domingo, 26 de diciembre de 2010

La sentencia de Córdoba echó luz sobre la complicidad de jueces y religiosos

“El juicio trajo algo de paz”

“Hasta tres días de tortura no son pecado si sirven para salvar vidas”, decían los curas de la UP 1, según el testimonio de Fermín Rivera, el primero que denunció los fusilamientos de presos políticos en Córdoba.
Por Martín Notarfrancesco, Pablo Luro y Waldo Cebrero

La sentencia del juicio a Videla repara no sólo a las víctimas y sus familiares. El Estado asume sus culpas y consagra la voz de los sobrevivientes. Ese relato oral que perduró en el tiempo para dar testimonio de la atrocidad encuentra su reivindicación en un fallo que otorga valor a sus voces.

A días de aquella jornada, distintos actores de este proceso analizan el desarrollo del juicio y las conclusiones del tribunal. La sensación de tarea cumplida se entremezcla con los nuevos horizontes y lo que falta. Las complicidades reflotadas a lo largo del debate marcan el rumbo para seguir profundizando el camino de justicia. La Iglesia Católica y la Justicia federal quedaron muy comprometidas. La causa “de los magistrados”, abierta en contra de los funcionarios judiciales de entonces, acusados de no investigar los crímenes denunciados por los presos políticos, ya pide pista.

Los primeros en denunciar

Con 34 años de espera en los hombros, Fermín Rivera, autor de la denuncia que dio origen a esta causa, se siente “satisfecho de que hayan sido condenados algunos de los máximos responsables, pero también de que se pueda conocer la verdad tras décadas de querer ocultarla”. Fermín Rivera es un ex preso de la UP 1 que denunció, mientras estaba preso en Rawson, los fusilamientos de los presos políticos. Los detenidos políticos tenían el compromiso de denunciar lo que vivían en la cárcel, y él intentó hacerlo ante los jueces Eudoro Vázquez Cuestas y Adolfo Zamboni Ledesma, que le tomaron declaración maniatado y apuntado por fusiles militares que lo custodiaban. Durante el juicio, Rivera denunció la actuación de los capellanes del penal Eduardo McKinnon y Sabas Gallardo, quienes justificaban que “hasta tres días de tortura no son pecado si sirven para salvar vidas”. “Pero también consideró que fueron juzgados sólo algunos de los ejecutores de los crímenes. Faltan los hombres cómplices de la Justicia, de la Iglesia y los que se beneficiaron económicamente. Ninguno de los crímenes se podría haber cometido sin las complicidades. Este puede también ser un primer paso”, concluye Rivera.

“Ahora que los policías que me torturaron están presos, pienso en volver a vivir a la Argentina, porque siento que el país es otro muy distinto al de antes”, adelantó el ex policía Luis Urquiza, abrazado a sus dos hijas, nacidas en Dinamarca. Urquiza es ex policía y el único querellante de la causa “Gontero”, donde se investigó la participación de la policía de Córdoba en la estructura represiva que comandó Luciano Benjamín Menéndez. En los ‘90 decidió volver del exilio, pero en 1997 tuvo que escapar nuevamente tras recibir amenazas de Carlos Yanicelli, uno de sus torturadores, que fue director de Inteligencia de la policía durante los gobiernos de Eduardo César Angeloz y Ramón Bautista Mestre. Urquiza denunció durante el juicio que el por entonces ministro de Asuntos Institucionales de la provincia, Oscar Aguad, apadrinó a más de cien represores del D2 en la policía, entre ellos a Carlos Yanicelli, un hombre de su confianza. “Aguad hoy es diputado nacional del radicalismo y ocupa el Concejo de la Magistratura. Moralmente debería apartarse de ese lugar”, afirma Urquiza.

“Esto que empezó hace 34 años, costó mucho dolor. Ahora puedo volver con mis hijas. Ellas también son víctimas porque nos tuvimos que ir del país, incluso en democracia, por falta de voluntad política del gobierno radical de entonces”, concluye.

Héctor Fransicetti vivió desde adentro de la UP 1 el período represivo que terminó con los fusilamientos. Desde su lugar de víctima y testigo afirmó que para ellos este juicio fue un resarcimiento. “Estamos conformes en un porcentaje importante porque la mayoría de los asesinos de los compañeros están ahora condenados”, dijo emocionado en la puerta de los tribunales, a minutos de haber escuchado la sentencia.

