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sábado, 3 de marzo de 2018

A LA MUERTE DE UN CANALLA

A LA MUERTE DE UN CANALLA

Los canallas viven mucho, pero algún día se mueren
Obituario con hurras
Vamos a festejarlo
vengan todos
los inocentes
los damnificados los que gritan de noche
los que sueñan de día
los que sufren el cuerpo
los que alojan fantasmas
los que pisan descalzos
los que blasfeman y arden
los pobres congelados
los que quieren a alguien
los que nunca se olvidan
vamos a festejarlo
vengan todos
el crápula se ha muerto
se acabó el alma negra
el ladrón
el cochino
se acabó para siempre
hurra
que vengan todos
vamos a festejarlo
a no decir
la muerte 
siempre lo borra todo
todo lo purifica
cualquier día
la muerte 
no borra nada
quedan
siempre las cicatrices
hurra
murió el cretino
vamos a festejarlo
a no llorar de vicio
que lloren sus iguales
y se traguen sus lágrimas
se acabó el monstruo prócer
se acabó para siempre
vamos a festejarlo
a no ponernos tibios
a no creer que éste
es un muerto cualquiera
vamos a festejarlo
a no volvernos flojos

a no olvidar que éste
es un muerto de mierda.

- Mario Bendetti-

miércoles, 3 de abril de 2013

Testimonio contra los represores que actuaron en La Perla

“Sinvergüenzas, hijos de mala madre”

Lo brindó José Solanille, un peón rural que vivía a 500 metros del centro clandestino de detención cordobés. Hizo un pormenorizado relato de las atrocidades que allí se cometieron. Contó de los fusilamientos y de las fosas comunes.

 Por Marta Platía

El arriero José Julián Solanille, de 83 años, sólo encontró en su vocabulario de campesino insultos y descalificaciones para retratar a los autores de las torturas y el asesinato de cientos de personas; para describir los hedores de los cuerpos quemados, las fosas repletas de cadáveres y los aullidos de los prisioneros de La Perla. Un sitio que distaba, según precisó al dar su testimonio en el juicio por los crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención, “a unos 500 metros” de donde se encontraba su propia casa.

“A principios de 1976 –arrancó– yo vivía ahí con mi mujer y mis seis hijos ahí cerquita de la cárcel de La Perla. Desde el 24 de marzo lo que ya venía viendo empeoró: se llenó de gente la cárcel y empezaron los gritos todas las noches. Desgarradores gritos todas las noches, señor juez. Mi mujer tenía miedo, se quería ir de ahí. Pero yo no sabía dónde ir, dónde si ahí tenía trabajo. Ahí es cuando empecé a ver lo que estos atorrantes, sinvergüenzas, hijos de mala madre estaban haciendo.”

Entre los imputados, Solanille reconoció a Luciano Benjamín Menéndez, a quien dijo haberle “tenido aprecio alguna vez”, ya que le calzó uno que otro caballo; al “Nabo” Ernesto Barreiro; al “capitán (Exequiel) Acosta”, alias “Rulo”; a Pedro Vergez, alias “Vargas”, y a Luis Manzanelli.

Recordó cuándo escuchó por primera vez el apodo de Barreiro: fue por boca de la mujer de un paracaidista de apellido Baigorria. “Me acuerdo que el marido tenía un Chevy amarillo. Venían y este señor dejaba a la señora, que era muy linda, en mi casa. Una vez ella salió al campo con un termo y estaba cerquita de la cárcel. Se sentían gritos. Se escuchaban muchos gritos de chicas. Entonces los dos vimos pasar a Barreiro como a unos ocho metros. Ella me dijo entonces ‘ahí va el Nabo. Vas a ver cómo se va a acabar el griterío de las putas ésas’.”

