Casación ratificó prisión perpetua para Videla

La condena quedó firme

La Cámara de Casación confirmó la pena impuesta por un tribunal de Córdoba a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 28 represores por asesinatos y tormentos.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la condena a prisión perpetua impuesta al dictador Jorge Rafael Videla, a Luciano Benjamín Menéndez y a otros 28 represores, por un tribunal cordobés que los juzgó por torturas y homicidios de 31 presos políticos durante la última dictadura.

En un fallo firmado por los camaristas Raúl Madueño, Luis María Cabral y Mariano Borinsky, el tribunal penal desestimó los recursos de amparo presentados por las defensas de la treintena de represores para dejar sin efecto las condenas que recibieron por su participación en los asesinatos de presos políticos en la Unidad Penal Nº 1 de Córdoba, en el marco del juicio desarrollado durante 2010.

El 22 de diciembre de ese año, Videla, Menéndez y otros 28 represores fueron condenados a prisión perpetua por ser considerados responsables del fusilamiento de 31 presos políticos entre marzo y octubre de 1976. En el caso del ex presidente de facto, la condena apuntó específicamente a la “imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima” en 31 casos y por 29 homicidios calificados por alevosía.

Entonces, cuando le dieron la palabra antes del veredicto, Videla reiteró que hubo “una guerra interna” y sostuvo la teoría de los dos demonios, para argumentar su versión de la historia reciente y justificar los crímenes del terrorismo de Estado. En el mismo juicio fueron condenados también a perpetua Vicente Meli, Carlos Poncet, Raúl Fierro, Jorge González Navarro, Gustavo Adolfo Alsina, el ex carapintada Enrique Pedro Mones Ruiz y el ex cabo Miguel Angel Pérez, y los policías Luis Alberto Lucero, Calixto Luis Flores, Yamil Jabour, Marcelo Luna y Juan Eduardo Molina.

El juicio analizó los crímenes de lesa humanidad que hasta entonces conformaban dos causas separadas: la que investigaba crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1) de Córdoba por el fusilamiento de presos políticos que estaban detenidos desde antes del golpe de Estado del 24 de marzo 1976, y que fueron obligados a simular un intento de fuga, y otra por los secuestros y las torturas infligidas a cinco ex policías y al hermano de uno de ellos, delitos perpetrados en el Departamento de Informaciones Policiales (D2).

En enero del año siguiente, en la lectura de los fundamentos de la sentencia, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba sostuvo que los hechos juzgados “se cometieron como consecuencia de la planificación estratégica y táctica emanada de la cúpula militar”, y que “Videla fue el responsable de fijar los objetivos y proveer de infraestructura y medios para la consiguiente cadena de mandos bajo sus órdenes”.

Mientras, en relación con la totalidad de los condenados, los jueces sostuvieron en el fallo que todos formaban parte de la “organización de un plan sistemático integral criminal que, amparado por los mecanismos estatales, tenía como objetivo la eliminación de los opositores políticos”. El fallo afirmó que, dentro de ese plan de aniquilamiento, los condenados cumplieron distintos roles y tareas dentro de la “represión ilegal caracterizada por la discrecionalidad y libertad otorgadas por la Junta de Comandantes (Videla) a los jefes de zona (Menéndez), como así también la libertad al personal militar y policial inferior en sus distintas jerarquías y grados”. En ese contexto, “se advierte allí sin dificultad un nivel horizontal de responsabilidades y la existencia de coautoría mediata. Todos ellos se conocían, se reunían, compartieron cargos como integrantes de la Junta, y en común planificaron y ordenaron la ejecución del plan criminal descripto”, sostuvieron los jueces Jaime Díaz Gavier, Carlos Lascano y José María Pérez Villalobos.

Casación rechazó todos los recursos presentados por las defensas de los condenados contra el veredicto, con lo cual dejó firmes las penas impuestas y que ordenaron además que Videla cumpla la condena en cárcel común. Esta fue la segunda condena a perpetua para el dictador, ya que la primera fue la del Juicio a las Juntas, mientras que mañana dirá sus últimas palabras en el juicio oral por la apropiación de bebés, donde tiene un pedido de condena a 50 años de cárcel.

