lunes, 28 de junio de 2010

Comienza el juicio a Videla y Menéndez por el fusilamiento de 29 presos políticos en Córdoba

Los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez comenzarán a ser juzgados el próximo viernes en la provincia de Córdoba por el fusilamiento de 29 presos políticos de la Unidad Penitenciaria San Martín.

Los 29 presos políticos, privados de la libertad antes del golpe de Estado bajo los cargos de promover actos subversivos, fueron fusilados fraguando fugas para justificar sus ejecuciones.

Los detenidos, sindicados como infractores a la Ley Antisubversiva 20840, estaban a disposición del Poder Judicial y tras la toma del poder por parte de los militares esa disponibilidad pasó a ser compartida con la Junta Militar.

El juicio comenzará a las 9.30 en la sede de los Tribunales Federales y estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1, que tendrá enfrente un total de 25 imputados, entre ellos Videla y Menéndez, por estos hechos ocurridos entre abril y octubre de 1976.

Para la Justicia y las organizaciones de Derechos Humanos, este juicio es el más importante después del proceso de enjuiciamiento a los miembros de la Junta Militar, porque es la primera vez que se va a sentar en el banquillo de los acusados al ex dictador Videla, por su objeto procesal, por la cantidad de víctimas e imputados y por la gravedad de los hechos que se juzgarán.

Esta causa, conocida como `UP1` o `Alsina, Gustavo Adolfo y otros`, tiene un listado de más de 60 testigos, se estima que demandará un tiempo de debate no menor a los cuatro meses, y está previsto que durante el proceso surjan nuevos testimonios.

El ex dictador Jorge Rafael Videla, de 85 años, aguardará la iniciación del juicio en el penal de Bouwer, adonde arribó ayer vía terrestre con otros presos desde Campo de Mayo.

Además de Videla y Menéndez, están imputados Vicente Meli, Mauricio Carlos Poncet, Jorge González Navarro, Raúl Eduardo Fierro, Víctor Pino Cano, Emilio Juan Huber, Gustavo Adolfo Alsina, Enrique Pedro Mones Ruiz, Miguel Ángel Pérez, Osvaldo César Quiroga, Francisco Pablo D`aloia y José Antonio Paredes.

También, Carlos Hibar Pérez, Marcelo Luna, Calixto Luis Flores, Yamil Jabour, Alberto Luis Lucero, Carlos Alfredo Yanicelli, Ricardo Cayetano Rocha, Juan Eduardo Ramón Molina, Miguel Ángel Gómez, Luis Alberto Rodríguez y José Felipe Tavip. Los delitos por los que deberán responder son los de `homicidio calificado` y `tormentos`.

Por una reciente resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal, a esta causa de fusilamientos se sumó el expediente conocido como ‘Gontero’ o ‘Urquiza’, que tiene como principal imputado a Benjamín Menéndez, por lo que la idea de las partes es comenzar el debate de esta causa hasta la etapa de los alegatos y recién en ese momento iniciar el juicio con la ‘UP1’.

La causa ‘Gontero-Urquiza’ es un desprendimiento de los expedientes de la D2 (Departamentos Informaciones Policiales) que tiene seis víctimas y seis imputados por delitos de ‘privación ilegítima de la libertad’ e ‘imposición de tormentos agravados’.

La acusación en este proceso estará a cargo de los fiscales coadyuvantes Maximiliano Hairabedián y Carlos Gonella, en tanto que el tribunal de enjuiciamiento está integrado por Jaime Díaz Gavier, Carlos Lazcano y José Pérez Villalobo.

El tribunal resolvió habilitar de martes a jueves el juicio oral y público, por lo tanto la primera jornada abrirá el viernes y se pasará a cuarto intermedio hasta el martes 6.