Barreiro se rió como si hubiese escuchado el mejor de los chistes. Pero su mano izquierda lo traicionó con un movimiento hiperkinético sobre su rodilla. El otro que no pudo con su propio cuerpo fue nada menos que Menéndez. Su pose impertérrita, pétrea, sostenida durante los seis juicios que lleva por delitos de lesa humanidad, estalló en añicos durante el testimonio de Solanille: estuvo sentado de lado en su butaca, el torso hacia adelante, el pecho casi tocándole los muslos en dirección al arriero. No quiso perder palabra de lo que dijo Solanille. Se molestó y masculló insultos por lo bajo en algunos pasajes, y varias veces levantó la mano para replicar. El juez le ordenó silencio. Sólo le admitió una queja: que el declarante “no debe calificar a los represores”. Pero ni eso lo tranquilizó: Solanille lo vio al frente de un fusilamiento masivo y dio cuenta de ello.

“Estaba con otro compañero en la Loma del Torito. Habíamos visto la fosa cavada. Unos cuatro metros por cuatro. Tenían a toda la gente en dos filas. No sé, eran muchas personas. Como cien. Algunos vestidos, otros totalmente desnudos. Estaba Menéndez. El había llegado en un (Ford) Falcon blanco. Yo lo había visto. Sabía que se venía algo grande. Y ahí estaba, con su fusil. No lo vi disparar. Pero él dio la orden. La gente estaba encapuchada o vendada o tenían unos anteojos... Los que no tenían nada, los que podían ver, gritaban. Unos hasta corrieron. Pero los mataron por la espalda. Ahí nos rajamos con mi amigo. Estábamos cagados de miedo. Nos habíamos arrastrado hasta arriba de la loma, pero bajamos corriendo. Después se ve que los quemaron. Tiraron explosivos. El humo con ese olor espantoso se vino para mi casa. Era insoportable. Mi mujer y mis hijos se quejaban. Era horrible.”

Solanille contó que días después pasó por el lugar y vio que habían tapado la fosa: “Se ve que estaba muy llena, porque sobró mucha tierra”. También recordó cuando una perrita que tenía comenzó a llevar a la cucha “huesos chiquitos, cabecitas muy chiquitas...”. Allí se quebró. Se cubrió los ojos celestes con una de sus manos y sollozó: “Perdónenme abuelas, pero la perrita traía manitos, bracitos, batitas celestes y rosas...”
El ternero y los cadáveres en el pozo

Solanille recordó también la vez que uno de sus terneros cayó en un pozo y lo rescataron con otro campesino y unos soldados: “Tenía más de 18 metros. El animalito estaba parado. Pero alrededor había muchos cuerpos. Era espantoso. Salía un olor horrible. Había mucha gente muerta. Cabezas, piernas, brazos retorcidos, una chica con el pelo despeinado, para adelante... Sacamos el ternero. Un olor bárbaro tenía... Cuando volvimos después con los jueces y la Conadep, costó encontrar ese pozo, porque le habían hecho una loza de material arriba, y habían construido una casa cerca. Pero yo sé bien que ahí abajo estaba el pozo donde se cayó el ternero”.

El hombre dijo haber contado “más de doscientos pozos”, algunos grandes, otros más chicos. Todas tumbas. “Eran tumbas porque tiraban a la gente adentro y siempre sobraba tierra. A veces los enterraban tan mal que las lluvias lavaban el terreno y salían los huesos... Entonces los animales los agarraban. Los llevaban a mi rancho... Además el olor. Quemaban los pozos y, cuando había viento norte, el humo con ese olor de cristianos quemados llenaba mi casa. Con mi mujer discutíamos. Yo me había vuelto casi loco. Tanto que me fui a dormir a un rancho más adentro del campo para no tener tantos problemas. Ni una sola noche desde que vi todo eso me he podido olvidar de La Perla”, soltó. Y de nuevo los insultos “a estos vándalos, atorrantes, asesinos”.

Contó, además, de “la primera y única vez” que vio pasar un helicóptero por La Perla. “Fue el 3 de mayo de 1976. Iba a caballo y vi que tiraron como dos bolsas de papas. Eran dos chicas.”