Allanaron la casa de Benjamín Menéndez y encontraron documentos de la dictadura

Videla gana más amigos entre los represores

El dueño de casa, con siete condenas a prisión perpetua, estaba allí porque tiene arresto domiciliario. “Nunca pensé que la Justicia iba a hacer una cosa como ésta”, se quejó. El procedimiento se realizó a partir de las declaraciones de Videla.

 Por Adriana Meyer

Las declaraciones de Jorge Rafael Videla siguen generando revuelo. La Justicia Federal de Córdoba allanó la casa del genocida Luciano Benjamín Menéndez en la búsqueda de listados con nombres de personas desaparecidas durante la dictadura, dado que el dictador había mencionado que los jefes de zona tendrían esas nóminas, al menos “parciales”, en su poder. Fue en la causa por la Verdad Histórica y a pedido de la querella de Hijos y Familiares de Desaparecidos de Córdoba. Página/12 pudo saber que a priori los empleados judiciales no habrían encontrado tales listados, pero sí fue hallada voluminosa documentación en la vivienda del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, que está siendo analizada por expertos. Es la primera vez que se produce un procedimiento de estas características en una vivienda de Menéndez, ex jefe de la Zona 3 del Ejército.

El equipo de secretarias y prosecretarios del Juzgado Federal 3, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, con la asistencia de la policía, llegó a la casa de Menéndez, en el barrio Bajo Palermo, a primera hora de la mañana y permaneció hasta pasadas las 16. El dueño de casa, de 84 años y con siete condenas a prisión perpetua imputado en varios procesos en curso, estaba allí dado que goza del beneficio del arresto domiciliario por problemas de salud. “Nunca pensé que la Justicia Federal iba a hacer una cosa como ésta”, fue una de las tantas quejas que expresó durante el operativo. Y fue muy meticuloso al momento de la confección del acta con el detalle que había en una veintena de cajas que salieron de su hogar hacia el juzgado.

“El pedido fue a partir de las declaraciones de (Jorge Rafael) Videla en el libro de Ceferino Reato (Disposición final), donde dice que la decisión y las listas de detenidos y desaparecidos estaban a cargo de los comandantes de zona, y Menéndez era comandante de la Zona 3”, indicó el abogado querellante Claudio Orosz. La solicitud también se basó en declaraciones de Videla al Juzgado Federal de San Martín y a la revista española Cambio16.

En el libro de Reato, Videla admitió por primera vez que la dictadura asesinó a “siete u ocho mil personas”, y dijo que si bien no hay listas con el “destino final” de los desaparecidos, podría haber “listas parciales”. “No hay listas con el destino final de los desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero desprolijas”, dijo Videla según esa publicación.

La agrupación Hijos de Córdoba consideró que el allanamiento es “un paso adelante para desterrar el pacto de silencio e impunidad que mantienen los responsables de los más terribles crímenes de lesa humanidad” porque “ellos conocen el destino de los desaparecidos y los niños separados de sus familias y no dicen dónde están, no colaboran en el cese de estos delitos que día a día se siguen cometiendo”.

El mes pasado, la Justicia Federal de San Martín allanó la casa de Videla, la de su ministro del Interior, Albano Harguindeguy, y la del ex general Omar Santiago Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo durante la dictadura. En esa ocasión, la medida respondió a un pedido del abogado Pablo Llonto, representante legal de varias familias de asesinados y desaparecidos por la dictadura, también a partir de declaraciones de Videla.

A partir de mañana, un grupo de expertos comenzará el análisis del material secuestrado en casa de Menéndez, que fue seleccionado por los funcionarios judiciales en base a su posible vinculación con los hechos que se investigan en la causa. Entre esos papeles hay varias carpetas que tienen manuscritos de Menéndez, que reflejan parte de su trayectoria. Sobre la posibilidad de que el material sirva para el expediente, el abogado Orosz puntualizó: “En los miles de allanamientos que se han realizado estos años encontramos documentos valiosos sobre cómo torturar, ficheros de ciudadanos, carpetas de legajos de víctimas en manos de la policía y demás elementos que fueron sumándose a las pruebas en diferentes causas”. Por lo tanto, consultado por Página/12, resumió su expectativa para esta oportunidad como “importante”.