Algo de paz

Rosario Rodríguez fue la compañera de vida de Pablo Alberto Balustra, delegado sindical de Obras Sanitarias y militante montonero que fue asesinado el 11 de octubre de 1976. Como familiar de una víctima, dio ante el tribunal uno de los testimonios más sentidos, que sirvió para comprender la magnitud de los crímenes. “Me siento muy feliz de haber vivido este momento. Fueron muchos años de sufrimiento para nosotros, los familiares. Las colas frente a la cárcel, y las giras por los hospitales para saber dónde estaban los cuerpos de nuestros muertos, son recuerdos muy duros y ahora podemos decir que, aunque no nos devuelve a los familiares, el juicio trajo algo de paz”, dirá Rosario horas después, ya en los festejos.

“Yo no lo tengo a mi hermano y era vital en la vida de la familia”, dijo Miriam Funes, hermana de José Cristian, “El Diablito”, fusilado el 30 de junio de 1976. Sus palabras expresaron el vacío que lleva adentro hace tres décadas. Si bien valoró la llegada de este juicio, también dejó claro que “nunca ningún juicio ni ninguna sentencia me van a conformar”.

Un largo camino

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, llegó hasta Córdoba para seguir las últimas dos audiencias del juicio. Luego de escuchar el veredicto, dijo que hace décadas esperó por este día. “Hace casi treinta años nos presentamos como querellantes junto con María Elba Martínez, pero después vinieron las leyes de la impunidad. Recién con este gobierno se pudo comenzar a juzgarlos y por eso es tan importante que podamos estar en este día histórico.” También valoró el derecho a defensa que se le respetó a cada uno de los imputados. Al respecto, dijo que “esto habla de la dignidad de un pueblo y una Justicia. Estoy seguro de que sobre la impunidad no se puede construir una democracia”.

Carolina Scotto, rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, estuvo presente, como en cada una de las sentencias que se dieron en Córdoba. Desde su punto de vista, estos juicios constituyen un paso adelante a favor de las generaciones de argentinos y argentinas que van a cuidar estas conquistas, como algo de lo que no se puede retroceder. “Estos juicios nos obligan a que los ciudadanos y las instituciones completemos la revisión y hagamos la recuperación de la memoria, con la valentía que hace falta para asumir el rol que nos cupo para que no volvamos a cometer viejos errores. El proceso que acaba de terminar desnudó esas responsabilidades institucionales, incluso las de omisión, que no son sanas a la verdad.”

El querellante Martín Fresneda fue de los más optimistas. Se mostró conforme con la sentencia y dijo que “sin lugar a dudas tiene una dimensión política porque interpela parte de la historia”. El abogado de H.I.J.O.S. opinó que se trata antes que nada de “un proceso penal y no un juicio político”. “Visto así –agregó–, las absoluciones hablan bien del proceso porque significa que hubo una defensa, que no se está condenando sin pruebas que certifiquen con la certeza necesaria. Por otro lado, lo valorable, más allá de las penas, es haber juzgado a los responsables.”

Mirando hacia adelante

Para el fiscal Carlos Gonella, este juicio puede generar un quiebre en la Justicia federal. Allí radica su expectativa. Afirmó que el juicio ventiló las complicidades civiles que tuvo el genocidio político. Dijo además que espera que “pueda haber una autocrítica urgente del rol que cumplieron nuestros pares de la Justicia, de los que yo me avergüenzo. Espero que esas complicidades sean analizadas en los fundamentos de la sentencia y que permitan agilizar las investigaciones a funcionarios de la Justicia durante la dictadura cívico-militar”.

Marcelo Yornet es militante de H.I.J.O.S. y su conclusión del fallo apuntó más hacia adelante. Dijo que fue todo un aprendizaje colectivo haber luchado en paz para condenar estos crímenes y ahora queda el trabajo de afianzar los verdaderos logros que dejan estos juicios, la incorporación de los derechos humanos en la vida diaria de la gente.

miércoles, 22 de diciembre de 2010

Los condenados, los absueltos, los cargos y las penas

1 Jorge Rafael Videla. Fue director del Colegio Militar, jefe del Estado Mayor del Ejército y comandante en jefe del Ejército. El 24 de marzo de 1976 encabezó, junto a Emilio Massera y Orlando Agosti, el golpe de Estado que derrocó a María Estela de Perón. Juzgado luego del retorno a la democracia cumplió sólo cinco años de prisión efectiva hasta que recibió un indulto del entonces presidente Carlos Menem. En 1998 volvió a la cárcel por una causa de robo de bebés, aunque días después se le concedió el arresto domiciliario. Hace dos años perdió aquel beneficio y fue trasladado a Campo de Mayo. Se lo consideró responsable de las torturas y homicidios de todas las víctimas de la causa UP1. Le dieron perpetua.