Según Solanille, “algunas mujeres la pasaron muy mal, fueron muy maltratadas antes de que las mataran”. Dijo haber presenciado “una fiesta donde habían llevado a algunas chicas y las hacían chupar vino, se las tiraban unos con otros. Era espantoso”. Y también recordó un día que vio a “muchos jóvenes al sol, todos con los ojos vendados, las manos y los pies atados y, a un costado, llorando, a un chiquito de unos cuatro, cinco años”.

Solanille dejó casi sin preguntas a la defensa. Tan contundentes fueron sus dichos, a pesar de que, como era previsible, se intentó aducir “su pérdida de memoria por la edad”. Una afirmación que hizo sonreír a más de uno en la sala, considerando la minuciosidad de su relato.

Antes de terminar su declaración, memoró cuando una bala perdida casi lo mata a él: “Pero le dio a la yegüita en la que yo iba montado. Cuando me bajé, me manché con su sangre”. Furioso, volvió a darse vuelta y miró a los imputados. “Mire señor juez, los tengo acá, atrás, en mi espalda. Cuídeme, porque son capaces de cualquier cosa. Yo los he visto. De cualquier cosa.”

Antes de levantarse de su silla, el arriero pidió que “el juez y los periodistas” tomaran nota de algo: “Quiero decir que donde todos murieron, yo resucité. El año pasado, el 24 de marzo, cuando fui a La Perla, me infarté. Y si no fuera por los chicos de HIJOS, no estaría acá. Ellos me salvaron y no me morí por diez minutos, me dijo el médico. Emiliano Fessia (encargado de ese espacio de la Memoria) y los chicos me salvaron. Tanta gente que murió ahí y ahí yo resucité”, repitió, ya casi como para sí mismo.

Menéndez lo contemplaba, aún, doblado sobre sí mismo. La cara descompuesta, escuchando al único testigo que lo vio haciendo lo que todos saben que hizo y que el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército no niega: dirigir y ordenar la tortura y la matanza de cientos de personas en el campo de concentración más grande que ha existido en Córdoba. El de Solanille ha sido uno de los testimonios más terribles y definitivos de los que se han escuchado en lo que va de este juicio.

martes, 26 de junio de 2012

Casación ratificó prisión perpetua para Videla

La condena quedó firme

La Cámara de Casación confirmó la pena impuesta por un tribunal de Córdoba a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 28 represores por asesinatos y tormentos.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la condena a prisión perpetua impuesta al dictador Jorge Rafael Videla, a Luciano Benjamín Menéndez y a otros 28 represores, por un tribunal cordobés que los juzgó por torturas y homicidios de 31 presos políticos durante la última dictadura.

En un fallo firmado por los camaristas Raúl Madueño, Luis María Cabral y Mariano Borinsky, el tribunal penal desestimó los recursos de amparo presentados por las defensas de la treintena de represores para dejar sin efecto las condenas que recibieron por su participación en los asesinatos de presos políticos en la Unidad Penal Nº 1 de Córdoba, en el marco del juicio desarrollado durante 2010.

El 22 de diciembre de ese año, Videla, Menéndez y otros 28 represores fueron condenados a prisión perpetua por ser considerados responsables del fusilamiento de 31 presos políticos entre marzo y octubre de 1976. En el caso del ex presidente de facto, la condena apuntó específicamente a la “imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima” en 31 casos y por 29 homicidios calificados por alevosía.

Entonces, cuando le dieron la palabra antes del veredicto, Videla reiteró que hubo “una guerra interna” y sostuvo la teoría de los dos demonios, para argumentar su versión de la historia reciente y justificar los crímenes del terrorismo de Estado. En el mismo juicio fueron condenados también a perpetua Vicente Meli, Carlos Poncet, Raúl Fierro, Jorge González Navarro, Gustavo Adolfo Alsina, el ex carapintada Enrique Pedro Mones Ruiz y el ex cabo Miguel Angel Pérez, y los policías Luis Alberto Lucero, Calixto Luis Flores, Yamil Jabour, Marcelo Luna y Juan Eduardo Molina.

