Bussi y Menéndez : genocidas aptos, pero no para juicios

Los ex militares Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez no se encuentran en condiciones físicas apropiadas para a un juicio oral.

Lo anterior, en ninguna de sus modalidades, presencial o por videoconferencia y según dos informes elaborados por un perito del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, consignó un reporte del Centro de Información Judicial (CIJ).

Los informes habían sido solicitados por el Tribunal Oral Federal de Tucumán, que tiene previsto dar inicio a partir del 24 de noviembre próximo un juicio oral en el que, además de Bussi y Menéndez, también se encuentra imputado el ex policía Roberto Heriberto Albornoz.

En la causa, Menéndez, Bussi y Albornoz están acusados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de libertad y homicidio agravado, en perjuicio de Juan Carlos Aguirre y Margarita Susana Azize Weiss, completó el reporte del centro de prensa del Poder Judicial.

Registros del terror de la policía tucumana

UNA LISTA CON LOS NOMBRES DE 293 PERSONAS SECUESTRADAS POR LA ULTIMA DICTADURA MILITAR

La nómina que un testigo que estuvo secuestrado y luego trabajó para la policía entregó a la Justicia tucumana documenta 293 casos de secuestros. En 195 personas figura la observación “DF”, que significa Disposición Final, es decir que fueron asesinados. También aportó fotocopias de 28 fotografías, una nómina de “Operativos aprobados pendientes de ejecución” y otra de “DS (delincuentes subversivos) que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”. Aparece la firma de uno de los represores acusados en la causa, Roberto Heriberto Albornoz.
           

Por Ramiro Rearte
Desde Tucumán

Son 293 nombres. Escritos prolijamente con una máquina de escribir por orden alfabético. Nueve páginas. Los apellidos están en mayúscula. En la segunda columna están los alias, varios casilleros están en blanco. La tercera se titula observaciones y allí figuran DF, Libertad o Disp. PEN. Así es la lista que entregó el martes a la Justicia tucumana Juan Carlos “El perro” Clemente al declarar como testigo. Es el registro documental de 293 secuestros, realizado, según el testigo, en la jefatura de policía de Tucumán, donde funcionó un centro clandestino de detención. En 195 casos figura DF, “Disposición Final”, es decir que fueron asesinados.
Clemente entregó a los jueces dos biblioratos. Allí no sólo está la lista en la que se detallan los nombres de los secuestrados y qué pasó con ellos (libertad, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o Disposición Final), sino también fotos con los seudónimos de cada detenido. Hay fotocopias de 28 fotografías de personas, que en muchos casos tienen la indicación “NG” (nombres de guerra), una lista denominada “Operativos aprobados pendientes de ejecución”, que contiene los nombres de 28 personas, y otra titulada “Nómina de DS (delincuentes subversivos) que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”, que incluye los nombres de 36 personas.

El testigo también aportó una nota firmada por uno de los represores acusado en este juicio de la muerte y desaparición de 22 personas, Roberto Heriberto Albornoz, en la que instruye al 2º jefe del Departamento de Inteligencia (D2) para que investigue a un militante tucumano, Flavio Orlando Villafañe. “Era amo y señor de las personas”, dijo Clemente sobre Albornoz, cuya firma figura en los documentos. En otra foja, bajo el título, “nómina de delincuentes subversivos que se encuentran en la clandestinidad”, se observan anotaciones manuscritas. Y en otra se detallan las personas “cuya captura se hace necesaria”. También hay escritos en donde se resalta “nómina de cadáveres identificados por la sección dactilografía durante el año 1975” y un acta de “entrega del cuerpo de Susana Inés Strelzik (cuatro fojas)” y la entrega del cuerpo de un joven dirigente tucumano “Juan Carlos Suter (dos fojas)”.

Clemente fue uno de los testigos más resistidos por los abogados querellantes y también por la defensa de los represores en este juicio en el que, además de Albornoz, están acusados el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y dos policías. El represor Antonio Domingo Bussi quedó fuera de este juicio por problemas de salud. Clemente era acusado de ser “doble agente”, porque fue secuestrado pero después de ser liberado entró oficialmente a trabajar en la policía tucumana hasta que se retiró, en 1984. Por estos días atiende un quiosco de golosinas dentro de un colegio privado. Finalmente fue uno de los abogados de los represores quien pidió que se presentara a declarar. Nadie sabía lo que iba relatar frente a los jueces y mucho menos que iba a entregar memos de la represión. 20 de las 22 víctimas incluidas en la megacausa de la Jefatura de Policía en Tucumán figuran en los libros de la represión tucumana a los que tuvo acceso Página/12.
Clemente contó ante los magistrados que mantuvo esa documentación en secreto durante 34 años porque no confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. En su relato, sostuvo que fue secuestrado el 23 de julio de 1976, llevado a Nueva Baviera, donde estuvo una semana, y después a la ex Jefatura, donde fue interrogado bajo torturas. Meses después le propusieron ingresar a una oficina administrativa del Servicio de Información Confidencial tucumana (SIC), donde lo hacían archivar papeles. A fines de 1977, cuando fue desmantelado ese organismo clandestino de la dictadura, y ya convertido en policía, dijo que logró rescatar esos dos biblioratos, en momentos en que la mayoría de los papeles se arrojaba a una fogata.
El testigo confirmó que en la época de su juventud, cuando era militante barrial de la Juventud Peronista y estudiante de Medicina de la UNT, le decían El Perro Clemente. Las frases más impactantes de su testimonio fueron: “arrojaban los papeles que no servían a una fogata y el resto no sé adónde iba”, “tenerlos (por los libros) era pena de muerte, por eso los envolví en plástico y los escondí bajo un entrepiso”.

Clemente volverá a sentarse frente a los jueces el próximo martes, cuando responda las preguntas de las partes. Los abogados de las víctimas y el fiscal general Alfredo Terraf pidieron una pericia caligráfica del represor Albornoz, ya que, según la declaración del testigo, muchos de los documentos tenían su firma.

La Corte rechazó por un recurso que pedía la nulidad de causas contra el represor Antonio Bussi

El máximo tribunal consideró "inadmisible" el recurso en el que se solicitaba la nulidad de las causas en las que el represor está procesado por crímenes de lesa humanidad, aduciendo que se le negó ser juzgado por la justicia militar.

La Corte Suprema también rechazó planteos que hicieron el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart, y los represores Carlos Avena, Juan Antonio Benvenuto, Ramón Erlan y Jorge Baca, quienes reclamaron por sus libertades y contra la confirmación de sus procesamientos.

Jefe de la represión en Tucumán durante la dictadura mediante el Operativo independencia y gobernador electo de esa provincia durante la democracia, Bussi está condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en su jurisdicción y ahora espera la fecha de otro juicios también por crímenes cometidos en la provincia de Santiago del Estero

Bussi procesado por apropiación de un menor

Silvina Aranda, hija de desaparecidos, busca a su hermano nacido en cautiverio
 
"QUE SEPA QUE LO BUSQUE TODOS ESTOS AÑOS"
 
El pasado 24 de marzo se cumplieron 32 años del golpe militar que derrocó a Isabel Perón y que marcó el comienzo de los años de plomo y muerte del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La fecha es especial para acercar testimonios de quienes fueron afectados directamente por aquel accionar represivo.