El represor Menéndez ya recibió tres condenas en Córdoba, otras tres en Tucumán y una en Salta, por su participación en la Masacre de Palomitas. Además, en octubre será nuevamente juzgado, cuando comience el juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino La Perla. Orosz comentó que, a juzgar por su actitud durante el operativo en su casa, habría que revisar el beneficio de la prisión domiciliaria del que goza. “Algunas querellas, como la de Ana Oberlin en Rosario, lograron dar vuelta esas resoluciones requiriendo exámenes médicos independientes de los que hacen los peritos de la Corte, que incluso están cuestionados por el propio tribunal”, dijo a este diario.

Otra de las repercusiones de los dichos de Videla fue la declaración de Riveros en la causa que investiga el destino de los restos de los líderes del ERP Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga. Tras negar enfáticamente todo conocimiento al respecto, algo que le endilgó Videla, el ex comandante de Institutos Militares dijo ante la Justicia Federal de San Martín: “Lo que (Videla) hizo fue un acto deleznable, vil y cobarde. Me cabeceó el muerto. Es una mendacidad absoluta y total, yo no podía dar ninguna orden al respecto”. Y al referirse al ocultamiento del cuerpo de Santucho, expresó: “Pobrecito, creo que a Videla lo han asesorado mal”

¿Y dónde está el diablo?

Por Guillermo Levy *

Videla habla: lejos del demonio, fundamentalista, lleno de odio e irracionalidad, como se lo debe representar la enorme cantidad de jóvenes que aprendieron a poner en ese nombre y en esa cara el mal, el terror, la muerte y la opresión, se nos aparece como un hombre calmado que nos habla de la historia y sus personajes sin pasiones ni arrebatos.

Muchos deben de haber sentido un impacto al leerlo. Impacto que quizá no hayan podido entender o explicitar. Leyeron a un hombre gris, como siempre fue, que habla con tranquilidad y produciendo un relato histórico que muchos en la Argentina comparten.

Habla de un Perón que no puede controlar a la juventud, de un gobierno de Isabel ineficiente, corrupto, incapaz de gestionar el país, pero que al mismo tiempo les había dado carta blanca para reprimir la “subversión”.

Sugiere, quizás –en la única parte algo reveladora de su primera entrevista– lo que muchos ya sabemos y sostenemos desde hace rato. Que el Proceso de Reorganización Nacional no vino solo a combatir la guerrilla sino, como su nombre lo explicita, a reorganizar el país. Lo que significa “reorganizar” ya lo intuía Rodolfo Walsh en su extraordinaria carta y fue sistematizado durante todos estos años por muchos de los que creemos que lo que ocurrió en la Argentina fue un genocidio.

El moderado Videla, con su versión de la Historia reciente, remite a las palabras que le dedicó Ernesto Sabato tras la reunión que algunos escritores tuvieron con el presidente de entonces “preocupado por la cultura”, como fueron las expresiones del escritor a la salida de ese encuentro en 1977.

Esa moderación, que aparece cuando habla de política democrática, cuando le pide a la oposición unidad, o comenta el rol clave de los medios de comunicación, pero que muestra cierta radicalización cuando dice que éste es un gobierno socialista, no es una actuación para lograr mostrarse frente a lectores desprevenidos como lo que no es.

Las demonizaciones nunca son buenas y la imagen que se ha construido sobre muchos de estos personajes no ayuda a entender lo que ellos han representado ni a los que ellos han servido.

Videla no es un simulador, porque tampoco es un nazi, ni un racista, ni un salvaje sediento de sangre.

El problema es nuestro: para calificarlo de criminal, para mostrar su deshumanización, necesitamos esas figuras sacadas de lo más repudiado de la historia. Ahí está el problema.

Videla es un conservador-liberal en tiempos de la Guerra Fría.

Videla, con su mediocridad a cuestas, no fue más que un exponente de una fuerza social que tomó el poder en la Argentina con un importante consenso social. Empresarios, Iglesia y dirigentes políticos de primera línea, como afirma en su primera entrevista.

Martínez de Hoz, su ministro de economía, fue un modernizador, lo que implica adaptar lo viejo a las condiciones de una época nueva. La Argentina vieja era, para muchos, la Argentina de la industria “artificial e ineficiente”, la Argentina populista con un estado grande y controlador y una clase obrera organizada que había conseguido porciones de poder y riqueza inaceptables para muchos sectores de la sociedad.

El fin de esa Argentina industrial e integradora nacida con el peronismo era el objetivo central y a ese objetivo más abierta o más solapadamente adhería una parte importante del país, por conveniencia, por antiperonismo, por anticomunismo, por antitercermundismo, por haber creído en el relato de que la industria y el Estado interventor eran el centro de los males de la Argentina, o simplemente por estupidez.

