se desplace. Yo estaba en el piso y de ahí la veo. Era una mujer joven, y conserva las características fisonómicas de la imputada Antón."
“En una oportunidad me llevaron a una habitación para ser reconocido por una persona."
“Empezó una golpiza feroz, una de las sesiones de tortura más prolongada. Esa mujer me reconoce. Cobré como en la guerra."

“Cuando comienza la sesión de tortura uno “está en bolas”, uno no sabe cómo va a ser eso. Yo suponía una capacidad pulmonar. Contaba hasta treinta y ahí decían se nos va, me levantaban y daba una bocanada de aire. Después de mi sesión de tortura yo no tenía duda de que me matarían matar. Cualquier persona recurre a lo que hay. Yo recé un Padrenuestro."
“Yo les dije que si me mataban, era una lástima. Yo pedí que si iba a morir que fuera dignamente. Morir con dignidad. Ud. podrá decir que era alucinación, o producto de la tortura o cualquier cosa pero yo escuché alguien que me dijo, yo creo que hablé con Dios- no tengo ninguna duda, y me dijo “vos estás en mis manos, yo decido."

“Y así pude transitar, con paz, si yo le dije que pasé por las sesiones de tortura y no guardo recuerdo. Casi le digo que controle mis sesiones de tortura. Llegué a transitar un estado de misticismo. Llegué a pensar que si me baleaban, las balas iban a entrar y salir."
“En el momento que yo estuve detenido le pegan un balazo a Luis Urquiza, en la pierna. Había un revuelo, había gritos, decían se quiso escapar. Era materialmente imposible que una persona se hubiera querido escapar."
“Llegamos a Campo de la Rivera muy golpeados. Nos llevaron en un camión militar, soldados y un teniente. Nos tiraron como bolsas de papa."
“Luis iba con la pierna infectada no había recibido tratamiento. Nos decían que estábamos como Los Pumas, golpeados, porque habían jugado en esos días contra los All Blacks y los habían hecho bolsa."

“En Campo de La Ribera había un detenido Acosta que era médico. Estábamos sin ropa, yo le lavo el pantalón, y ahí Luis me cuenta que hurgaban en la herida. Describía la sensación de la sangre. La tibieza de la sangre es algo que no se puede olvidar nunca."
Lo tiraron en un baño o una cosa así hasta que se lo llevaron. Este muchacho Acosta entiendo yo, que es el que paró esa infección."
“Acosta era un detenido sin venda. Creo que estaba en otras condiciones que nosotros. La situación en Campo de la Ribera era otra, más tranquila. No recibí golpes en Campo de la Ribera."
“El que interrogaba decía que nuestra causa era un puterío de la policía. No recuerdo si firmé algo o no. Tuvimos un Consejo de Guerra en el año 1978."

“Fuimos llevados de la UP1, la primera vez en muy malas condiciones, al Tercer Cuerpo de Ejército. Allí nos informaron que teníamos un Consejo de Guerra, ingrese a lo que sería el Tribunal y la primera impresión que tuve fue muy extraña. Me hizo acordar a Kafka. Había un estrado muy alto, una bandera argentina y un Cristo."
“Había militares y gente de fuerza, me dicen que había gente armada atrás mío. Yo dije buen día, y me contestaron buen día. Yo pensé: que educados."
“Tuve un defensor que era un teniente, mi hermano también tuvo un teniente como defensor, él lo conocía del Liceo."

“Lo concreto es que el Tribunal nos absolvió, y a partir de allí volvimos a la UP1, estábamos a disposición del AREA 311. Nunca pudimos estar a disposición de la Justicia federal, ni el PEN."
“Las condiciones de traslado cuando volvimos a la UP1 fueron diferentes, ya volvimos sentados. Cambió la actitud de las personas que nos habían llevado primero con medidas de seguridad bastante extremas."
“El trato fue más correcto, vi por primera vez el Estado. Hacía dos años que no veía movimiento. Recupere la libertad el 8 de agosto de 1978."

Cruce la puerta del penal a las 14.30 hs. Si uno pudiera fijar los hechos más importantes de la vida, cuando uno nace, cuando uno muere. Ese día nos fuimos mi hermano, Arguello y Arnau. Urquiza quedó un tiempo más”.