Luego, es probable que se pase a un receso hasta el martes 13, ya que Menéndez tiene que estar en Tucumán para escuchar la sentencia del segundo juicio en esa provincia.

miércoles, 23 de junio de 2010

El represor Roberto "El Tuerto" Albornoz ante el tribunal tucumano

Testimonio de una mente sin recuerdos

El ex jefe del Departamento de Inteligencia de la policía tucumana dijo que la represión estaba a cargo de los militares. Careado con el testigo que aportó la lista, buscó amedrentarlo y desacreditarlo.

Por Ramiro Rearte
Desde Tucumán

El represor Roberto “El Tuerto” Albornoz pidió la palabra. Dijo que no vio si los policías torturaban en las celdas durante la dictadura y que no conocía a ninguno de los detenidos. Argumentó que no sabía que había sido designado jefe del Departamento de Inteligencia (D2) y que por una “maniobra de desprestigio” se difundió desde dentro de la estructura policial que él era el encargado del Servicio de Información Confidencial. Después fue careado con el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente, quien aportó la documentación secreta de la represión tucumana. Albornoz buscó intimidarlo, lo trató de manera despectiva y casi siempre a los gritos.

Albornoz pidió hablar en la audiencia de ayer del juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino Jefatura de Policía de Tucumán. Allí está imputado junto con Luciano Benjamín Menéndez y dos policías por la muerte y desaparición de 22 personas. Ingresó a la sala acompañado por su abogado defensor, Exequiel Avila Gallo. Con un abrigo color verde estuvo frente a los jueces por más de dos horas y respondió preguntas. Hizo gestos con su mano derecha de manera constante y en varias oportunidades gritó frente al micrófono para enfatizar su declaración, como si todavía fuera un jefe policial de la dictadura.

Cuando le preguntaron quién era el responsable de los tormentos dentro de la ex Jefatura y quiénes eran los que pedían informes de personas a ser investigadas, le subió la presión y el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta que se recuperó para seguir contando lo que su memoria débil le aconsejaba.

A la vuelta, durante la siesta tucumana, trató de elaborar una teoría que responsabilizara sólo a los militares. “El control operativo estaba a cargo del Ejército. Nosotros (por la policía) sólo colaborábamos. Nos llegaban las órdenes y las cumplíamos. Y yo nunca participé de secuestros”, sostuvo. Dijo que los uniformados que tenía a cargo “siempre trataron de asistir a las personas que estaban en los calabozos, con comida, etc.”. Ante la consulta del fiscal Alfredo Terraf sobre si presenció detenciones y traslados, respondió como si hubiera estado de visita guiada dentro del centro clandestino: “Vi cómo cargaban a las personas. Era en vehículos del Ejército. Y ellos (por los militares) hacían los traslados”. Según su relato, cuando llegaban las órdenes de “eliminar” a un detenido (lo que en la lista aparece con las letras “DF” o sea “disposición final”) nunca fueron ejecutadas dentro de la ex Jefatura. “Nunca se mató a nadie dentro de la Jefatura. No lo vi. Los cargaban. Y creo, por lo que se dice, que se los llevaban a Arsenales.”

“Yo hablo con sinceridad, señor. Yo no manejaba nada. Era un perejil y de cuarta. Fui usado por los militares. No manejaba nada. Quien era el verdadero amo y señor de ese lugar era Clemente”, dijo el represor, al intentar culpar del manejo del centro clandestino al testigo que fue secuestrado y luego trabajó para la policía. Según relató Clemente, mientras estaba cautivo, un día le tiraron una credencial y le dijeron que iba a empezar a trabajar como policía administrativo.

Pese a lo que intentó hacer creer Albornoz, él no sólo era uno de los jerarcas de la represión ilegal en Tucumán, sino que los documentos rescatados de la jefatura policial por Clemente demuestran que se le comunicaba casi todo lo inherente al accionar de la tortura y las personas que se debían secuestrar.