2 Luciano Benjamín Menéndez. Entre 1975 y 1979, fue el comandante del III Cuerpo de Ejército, con epicentro en Córdoba y presencia en diez provincias. Como tal, fue el máximo responsable de los delitos de lesa humanidad cometidos en estas jurisdicciones y de la existencia de los centros clandestinos en Cuyo y Noroeste. El propio Menéndez presidía la denominada Comunidad Informativa donde confluían las autoridades de todas las fuerzas de Defensa y Seguridad. Hasta ayer contaba con cuatro condenas a perpetua, que cumplía en el penal de Bouwer. Perpetua.

3 Vicente Meli. Fue jefe de Estado Mayor de la IV Brigada desde junio de 1976 y por lo tanto responsable en las decisiones que se tomaron en la provincia para “eliminar a la subversión”. También acusado de las torturas y homicidios de todas las víctimas de UP1, Meli cumple detención domiciliaria desde 2007. Perpetua.

4 Mauricio Carlos Poncet. Fue jefe de la División Personal (G1) de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada. Desde allí dirigió la custodia y el trato de los presos políticos. Perpetua.

5 Jorge González Navarro. Como jefe del G5 (Asuntos Civiles) de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, participó en el diseño y coordinación de la represión en Córdoba. Perpetua.

6 Raúl Eduardo Fierro, alias “El Francés”. Fue jefe del grupo de Inteligencia (G2) de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada y miembro del Estado Mayor. Algunos sobrevivientes recuerdan haberlo visto en los centros clandestinos La Perla y La Ribera. Perpetua.

7 Gustavo Adolfo Alsina. Fue uno de los jefes de las secciones de la Policía Militar. Participó de los levantamientos carapintadas de Semana Santa, beneficiándose luego con la ley de obediencia debida y con los indultos. Se lo juzgó por tormentos y por el asesinato de René Moukarzel. Perpetua.

8 Enrique Pedro Mones Ruiz. Miembro del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, donde integraba la Compañía de Comando. Se retiró con el grado de teniente coronel. Fue acusado de torturas y por el asesinato dentro del penal de Raúl Bauducco. Perpetua.

9 Miguel Angel Pérez. Miembro del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, es recordado por su testimonio autoincriminatorio en los juicios por la verdad histórica donde confesó haber asesinado a quemarropa a Bauducco en el patio de la cárcel. Perpetua.

10 Marcelo Luna, alias “Piruchín” o “Pibe Pedrota”. Fue parte de la patota del D2 y desde ahí responsable de numerosos casos de torturas y homicidios. También fue visto en el centro clandestino Chalet de Hidráulica. Perpetua.

11 Calixto Luis Flores, alias “Chato”. Hasta 1977 formó parte del personal del centro clandestino D2. Integró una de las brigadas operativas de La Ribera. El año pasado había sido absuelto en la causa Albareda. Perpetua.

12 Yamil Jabour. Policía retirado con grado de comisario mayor. Fue miembro del Comando Libertadores de América y de la patota del D2. Estaba acusado de cuatro casos de torturas y seis homicidios. Perpetua.

13 Alberto Luis Lucero, alias “Cara con Rienda” o “Chatarra”. Fue integrante de grupo calle de la patota del D2 y de la brigada operativa de Pilar. Fue visto también en el Chalet de Hidráulica. Estaba acusado por la aplicación de tormentos a diez detenidos y el asesinato de seis. Perpetua.

14 Carlos Alfredo Yanicelli, alias “Tucán”. Uno de los miembros más recordados de la patota del D2. Con la vuelta a la democracia llegó a conducir la policía provincial durante el gobierno de Ramón Mestre. Fue imputado por diez torturas y seis asesinatos. Perpetua.

15 Juan Eduardo Ramón Molina, alias “Negro”. Fue integrante de la patota de la D2 que torturó a los detenidos de la UP1 que llevaron hasta el centro para interrogarlos. Perpetua.

16 Carlos Hibar Pérez. Militar retirado, imputado por haber revistado en las filas del Regimiento de Infantería Aerotransportada II durante la dictadura. Acusado de torturar a presos políticos. Fue condenado a 14 años de prisión.

17 Juan Emilio Huber. Ex jefe de la Policía Militar 141, órgano que tomó el control de los pabellones de presos políticos en la UP1 a partir de abril de 1976. Se lo acusó por tormentos. 14 años.