Silvina Lorena Aranda vive con su marido Martín y sus tres hijos, Martina, Brandon y Lautaro en Tierras Altas. Es hija de Alberto Samuel Aranda y de María Eva Duarte, ambos desaparecidos. En el 77, el matrimonio vivía en Los Polvorines con Silvina, que tenía dos años, y con su hermano Alejandro, de seis meses. María Eva, además, estaba embarazada de dos meses. “Mi papá militaba en Montoneros y trabajaba en una fábrica metalúrgica de Carapachay. El 9 de septiembre del 77 salió a trabajar y nunca más se supo de él. Ese mismo día fueron a nuestra casa y se llevaron a mi mamá”.

En familia, Silvina Aranda, con su esposo y sus hijos

 Silvina y su hermano se salvaron de seguir el destino de muchos hijos de desaparecidos. Los dejaron con una vecina y la dirección de los abuelos anotada en un papel. “Me criaron mis abuelos en Grand Bourg. A ellos los llamaba papá y mamá. Durante años me dijeron que en la familia había un desaparecido, pero me decían que era un hermano mayor mío. Cuando crecí comencé a sospechar, a preguntarme por qué mis supuestos papás eran tan mayores y esas cosas. Fui preguntando y a los 8 años me dijeron que mis padres habían desaparecido”. De Alberto Aranda nunca se supo nada. Pero el testimonio de un soldado de Campo de Mayo fue decisivo para saber que María Eva estuvo detenida allí. El soldado vivía en el barrio Estudiantes y la reconoció. El hombre comentó que la chica había dado a luz un varón, aproximadamente en abril del 78. Cuando Silvina lo supo comenzó otra pelea, junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, la pelea por encontrar a su hermano nacido en cautiverio. “Nos hicimos los estudios de ADN para encontrarlo. Las Abuelas me contuvieron muchísimo. Hasta el día de hoy se que cuento con ellas para todo. Somos un grupo de la misma edad que pasamos por lo mismo”.

 - ¿Sos una militante por los derechos humanos?

- Sí, por supuesto. Participo de reuniones y en los actos llevo la foto de mis viejos. Lo hago con mucho orgullo, estoy muy orgullosa de los dos. Ellos dieron la vida. A veces me encuentro con ex compañeros de mis viejos y me cuentan cómo eran.

- Cada vez que llega el 24 de marzo, qué sentís.

- Me parece bien que sea feriado, que alguien se acuerde de los desaparecidos, y me duele ver gente que no sabe por qué es el feriado, o que no respeta la fecha, los negocios que abren como cualquier otro día…

 - A tantos años de la vuelta a la democracia, ¿como ves a la sociedad argentina respecto al tema de la represión ilegal?

- Todavía hay mucha gente, incluso tengo allegados, que habla de los desaparecidos y dice “algo habrán hecho”. Pero trato de no discutir, lo tomo como de quien viene. Yo sé lo que eran mis viejos y todos los desaparecidos y con eso me basta. Tal vez recién ahora se está tomando más conciencia y a entender un poco más. A nivel local me da bronca lo que hace el intendente, que se niega a dejar que haya excavaciones en el ex batallón, para ver si hay restos de desaparecidos. Fui a una marcha para reclamar eso pero no hizo caso. Yo creo que él como peronista tendría que haber dejado que se hagan las excavaciones y no levantar tantos edificios como están haciendo.
María Eva Duarte y Alberto Samuel Aranda, los padres de Silvina, desparecidos en setiembre de 1977 cuando vivían en Los Polvorines.

- ¿Tenés esperanza de encontrar a tu hermano?

- Sí, tengo mucha fe. Por más que hayan pasado 30 años estoy segura que nos vamos a encontrar. Me gustaría que me conozca y que sepa que lo estuve buscando todos estos años.

Tucumán: La Cámara Federal ratificó que el represor Bussi irá a juicio oral

por Prensa ContraPunto

Se trata del caso del hijo de una detenida que habría nacido en el Hospital Militar de Campo de Mayo. “Quienes ocupaban cargos de relevancia no desconocían que se robaban bebés”, dijo el tribunal. El 30 de marzo, Bussi fue apartado por su estado de salud de la causa donde se investigan los delitos de Lesa Humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención, Jefatura de Policía, en contra de 22 víctimas.

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva para represor Antonio Domingo Bussi por el delito de “sustracción, retención y ocultación de un menor de diez años y supresión del estado civil”.
Fue en el caso de una detenida que dio a luz en el Hospital Militar de Campo de Mayo, cuando el genocida Bussi cumplía funciones de mando en el lugar.
Según la resolución, el 9 de septiembre de 1977, a las 19, personal de civil secuestró a María Eva Duarte de Aranda en su domicilio ubicado en la calle Gregorio Marañon de la localidad de los Polvorines, provincia de Buenos Aires. Momentos antes había sido secuestrado su marido. Dos hijos del matrimonio fueron dejados por los responsables del procedimiento al cuidado de una vecina. En esa oportunidad, María Eva estaba embarazada de dos meses y habría sido conducida a Campo de Mayo, donde dio a luz a un bebé.
“Independientemente de que hayan existido órdenes de operaciones en las que se previera el modo de proceder, lo cierto es que los hechos demostrados dan cuenta de un apartamiento de esas normas, y la implementación de una metodología clandestina que consistía en la sustracción violenta de los menores a los padres, su entrega a terceros y el ocultamiento de todo rastro del verdadero origen”, indicaron los camaristas.

“Resulta evidente, entonces, que nada de ello hubiese sido posible sin las órdenes directas y secretas de aquellos que ocupaban los cargos de mayor relevancia dentro de las fuerzas armadas, quienes no desconocían que, desde el primer momento de la dictadura, se robaban bebés, pues ellos mismos fueron quienes así lo quisieron”, concluyeron.
Cabe recordar que el 30 de marzo, el represor Bussi fue apartado por su estado de salud de la causa donde se investigan los delitos de Lesa Humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención, Jefatura de Policía, en contra de 22

Informe sobre la salud de Bussi y posturas de las querellas

 por Prensa Contrapunto

El informe del forense de la Corte Suprema de Justicia, Cristian Rando, firmado por los peritos de ambas partas, indicó que el represor “no está estable en relación a su cuadro cardiológico de base” y que tiene “una infección urinaria aún no resuelta y una tumoración testicular dolorosa”. Su médico de cabecera, Ramiro Castellanos, le había  recomendado la internación en la noche del lunes, pero Bussi se negó. El genocida afrontó todos los análisis médicos sin la presencia de sus hijos. El fiscal Federal, Alfredo Terraf, advirtió que “aparentemente, la salud de Bussi no está siendo bien cuidada por su familia”. Ante el cuadro descrito, el Tribunal Oral Federal decidió  suspender hasta el 30 de marzo el juicio. El día anterior, Rando revisará nuevamente al represor, para analizar su evolución. La abogada Laura Figueroa plantó su rechazo ante esta decisión –había solicitado el apartamiento de Bussi del proceso judicial-, mientras que los demás querellantes estuvieron de acuerdo con la medida. “La dilación y la prolongación de la agonía es el juego de la impunidad”. 