Durante el careo entre Clemente y Albornoz, el imputado trató de intimidar al testigo. Le dijo “entregador”, “mentiroso”, que “nunca estuvo detenido”, que “venía desde Salta con el carnet de policía en el bolsillo”, que “entraba y salía cuando se le daba la gana” y que “hasta un vehículo le dieron”. Clemente no lo miraba. Como el represor veía que el testigo no reaccionaba ante sus palabras, lo comenzó a “tutear”: “Sos un lobo con manta de cordero”, “rendí cuentas de la muerte de tu mujer”, “tu padre fue un excelente soldado del Ejército y vos estabas en medio de la basura (por haber militado en Montoneros)”, “sos un personaje siniestro”. “¡Mentís!”. Hasta lo acusó de haber “entregado” a su compañera de entonces. “Fue una muestra de amor para el teniente general Félix González Nayar”, gritó.

Nayar fue el coordinador militar del centro de detención y sobre este personaje cargó las tintas el ex policía. Reiteró que no sabía que existían las torturas dentro de la ex Jefatura y que los encargados de realizar los interrogatorios en los calabozos eran “equipos de interrogación” integrados por militares que “en su mayoría eran de Capital Federal”. Dijo que el dictador Antonio Domingo Bussi era un ejemplo, ya que “se puso al frente de todo el accionar llevado a cabo en Tucumán”, lo mismo dijo del genocida Menéndez, “al igual que ese comandante que está arriba (señalando con la mano izquierda en alto el lugar donde se instaló la sala para el represor), quien también se hizo cargo”, sostuvo. Albornoz descalificó varios de los testimonios que se escucharon durante el proceso judicial que comenzó el 16 de febrero. También trató de “mentirosos” y “locos” a otros sobrevivientes del centro clandestino. Antes de retirarse de la sala, siguió destilando veneno sobre Clemente, quien está bajo el régimen de testigo protegido debido a que recibió amenazas. “Esta persona no puede irse así nomás. Es un cobarde”, se quejó. El tribunal levantó las audiencias hasta la semana entrante, cuando se leerán los alegatos. El represor dejó la sala custodiado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) mientas los familiares de desaparecidos le gritaban “¡asesino!”.

DECLARO EL TESTIGO QUE APORTO LA DOCUMENTACION SECRETA SOBRE LA REPRESION ILEGAL EN TUCUMAN

Saqué la lista escondida en la media”

Contó que puso los papeles en su pierna “como se pone la canillera para jugar al fútbol, y los agarraba con la media”. Confirmó que los represores hicieron desaparecer a un agente de Inteligencia de quien no se supo nada desde fines de los ’70.
Por Ramiro Rearte (Tucumán)
Durante una hora de preguntas y repreguntas de parte de los abogados querellantes y los defensores, el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente declaró frente a los jueces tucumanos en el marco de la megacausa sobre el centro clandestino Jefatura de Policía de Tucumán. Clemente aportó datos nuevos y reiteró la autenticidad de los dos biblioratos que él mismo entregó al tribunal la semana pasada, que incluían una lista en la que figuraban 293 personas que fueron secuestradas (195 de ellas siguen desaparecidas). También confirmó que los represores detuvieron e hicieron desaparecer a personal de sus propias filas. Entre los presentes en la sala de audiencias, se presentó la hija de un policía del que no se tenían datos precisos de su paradero desde la década del ’70. “Creo que sí lo conozco. Era el guardia de la Jefatura de Policía”, dijo Clemente. Su nombre figura en la nómina de víctimas con la sigla DF, es decir, “disposición final”.
El testigo entró a la sala de audiencias con un chaleco oscuro, barba de varios días y anteojos de marcos grandes. Sin mirar a nadie –sólo a los miembros del tribunal– comenzó a responder el cuestionario de los abogados de los represores primero y de la querella después. La estrategia de los primeros fue forzar a Clemente para que dijera que la documentación que aportó era la única que existía. Los querellantes trataron de ayudar a Clemente a que recordara procesos de tormento, lugares, nombres y situaciones propias vividas dentro de uno de los centros clandestinos más grandes del norte argentino.