La tarea de la deshumanización era remodelar esa Argentina, era tarea para liberales y conservadores, que no podían ganar elecciones. Una Argentina integrada al mercado mundial solo como productora de materias primas y una clase obrera y media disciplinadas, desarticuladas y menos politizadas no eran una tarea para nazis llenos de odio.

Videla, en la entrevista, nos dice mucho más con su forma que con su contenido. Su forma saca a la luz que su demonización tiene un punto oscuro. Ocultar que lo criminal en la Argentina fue justamente eso, algo que tenemos mucho más cerca y que está mucho más extendido. Algo que abarca mucho más que algunos militares anticomunistas adoctrinados en escuelas francesas y norteamericanas.

La criminalidad de una planificación del exterminio de miles de argentinos no fue la criminalidad solo de sus ejecutores, que no estaban locos ni manejados por un odio irrefrenable, por lo menos la mayoría de ellos. Es la criminalidad de nuestras clases dominantes, de nuestra cúpula eclesiástica, y de una gran cantidad de argentinos que asintieron, acompañaron, usufructuaron y lograron, vía demonización de sus ejecutores directos o vía la igualación de los represores con las víctimas, la amnistía más extendida que existió: una amnistía no jurídica sino histórica para los que sí supieron y avalaron.

Videla nos golpea con eso: el monstruo puede ser un columnista de un diario importante que con otro nombre y sacando algunos comentarios pasaría inadvertido.

El Adolf Eichmann, organizador del exterminio de millones de judíos, que describió Hannah Arendt en Jerusalén era un hombre sencillo, gris, buen padre de familia y no el salvaje que muchos esperaban. Sí, efectivamente era un criminal, pero lo terrible es que era un criminal demasiado parecido a nosotros. No busquemos simulación en las formas civilizadas de Videla, la monstruosidad puede estar latente en esa normalidad civilizada. El entrevistador lo ayuda a lucirse. Se nota su empatía con el entrevistado, caso contrario podría sacarlo del discurso general e indagar más a fondo con los desaparecidos, cuando improvisa cínicamente unas frases parecidas a las que se ven en tantos videos cuando era presidente, hurgar en el tema de los chicos robados, en la deuda externa, con datos de la colaboración empresaria y clerical, pero no. El periodista le deja pasar complacientemente los lugares donde el discurso del historiador deja entrever al criminal, pero no un criminal excepcional sino uno mucho peor: un criminal normal.

El criminal condujo o representó a una cantidad de criminales que habrán creído distintas cosas acerca de su accionar, pero solo a una contribuyeron: hacer que la Argentina deje de ser un país “excepcional” y pase a ser una país subdesarrollado “normal”: sin fuerzas políticas y sociales transformadoras, sin clase obrera con peso, sin distribución progresiva del ingreso, sin industria poderosa, con política internacional amoldada a los Estados Unidos y sin un Estado que pueda ponerles limites a los sectores de poder.

Ese fue el programa del Proceso. No fue un programa nazi, no fue un programa de psicópatas lunáticos, fue un programa racional que unió a nuestra clase empresaria, al sector financiero, a la Iglesia católica, a los organismos financieros internacionales, a Estados Unidos, a gran parte de nuestra dirigencia política, a muchos comunicadores sociales y una cantidad no menor de argentinos que vieron en Videla y cía. no solo el fin de la “violencia” sino el fin de esa Argentina ingobernable para nuestras clases dominantes.

* Docente de la carrera de Sociología (UBA), investigador de la Untref.

El genocidio fue posible porque hubo "tolerancia" de funcionarios judiciales

Se llevó a cabo en la Cámara Federal de Apelaciones, la primera audiencia oral y pública en el marco de la causa que investiga la conducta de los jueces y funcionarios judiciales que actuaron durante la última dictadura cívico militar.
 
Los ex funcionarios acusados, Puga, Fuad Alí y Cornejo, ausentes

Por Katy Garcia - Prensared

Ayer, desde media mañana y hasta pasadas las 13 se reunieron en audiencia las partes y el tribunal que estuvo conformado por Abel  Sánchez Torres (presidente) y los jueces Luis Roberto Rueda y Octavio Cortés Olmedo.