En una de las jornadas con mayor carga emotiva desde que comenzó el juicio por el Centro Clandestino de Detención, Jefatura de Policía, el Tribunal Oral Federal decidió la suspensión por nueve días hábiles del proceso judicial, para esperar la evolución de la salud del represor Antonio Domingo Bussi. De esta manera, las audiencias volverían el martes 30 de marzo. Un día antes, el imputado por delitos de lesa humanidad será revisado por el médico forense de la Corte Suprema de la Nación, Cristian Rando, para analizar la evolución de su cuadro clínico.
Según el informe de Rando, al que suscribieron los distintos peritos de parte, el genocida “no está estable en relación a su cuadro cardiológico de base” y tiene “una infección urinaria aún no resuelta y una tumoración testicular dolorosa”. Esa infección urinaria ya existía 15 días atrás, pero no se realizó ningún tratamiento para evitar su evolución.
En este sentido, el médico forense indicó que “encontré un paciente discreta a moderadamente desmejorado de la última vez. Ya tenía una coloración discretamente peor que la última vez, estaba deshidratado, con mayor dificultad respiratoria. Hubieran sido necesarios menores plazos en implementar ciertas cosas para evitar la infección urinaria”.
Por eso, la querellante Laura Figueroa (representante de la Asociación Tucumana Contra la Impunidad – ATCI) manifestó que “no consta ninguna advertencia ni pedido específico por parte del médico Castellanos con respecto a la involución de Antonio Domingo Bussi”.
En igual sintonía se expresó el perito de parte, el cardiólogo Alfredo Neme Sheij, quién manifestó que “hay un evolución desfavorable del paciente, tiene patologías de muy mal pronóstico y las situaciones de estrés acelerarían el mal pronóstico”.
Ante esta situación, Figueroa le preguntó cómo es posible que en quince días, en los que no estuvo sometido a situaciones de estrés propias de un proceso judicial, haya empeorado su situación. Neme Sheij respondió que “hubo un evento coronario agudo comprobado, un agravamiento de su estabilidad coronaria. Pero además, no está debidamente atendido en su domicilio. El paciente requiere de una internación para resolver su problema urinario”.
Por esto, la abogada de la ATCI, planteó que “queda claro que la patología crónica de Bussi fue empeorando por el maltrato o descuido de las personas que lo rodean”.
En misma sintonía se expresó el Fiscal Federal, Alfredo Terraf, quién advirtió que “aparentemente, la salud de Bussi no está siendo bien cuidada por su familia” y que, por lo tanto, “el Estado se tiene que hacer cargo de la situación”.

Las resoluciones del TOF

Lo expuesto por Rando y Neme Sheij llevó al Tribunal a emitir una resolución en la que decidió “suspender la audiencia por nueve días hábiles. Ordenar la internación de Antonio Domingo Bussi, en un nosocomio público o privado (a su costo); que el SIPROSA disponga de los facultativos necesarios a fin de controlar diariamente el estado de salud del imputado. Que el doctor Rando revise a Bussi el lunes 29 y comparezca como perito a la audiencia de debate del día siguiente”.
Las medidas finalmente adoptadas por el TOF habían sido solicitadas, en primer lugar, por la abogada querellante por parte de andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), Valentina García Salemi. Adhirieron a esa postura todos los demás querellantes, a excepción de la doctora Figueroa.
““Voy a defender la prosecución de este juicio, para que no sufra un día más de suspensión, porque los testigos sobrevivientes están angustiados. Este juicio no debe caer en la trampa defensiva de los acusados. La dilación y la prolongación de la agonía es el juego de la impunidad”, indicó la querellante por ATCI y manifestó que "voy a retirar al doctor Neme Sheik, porque a mi entender ha sido categórico y claro, sobre que Bussi no está en condiciones de continuar en este juicio.

Ratifican condena a Bussi (en su casa) y a Menéndez

El tribunal rechazó el 12/03/10 los pedidos de los ex comandantes para que se anule la sentencia que los condenó a prisión perpetua por la desaparición y muerte del senador Guillermo Vargas Aignasse.

Casación Penal ratificó condena a Bussi y Menéndez en la provincia de Tucumán

La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó los recursos presentados por las defensas de los ex comandantes Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, contra la sentencia que en el año 2008 los condenó a prisión perpetua por la desaparición y muerte del senador Guillermo Vargas Aignasse.

Las defensas de ambos condenados habían planteado el recurso argumentando que la sentencia carecía de la fundamentación requerida por el artículo 123 del Código Procesa Penal, y que por ende era “arbitraria”. “No hubo por el tribunal una valoración racional y objetiva de los elementos”, expresaron los defensores de Bussi y Menéndez. Además, consideraron que los tratados internacionales que invocó el tribunal como fundamento de la sentencia “no pueden ser aplicados por los principios constitucionales de legalidad, reserva e igualdad ante la ley”.

Ante esto, los camaristas expresaron que “de una atenta lectura de la decisión impugnada,  se advierte que, de la totalidad de los testimonios, así como del material probatorio acollarado en autos, se encuentra debidamente acreditada la existencia de los hechos imputados y la participación de los encausados en los mismos”.

A su vez, señalaron que “las objeciones de las defensas se reducen, entonces, a una valoración distinta de los elementos probatorios tenidos en consideración en la sentencia, sin que ello alcance para considerar errada la fundamentación de la misma, rechazando entonces el agravio invocado en cuanto a la existencia de arbitrariedad en la valoración del plexo probatorio”.

Con respecto al agravio de las defensas de que se habían utilizado retroactivamente los tratados de lesa humanidad para condenar a sus defendidos, los camaristas entendieron que “las normas internacionales penales que prohíben los crímenes de lesa humanidad pertenecen al  ius cogens y son, en consecuencia, normas imperativas y de exigibilidad universal. Dicha imperatividad universal puede surgir de una fuente consuetudinaria, de un principio general del derecho o incluso de un principio general de humanidad, y podrá reflejarse ulteriormente en una Convención o tratado, mas es indispensable señalar que la imperatividad se impone por la comunidad internacional con total prescindencia de la firma de una Convención o Tratado”.

A su vez, la Cámara de Casación rechazó por inadmisible el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, que solicitaba la detención de Bussi en una cárcel común, por lo que el condenado seguirá bajo el régimen de prisión domiciliaria.

"Trátabamos de pasarnos toda la información, quiénes estaban, quién habían trasladado"

En uno de los momentos más emotivos de la jornada, la abogada Laura Figueroa le preguntó a Juan Martín, uno por uno, nombres que había denunciado ver en algún Centro Clandestino de Detención. Al son de los apellidos, los familiares presentes reaccionaban con una mezcla de dolor y alivio, por saber, por lograr tener una idea de donde estuvieron sus seres queridos antes de ser desaparecidos totalmente. A continuación, reproducimos el listado completo de las personas sobre las que le preguntaron al testigo.