Clemente relató cómo “policías paseadores” lo llevaron en varias oportunidades en autos para “marcar” conocidos. “Más de una vez”, se quejó. Respondía de manera muy pausada y casi siempre mirando al piso de la sala. “Un día vinieron y me tiraron la credencial de policía y me dijeron dónde iba a comenzar a trabajar”, contó cuando el presidente del tribunal, Carlos Jiménez Montilla, lo consultó sobre cómo fue que terminó trabajando como policía administrativo después de haber sido jefe montonero.
Lloró cuando recordó el accionar criminal de uno de los acusados, Roberto “El Tuerto” Albornoz: “Era el amo y señor de la vida y la muerte del que se le antojara”. Mientras Clemente lloraba, en la sala reinaba el silencio.
Al reconocer los documentos que aportó al proceso, no pudo dar precisiones sobre lo que significaban cada una de las fojas. “Yo sólo guardaba las hojas que me entregaban en las carpetas que correspondían, no me ponía a leer”, dijo más de una vez. Recalcó que nunca leyó el contenido de los textos que guardó de manera secreta durante más de treinta años. Señaló que la primera vez que abrió esas carpetas fue hace dos años, cuando sacó copias de la primera hoja que contiene la lista de las 293 personas que estuvieron secuestradas en la ex Jefatura de Policía y la envió en forma anónima a la Procuración General de la Nación.

Tanto los querellantes como los abogados de los represores le preguntaron cómo hizo para guardar en muy buen estado las dos carpetas. El Perro sostuvo que construyó una cama de mampostería. “Primero puse escombros, luego los biblioratos en bolsas plásticas con papeles y después cerámicos. Y los conservé con bolitas antihumedad”, sostuvo Clemente.
Cuando le consultaron cómo hizo para sacar los documentos desde adentro de un centro de detención, Clemente fue claro: “Recuerdo que sacaba las listas y las ponía en mi pierna, como se pone la canillera para jugar al fútbol, y las agarraba con la media”, precisó. Volvió a decir que los biblioratos son de fines de 1977, cuando se había ordenado el desmantelamiento de las oficinas del archivo del Servicio de Inteligencia Confidencial (SIC) y se quemaban los papeles. También reiteró que recibió “amenazas constantes” en su casa y que le pedían información sobre otro testigo.

En un momento de la declaración, la abogada Laura Figueroa interrumpió a Clemente para preguntarle si conocía a un policía que había trabajado en el centro clandestino de detención Jefatura de Policía. “Se llama Silvestre Máximo García. ¿Tiene conocimiento de haberlo conocido, de haberlo visto?”, interrogó la letrada. Clemente hizo un gesto pensativo y contestó: “Sí, lo conocí. Era el guardia de la puerta de entrada a la Jefatura. Trabajaba con Albornoz”. Figueroa repreguntó: “¿Tiene conocimiento de qué pasó con él?”. Clemente dudó, pero al cabo de unos segundos respondió: “Lo que sé es que alguna vez lo tuvieron detenido en los calabozos del fondo”. La hija del policía de-saparecido, cuyo caso no estaba registrado por los organismos de derechos humanos, rompió en llanto. Una de las psicólogas que trabajan dentro de la sala para asistir a los familiares de las víctimas se acercó a consolarla.

lunes, 21 de junio de 2010

El testigo que entregó las listas

En el marco del juicio por veintidós muertes, torturas y desapariciones en la Jefatura de Policía de Tucumán, hoy se escuchará el testimonio de Juan Carlos Clemente. Ex militante y policía, dijo que rescató los papeles antes de que fueran quemados.