La defensa del  ex fiscal Alí Fuad Alí la ejerció el abogado José Antonio Buteler. Mientras que Carlos María Lescano Roqué y Ángel Ignacio Carranza, lo hicieron por el ex juez  Miguel Ángel Puga y el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo. Los defensores solicitaron la prescripción de la causa por falta de acción  y negaron que la conducta de sus asistidos configure un delito de lesa humanidad. Asimismo cuestionaron los fundamentos resueltos en primera instancia.

 El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que se rechacen los argumentos de la defensa  y mantengan los procesamientos. El fiscal general Carlos Gonella sostuvo que existen fundamentos suficientes en los tratados internacionales a los que el país adhiere. Y que en este caso los delitos atribuidos a los ex funcionarios públicos pueden encuadrarse como delitos de lesa humanidad cuando se habla de “tolerar” o mantener “un comportamiento de otro modo” por parte del estado, lo cual sucedió.

 ¿Este verdadero genocidio se podría haber llevado adelante sin esta ‘tolerancia’?  ¿Cabe alguna duda de que este “tolerar” fue una conducta sistemática en el caso de la UP1? Está presente sistemáticamente y se masacraron a 30 personas que estaban a cargo de los magistrados. No me cabe duda”, fundamentó.

 Asimismo reclamó que sean citados como testigos los ex presos políticos que testimoniaron en la causa Videla: Luis  Baronetto, Osvaldo Onetti, Maria Teresa Sánchez, Luis Angulo, Alfredo De La Merced, Manuel Canizzo y  Jerónimo López  y a los  ex policías Luis Eduardo Molina, Carlos Yanicelli y Yamil Yabour.

 Los abogados querellantes particulares Miguel Ceballos, Miguel Martínez y  Miguel Hugo Vaca Narvaja adhirieron a los planteos del ministerio público fiscal y demandaron que se rechacen los argumentos de la defensa y  que se imponga mayor celeridad a la causa. Marcelo Arrieta, defensor oficial representó a los ausentes. 

 Breve historia de idas y venidas

 Para comprender esta instancia a la que se arribó tras varios incidentes es necesario conocer  su recorrido. En el marco del Juicio Videla, los abogados Miguel Ceballos y Rubén Arroyo solicitaron que se investiguen las conductas de magistrados y funcionarios de la Justicia Federal de aquella época, cuando los ex presos políticos luego asesinados, estaban a su cuidado.

  Se trata de Miguel Ángel Puga, Ricardo Haro, Carlos Otero Álvarez, Luis Eduardo Molina, Eudoxo Vázquez Cuestas, Antonio Sebastián Cornejo y Ali Fuad Ali.

 El fiscal federal, Gustavo Vidal Lascano, promovió acción penal en contra de Miguel Ángel Puga y Antonio Sebastián Cornejo por tres hechos. Mientras que a  Ali Fuad Ali por cincuenta y dos. Y los acusa de supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 del C.P.). En cambio pidió que se desestimen las denuncias en contra de Otero Álvarez, Molina y Haro y se declaró incompetente en relación a los hechos ocurridos en Bell Ville.

 El Juez Federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes accedió a lo solicitado e hizo lugar  “a la excepción de falta de acción” formulada por los imputados y terminó sobreseyendo a Miguel Angel Puga, Antonio S. Cornejo y Ali Fuad Ali.

 El fiscal federal y los querellantes  apelaron la medida y esta cámara le hizo lugar al planteo formulado por Miguel Martínez, abogado de  Diego Bauducco. Declaró la nulidad de lo actuado y volvió al  juez de primera instancia. Es ahí que Sánchez Freytes se inhibe y por sorteo recae en manos de juez  Daniel Herrera Piedrabuena del Juzgado Federal de La Rioja.

 Nuevamente se presentaron los querellantes Juan Miguel Ceballos y Luis Miguel Baronetto, ampliaron la denuncia original y solicitaron la imputación de Carlos Otero Alvarez y Ali Fuad Alí como partícipes del delito de privación ilegítima de la libertad agravada, respecto de los hechos ocurridos en UP1.

 El juez Piedrabuena rechazó las “excepciones de prescripción de la acción penal y de atipicidad penal planteadas por las defensas de los imputados Ali Fuad Ali, Miguel Ángel Puga y Antonio Sebastián Cornejo, por considerar que los hechos investigados constituyen delitos de lesa humanidad”. Las defensas apelaron y quien debe resolver el asunto es la Cámara Federal. Y es así que se llega a esta audiencia.