El juicio analizó los crímenes de lesa humanidad que hasta entonces conformaban dos causas separadas: la que investigaba crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1) de Córdoba por el fusilamiento de presos políticos que estaban detenidos desde antes del golpe de Estado del 24 de marzo 1976, y que fueron obligados a simular un intento de fuga, y otra por los secuestros y las torturas infligidas a cinco ex policías y al hermano de uno de ellos, delitos perpetrados en el Departamento de Informaciones Policiales (D2).

En enero del año siguiente, en la lectura de los fundamentos de la sentencia, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba sostuvo que los hechos juzgados “se cometieron como consecuencia de la planificación estratégica y táctica emanada de la cúpula militar”, y que “Videla fue el responsable de fijar los objetivos y proveer de infraestructura y medios para la consiguiente cadena de mandos bajo sus órdenes”.

Mientras, en relación con la totalidad de los condenados, los jueces sostuvieron en el fallo que todos formaban parte de la “organización de un plan sistemático integral criminal que, amparado por los mecanismos estatales, tenía como objetivo la eliminación de los opositores políticos”. El fallo afirmó que, dentro de ese plan de aniquilamiento, los condenados cumplieron distintos roles y tareas dentro de la “represión ilegal caracterizada por la discrecionalidad y libertad otorgadas por la Junta de Comandantes (Videla) a los jefes de zona (Menéndez), como así también la libertad al personal militar y policial inferior en sus distintas jerarquías y grados”. En ese contexto, “se advierte allí sin dificultad un nivel horizontal de responsabilidades y la existencia de coautoría mediata. Todos ellos se conocían, se reunían, compartieron cargos como integrantes de la Junta, y en común planificaron y ordenaron la ejecución del plan criminal descripto”, sostuvieron los jueces Jaime Díaz Gavier, Carlos Lascano y José María Pérez Villalobos.

Casación rechazó todos los recursos presentados por las defensas de los condenados contra el veredicto, con lo cual dejó firmes las penas impuestas y que ordenaron además que Videla cumpla la condena en cárcel común. Esta fue la segunda condena a perpetua para el dictador, ya que la primera fue la del Juicio a las Juntas, mientras que mañana dirá sus últimas palabras en el juicio oral por la apropiación de bebés, donde tiene un pedido de condena a 50 años de cárcel.

miércoles, 30 de mayo de 2012

Allanaron la casa de Benjamín Menéndez y encontraron documentos de la dictadura

Videla gana más amigos entre los represores

El dueño de casa, con siete condenas a prisión perpetua, estaba allí porque tiene arresto domiciliario. “Nunca pensé que la Justicia iba a hacer una cosa como ésta”, se quejó. El procedimiento se realizó a partir de las declaraciones de Videla.

 Por Adriana Meyer

Las declaraciones de Jorge Rafael Videla siguen generando revuelo. La Justicia Federal de Córdoba allanó la casa del genocida Luciano Benjamín Menéndez en la búsqueda de listados con nombres de personas desaparecidas durante la dictadura, dado que el dictador había mencionado que los jefes de zona tendrían esas nóminas, al menos “parciales”, en su poder. Fue en la causa por la Verdad Histórica y a pedido de la querella de Hijos y Familiares de Desaparecidos de Córdoba. Página/12 pudo saber que a priori los empleados judiciales no habrían encontrado tales listados, pero sí fue hallada voluminosa documentación en la vivienda del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, que está siendo analizada por expertos. Es la primera vez que se produce un procedimiento de estas características en una vivienda de Menéndez, ex jefe de la Zona 3 del Ejército.

El equipo de secretarias y prosecretarios del Juzgado Federal 3, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, con la asistencia de la policía, llegó a la casa de Menéndez, en el barrio Bajo Palermo, a primera hora de la mañana y permaneció hasta pasadas las 16. El dueño de casa, de 84 años y con siete condenas a prisión perpetua imputado en varios procesos en curso, estaba allí dado que goza del beneficio del arresto domiciliario por problemas de salud. “Nunca pensé que la Justicia Federal iba a hacer una cosa como ésta”, fue una de las tantas quejas que expresó durante el operativo. Y fue muy meticuloso al momento de la confección del acta con el detalle que había en una veintena de cajas que salieron de su hogar hacia el juzgado.