18 Hermes Oscar Rodríguez, alias “Salame”. Entre 1976 y 1977 fue el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 141, además de ser un asiduo visitante de La Perla y de participar en las reuniones de oficiales en donde se decidía la suerte de los detenidos. El que culminó ayer fue el segundo juicio en su contra. 12 años.

19 Víctor Pino Cano. Fue jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, del que dependían las brigadas que participaron del traslado de los detenidos. Se lo acusó por la imposición de tormentos a todos los presos políticos de la penitenciaría y el homicidio de tres de ellos. Cumple detención domiciliaria en el country Tortugas. 12 años.

20 Fernando Martín Rocha, alias “El Tuerto” o “Dardo”. Era oficial principal en el Comando Radioeléctrico. Desde ahí participó en las torturas que sufrieron las seis víctimas de la causa Gontero. 8 años.

21 Miguel Angel Gómez, alias “Gato”. Durante la última dictadura integró el grupo de tareas que funcionó con epicentro en la D2. Los sobrevivientes del centro clandestino lo señalan como uno de los torturadores más feroces. Ya contaba con una condena a 16 años de prisión. 7 años.

22 Mirta Graciela Antón, alias “Cuca”. Señalada por los sobrevivientes del D2 como la encargada de darle el “tiro de gracia” a los policías que eran asesinados por sus propios compañeros, se convirtió ayer en la primera mujer condenada en Córdoba por delitos de lesa humanidad. 7 años.

23 José Eugenio San Julián. Durante la dictadura se desempeñó como jefe de la Región Noroeste de Gendarmería Nacional. Fue acusado de torturar a seis víctimas de la causa Gontero. 6 años.

24 Ricardo Cayetano Rocha. Fue integrante de la patota del D2. Se jubiló de la policía provincial por incapacidad, con el grado de sargento. Estaba acusado en las dos causas que integraron el juicio. Fue absuelto.

25 Osvaldo César Quiroga. Estuvo en las filas del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, donde integraba la Compañía A. Dejó constancia de puño y letra del retiro de los presos políticos Miguel Vaca Narvaja, Arnaldo Toranzo y Gustavo de Breuil, quienes luego serían asesinados. Fue absuelto.

26 Francisco Pablo D’Aloia. Integró las filas del Regimiento de Infantería Aerotransportada II. Estaba acusado de haber participado del traslado de Vaca Narvaja, Toranzo y De Breuil. Fue absuelto.

27 José Antonio Paredes. También del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, estaba acusado por tormentos. Unos días antes del inicio del juicio había sido encarcelado en la prisión de Bouwer. Fue absuelto.

28 Luis Alberto Rodríguez. Integró la patota de la D2 y se retiró de la policía con el grado de comisario mayor. Estaba acusado de imposición de tormentos a cuatro personas. Fue absuelto.

29 Gustavo Rodolfo Salgado. También formó parte de la patota del D2. Fue visto en el centro clandestino La Ribera. Se lo acusó de torturar a las seis víctimas de la causa Gontero. Fue absuelto.

30 Luis David Merlo. Llegó al juicio acusado de ser “El Moro” Merlo, un mítico represor del D2, ya muerto. Alegó que durante la instrucción de la causa se cometió un “error de identidad” entre él y el oficial principal Luis Ricardo Merlo, quien sí habría sido “El Moro”. Fue absuelto.

31 José Felipe Tavip. Médico. Fue el único civil imputado en este juicio, acusado de encubridor por haber fraguado el certificado de defunción de José René Moukarzel. Fue apartado del juicio por razones de salud.

Videla, Menéndez y otros 21 represores condenados a perpetua y otras

 23 condenas y 7 absoluciones (¿?) en el juicio por los fusilamientos de presos políticos en la UP! de Córdoba
Otro Cordobazo para Videla y Menéndez

Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 21 policías y militares fueron condenados ayer por el Tribunal Oral 1 de Córdoba y deberán cumplir sus penas en la cárcel. Miles de personas se reunieron en la puerta de tribunales para celebrar.
Por Martín Notarfrancesco

Como un reloj que de tanto en tanto detiene sus agujas en ese instante preciso. Es el momento en que un tribunal lee la sentencia que condena a un violador sistemático de derechos humanos, a un terrorista de Estado, a un genocida que lo abandona, para siempre, su mejor compañera, la impunidad. Ayer las agujas del reloj de la historia asomaron por Córdoba y detuvieron su marcha a las 17.49, cuando Jaime Díaz Gavier, presidente del TOF 1, le dijo de frente a Jorge Rafael Videla que estaba condenado a la pena de prisión perpetua y que, además, la debe cumplir en una cárcel común. Luciano Benjamín Menéndez y otros 21 policías y militares también fueron encontrados culpables.