 Habla la defensa

 El primero en exponer fue José Buteler quien recordó que los comportamientos atribuidos a su defendido están prescriptos y que además no constituyen delitos de lesa humanidad. Expresó que la imprescriptibilidad de los hechos no fue demostrada porque los sitúa como hechos conexos. Y puso el foco en ese punto porque consideró que no explican porqué lo son ni tampoco figura en la imputación.

 Desde diversas fuentes del derecho que se centran en el delito y su tipificación en el Código Penal rebatió los argumentos de la acusación y manifestó que desde el plano internacional desde Nuremberg a esta parte era imposible violar el principio de legalidad  “como lo hizo Sánchez Freites”.

 “Es evidente que nuestra tabula de salvación es aplicar el derecho” enfatizó y agregó que “no impongamos el derecho de los ganadores sino el derecho argentino”.

 Planteó fallas en la imputación en general porque no define qué es un delito conexo.  “Vamos a seguir bregando no porque  participemos de ninguna actitud de valoración positiva ni negativa sino que vamos a pedir  la aplicación del derecho”, expresó.

 Pidió en definitiva que se revoque la decisión del juez y declare sobreseída la causa por prescripción de la acción penal y recordó que su defendido no está en “condiciones cognitivas” en este momento.

 Por su parte Lescano Roqué,  defensor de los imputados Puga y Cornejo, dijo que es prioritario “definir si el hecho es un delito o no, al margen de las connotaciones políticas que no vienen al caso” e invitó al tribunal a ceñirse a la descripción realizada por la fiscalía. “El hecho objeto del proceso debe ser respetado”, remarcó.

 Sobre la cuestión de los hechos conexos explicó que desde lo procesal “es un disparate” aplicarlo a sus defendidos, porque “si no está en la requisitoria no existe”. Explicó que Puga en su condición de Juez federal no omitió averiguar las circunstancias y causas de la muerte de Moukarzel porque existía un certificado médico que diagnosticaba paro cardio respiratorio y cuya información fue aportada por el registro civil.

 En el caso de las muertes de Miguel Ángel Mosé y de Miguel Ceballos afirmó que Cornejo tomó conocimiento de que fueron producidas en enfrentamientos por Zamboni Ledesma. Y agregó que tampoco le caben las imputaciones porque no era funcionario público en ese momento y los hechos citados no están incluidos.

 ¿Estos hechos son un delito en el Código Penal? Interrogó y respondió que “si no fueron mencionados se debe archivar la causa porque -advirtió – vamos camino a la nulidad”.

 En este punto insistió que tanto el Art. 248 como el  274 no constituyen delito porque ninguno de los imputados conoce  el hecho del que habría surgido una probable investigación. “Si  el Fiscal no tuvo el coraje de ampliarla no es un problema nuestro, habrá que hacer una nueva requisitoria y habrá que inventar una novela distinta”, deslizó.

 Concretamente solicitó  que revoque la falta de acción  y sobresea la causa porque no encajan los hechos. Se apoya en jurisprudencia de la CFCP acerca de la garantía de la defensa en juicio. “Si el hecho constituye delito en ese caso no prosperaría y si fuera subjetivo que lo es, es innecesario someter a personas a procesos como lo dijo la Corte”, afirmó.

 Sobre la prescripción dijo que “esta etapa no supera el análisis de los hechos y no debería ser planteada” y adhirió a lo dicho por su colega. Indicó que en el supuesto caso que se le aplique el artículo 248 -pena de dos años- por la prescripción ya se cumplieron y con exceso.

 Se declaró “fanático” de la teoría del delito de  Francisco Carrara que aprendió como alumno y seguirá enseñando como profesor. Ponderó esta construcción teórica y a una de las premisas que explican que “si no hay hecho no hay delito. No se puede castigar a nadie sin una ley previa”, destacó.

 A propósito de esta afirmación cabe destacar que en la audiencia quedó expuesto un duelo verbal entre profesores y ex alumnos de la Facultad de Abogacía y Ciencias Sociales de la UNC. Unos sentados en el banco de la defensa y otros en la fiscalía y la querella.                                                                          

 La voz de la fiscalía

 El fiscal retrucó los argumentos esgrimidos por la defensa. En primer lugar contextualizó los hechos y recordó que los ex presos políticos asesinados en la penitenciaría estaban bajo la tutela de los funcionarios y amplió los fundamentos de la acusación. Y afirmó que la decisión del juez fue acertada.