“Pese a seas condiciones, uno permanentemente se estaba comunicando con el resto, aún en la peor condición. Una de las cosas que hacíamos, era tratar de pasarnos toda la información, de quienes habían caído, quienes estaban, a quienes había trasladado; además, en el período julio – agosto del 77, entre muchas veces a la zona de los calabozos colectivos para repartir comida, para limpiar y así también pude ver gente”. Así, explicó Juan Martín como logró recopilar tantos datos sobre quienes estuvieron secuestrados en la Jefatura de Policía o en otros Centros Clandestinos de Detención.

Voy a dar varios nombres, personas vistas por usted como víctimas. Estos nombres que voy a dar son nombres que el testigo lo denuncio ante la CADUH y luego lo aclaró ante la comisión Bicameral. ¿Usted recuerda haber visto o escuchado del señor Dardo Molina alrededor de diciembre del ’76? Al señor Dardo Molina, lo vi en el sector de calabozos de la Jefatura de Policía en mi primer período, desde mi secuestro hasta antes de mi traslado a Nueva Baviera. Su estado físico era deplorable, estaba muy golpeado, en la cabeza tenía varios rastros de golpes importantes. Dardo Molina fue un senador provincial tucumano.

¿Vio a Raúl Mauricio Lecchessi? No.

¿A Damián Márquez? No

¿Oscar Toledo? No.

¿Luisa Ibáñez? La vi. Era una compañera de la facultad de derecho, la vi en junio, julio aproximadamente, en Jefatura de Policía, en la zona de calabozo. No podría darle detalles.

¿Vio a Adriana Mitrovich? Sí. Un día me hicieron repartir la comida en los calabozos y la vi.

¿Vio a Gloria Constanza Curia? Sí, creo que Gloria había sido detenida antes que yo; me parece recordar que la vi los sectores de calabozo, antes de mi traslado. Vio a ¿Fernando Ramiro Curia? No, pero me dijeron que estuvo.

Sé que nunca más aparecieron, entonces la suerte seguida cuando uno no aparece es que lo maten.

¿Ricardo somaini? No, pero sé que estuvo. Militamos juntos en un grupo en la universidad.

¿A Horacio Marcelo Ponce? He visto varios Ponces, si es del grupo de Ricardo Somaini, no lo vi, pero supe que estuvo. ¿Ricardo Santillán? No, es del mismo grupo, pero supe había estado.

¿Susana Macord de Díaz? No, pero me comentaron. Juan Leandro Eudal Díaz? Si es su marido, no, pero supe que estuvo. ¿José Américo Díaz? No me recuerdo.

¿Humberto Rubén Ponce? Si es el hermano del gringo Ponce, sí.

¿Luis Alberto Valdéz? Me parece recordar que es un nombre que gente me dijo que estuvo, pero lo mismo no podría afirmar si lo conocía. Pero me parece que es alguien que me parece que estuvo.

¿María cristina Bejas? Me parece recordar que era una chica que estaba en las zonas de los calabozos individuales y que estaba muy mal.

¿Aída Inés Villegas? La ví, no en Jefatura, pese a que sé que estuvo. A Villegas la ví en Baviera; la habían trasladado ahí. Estuvimos charlando un montón; nos llevaron para ponernos como vidriera, no recuerdo si fue en una visita que hizo toda la plana mayor del III Cuerpo donde estaba el general Menéndez o fue en otra visita grande, que también nos llevaron a varios con cartelitos de las tres armas, no se si fue el Estado Mayor conjunto. En una de esas dos idas, la vi a Aída Inés Villegas. Había otro muchacho que lo conocía de Bioquímica, creo que era Rodolfo Lerner o algo similar. Él me comentó que lo habían detenido en el sur, que había sido un preso que después de que lo pusieron en libertad volvió a Tucumán y lo agarraron de nuevo.

¿Su hermano Jorge Villegas? Sí.

¿Carlos Juan Salim? No.

¿Rosa Quinteros? No, pero supe que estuvo. Yo estaba en Nueva Baviera y vinieron a comentarme como para que me enterara y supiera, que un grupo de prisioneros los habían matado en un supuesto enfrenamiento; debió haber sido een septiembre u octubre del ´76 y me dijeron que a Rosa Ruinteros la mataron en ese enfrentamiento; pero estaba prisionera desde antes que yo.

¿Daniel Carlevaro? Sí, y estuvo aparanemtente en ese grupo que matan. Lo ví en jefatura vivo, estaba muy mal.

¿Hugo Bernucci? No lo ví, en realidad los escuché hablar a la gente del SIC de que murió mientras torturaba; sin embargo, lo blanquearon en ese supuesto enfrentamiento.

¿María del Pilar Toledo? No se quién es; vi a Chichí Toledo. No se si es la misma. Chichí me parece que no estudiaba; era la novia de Juan Carlos Di Lorenzo; los habían secuestrado juntos. Los conocía de la época de la militancia. A Juan Carlos no lo vi.

¿Ismael Adris? No, pero supe que estuve. Lo conocía de la JUP.

¿Norma Sibantos? Si, fue para fines del ‘77, creo que ya no existía el campo de concentración como tal. Estuvo poquito tiempo y se la llevaron.

¿María Isabel Jiménez de Soldatti? SÍ, si habla de la que fue rectora o decana de la facultad tecnológica; supe que estuvo, pero no la vi personalmente.

¿Quinteros Wenseslao? No puedo recordar bien; ese Quinteros es un policía. Lo vi en la Jefatura de Policía. Escuché que lo habían secuestrado porque tenían cuentas pendientes con Albornoz. Lo acusaban que trabajaba para el 142.

¿Vio al médico Carlos Román Apaza? No, pero supe que estaba.

¿Hugo Díaz? No me recuerdo.

¿Joaquín Ariño? No lo ví, pero supe que estaba.

¿Guillermo vargas Aignasse? No lo ví, pero escuché a la gente del SIC hablar que lo habían tenido.

¿Rodolfo Miguel? Era un muchacho santiagueño, que creo que había sido diputado y se que estuvo en la Jefatura.

¿José Eduardo Ojeda Sierra? Dos hermanos Ojeda. José estuvo en la Jefatura y Fernando en Nueva Baviera.

¿Alicia Raquel Burdisso? Me suena el nombre; ahora mismo no le podría decir.

¿Ana Cristina Corral? Supe que estuvo

¿Luís Holmquist? Supe que estuvo

¿Alicia Cerrota de Ramos? Supe que estuvo, no tengo claro el recuerdo. Hay gente que no conocía, entonces se me borran.

¿José Eduardo Ramos? Escuché, es el esposo de la anterior; sé que estuvo.

¿Luís Rojas y José Dalmiro Rojas? Estuvieron en Jefatura.

¿Romero Reyes y José Raúl Romero? Me parece que eran gente que vivía en la zona este y que estuvieron en Jefatura de Policía.

¿Berta Soldati? Supe

¿Arturo Alberto Lescano? No me puedo acordar.

¿Exequiel Matías Pereyra? Creo que era un chico de medicina y que estuvo secuestrado.