“El pedido fue a partir de las declaraciones de (Jorge Rafael) Videla en el libro de Ceferino Reato (Disposición final), donde dice que la decisión y las listas de detenidos y desaparecidos estaban a cargo de los comandantes de zona, y Menéndez era comandante de la Zona 3”, indicó el abogado querellante Claudio Orosz. La solicitud también se basó en declaraciones de Videla al Juzgado Federal de San Martín y a la revista española Cambio16.

En el libro de Reato, Videla admitió por primera vez que la dictadura asesinó a “siete u ocho mil personas”, y dijo que si bien no hay listas con el “destino final” de los desaparecidos, podría haber “listas parciales”. “No hay listas con el destino final de los desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero desprolijas”, dijo Videla según esa publicación.

La agrupación Hijos de Córdoba consideró que el allanamiento es “un paso adelante para desterrar el pacto de silencio e impunidad que mantienen los responsables de los más terribles crímenes de lesa humanidad” porque “ellos conocen el destino de los desaparecidos y los niños separados de sus familias y no dicen dónde están, no colaboran en el cese de estos delitos que día a día se siguen cometiendo”.

El mes pasado, la Justicia Federal de San Martín allanó la casa de Videla, la de su ministro del Interior, Albano Harguindeguy, y la del ex general Omar Santiago Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo durante la dictadura. En esa ocasión, la medida respondió a un pedido del abogado Pablo Llonto, representante legal de varias familias de asesinados y desaparecidos por la dictadura, también a partir de declaraciones de Videla.

A partir de mañana, un grupo de expertos comenzará el análisis del material secuestrado en casa de Menéndez, que fue seleccionado por los funcionarios judiciales en base a su posible vinculación con los hechos que se investigan en la causa. Entre esos papeles hay varias carpetas que tienen manuscritos de Menéndez, que reflejan parte de su trayectoria. Sobre la posibilidad de que el material sirva para el expediente, el abogado Orosz puntualizó: “En los miles de allanamientos que se han realizado estos años encontramos documentos valiosos sobre cómo torturar, ficheros de ciudadanos, carpetas de legajos de víctimas en manos de la policía y demás elementos que fueron sumándose a las pruebas en diferentes causas”. Por lo tanto, consultado por Página/12, resumió su expectativa para esta oportunidad como “importante”.

El represor Menéndez ya recibió tres condenas en Córdoba, otras tres en Tucumán y una en Salta, por su participación en la Masacre de Palomitas. Además, en octubre será nuevamente juzgado, cuando comience el juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino La Perla. Orosz comentó que, a juzgar por su actitud durante el operativo en su casa, habría que revisar el beneficio de la prisión domiciliaria del que goza. “Algunas querellas, como la de Ana Oberlin en Rosario, lograron dar vuelta esas resoluciones requiriendo exámenes médicos independientes de los que hacen los peritos de la Corte, que incluso están cuestionados por el propio tribunal”, dijo a este diario.

Otra de las repercusiones de los dichos de Videla fue la declaración de Riveros en la causa que investiga el destino de los restos de los líderes del ERP Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga. Tras negar enfáticamente todo conocimiento al respecto, algo que le endilgó Videla, el ex comandante de Institutos Militares dijo ante la Justicia Federal de San Martín: “Lo que (Videla) hizo fue un acto deleznable, vil y cobarde. Me cabeceó el muerto. Es una mendacidad absoluta y total, yo no podía dar ninguna orden al respecto”. Y al referirse al ocultamiento del cuerpo de Santucho, expresó: “Pobrecito, creo que a Videla lo han asesorado mal”

sábado, 19 de febrero de 2011

La Cámara de Casación beneficia a dos represores

Donde no deben estar

Roberto Albornoz y Luis Armando de Cándido estaban en una cárcel común por los crímenes que cometieron en Tucumán. El primero seguirá preso en su casa; el segundo quedó en libertad
     