 Desde lo procesal afirmó que esta causa que está juzgando la conducta de los funcionarios quedó expuesta en el Juicio Videla y lamentó que haya sido escindida de aquella.

 Antes realizó unas consideraciones semánticas acerca de los conceptos “dictadura militar, dictadura cívico militar y dictadura militar a secas” y los relacionó con el discurso que cada juicio fue legitimando. Sobre la legitimación y los discursos dominantes en diferentes etapas discurrirá  Vaca Narvaja sobre el final.

 Gonella recordó que “dictadura militar” refiere a los mandos militares de la cúpula castrense juzgados en la causa 13 y sostuvo que cuando se quiso avanzar en la definición de responsabilidades de los mandos subalternos ocurrieron presiones y se consagraron las leyes de la impunidad y produjo un  retraso de 20 años. 

A partir del año  2005 -dijo-, una medida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución en la causa Simón que “para mí produjo un acto refundacional de la república”, sostuvo.

 Y explicó que ello significó que  “cada porción del poder asumió su cuota de poder y su rol institucional”. El poder ejecutivo acompañó estas medidas con políticas de Estado y a las víctimas del terrorismo de Estado como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, en la lucha por  investigar la verdad de lo que ocurrió en esta época reciente.

 “En el mismo sentido actuó el poder legislativo, pero con el resurgir de esta causa empezó aflorar otro concepto nuevo: Terrorismo de Estado que trascendió a un par de burócratas altamente eficientes en la aplicación de torturas y esto quedó demostrado el año pasado  en el juicio UP1”, señaló.

 Luego analizó que el término dictadura cívico - militar asomó cuando aparecieron actores civiles cómplices como la Iglesia y los Jueces. Hizo un racconto de las causas que en las que fueron condenados y destituidos magistrados como Bruza en Santa Fe y Miretti en Mendoza.

 El funcionario público advirtió que “existen más de  45 funcionarios entre procesados y condenados en todo el país. Todos los abogados defensores plantean estos recursos de excepción como por ejemplo en Salta donde se investiga la desaparición y tortura del gobernador y también en el TOF1 hasta llegar incluso a la Corte”, afirmó y reconoció la labor de esta cámara que también se expidió en el caso Alsina.

 “El principio de inocencia lo es hasta que un Tribunal lo declare culpable y no lo afecta al imputado”, aclaró y solicitó el rechazo de la solicitud de la defensa.

 Sobre el tema de la prescripción dijo que Buteler argumentó desde una posición positivista del derecho y recordó que la Corte dijo que la inclusión de convenciones fueron tomadas en base a experiencias tomadas de la costumbre como los genocidios armenio, judío y otros y se refirió al fallo Arancibia Clavel.

 Más adelante aportó jurisprudencia de fallos recientes para demostrar que los delitos conexos como los que son objeto de análisis en esta audiencia son también abarcados.

 Y citó textualmente párrafos de un fallo que expresan que los crímenes son imprescriptibles y destacan por ejemplo que también son responsables los que “toleren su participación; No solo prevé castigos para los que lo hacen sino también para los que los “toleren.”

 “La comunidad internacional debió dar respuesta a los hechos aberrantes ocurridos en nuestro país” –consideró-,  y se preguntó: ¿Este verdadero genocidio se podría haber llevado adelante sin esta ‘tolerancia’?  ¿Cabe alguna duda de que este “tolerar” fue una conducta sistemática en el caso de la UP1? Está presente sistemáticamente y se masacraron a 30 personas que estaban a cargo de los magistrados. No me cabe duda”, fundamentó.

 Pidió que consten en actas otras consideraciones que respaldan lo actuado por el Juez y defendió la aplicación de varios artículos del código penal que alcanzan a los funcionarios públicos. (Arts. 248, 264, 269, 274 y 277)

 “Hay más que suficientes pruebas del delito, la prueba es contundente. Según Lescano Roqué –dijo- Puga sería una tabula rasa  y tendría que tenerse en cuenta en un hecho y no en el segundo. Puga juró por el proyecto del Proceso de Reorganización Nacional, la matanza fue sistemática”, expresó.