Guillermo Rolando Puerta
Posteriormente declaró el testigo Guillermo Rolando Puerta. Dijo que fue detenido el 30 de octubre de 1976, que volvía a su casa, un departamento sobre calle 27 de abril, casi Cañada, en el centro de Córdoba. Manifestó que venía de las sierras de Córdoba, con varios libros, y que cuando entró lo estaban esperando varios conscriptos y un teniente, todos uniformados. Agregó que tenían detenida a su hermana y a otros tres compañeros de la facultad de Arquitectura; en un Unimog los llevaron a La Ribera, donde fueron golpeados, y luego lo metieron en un baúl y lo llevaron a La Perla. A continuación, parte de su declaración:

“Recuerdo a Barreiro, que me tomó de los pelos para interrogarme, después de la picana.”
“Estuve poco tiempo y me volvieron a llevar a La Ribera. Después de diez días me mandaron a la UP1. Fui uno de los últimos presos políticos en abandonar esta cárcel, en 1978. Ese mismo año presencié la visita de la Cruz Roja y recuerdo cómo Barreiro los arengó dentro de la cárcel: ‘Ustedes, que son tan antimperialistas, no pueden aceptar la visita de una multinacional de los derechos humanos’.”
“Luego pasé por las cárceles de Sierra Chica, Rawson y La Plata.”
“En septiembre del ‘76 había cerca de cien presos políticos. Me pusieron en el Pabellón 7. En Semana Santa me pasaron al 9. Fui el último en ser trasladado. Ahí me encontré con Porta, que venía de La Perla. Porta me contó que cuando lo interrogaban en La Perla él les dijo que Puerta no tenía nada que ver. Cree que por eso está vivo. A Porta lo volvieron a llevar a La Perla, para hacerle un Consejo de Guerra. Yo continúo en la UP1 hasta que me trasladaron en el ‘78 y casi no quedaban presos políticos en Córdoba.”

“En septiembre de 1983 me dieron la libertad.”
“Mi novia aun está desaparecida.”
“El año pasado declaré en el juicio contra Olivera Róvere y Riveros.”
“Declaré también en el juicio a las Juntas.”
“Escribí el capitulo de presentación del informe CONADEP Córdoba.”

”Mi madre era geóloga y secretaria de Minería de Catamarca. Por eso tenía contacto con militares, por el uso de explosivos. Así tenía reuniones con militares de Inteligencia.”
“En mi celda estaba con Oscar Samamé. Era un fumador empedernido.”
“En total había siete policías en mi celda. Ludueña, Almeida, Urquiza, Ursagasti, Arnau, Argüello.”
“En La Ribera estuve junto a Braulio López, de los Olimareños.”
“En el año ’88, ‘89 no me querían entregar el pasaporte. Toqué a algunos senadores y di con mi legajo de la Policía Federal, donde estaba todo el prontuario de Inteligencia, con el sello ‘DTS’: delincuente, terrorista, subversivo.”
“Mientras estuve en La Ribera me pidieron que escriba un informe a máquina sobre el plan económico de Martinez de Hoz. Finalmente no lo escribí. Cuando me sacaron las vendas pude ver a uniformados y civiles.”

Juan Carlos Niveyro
Luego declaró Juan Carlos Niveyro. Ex gendarme, llegó a Comandante Principal de Gendarmería y se retiró en el 2007. Niveyro era jefe de una de las secciones y comandaba un grupo de 30 hombres que debían custodiar el perímetro rotativamente cada diez días, fruto del conflicto con Chile. Niveyro integró la delegación que viajó a Minas Pirquitas, provincia de Salta. Fue en noviembre del ‘78, en el marco del “Operativo Reafirmación”.

Manifestó que entre los años 1978 y 1981 cumplió funciones en el Destacamento Móvil 3, con asiento en Villa María. El jefe del destacamento era el Comandante Colegia, dijo. El testigo aseguró no recordar nada más.
El defensor oficial Marcelo Arrieta, que representa al único gendarme imputado, San Julián, pidió que el testigo indique si la Gendarmería recibía órdenes del Ejército, pero el testigo no respondió. Dijo haber olvidado todo.
Luego de algunas preguntas, el tribunal ordenó pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 19 de octubre, a las 9.30.

Informe: Natalia Brusa