¿María Esther Silva de Visconti? No me recuerdo

¿Carmen Gómez de Giargulo? La conozco perfectamente; era como de mi familia. No la vi, pero sí en una lista, con DF al lado.

¿Héctor Hugo Gargiulo? Igual, con la DF. No los vi y nadie me lo dijo.

¿María Carmen Jaramillo? No me recuerdo.

¿Domingo Romano? Romano Benito Vicente? No.

¿Straca Otto? Me dijeron.

¿Olga Rabsium? la mataron fuera de jefatura dos días después que me trajeron a mí. Vivía con mi compañera Silvia

¿José Manuel Rodríguez? No recuerdo

¿Javier Hipólito Centurión? Me parece recordar de alguna lista. Pero no de que me lo hayan dicho.

¿José Zenon Ruiz? No

¿Jesús Molina? No

¿Víctor Elías? No

¿Raúl Elías? No.

¿Juan Carlos Chaparro? Me suena mucho, pero no puedo.

¿Juan Manuel Luna? No

¿Héctor Tula? No

¿Fidel Pacheco? No

¿Tartalo Manuel Antonio, obrero? No

¿De la cruz Juan Angel? Me suena mucha, pero no

¿Calibró Helda Leonor? No

¿Alvarez García, Julio Rolando”pampero”? Sí, se que estuvo.

¿López Ramón Francisco, López Ceferina? No

¿Marta Coronel? La vi

¿Araldi Carlos? Trajeron su cadáver a Jefatura allá por julio, agosto del ´77.

¿Diana Oesterheld? Su marido era Araldi; estuvo en Jefatura, no la vi personalmente, pero escuche sus gritos. Estaba embarazada. Me acuerdo que gente de inteligencia decía que se había intentado cortar las venas y que por suerte se había salvado.

¿María Tránsito Barrionuevo? Supe que estuvo. No recuerdo qué le paso.

¿Usted conoció a Carlos Gallardo? Lo vi.

¿Usted recuerdo a Juan Carlos Clemente? Sí. Lo vi en jefatura, como un prisionero más.

¿Graciela Bustamante? A Graciela Bustamante la vi muy mal, en un calabozo de los individuales y la vi en esa condición.

¿Ricardo Torres Correa? me dijeron que estaba en la sala adelante.

¿Ángel Garmendia? no lo vi, pero supe que estaba.

Las víctimas:

Cerafina Rosa López, Ramón Francisco López, Juan Carlos López y Marta Angela López: fueron secuestrados el 27 de febrero de 1976. Marta fue liberada luego de haber sido torturada; sus hermanos nunca aparecieron.

Hugo Alberto Díaz: el 8 de junio de 1976 fue llevado de su domicilio (Roca 370) y permanece desaparecido.

Diana Irene Oesterheld y Raúl Carlos Araldi: eran militantes de la Juventud Peronista. En diciembre de 1975 llegaron a Tucumán desde Buenos Aires. Vivían en Frías Silva 231 con su hijo Francisco. Oesterheld estaba embarazada de entre seis y ocho meses y fue detenida en julio de 1976. Francisco fue entregado por efectivos policiales la Sala Cuna, donde fue encontrado por sus abuelos paternos. Araldi es secuestrado en agosto de 1977.

Eduardo Ramos y Alicia Cerrota: en la madrugada del 1 de noviembre de 1976, militares y policías se los llevaron de su domicilio de avenida Soldati 266. Cerrota estaba embarazada y Ramos era periodista de Canal 10.

Enrique Abdón Pastor Cerezo: fue detenido el 1 de febrero de 1977, en la confitería El Buen Gusto (entonces en 9 de Julio primera cuadra).

Adriana Mitrovich, Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba, Graciela del Valle Bustamante de Argañaraz y Ricardo Torres Correa: fueron secuestrados en la vía pública el 28 y el 29 de abril de 1977. Mitrovich y Torres Correa eran esposos. Se presume que fueron fusilados en el límite con Santiago del Estero ese 6 de junio.

Carlos Ramón Apaza: fue detenido en las cercanías de Salta y Córdoba el 7 de mayo de 1977.

Rolando y Marta Coronel: en mayo de 1977, un grupo militar irrumpió en la casa que compartían padre e hija en Chacabuco 476. Marta murió producto de las torturas que padeció y Rolando sigue desaparecido.

Daniel Fontanarrosa Larraza: fue secuestrado de su casa en San Lorenzo 1.142, el 31 de mayo de 1977. Nunca se encontró su cuerpo.

Joaquín Ariño: el 3 de junio de 1977, a la madrugada, fue llevado de su domicilio en Blas Parera 252. Permanece desaparecido.

Dante Edgardo Bordón: el 7 de julio de 1977, personas de civil armadas ingresaron en su casa de Fortunata García 1.398. No se supo nada más de él.

Raúl Mauricio Lechessi: ex diputado provincial por el PJ, fue secuestrado el 17 de junio de 1976 en Próspero García y las vías del ferrocarril Belgrano, cuando viajaba en un taxi.

Angel Garmendia: militante del partido Comunista, el licenciado en química fue detenido el 21 de junio de 1977 en su casa de avenida Roca 713. Era amigo de Torres Correa.

Los represores :

Luciano Benjamín Menéndez: fue comandante del III Cuerpo del Ejército. Está acusado de violación de domicilio; privación ilegítima de la libertad con apremios; torturas; torturas seguidas de muerte; homicidio calificado y asociación ilícita agravada en los 22 casos investigados.

Antonio Domingo Bussi: ex gobernador de Tucumán, enfrenta las mismas acusaciones que Menéndez (salvo asociación ilícita), pero en 19 causas, ya que no fue indagado en las restantes por su precario estado de salud. Una vez que se cumpla ese trámite, podría ser imputado también en las restantes.

Roberto Heriberto Albornoz: el comisario (r) de la Policía (fue jefe del Servicio Informaciones Confidenciales -inteligencia- durante el primer tramo del proceso) deberá responder por 19 casos, con la misma acusación que pesa sobre Menéndez. Lo apodan "El tuerto".

Alberto Luis Cattáneo: el general (r), segundo de Bussi durante la primera parte del gobierno de facto, tendrá que responder por violación de domicilio; privación ilegítima de la libertad con apremios; torturas; homicidio calificado y asociación ilícita agravada, en seis casos.

Albino Mario Alberto Zimmermann: estuvo al frente de la Policía provincial entre 1976 y 1977. Fue imputado de violación de domicilio; privación ilegítima de la libertad con apremios; torturas; torturas seguidas de muerte; homicidio calificado respecto de cuatro víctimas.

Luis Armando de Cándido: está jubilado de la Policía provincial, y fue acusado por secuestro de dos personas; violación de domicilio; privación ilegítima de la libertad con apremios; torturas; torturas seguidas de muerte; homicidio calificado; usurpación de la propiedad de Chacabuco 476 y asociación ilícita agravada.

Carlos de Cándido: hermano de Luis y también ex policía. Fue imputado de usurpación de la casa de Jujuy 1.062 y de encubrimiento.