 En relación a los sobreseimientos de Otero Álvarez, Haro y  Molina consideró que fue apresurada habida cuenta que se encuentran muy comprometidos y pidió que se solicite como testigos a varios testigos de la causa UP1, ya nombrados.

 “Juicio maldito”

 Los abogados querellantes presentes adhirieron a la postura del MPF y reforzaron el pedido de procesamiento y agilización de la causa de magistrados.

 Miguel Ceballos tomó las palabras de Rubén Arroyo cuando en su momento dijo refiriéndose a la causa UP1 que “este es el juicio maldito de la justicia federal”. Y recordó que fue Arroyo quien le advirtió a la fiscal López de Filoñuk, en 2007, que había que imputar a Jorge Rafael Videla y que se debía tener en cuenta el caso del doctor Vaca Narvaja –asesinado en la UP1- que estaba a cargo de esos magistrados.

Retrucó los dichos del defensor cuando intentó alejar de la escena de la muerte de Moukarzel a su defendido diciendo que  murió de un PCR. “Nunca hubo voluntad de investigar”, afirmó y recordó que López Filoñuk y Enrique Senestrari  se apartaron como fiscales. Pasó a Gustavo Vidal Lascano y luego Cristina Garzón de Lascano también se apartó. “Una cadena de complicidades  y una actitud corporativa”, manifestó.

 “Soportamos el desglose y que la siga Piedrabuena. Hasta hoy, el fiscal que estaba- Alberto Lozada- también se apartó. Esta causa se debió tratar con a causa Videla y me refiero a Haro, Otero Álvarez y Molina” remarcó.

 Solicitó que se eleve la causa a juicio y reflexionó que “esta justicia federal debe dar el paso más doloroso: dejar de lado los amiguismos, “la sagrada familia” como se conoce en la calle. Ninguno de nosotros ni los organismos de derechos humanos hemos hecho cuestiones de venganza”, concluyó.

 Por su parte, Miguel Martínez, se refirió a que “lo conexo existe y ya fue resuelto porque fue arbitrariamente separada de la causa UP1; y uno de ellos tuvo que renunciar: Otero Álvarez. Hablamos de hechos y  son concretos. Y el doctor Buteler dijo que el ‘derecho es nuestra salvación’. Lo espero del sistema democrático y nadie puede discutir que juró ante un sistema y nadie puede desconocer cada uno de los derechos  mucho menos Ali Fuar Ali  y Puga que incluso se autoincriminó”, analizó.

 Finalmente Miguel Hugo Vaca Narvaja (n)planteó si “¿Está en condiciones la justicia federal de Córdoba de resolver estas cuestiones que hacen  a su estructura precedente en estos casos? La respuesta no es fácil de obtener. Hubo tres juicios: Brandalisis, Alvareda, Moyano y Morales y UP1, expresó.

 El querellante destacó que tras un análisis del discurso jurídico de la justicia federal queda claro que “se centra en el Golpe Militar que es llevado adelante por los militares” y fortaleció lo expresado por Carlos Gonella respecto a la consideración de la existencia de una dictadura cívico- militar de la cual la justicia no se siente parte y tampoco considera hacer una autocrítica.

 Luego reprochó a la corporación judicial que “asume una posición cómoda y toma el discurso de los militares que afirma que ‘vinieron para erradicar a la subversión’. Sin embargo,  podemos palpar que el objetivo central no era la lucha contra la subversión y quien lo dijo con claridad fue precisamente Mones Ruiz”, analizó.

 “La teoría de los dos demonios  que le daba sustento se propagó en la sociedad  pero el objetivo era un reordenamiento social, un cambio en el perfil productivo industrial  para devolverle al antiguo rol de agroexportador al país”, señaló. Y añadió que esto se pudo vislumbrar apenas nombraron como ministro de economía a José Martínez de Hoz y ante la creación varias instituciones bancarias.

 “No hubo testigo que no nombrara a alguno de los apellidos ya mencionados. Y volviendo a la pregunta original: ¿Están en condiciones la justicia federal de juzgar estos hechos? ¿De juzgar la participación necesaria de estos hechos? La respuesta la tienen ustedes señores jueces”, concluyó. 

Todos realizaron las reservas legales de concurrir ante la corte suprema si no eran acogidos sus fundamentos. El lunes 18 se realizará una próxima audiencia en la sede de tribunales federales, a las 10:30hs.