Por Ramiro Rearte

Desde Tucumán Hoy, a partir de las 9.30, el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente, quien aportó la documentación sobre el registro burocrático del terrorismo de Estado, deberá sentarse frente a los jueces tucumanos en el marco de la megacausa “Jefatura de Policía”. En este proceso judicial están acusados por veintidós muertes y desapariciones Luciano Benjamín Menéndez, Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex jefe del Servicio Confidencial de Inteligencia (SIC), y los hermanos Luis “El Cordobés” y Carlos De Cándido, policías retirados. El relato de Clemente será el último antes de empezar con el tramo final del juicio (lectura de pruebas documentales y alegatos) que terminará el 8 de julio.
Clemente se convirtió en una pieza clave del juicio cuando el pasado martes no sólo dio su testimonio frente al Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, sino que aportó dos biblioratos, de 250 páginas en total, que contienen información valiosa del destino de 293 personas que pasaron por el centro clandestino de detención tucumano. Con el aporte de Clemente, se pudieron conocer detalles de la sistematización de secuestros, torturas y desapariciones en la década del ’70, durante el gobierno de facto de Antonio Domingo Bussi, quien fue excluido de este juicio por razones de salud.
Clemente, quien en su juventud fue jefe montonero y terminó cumpliendo funciones como policía hasta 1984, contó que mantuvo esa documentación en secreto durante 33 años porque no confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. En su relato, sostuvo que fue secuestrado el 23 de julio de 1976 y meses después le propusieron ingresar a una oficina administrativa del SIC, donde lo hacían archivar papeles. A fines de 1977, cuando fue desmantelado ese organismo clandestino de la dictadura, y ya convertido en policía, dijo que logró rescatar esos dos biblioratos en momentos en que la mayoría de los papeles eran arrojados a una fogata.
“El Perro” Clemente, quien permanece bajo la custodia del programa Protección de Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación, deberá responder las preguntas del fiscal federal Alfredo Miguel Terraf, de los querellantes y de los defensores respecto de los dos biblioratos que entregó el martes pasado. Los jueces pretenden que el testimonio de Clemente sirva para reconstruir el funcionamiento interno del centro clandestino que funcionó frente al Episcopado tucumano, ya que por los relatos de los sobrevivientes dentro de la ex jefatura había diversas salas de torturas. Los represores y sus abogados negaron la existencia de las mismas.
Por otra parte, el martes 29 de junio comenzarán los alegatos de los abogados que representan las seis querellas, Laura Figueroa, Valentina García Salemi y Daniel Weisamberg (Andhes), Emilio Guagnini y Julia Vitar (Fadetuc), Daniel Mendivil, y Bernardo Lobo Bugeau (por el caso Eduardo Ramos y por la Secretaría de Derechos Humanos) y de los abogados de los acusados, el defensor oficial público Ciro Lo Pinto (defiende a los hermanos De Cándido), Ezequiel Avila Gallo hijo (representa a Albornoz) y Horacio Guerinau (a Menéndez).
La megacausa, comenzó el pasado 16 de febrero con siete imputados en el banquillo de los acusados, pero por la muerte de los represores Mario Albino Zimmermann y Alberto Luis Cattáneo (quien es citado en los documentos secretos de la represión difundidos por este diario) sumadas a la enfermedad de Bussi, que quedó fuera del juicio, sólo cuatro genocidas escucharán la sentencia del tribunal tucumano.

jueves, 17 de junio de 2010

Registros del terror de la policía tucumana

UNA LISTA CON LOS NOMBRES DE 293 PERSONAS SECUESTRADAS POR LA ULTIMA DICTADURA MILITAR

La nómina que un testigo que estuvo secuestrado y luego trabajó para la policía entregó a la Justicia tucumana documenta 293 casos de secuestros. En 195 personas figura la observación “DF”, que significa Disposición Final, es decir que fueron asesinados. También aportó fotocopias de 28 fotografías, una nómina de “Operativos aprobados pendientes de ejecución” y otra de “DS (delincuentes subversivos) que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”. Aparece la firma de uno de los represores acusados en la causa, Roberto Heriberto Albornoz.
           