Un ex agente recnoció el funcionamiento de áreas secretas

Miércoles, 24 de Febrero de 2010 21:08    por Contrapunto - De Igual A Igual El ex agente del Departamento de Informaciones Policiales (DPI) durante 1976 y 1977, Miguel Angel Chuchuy Linares, aseguró en la quinta jornada del histórico juicio contra los represores, que en la ex Jefatura de Policía funcionó un área restringida. Negó que se hayan confeccionado listas negras desde su área pero admitió que en el D2 se hacían informes de personas públicas. “Mientras me mantenga lejos de los militares, mejor. Ellos sabrán lo que han hecho”. Siga Leyendo

Silvia Frías de Díaz

"Quienes han pasado por esto, que declaren"

Derechos Humanos - Diario del Juicio

Miércoles, 24 de Febrero de 2010 20:15

Silvia Frías de Díaz narró lo vivido la madrugada en la que fue secuestrado su marido, el odontólogo Hugo Díaz. La testigo explicó que le pidió ayuda al militar retirado Alberto Cerúsico, quien no le dio esperanzas de  volver a ver a su marido, cuando le dijo:"flaca, estás sola para criar a tu hija y no digas que te lo dije porque lo voy a negar’”, tal como testificó en la quinta jornada del histórico juicio. A la prensa la testigo manifestó la importancia de brindar declaración en este juicio y solicitó que lo hagan todos aquellos que pasaron por lo mismo que ella. Cerúsico manifestó no  saber nada de Díaz. "Cerúsico en su grado como capitán había llegado a tener la información de que Díaz no estaba más", interpretó el abogado querellante Lobo Bugeau. Para Cerúsico, no hubo una guerra. Laura figueroa expresó a los medios de prensa su satisfacción por la declaración de su testigo, Silvia Frías.  por Prensa Contrapunto - De Igual A Igual

Tucumán : los imputados no podrán volver a interrogar a testigos

por Prensa Contrapunto - De Igual a Igual

El Tribunal Oral Federal hizo lugar a un pedido de los organismos de Derechos Humanos, que habían manifestado que “es absolutamente inadmisible y gravísimo que los victimarios intenten amedrentar y provocar a las victimas” a través de las preguntas directas. Por eso, dispuso “que en lo sucesivo los imputados reconduzcan las preguntas a los testigos a través de los abogados defensores en el carácter de legítimos representantes tutelares de los acusados”. Además, “reconoce a los imputados la posibilidad de efectuar las declaraciones que consideren oportunas siempre que se refieran a su defensa, (que) podrán realizarse una vez que se retiren de la sala de audiencia los testigos que prestaron declaración en tal carácter, en tanto de ese modo se equilibran los derechos que se reconocen a las partes en los procesos penales”.

En la jornada del jueves pasado, el represor Antonio Domingo Bussi interpeló al testigo Horacio Pérez, a quién preguntó diversas cosas intentando adjudicarle la categoría de “detenido de privilegio”. Esto generó el rechazo de los organismos de Derechos Humanos, quiénes rechazaron la decisión del Tribunal Oral Federal de permitir a los imputados por delitos de lesa humanidad interrogar directamente a los testigos que fueron también víctimas del Terrorismo de Estado. "Consideramos que esta situación es inadmisible ya que la mayoría de los testigos de estos procesos tienen un doble carácter al ser también víctimas de estos aberrantes delitos", afirmaron.
Por esta razón, el TOF leyó hoy una resolución en la se advierte “que el testigo Apaza y otros que comparecerán a este juicio revisten a su vez el carácter de presuntas víctimas. Esta circunstancia requiere un tratamiento procesal particularizado en la medida en que se repara en las características propias de las causas en juzgamiento -se ventilan presuntos delitos de lesa humanidad-, especialmente cuando se trata de testimonios que constituyen materia de prueba para arribar a un veredicto”.
El TOF tuvo presente la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, que exige “adecuar los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas en tanto el sentido de estos principios es impedir la “revictimización” de personas que sufrieron graves lesiones a sus derechos, entre las que se encuentran las víctimas del accionar estatal”.

En torno a esta cuestión, el Tribunal entendió “razonable, a los fines de lograr un equilibrio en el concreto ejercicio de los derechos de las partes, que el derecho de defensa en juicio se garantice a través del otorgamiento a los imputados de la posibilidad de reconducir las preguntas a los testigos a través de los abogados defensores en el carácter de legítimos representantes tutelares de los acusados”.

Además, “reconoce a los imputados la posibilidad de efectuar las declaraciones que consideren oportunas siempre que se refieran a su defensa, (que) podrán realizarse una vez que se retiren de la sala de audiencia los testigos que prestaron declaración en tal carácter, en tanto de ese modo se equilibran los derechos que se reconocen a las partes en los procesos penales”.

"Vi a Bussi matar a garrotazos a dos personas”

“A mí me hacían sacar la nafta y el gasoil en bidones para la quema de los "fiambres"     Derechos Humanos - Diario del Juicio

Martes, 23 de Febrero de 2010 13:31 Esta mañana declaró el ex conscripto Domingo Jerez, en el marco del Juicio por la Ex Jefatura de Policía. Jerez narró que tuvo como misión mezclar la nafta y el gasoil en un bidón para quemar los cuerpos de las víctimas de la última dictadura en el monte tucumano. El crudo relato de Jerez explicaba que: “A mí me hacían sacar la nafta y el gasoil en bidones para la quema de los "fiambres", así le llamaban a los cuerpos. Si no lo hacíamos, nos mataban y pasábamos por guerrilleros”. En su relato más relevante aseguró que vio al represor Antonio Domingo Bussi asesinar detenidos: “Bussi siempre andaba por los centros clandestinos y una vez lo ví matar a dos hombres a garrotazos en Timbó Viejo”, sentenció. El testigo, propuesto por la abogada querellante Laura Figueroa, precisó que ingresó al Servicio Militar Obligatorio en 1976 en el Regimiento 19 de Infantería y que allí permaneció durante 16 meses.   Audio con el testimonio de Jerez donde testifica que vio a Bussi asesinar presos. Además el testimonio de Francisco Apaza, de 91 años, padre de Carlos Apaza, desaparecido el 7 de mayo de 1977.   Jerez - Audio

Tribunal de Tucumán deja que genocidas interroguen a sobrevivientes

Comunicado de prensa

 

Los Organismos de Derechos Humanos de Tucumán queremos hacer conocer a la opinión pública tucumana nuestro parecer respecto de la situación vivida por testigos de las querellas en el Juicio que se lleva adelante por la megacausa "Jefatura de Policia", que investiga los crímenes cometidos en ese Centro Clandestino de Detención.

Nos encontramos con EL ÚNICO tribunal del país que permite que los imputados -los genocidas- interroguen directamente a testigos sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención.