Sol de diciembre y calor mediterráneo. El día arrancó agradable. La intensidad y la temperatura fueron subiendo de la mano de un termómetro que rozó los 35 grados. Sólo faltaba la última palabra de Menéndez, que pidió cerrar la ronda. Los otros 28 imputados pudieron hacerlo el martes. A las 11 de la mañana arrancó la última audiencia del juicio. Luego de la intervención del Cachorro (ver página 4), el tribunal pasó a deliberar, anunciando que el veredicto se leería a las cinco de la tarde.
Un megajuicio

El juicio comenzó el 2 de julio y fue la primera megacausa de Córdoba. Los antecedentes locales se remontan a julio de 2008 y diciembre de 2009, cuando se condenó a Menéndez y otros siete torturadores del centro clandestino La Perla y cinco ex policías del D2, respectivamente.

El juicio que culminó ayer agrupó dos causas: los fusilamientos de 31 presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 –UP1– que fueron asesinados entre abril y octubre de 1976, y el expediente “Gontero”, que esclareció las torturas sufridas por cinco ex policías y el hermano de uno de ellos, el mismo año. En total, el banquillo de acusados albergó a 31 imputados (uno fue apartado por razones de salud). Fueron 63 audiencias, 110 testigos y 34 años de espera. A lo largo de estos años, la causa por el fusilamiento de los ex presos políticos se convirtió en la causa maldita. Pocos confiaban en que pudiese llegar a juicio un expediente que involucraba a la Iglesia Católica y a la misma Justicia federal, que tenía a su disposición a la mayoría de quienes resultaron acribillados.

Existe otra parte de esta causa que no ingresó en este juicio. Es justamente el tramo que involucra a los funcionarios judiciales de entonces. Jueces, fiscales, defensores oficiales y secretarios que permitieron, con acciones y omisiones, que todo suceda. El trámite está a cargo del juez riojano Daniel Herrera Piedrabuena y constituye una puja, por ahora irresuelta.

En el fallo de ayer, el tribunal hizo equilibrio entre los pedidos de la fiscalía y las querellas. Videla, Menéndez y la cadena de mandos inmediata recibieron perpetuas. Lo mismo que el núcleo duro que operó en el D2 de la policía provincial. En líneas generales el clima fue de satisfacción. Pudo verse a muchos ex presos fundirse en abrazos eternos con sus compañeros de celda. Era la primera condena que recibía Videla luego del Juicio a las Juntas.

La mayor sorpresa estuvo en las absoluciones, siete en total. Nadie esperaba tantas y mucho menos que una recayera sobre Osvaldo César Quiroga, un veterano de Malvinas que en 1976 integró una de las secciones del Regimiento de Infantería Aerotransportada II de Córdoba. En cumplimiento de una orden, el 12 de agosto de 1976 retiró a cuatro detenidos de la UP1. Los trasladó atados unos a otros, vendados los ojos y en el piso de un camión. Luego de una parada intermedia, fusilaron a Hugo Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y Gustavo De Breuil. El cuarto era Eduardo De Breuil, hermano de Gustavo, a quien le hicieron ver los cuerpos rematados y lo regresaron a la cárcel. En su testimonio recordó que el oficial a cargo del operativo siempre fue el mismo. Quiroga dejó asentada su firma y se responsabilizó de sacar a estos detenidos. Por esta razón nadie comprendió la absolución y tanto la fiscalía como las querellas se mostraron disconformes en este punto, lo que hace presumir un planteo ante la Cámara de Casación.
Las calles

A partir de las tres de la tarde, organizaciones sociales, políticas, juveniles, sindicatos, murgas y ciudadanos de a pie se fueron arrimando al edificio de los tribunales federales. La convocatoria de los organismos de derechos humanos reunió cerca de mil personas, estimaron desde la Policía Federal. Poco antes de las cinco de la tarde se abrieron las puertas para que algunos ingresaran a colmar la sala de audiencias. El Premio Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel, la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y el intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, encabezaban la platea de personalidades presentes. El resto lo siguió por los parlantes y pantallas en la vereda, transpirando la gota gorda.

El tribunal marcó el criterio de revocar todas las prisiones domiciliarias y en los casos de enfermedad ordenó que una junta médica diagnosticara si el paciente puede cumplir la pena en la cárcel. En esta situación se encuentra Menéndez, entre otros.