Por Ramiro Rearte
Desde Tucumán

Son 293 nombres. Escritos prolijamente con una máquina de escribir por orden alfabético. Nueve páginas. Los apellidos están en mayúscula. En la segunda columna están los alias, varios casilleros están en blanco. La tercera se titula observaciones y allí figuran DF, Libertad o Disp. PEN. Así es la lista que entregó el martes a la Justicia tucumana Juan Carlos “El perro” Clemente al declarar como testigo. Es el registro documental de 293 secuestros, realizado, según el testigo, en la jefatura de policía de Tucumán, donde funcionó un centro clandestino de detención. En 195 casos figura DF, “Disposición Final”, es decir que fueron asesinados.
Clemente entregó a los jueces dos biblioratos. Allí no sólo está la lista en la que se detallan los nombres de los secuestrados y qué pasó con ellos (libertad, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o Disposición Final), sino también fotos con los seudónimos de cada detenido. Hay fotocopias de 28 fotografías de personas, que en muchos casos tienen la indicación “NG” (nombres de guerra), una lista denominada “Operativos aprobados pendientes de ejecución”, que contiene los nombres de 28 personas, y otra titulada “Nómina de DS (delincuentes subversivos) que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”, que incluye los nombres de 36 personas.

El testigo también aportó una nota firmada por uno de los represores acusado en este juicio de la muerte y desaparición de 22 personas, Roberto Heriberto Albornoz, en la que instruye al 2º jefe del Departamento de Inteligencia (D2) para que investigue a un militante tucumano, Flavio Orlando Villafañe. “Era amo y señor de las personas”, dijo Clemente sobre Albornoz, cuya firma figura en los documentos. En otra foja, bajo el título, “nómina de delincuentes subversivos que se encuentran en la clandestinidad”, se observan anotaciones manuscritas. Y en otra se detallan las personas “cuya captura se hace necesaria”. También hay escritos en donde se resalta “nómina de cadáveres identificados por la sección dactilografía durante el año 1975” y un acta de “entrega del cuerpo de Susana Inés Strelzik (cuatro fojas)” y la entrega del cuerpo de un joven dirigente tucumano “Juan Carlos Suter (dos fojas)”.

Clemente fue uno de los testigos más resistidos por los abogados querellantes y también por la defensa de los represores en este juicio en el que, además de Albornoz, están acusados el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y dos policías. El represor Antonio Domingo Bussi quedó fuera de este juicio por problemas de salud. Clemente era acusado de ser “doble agente”, porque fue secuestrado pero después de ser liberado entró oficialmente a trabajar en la policía tucumana hasta que se retiró, en 1984. Por estos días atiende un quiosco de golosinas dentro de un colegio privado. Finalmente fue uno de los abogados de los represores quien pidió que se presentara a declarar. Nadie sabía lo que iba relatar frente a los jueces y mucho menos que iba a entregar memos de la represión. 20 de las 22 víctimas incluidas en la megacausa de la Jefatura de Policía en Tucumán figuran en los libros de la represión tucumana a los que tuvo acceso Página/12.
Clemente contó ante los magistrados que mantuvo esa documentación en secreto durante 34 años porque no confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. En su relato, sostuvo que fue secuestrado el 23 de julio de 1976, llevado a Nueva Baviera, donde estuvo una semana, y después a la ex Jefatura, donde fue interrogado bajo torturas. Meses después le propusieron ingresar a una oficina administrativa del Servicio de Información Confidencial tucumana (SIC), donde lo hacían archivar papeles. A fines de 1977, cuando fue desmantelado ese organismo clandestino de la dictadura, y ya convertido en policía, dijo que logró rescatar esos dos biblioratos, en momentos en que la mayoría de los papeles se arrojaba a una fogata.
El testigo confirmó que en la época de su juventud, cuando era militante barrial de la Juventud Peronista y estudiante de Medicina de la UNT, le decían El Perro Clemente. Las frases más impactantes de su testimonio fueron: “arrojaban los papeles que no servían a una fogata y el resto no sé adónde iba”, “tenerlos (por los libros) era pena de muerte, por eso los envolví en plástico y los escondí bajo un entrepiso”.

Clemente volverá a sentarse frente a los jueces el próximo martes, cuando responda las preguntas de las partes. Los abogados de las víctimas y el fiscal general Alfredo Terraf pidieron una pericia caligráfica del represor Albornoz, ya que, según la declaración del testigo, muchos de los documentos tenían su firma.