Consideramos que esta situación es inadmisible ya que la mayoría de  los testigos de estos procesos tienen un doble carácter al ser también VICTIMAS de estos aberrantes delitos. Tanto los familiares que presenciaron los secuestros de sus seres queridos, como los que sufrieron la desaparición, aún sin ser testigos directos de los hechos, se encuentran absolutamente afectados por lo vivido. Esta situación se ve profundamente agravada en el caso de los SOBREVIVIENTES del horror, a los que se expone a una revictimización debiendo enfrentarse a sus propios verdúgos y aceptar sus preguntas intimidatorias y provocadoras. Tal es el caso de lo vivido el día jueves en el Tribunal Oral Federal Nº1 de Tucumán.

Nos encontramos ante delitos que por su especialidad, requieren de parte de sus juzgadores, una actitud de especial cuidado y respeto en su tratamiento. Esto por cuanto se trata de violaciones masivas a los derechos Humanos cometidas desde el Estado con la suma del poder público. Este tratamiento especial, no significa de manera alguna menoscabar el derecho de los imputados a ejercer plenamente su defensa, pero a través de sus abogados, y no buscando amedrentar con sus preguntas a quienes tienen el valor de relatar los horrores vividos durante el Terrorismo de Estado.

La necesidad de preservar a víctimas, familiares y sobrevivientes de delitos de lesa humanidad, y de darles un tratamiento diferenciado respecto de las víctimas de delitos comunes, fue reconocido internacionalmente en numerosas oportunidades, e inclusive la Organizacion de las Naciones Unidas emitio la "Declaración sobre principios fundamentales de justicia para victimas de delitos y del abuso del poder", adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 40/34 del 29 de Noviembre de 1985.

Los imputados tiene garantizada su legítima defensa a través de sus defensores técnicos, no existiendo necesidad de que deban hacer uso de su defensa material. Se da una restriccion menor en el ejercicio de su defensa, en pro de los derechos de las victimas. Psicológicamente que una victima deba soportar las preguntas intimidatorias de sus verdugos es GRAVISIMO.

Hemos sostenido desde siempre la necesidad de que estos procesos se desarrollen con normalidad y pleno respeto de los derechos y garantías de AMBAS PARTES, nuestra posición no se ha modificado.

Desde siempre insistimos en que no deben exponerse a las victimas-testigos del genocidio, que brindan su voz, su memoria y su valor en estos procesos a lo largo y ancho del pais. Insistimos en la necesidad de unificar causas para así no exponer a los testigos a reeditar una y otra vez el horror vivido. Y esta vez insistimos en que es absolutamente inadmisible y gravisimo que los victimarios intenten amedrentar y provocar a las victimas. Y seguiremos insistiendo toda vez que se continúe revictimizando a los sobrevivientes.

A 41 meses de la desaparición del testigo Jorge Julio López, seguimos exigiendo Justicia y cárcel común perpetua y efectiva para todos los genocidas.

 

H.I.J.O.S. Tucumán

(Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

FA.DE.TUC.

(Familiares de Desaparecidos de Tucumán)

A.T.C.I.

(Asociación Tucumana Contra la Impunidad)

A.N.D.H.E.S.

(Abogados y Abogadas del Norte Argentino por los Derechos Humanos y Estudios Sociales)

Asociación Madres de Plaza de Mayo Filial Tucumán

Asociación de Ex Presos Politicos de Tucumán

“En el ’75, el Ejército tenía el plan del golpe de Estado aprobado por Kissinger”

por Sebastián Lorenzo Pisarello l CONTRAPUNTO - De Igual a Igual

La experta en Derecho Militar, Mirta Mántaras, brindó un testimonio excepcional, donde explicó por qué los militares no pueden justificar su accionar genocida en los decretos presidenciales de Isabel Martínez de Perón; añadió, además, que el del ´76 fue un golpe cívico – militar, que la guerrilla era un grupo muy reducido y que el objetivo de las fuerzas armadas era un cambio radical esencialmente económico, esencialmente político. Al mismo tiempo, detalló que el plan del Ejército fue elaborado durante el año ´75 y tiró por la borda la teoría de los dos demonios. Una declaración pedagógica y técnicamente perfecta, que dejó callado al mismísimo represor Antonio Domingo Bussi.

“El gobierno democrático (de Isabel Martínez de Perón) estaba muy jaqueado, por una parte por la triple AAA –Alianza Anticomunista Argentina-, que funcionó como un elemento muy desestabilizador; también sufría una fuerte presión de la asamblea de empresarios, dirigida por Martínez de Hoz, que hicieron numerosos lock out (paros patronales). Había otro factor, que era la guerrilla, pero que no tenía la entidad suficiente para significar un problema. Sin embargo, a través del decreto 261/75, el gobierno dio poder a las FFAA para participar de la represión de la subversión, pero en una zona muy pequeña, que era Tucumán”, comenzó detallando Mirta Mántaras, abogada experta en Derecho Militar.
Este decreto es parte de la estrategia central de las defensas de los represores, pues afirman que actuaron, durante la última dictadura militar, como consecuencia de una orden emanada por un gobierno constitucional.
Sin embargo, la experta descartó totalmente esta posibilidad. “Referirse a los decretos podía dar la idea de una continuidad institucional. Nada más alejado en la Argentina. A Isabel de Perón la secuestraron; fue el primer secuestro importante. En segundo lugar, la presidenta jamás renunció. Al no haber renunciado nunca, la ilegalidad del golpe militar anula validez jurídica a todos los actos posteriores. Ella no renuncia, es secuestrada y les quita toda posibilidad de continuidad institucional”, indicó.
Esta orden gubernamental establecía claramente que toda la acción que se desarrollara en el marco de la lucha contra la subversión debía pasar por los jueces; como había Estado de Sitio permitía allanamientos, pero siempre había que informar a los jueces. “Según declararon los ministros de Isabel en el juicio a las juntas no se había decretado aniquilar en el sentido de eliminar, sino en el de parar la actividad”, determinó.
Entonces había una preocupación de que el patio trasero de Estados Unidos no sufra agitación social en el marco de la guerra fría. Esta postura le venía bien a los sectores poderosos, económicos, políticos; la presidenta Perón sufrió mucha presión, mucho boicot de los empresarios, desestabilización por parte de la triple A. “Por eso el golpe fue una acción cívico – militar”, manifestó Mántaras.
En este marco, se dictan los decretos que crean un Consejo de Seguridad Interno, presidido por la Presidente y sus Ministros, donde los militares eran asesores. “Pero ahí hay un corte; porque inmediatamente el consejo de seguridad interno se disolvió. Las tres fuerzas dictan sus propios planes de represión.; queda así el poder político aislado y se pasa de la faz defensiva a las operaciones ofensivas”, planteó.
La excusa de la guerrilla, para la abogada, fue sólo eso: una excusa. “Se produjo una represión que permitió cuantificar por medio de diversas formas, que la guerrilla no llegó nunca a tener más de 80 integrantes. Es importante esto, porque la magnitud de la represión comprendió batallones, unidades aereotransportable, etc.”, expresó.
Además, quedó claro que el fin de la guerrilla como tal se dio luego del fallido asalto al Monte Chingolo, donde la fuerza político – militar, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) sufrió numerosas bajas. “El 30 de enero de 1976 el general Videla dice que se ha asestado un golpe mortal a la guerrilla, que perdió capacidad operativa para actuar militarmente. ¿Qué era lo esperable entonces? Que los militares volvieran a los cuarteles; pues ya había aniquilado el enemigo”, dijo Mántaras.