Después de 34 años Videla sigue esmerado en mostrarse igual. Pero tal vez en algún rincón de su interior se encuentre con ese pasado que vuelve. Ahora, a su celda.

Perpetua para Videla y Menéndez

martes, 21 de diciembre de 2010

Jorge Rafael Videla hizo su alegato reivindicando sus crímenes

El dictador volvió a reivindicar sus crímenes

En el juicio por el fusilamiento de 31 presos políticos de la UP1, Jorge Rafael Videla habló sin arrepentimientos y dijo que “los enemigos de ayer están hoy en el poder” e “intentan establecer un régimen marxista”. Esta tarde se conocerán las sentencias.
por Waldo Cebrero

Desde Córdoba

“Los enemigos de ayer están hoy en el poder y desde él intentan establecer un régimen marxista, a la manera de Gramsci, que puede estar satisfecho de sus alumnos”, dijo el dictador. Sentado en la primera fila del banquillo de acusados, Jorge Videla ofrecía la imagen de un anciano achacado, con el cuerpo doblado por los años. En el juicio que enfrenta desde hace seis meses y que hoy llega a su fin, se lo vio dormitarse sobre el hombro de Luciano Benjamín Menéndez, también imputado junto a otros 28 represores. Pero cuando habló, como lo hizo ayer ante el Tribunal Oral Federal 1, su cuerpo adquirió la posición rígida y marcial de otros tiempos, y de su voz afloró el tono castrense y amenazante, con el que volvió a reivindicar los crímenes de la dictadura.

Videla habló por cuarta vez desde que se inició el proceso, en un día plagado de expectativas por la inminente sentencia del tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba. Tras una semana de receso, la sala se volvió a colmar para escuchar las últimas palabras de los imputados, cuyo discurso inaugural lo dio el principal acusado de la causa. Afirmado sobre un atril, de cara al tribunal, Videla extendió su alegato durante 50 minutos. Volvió a hablar de “una guerra interna”, desconoció al tribunal por considerar que no son sus “jueces naturales” y sostuvo la teoría de los dos demonios, para argumentar su versión de la historia reciente y justificar los crímenes del terrorismo de Estado. “La Constitución nacional guarda luto por la República desaparecida”, dijo, para estupor de los presentes.

Como un audio calcado del Juicio a las Juntas, que acaba de cumplir 25 años, la voz de Videla repitió los mismos argumentos que usó en aquella ocasión. Como en aquel juicio histórico, también se espera que reciba la máxima pena.

Occidental y cristiano

Desde que el dictador habló por primera vez en el juicio, se mostró atento a contar su particular versión de la historia reciente, tratando de dejar un mensaje “hacia el futuro”. Esta vez, no fue la excepción: “Les quiero hablar a los jóvenes, que están manipulados por una propaganda artera, que desvirtúa nuestro pasado”, dijo el represor, que olvidó mencionar en su relato de la historia los fusilamientos sistemáticos de los presos políticos, los centros clandestinos, el robo de bebés y la sucesión de delitos económicos. “No fue una guerra sucia –repitió Videla–, sino una guerra justa en la que salvamos al país de ‘los jóvenes idealistas’ que quisieron imponer una cultura ajena a nuestro tradicional estilo de vida, occidental y cristiano.”

El dictador Videla aseguró además que en febrero de 1976 se reunió con el entonces titular de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín, y que durante ese encuentro el dirigente le preguntó si las Fuerzas Armadas iban a intervenir “cuanto antes” para evitar “una larga agonía a la República”. “Inteligentemente, el señor Balbín supo interpretar mis silencios”, remató, sugiriendo que Balbín estaba enterado de lo que vendría.

El edificio en el que se desarrolla el juicio está enclavado en plena ciudad universitaria de la capital cordobesa. Buena parte de los que asistieron a las audiencias fueron estudiantes, que escucharon a más de 80 sobrevivientes de la UP1 relatar la crueldad que reinó en la cárcel desde que el Ejército asumió su control. De ese relato unánime también surgió que las responsabilidades militares en los crímenes fueron compartidas por los funcionarios de la Justicia Federal, que tenía su cargo a los detenidos, por la Iglesia y gran parte de la clase política de Córdoba.

