Juicio contra Videla
En la cuarta jornada del juicio al máximo jerarca de la última dictadura militar, Jorge Rafael Videla, el represor Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 cómplices —entre los que se encuentran ex agentes de la “D-2”, la Gestapo local— ocurrió lo que se esperaba: los ex policías continuaron echándole la culpa de todo lo ocurrido en ése centro de tortura a la Justicia Federal cordobesa de aquéllos años.
Ayer, la punta de lanza de esta estrategia fue el ex comisario Carlos Yanicelli, alias “El Tucán”, quien afirmó que “el señor (Luis Roberto) Rueda desde que era “pinche” (en la Justicia) trabajaba para los servicios de inteligencia”. Rueda no es otro que el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, quien más tarde salió a desmentir lo dicho por el reo.
Yanicelli, acusado de secuestrar, torturar y asesinar a presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) tanto en la D-2 como en la UP1; pretendió refrendar sus dichos exhibiendo una foto en colores en la que aparece un joven Rueda, junto al “vicecomodoro Amedei; el vicecomodoro Trillo y el doctor Víctor Trillo”, detalló.
Sobre éste último, dijo que “ahora es un funcionario de (Juan) Schiaretti y ha sido de toda la vida del Servicio de Inteligencia aeronáutico”.
Por la tarde, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia negaron que el abogado ocupe “ningún cargo ni cumpla función alguna en el gobierno”.
El imputado le solicitó al juez Jaime Díaz Gavier ser “careado con los funcionarios judiciales y demás personas que me acusan”—entre ellos un ex detenido que reside en Londres, Charlie Moore—; y aseguró que “el D-2 nunca fue un centro clandestino, porque ellos (la justicia federal) conocían el movimiento de todos los detenidos esposados y vendados porque ésas eran las directivas impartidas”.
Yanicelli –quien en plena democracia fue nombrado como Director de Inteligencia Criminal por el actual diputado Oscar Aguad cuando era ministro de Gobierno de Ramón Mestre— fue la punta del iceberg de un ataque a la Justicia que continuaron cimentando sus colegas.
Es que blanco sobre negro, en este proceso por el fusilamiento de 31 presos políticos a disposición del PEN, mientras que la estrategia de los ex militares es abrazarse a la obediencia debida —con excepción de Videla, quien reivindicó el Terrorismo de Estado y se responsabilizó por sus tropas, y Luciano Benjamín Menéndez—; los ex D-2 le cargan todas las culpas a la Justicia Federal de entonces.
Los que aceptaron declarar, se autodefinieron, por poco, como simples “empleados de 7 a 14” que oficiaban de “comisionados en traslados” y “cumplían tareas administrativas”.
Casi al final de la jornada, y con la intervención de dos de los abogados defensores, la estrategia culminó en un claro movimiento de pinzas: pidieron que se indague “ampliamente” a la ex Jueza Federal N° 3, Cristina Garzón de Lascano. Argumentaron que ya que “ella fue quien instruyó esta causa” todo podría estar viciado “de su parcialidad” por lo que pedirían “la nulidad de todo lo actuado” y, por lo tanto, del juicio.
En ese intento de encerrona, quien le hizo un flaco favor a sus pares fue el defensor Jorge Agüero —un penalista que se hacía llamar “El Mesías” en afiches callejeros en los que aparecía armado— quien citó “testimonios”, entre ellos el del “capitán Acosta” que aseguran que la ex jueza “habría torturado a un masculino (sic) con picana”. Un argumento tan descabellado que sólo mereció gestos de fastidio colectivo en la sala.
En la cuarta jornada del juicio al máximo jerarca de la última dictadura militar, Jorge Rafael Videla, el represor Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 cómplices —entre los que se encuentran ex agentes de la “D-2”, la Gestapo local— ocurrió lo que se esperaba: los ex policías continuaron echándole la culpa de todo lo ocurrido en ése centro de tortura a la Justicia Federal cordobesa de aquéllos años.
Ayer, la punta de lanza de esta estrategia fue el ex comisario Carlos Yanicelli, alias “El Tucán”, quien afirmó que “el señor (Luis Roberto) Rueda desde que era “pinche” (en la Justicia) trabajaba para los servicios de inteligencia”. Rueda no es otro que el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, quien más tarde salió a desmentir lo dicho por el reo.
Yanicelli, acusado de secuestrar, torturar y asesinar a presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) tanto en la D-2 como en la UP1; pretendió refrendar sus dichos exhibiendo una foto en colores en la que aparece un joven Rueda, junto al “vicecomodoro Amedei; el vicecomodoro Trillo y el doctor Víctor Trillo”, detalló.
Sobre éste último, dijo que “ahora es un funcionario de (Juan) Schiaretti y ha sido de toda la vida del Servicio de Inteligencia aeronáutico”.
Por la tarde, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia negaron que el abogado ocupe “ningún cargo ni cumpla función alguna en el gobierno”.
El imputado le solicitó al juez Jaime Díaz Gavier ser “careado con los funcionarios judiciales y demás personas que me acusan”—entre ellos un ex detenido que reside en Londres, Charlie Moore—; y aseguró que “el D-2 nunca fue un centro clandestino, porque ellos (la justicia federal) conocían el movimiento de todos los detenidos esposados y vendados porque ésas eran las directivas impartidas”.
Yanicelli –quien en plena democracia fue nombrado como Director de Inteligencia Criminal por el actual diputado Oscar Aguad cuando era ministro de Gobierno de Ramón Mestre— fue la punta del iceberg de un ataque a la Justicia que continuaron cimentando sus colegas.
Es que blanco sobre negro, en este proceso por el fusilamiento de 31 presos políticos a disposición del PEN, mientras que la estrategia de los ex militares es abrazarse a la obediencia debida —con excepción de Videla, quien reivindicó el Terrorismo de Estado y se responsabilizó por sus tropas, y Luciano Benjamín Menéndez—; los ex D-2 le cargan todas las culpas a la Justicia Federal de entonces.
Los que aceptaron declarar, se autodefinieron, por poco, como simples “empleados de 7 a 14” que oficiaban de “comisionados en traslados” y “cumplían tareas administrativas”.
Casi al final de la jornada, y con la intervención de dos de los abogados defensores, la estrategia culminó en un claro movimiento de pinzas: pidieron que se indague “ampliamente” a la ex Jueza Federal N° 3, Cristina Garzón de Lascano. Argumentaron que ya que “ella fue quien instruyó esta causa” todo podría estar viciado “de su parcialidad” por lo que pedirían “la nulidad de todo lo actuado” y, por lo tanto, del juicio.
En ese intento de encerrona, quien le hizo un flaco favor a sus pares fue el defensor Jorge Agüero —un penalista que se hacía llamar “El Mesías” en afiches callejeros en los que aparecía armado— quien citó “testimonios”, entre ellos el del “capitán Acosta” que aseguran que la ex jueza “habría torturado a un masculino (sic) con picana”. Un argumento tan descabellado que sólo mereció gestos de fastidio colectivo en la sala.
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