Un plan sistemático

La experta brindó una serie de pruebas que demuestran que las Fuerzas Armadas tenían decidido dar el golpe de Estado desde hacía mucho tiempo. Tan es así, que elaboraron un plan del ejército durante el año ´75. “El plan es una radiografía del golpe militar, que indica detalladamente como debía actuar cada persona. Ya en ese año tenían el plan del golpe aprobado por Kissinger (entonces Secretario de Estado de Estados Unidos)”, explicó.
La abogada manifestó que no era solamente el plan del golpe militar, sino que tenía todos los principios rectores de lo que significa “el ataque de las FFAA de un país contra su propio pueblo, el romper el reglamento de la defensa nacional, el de adherir a la lealtad de otros países, como Estado Unidos, para atacar a su propio pueblo, para matar a su gente, para torturar a las mujeres, para desaparecer a su población”.
El objetivo de ese golpe de Estado era un cambio radical esencialmente económico, esencialmente político. Entre estos, estaba la privatización de las empresas públicas, el achicamiento del Estado. Se hicieron negocios turbios, paralelos a las matanzas; de ahí salen todas las cuentas suizas. “El proyecto estaba dirigido, en primer lugar, a convencer a la población de que no le dieran crédito a quienes les planteaban la reivindicación de derecho y todo lo que significara agitación social; y en segundo lugar, que tenían clara conciencia que el problema no era la guerrilla”, planteó Mántaras.

Todos son oponentes

Este plan del ejército establecía la definición de lo que es el oponente. Dice allí que oponente es todo aquel que intente evitar la toma del poder por las FFAA y también todo aquel que de cualquier forma entorpezca el gobierno de las FFAA a establecer. “Vean lo amplio que es el oponente. O sea, todo aquel que no esté de acuerdo. No eran objetivos políticos, sino el objetivo eran los militantes de ciertos derechos. No era “político”. ¿Qué tenían que ver los niños con la política, los adolescentes que estaban en organizaciones secundarias?”, interpeló la defensora de los Derechos Humanos.
Para sus operaciones, contaban con el reglamento de operaciones contra elementos subversivos, que decía que “al agitador hay que eliminarlo, porque así se evita el crecimiento de esta cuestión. Pero el agitador es el militante; militantes hay en todos los partidos políticos. Nada más legal en la democracia que el militante, que el agitador, que terminaba siendo el máximo elemento de la subversión”.
Dice el reglamento que se debe incidir en la población, no en general, sino el sector social que percibe bienes que podría alcanzar (educación para sus hijos, casa para sus hijos, aumentos de sueldo, etc.), pero que si no los alcanza es debido a las políticas estatales económicas. “El reglamento dice que aquel que tiene conciencia de que esto le pasa por las políticas públicas es donde el agitador agita, creando problemas reales o supuestos; estos problemas son los que utiliza la subversión. Se amplía el concepto de subversión; ya no son solo los guerrilleros, sino también los agitadores que se dirigían a esos sectores sociales”, detalló la abogada.
La actividad en la ciudad era lo que les importaba a los militares en esta experiencia piloto que se implementó en Tucumán a partir del ´75 cargada de acción sicológica; “la propaganda estaba dirigida a determinados sectores bien clasificados. Esa propaganda era, junto a la inteligencia militar, las armas más importantes para ir certeramente al objetivo”, explicó Mántaras.

Ni obediencia debida…

Consultada acerca de la posibilidad de los militares de ampararse en la obediencia debida, lo rechaza sin atenuantes. “Cae por una cuestión técnica militar. La orden de servicio nunca puede ser ilícita. Porque la estructura de las FFAA es netamente legal y tiene que adecuarse a la constitución en todos sus aspectos y subordinarse a las instituciones civiles en todas sus medidas. Tiene que haber legitimidad en la orden, proveniente de los superiores; y esa orden tiene que ser lícita”, explicó.
Así, la abogada dejó en claro que los militares no podían aceptar una orden que iba en contra de las leyes vigentes.

Tucumán : continúa juicio represores por genocidio.

Benjamín Menéndez habló de "inconstitucionalidad"

El ex jefe del III Cuerpo del Ejército se negó a declarar y sólo leyó un documento en el que aseguró que no puede ser juzgado y que el Tribunal en lo Criminal Federal de Tucumán no es competente.

No declaró. Luciano Benjamín Menéndez no aceptó preguntas y sólo se limitó a leer un documento desde una sala contigua a la de la audiencia. Dijo que el Tribunal es imcompetente y que sus subordinados -algunos de ellos detenidos- no son responsables de nada.

En la misma sintonía que el represor Antonio Bussi, el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez defendió este jueves el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar e insistió en que son “inconstitucionales” los juicios que se le siguen a él y a otros represores por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.

"Me niego a declarar porque estos juicios son inconstitucionales. La Constitución señala con toda claridad, en su artículo 18, que ningún habitante puede ser juzgado por comisiones especiales ni sacado de sus jueces naturales”, aseveró Menéndez durante la tercera audiencia del proceso que se realiza en Tucumán por 17 desapariciones en el centro clandestino que funcionó en la ex jefatura de la Policía tucumana.

El miércoles, Bussi había calificado de “epopeya” el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas durante la década del 70. "Agotaré hasta el último de mis esfuerzos para contribuir a la verdad histórica, hoy distorsionada, manejada y agraviada para satisfacer mezquinos intereses que no se ajustan a la realidad que vivieron Tucumán y la Argentina en los años 70”, aseveró el ex gobernador tucumano.

En este sentido, Menéndez señaló que “cuando la subversión marxista inició el asalto armado contra la patria estaba vigente la Ley 14.029 (Código de Justicia Militar), que designaba como mi juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Por tanto, este tribunal que me juzga hoy (el Tribunal en lo Criminal Federal de Tucumán) es incompetente para hacerlo”.

Como lo viene haciendo en todos los juicios en los que está imputado, Menéndez manifestó a través de la lectura de un documento desde una sala contigua a la que se desarrolla el juicio que "a esa Ley 14.029 nos ajustamos las fuerzas legales para enfrentar al terrorismo marxismo, sin apartarnos de ella o de lo que los reglamentos nos exigían, sin cometer delito alguno. Sólo con esa ley debe juzgarse eventualmente nuestra acción contra la guerra antisubversiva”.

Asimismo, el ex jefe del III Cuerpo del Ejército aseveró que "por mi carácter de comandante, fui el único responsable. Por eso, a mis dignos subordinados de ayer no se les puede imputar nada y, menos aún, privárselos de la libertad. Algunos de ellos hoy están aquí, presos”. Y añadió: “este es el primer país en el que sus compatriotas juzgan a los soldados victoriosos que lucharon por y para ellos”.

En la causa también están imputados –además de Antonio Bussi-, Albino Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo, además de los ex policías Roberto "El tuerto” Albornoz, y los hermanos Luis y Carlos de Cándido.