Junto a Videla, una docena de imputados hizo uso del derecho a la última palabra. Como habían acordado entre los acusados, Luciano Benjamín Menéndez cerrará hoy por la mañana la ronda de intervenciones, previo a que el tribunal dicte la sentencia, hacia las cinco de la tarde. Para participar de las últimas audiencias del juicio, llegó a Córdoba el abogado y Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que además es uno de los primeros querellantes de la causa UP1, junto con la doctora María Elba Martínez, representante del Serpaj en Córdoba. Tras escuchar a los imputados, Pérez Esquivel repudió los dichos del dictador y recordó que “antes de que este gobierno anulara las leyes de impunidad, había que acudir los tribunales internacionales para buscar justicia. Este juicio que condena a Videla –concluyó– es emblemático a escala mundial”. Hoy por la tarde, cuando el tribunal comience a leer las condenas, se cerrará un proceso que se inició con la vuelta a la democracia y que pone a Jorge Rafael Videla en el lugar que viene esquivando desde hace 25 años.

miércoles, 8 de diciembre de 2010

Los insultantes alegatos de las defensas


Se reanudó el juicio oral en Córdoba contra Jorge Rafael Videla y continuaron los alegatos de las defensas. Declararon los abogados de Carlos Yanicelli, Fernando Rocha, Calixto Luis Flores, Ricardo Cayetano Rocha, Gustavo Salgado, Gustavo Alsina y Mauricio Poncet. 
Pidieron sus absoluciones en función de negar que se trate de delitos de Lesa humanidad, y que por ende, en caso que hubiera habido delitos, están prescriptos

“Pido la prescripción penal por el transcurso del tiempo, por ausencia de declaración del delito de lesa humanidad previo, por haber sido llamados a declaraciones indagatorias siendo un delito sujeto a un delito común y no haber sido declarado expresamente como delito de lesa humanidad. Corresponde la prescripción por el transcurso del tiempo.”
Asimismo se solicitó la inconstitucionalidad de todos los actos procesales y que se rechazara las pruebas testimoniales “Hay una orfandad probatoria en esta causa.” Otra de las perlas que se lanzaron en el alegato fue :  “En Nuremberg no se sentó en el banquillos a los que tiraron la bomba atómica sobre Hiroshima”.
Por último, aducen una vulneración a la Constitución para defender a quiénes suspendieron la misma para desarrollar el plan de terrorismo de estado

sábado, 4 de diciembre de 2010

Alegatos de la fiscalía


"Si Primatesta estuviera vivo, estaría aquí sentado"
Alexis Oliva (PRENSARED)

El fiscal Carlos Gonella cuestionó duramente el rol de las instituciones "con alta representatividad social" que fueron "cómplices" del brazo ejecutor militar del terrorismo de Estado, entre ellos la Iglesia Católica y la propia Justicia Federal. "Si hubieran cumplido con el juramento de defender la ley al asumir como magistrados, quizás nosotros no estaríamos acá", reprochó.

En la continuación de los alegatos del Ministerio Público Fiscal en el juicio a Jorge Rafael Videla y otros 30 represores por los fusilamientos de 31 pesos políticos de Córdoba durante 1976, el fiscal general Carlos Gonella cuestionó duramente el rol del Poder Judicial y la Iglesia Católica durante la dictadura militar, al establecer “la complicidad de la sociedad civil, de sectores con alta representatividad social que también tuvieron responsabilidad (…), poderes fácticos que utilizaron a las Fuerzas Armadas para mediante el terrorismo de Estado para desplazar a amplios sectores del pueblo de la vida social”.

Al contextualizar y caracterizar el terrorismo de Estado desplegado durante la dictadura militar, explicó:

“Era una época difícil, en la que sectores de la juventud veían a la violencia como un método de lucha política, pero también había otros sectores que no, pero que pensaban de una forma similar. Era una época compleja. Pero barrieron con todo, con los jóvenes que creían en la violencia y los otros también. Fueron eliminados. Fue una visión totalitaria, destruir al otro, cargarle un mote y destruirlo. Lo que pasó con esta causa es un ejemplo. Qué necesidad tenían de eliminar a estas personas si ya los tenían recluidos en un establecimiento penitenciario. Era destruir a esas personas para demostrar que querían destruir a un grupo disidente. Esto no difiere del nazismo y el estalinismo”.

