sábado, 4 de diciembre de 2010

Alegatos de la fiscalía


"Si Primatesta estuviera vivo, estaría aquí sentado"
Alexis Oliva (PRENSARED)

El fiscal Carlos Gonella cuestionó duramente el rol de las instituciones "con alta representatividad social" que fueron "cómplices" del brazo ejecutor militar del terrorismo de Estado, entre ellos la Iglesia Católica y la propia Justicia Federal. "Si hubieran cumplido con el juramento de defender la ley al asumir como magistrados, quizás nosotros no estaríamos acá", reprochó.

En la continuación de los alegatos del Ministerio Público Fiscal en el juicio a Jorge Rafael Videla y otros 30 represores por los fusilamientos de 31 pesos políticos de Córdoba durante 1976, el fiscal general Carlos Gonella cuestionó duramente el rol del Poder Judicial y la Iglesia Católica durante la dictadura militar, al establecer “la complicidad de la sociedad civil, de sectores con alta representatividad social que también tuvieron responsabilidad (…), poderes fácticos que utilizaron a las Fuerzas Armadas para mediante el terrorismo de Estado para desplazar a amplios sectores del pueblo de la vida social”.

Al contextualizar y caracterizar el terrorismo de Estado desplegado durante la dictadura militar, explicó:

“Era una época difícil, en la que sectores de la juventud veían a la violencia como un método de lucha política, pero también había otros sectores que no, pero que pensaban de una forma similar. Era una época compleja. Pero barrieron con todo, con los jóvenes que creían en la violencia y los otros también. Fueron eliminados. Fue una visión totalitaria, destruir al otro, cargarle un mote y destruirlo. Lo que pasó con esta causa es un ejemplo. Qué necesidad tenían de eliminar a estas personas si ya los tenían recluidos en un establecimiento penitenciario. Era destruir a esas personas para demostrar que querían destruir a un grupo disidente. Esto no difiere del nazismo y el estalinismo”.

Respecto a la responsabilidad de los funcionarios de la Justicia Federal al momento de los hechos, dijo:

“En este juicio ha quedado acreditado cómo magistrados y funcionarios de la Justicia de entonces han tenido una actitud cómplice. Un abordaje serio no puede dejar de lado la conducta que tuvieron. Si hubieran cumplido con el juramento de defender la ley al asumir como magistrados quizás nosotros no estaríamos acá. Se hubieran juzgado los primeros hechos de esta masacre pero no hubiera ocurrido nada más. Ustedes recién ahora pueden decir la verdad sobre lo que ocurrió en aquel entonces, porque en aquel entonces se ocultó. Es una paradoja judicial. Acá se trata de terrorismo de Estado, de cómo el Estado se fagocitó la vida de 28 personas que estaban a disposición de la justicia y el Poder Ejecutivo Nacional, con la participación individuos a cargo del poder ejecutivo en forma espuria y la complicidad de los funcionarios de la Justicia. (…) Un testigo de esta causa, Héctor Jerónimo López, fue procesado por denunciar las torturas a que fue sometido. (…) Con el tiempo, terminó recurriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en un dictamen sobre el caso dice: “El terrorismo de Estado en Córdoba contó con la complicidad del Poder Judicial, a través del Juzgado Federal N°1, con el juez Adolfo Zamboni Ledesma y el secretario Carlos Otero Álvarez”. No lo digo yo, lo dice la Corte interamericana de Derechos Humanos”.

En relación a la Iglesia Católica, el fiscal Gonella expresó:

“También existió complicidad de los representantes de la Iglesia. (…) Hay constancias en esta causa de que (el entonces arzobispo de Córdoba y titular del Episcopado argentino) Raúl Primatesta intervino para gestionar un alivio a los presos, lo cual derivó en que algunos pudieran recibir visitas en Navidad. Pero también se han dicho acá otras cosas. La testigo María Cristina Tobares, refugiada en el ACNUR en Brasil, dijo que monseñor (Paulo Evaristo) Arns (arzobispo de San Pablo) les prestaba refugio, y él les dijo que Primatesta les pedía información sobre los refugiados políticos acá y le reprochaba que prestara las instituciones del Arzobispado de San Pablo para refugiar a subversivos exiliados de la Argentina. Arns los llamó y les dijo que si pensaban volver a Córdoba no lo hicieran porque su vida corría peligro. (…) El libro del periodista Horacio Verbitsky, La mano izquierda de Dios, cita una frase de Primatesta en Nochebuena del 75: ‘Dios va a defender su creación, va a defender el hombre. La mano izquierda de dios es paternal, pero puede ser pesada’. Si no es la ‘mano izquierda’ la orden de Menéndez de reprimir ‘por izquierda’... (…) Si Primatesta estuviera vivo, estaría aquí sentado, no tengo dudas”.

Claramente, se refería al banquillo de los acusados.

Causa Gontero

A continuación, el fiscal Gonella desarrolló la acusación de la causa Menéndez o Gontero, en la que se investigan los secuestros y torturas de seis policías –y al hermano de uno de ellos- acusados de “infiltrados” de las organizaciones guerrilleras: Luis Alberto Urquiza, José María Argüello, Raúl Urzagasti Matorras, Carlos Arnau Zuñiga, Horacio y Oscar Samamé, todos sobrevivientes de su odisea.

“El motivo que llevó a estas seis víctimas a su calvario represivo, fue el de ser tres de ellos estudiantes universitarios. Lo que dio origen al mote de subversivos fue el haber sido estudiantes universitarios”, expresó el fiscal.

Tras describir la persecución ideológica y las circunstancias ilegales de detención y apremios ilegales a los que fueron sometidos en el D2 por sus propios camaradas de armas, Gonella dio por acreditada la “participación responsable” de los acusados.

Además, se refirió a la continuidad dentro de la fuerza policial de algunos de los represores policiales, principalmente el caso de Carlos “Tucán” Yanicelli, quien llegó a integrar el alto mando de la Policía de Córdoba: “El terrorismo de Estado penetró en los procesos democráticos, en este caso cordobés, permitiendo que estas personas acusadas de delitos imprescriptibles ocuparan cargos en una institución encargada cuidar la vida y los bienes de las personas”.

Acto seguido, se refirió a los padecimientos sufridos por el querellante Luis Urquiza, cuando denunció a los ex represores en 1997, siendo Yanicelli comisario mayor y jefe de Inteligencia policial. Ahí le dedicó un reproche a quien era entonces Ministro de Asuntos Institucionales y hoy diputado nacional por la UCR, Oscar Aguad -definido en los documentos filtrados en estos días por Wikileaks como “de centroizquierda”-. “Aguad le dijo a Urquiza que él no iba generar una sangría en la fuerza policial. Hasta le ofreció casa y trabajo a Urquiza, para que no se vaya. Quiso comprar su silencio, cosa que Urquiza no aceptó (…) y se tuvo que exiliar nuevamente en Dinamarca”, relató el fiscal.