Cuna del terrorismo de Estado en 1975 con el operativo “Independencia”, devastada en dictadura de la mano de Antonio Domingo Bussi, Tucumán no tiene un solo represor condenado en la cárcel. A pesar de los “riesgos inminentes” para los testigos invocados por el Tribunal Oral Federal en su sentencia de junio pasado, cuando ordenó que los genocidas cumplan su pena en una cárcel común, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó la decisión con inusual celeridad y permitió abandonar el penal de Villa Urquiza a Roberto Heriberto Albornoz y Luis Armando de Cándido, los únicos dos condenados que no estaban en su casa. Hijos regional Tucumán calificó de “vergonzosa” la decisión de Liliana Catucci, Gustavo Mitchel y Angela Ledesma.

El máximo tribunal penal de la Nación suele tomarse su tiempo para confirmar sentencias en causas por delitos de lesa humanidad. De cuarenta fallos en el último lustro, Casación confirmó once, de los cuales sólo tres fueron revisados por la Corte Suprema de Justicia y están técnicamente “firmes”. La demora permite que sigan libres y no se revea el modo de ejecución de la sentencia de represores que pagaron altas sumas para evitar la cárcel, como Jorge Olivera Róvere, los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani o el coronel Bernardo Menéndez, que se da el lujo de defender como abogado a sus camaradas en desgracias.

En el caso tucumano el tribunal demostró que no siempre es lento. En julio del año pasado, luego de escuchar durante meses a sobrevivientes y familiares de víctimas de la ex Jefatura de Policía de Tucumán, el TOF local condenó a prisión perpetua a Albornoz, el ex titular de ese centro clandestino, y a 18 años de cárcel al policía De Cándido. Como la ley permite el beneficio del arresto domiciliario a los mayores de setenta años (Albornoz tenía 78 años, De Cándido, 71), los vocales del tribunal debatieron sobre el modo de cumplimiento de la sentencia. Se impuso el criterio de Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi (votó en disidencia Gabriel Casas), de revocar el arresto domicilio de quien fuera mano de derecha de Bussi y la excarcelación de su subordinado. En sus argumentos destacaron los antecedentes de amedrentamientos a testigos, tanto del El Tuerto Albornoz, que además había violado su arresto domiciliario, como de De Cándido, reconocido por las víctimas como uno de los más feroces torturadores de la ex Jefatura.

A siete meses del fallo y sin pronunciarse sobre el fondo de la sentencia, la Sala III de Casación decidió retrotraer la situación al comienzo del juicio, léase liberar a De Cándido y encerrar en su casa a Albornoz, que encabezó sesiones de torturas contra centenares de tucumanos. “La interpretación de las normas, especialmente cuando está en juego la libertad de las personas o una morigeración del lugar de detención, debe ser restrictiva. Para revocar el arresto domiciliario u ordenar la detención de un imputado deben existir elementos objetivos que permitan sostener que existen –o que permitan presumir– riesgos procesales, circunstancia que no se presenta en autos”, escribieron Catucci, Mitchel y Ledesma.

Hijos Tucumán manifestó su “más enérgico repudio” a la resolución y recordó que “esta marcada intencionalidad de favorecer a los genocidas responsables del terrorismo de Estado tiene lamentables antecedentes: fue esta misma Cámara la que excarceló a Astiz y al Tigre Acosta, dándose el lujo de resolver las formas de cumplimiento de las penas sin resolver antes el fondo de la cuestión”. Desde la reapertura de causas en 2003 hubo en Tucumán sólo dos juicios que derivaron en cinco condenas. “A constantes dilaciones, con megacausas como Arsenal de Azcuénaga que lleva años a la espera de ser elevada a juicio oral –lamentó Hijos–, se agrega la decisión de Casación de mandar a sus casas a los dos únicos genocidas que cumplían sus condenas en cárceles comunes. ¿Será justicia?”