Respecto a la responsabilidad de los funcionarios de la Justicia Federal al momento de los hechos, dijo:

“En este juicio ha quedado acreditado cómo magistrados y funcionarios de la Justicia de entonces han tenido una actitud cómplice. Un abordaje serio no puede dejar de lado la conducta que tuvieron. Si hubieran cumplido con el juramento de defender la ley al asumir como magistrados quizás nosotros no estaríamos acá. Se hubieran juzgado los primeros hechos de esta masacre pero no hubiera ocurrido nada más. Ustedes recién ahora pueden decir la verdad sobre lo que ocurrió en aquel entonces, porque en aquel entonces se ocultó. Es una paradoja judicial. Acá se trata de terrorismo de Estado, de cómo el Estado se fagocitó la vida de 28 personas que estaban a disposición de la justicia y el Poder Ejecutivo Nacional, con la participación individuos a cargo del poder ejecutivo en forma espuria y la complicidad de los funcionarios de la Justicia. (…) Un testigo de esta causa, Héctor Jerónimo López, fue procesado por denunciar las torturas a que fue sometido. (…) Con el tiempo, terminó recurriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en un dictamen sobre el caso dice: “El terrorismo de Estado en Córdoba contó con la complicidad del Poder Judicial, a través del Juzgado Federal N°1, con el juez Adolfo Zamboni Ledesma y el secretario Carlos Otero Álvarez”. No lo digo yo, lo dice la Corte interamericana de Derechos Humanos”.

En relación a la Iglesia Católica, el fiscal Gonella expresó:

“También existió complicidad de los representantes de la Iglesia. (…) Hay constancias en esta causa de que (el entonces arzobispo de Córdoba y titular del Episcopado argentino) Raúl Primatesta intervino para gestionar un alivio a los presos, lo cual derivó en que algunos pudieran recibir visitas en Navidad. Pero también se han dicho acá otras cosas. La testigo María Cristina Tobares, refugiada en el ACNUR en Brasil, dijo que monseñor (Paulo Evaristo) Arns (arzobispo de San Pablo) les prestaba refugio, y él les dijo que Primatesta les pedía información sobre los refugiados políticos acá y le reprochaba que prestara las instituciones del Arzobispado de San Pablo para refugiar a subversivos exiliados de la Argentina. Arns los llamó y les dijo que si pensaban volver a Córdoba no lo hicieran porque su vida corría peligro. (…) El libro del periodista Horacio Verbitsky, La mano izquierda de Dios, cita una frase de Primatesta en Nochebuena del 75: ‘Dios va a defender su creación, va a defender el hombre. La mano izquierda de dios es paternal, pero puede ser pesada’. Si no es la ‘mano izquierda’ la orden de Menéndez de reprimir ‘por izquierda’... (…) Si Primatesta estuviera vivo, estaría aquí sentado, no tengo dudas”.

Claramente, se refería al banquillo de los acusados.

Causa Gontero

A continuación, el fiscal Gonella desarrolló la acusación de la causa Menéndez o Gontero, en la que se investigan los secuestros y torturas de seis policías –y al hermano de uno de ellos- acusados de “infiltrados” de las organizaciones guerrilleras: Luis Alberto Urquiza, José María Argüello, Raúl Urzagasti Matorras, Carlos Arnau Zuñiga, Horacio y Oscar Samamé, todos sobrevivientes de su odisea.

“El motivo que llevó a estas seis víctimas a su calvario represivo, fue el de ser tres de ellos estudiantes universitarios. Lo que dio origen al mote de subversivos fue el haber sido estudiantes universitarios”, expresó el fiscal.

Tras describir la persecución ideológica y las circunstancias ilegales de detención y apremios ilegales a los que fueron sometidos en el D2 por sus propios camaradas de armas, Gonella dio por acreditada la “participación responsable” de los acusados.

Además, se refirió a la continuidad dentro de la fuerza policial de algunos de los represores policiales, principalmente el caso de Carlos “Tucán” Yanicelli, quien llegó a integrar el alto mando de la Policía de Córdoba: “El terrorismo de Estado penetró en los procesos democráticos, en este caso cordobés, permitiendo que estas personas acusadas de delitos imprescriptibles ocuparan cargos en una institución encargada cuidar la vida y los bienes de las personas”.

Acto seguido, se refirió a los padecimientos sufridos por el querellante Luis Urquiza, cuando denunció a los ex represores en 1997, siendo Yanicelli comisario mayor y jefe de Inteligencia policial. Ahí le dedicó un reproche a quien era entonces Ministro de Asuntos Institucionales y hoy diputado nacional por la UCR, Oscar Aguad -definido en los documentos filtrados en estos días por Wikileaks como “de centroizquierda”-. “Aguad le dijo a Urquiza que él no iba generar una sangría en la fuerza policial. Hasta le ofreció casa y trabajo a Urquiza, para que no se vaya. Quiso comprar su silencio, cosa que Urquiza no aceptó (…) y se tuvo que exiliar nuevamente en Dinamarca”, relató el fiscal.