| Derechos Humanos - Diario del Juicio | |
| Viernes, 19 de Febrero de 2010 02:59 | |
 Mientras en la mañana del jueves los represores Cattáneo y Menéndez tuvieron la oportunidad de hablar, sobre el mediodía, la experta en Derecho Militar, Mirta Mántaras, brindó un testimonio excepcional, donde explicó porque los militares no pueden justificar su accionar genocida en los decretos presidenciales de Isabel Martínez de Perón. Las declaraciones de Mántaras callaron al mismísimo represor Antonio Domingo Bussi, quién intentó, increparla, demostrando una vez más, la sobverbia del militar.  por CONTRAPUNTO - De Igual a Igual | |
domingo, 21 de febrero de 2010
Los sonidos del juicio. Polémica Bussi - Mántaras
sábado, 20 de febrero de 2010
Tribunal de Tucumán deja que genocidas interroguen a sobrevivientes
Comunicado de prensa
Los Organismos de Derechos Humanos de Tucumán queremos hacer conocer a la opinión pública tucumana nuestro parecer respecto de la situación vivida por testigos de las querellas en el Juicio que se lleva adelante por la megacausa "Jefatura de Policia", que investiga los crímenes cometidos en ese Centro Clandestino de Detención.
Nos encontramos con EL ÚNICO tribunal del país que permite que los imputados -los genocidas- interroguen directamente a testigos sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención.
Consideramos que esta situación es inadmisible ya que la mayoría de los testigos de estos procesos tienen un doble carácter al ser también VICTIMAS de estos aberrantes delitos. Tanto los familiares que presenciaron los secuestros de sus seres queridos, como los que sufrieron la desaparición, aún sin ser testigos directos de los hechos, se encuentran absolutamente afectados por lo vivido. Esta situación se ve profundamente agravada en el caso de los SOBREVIVIENTES del horror, a los que se expone a una revictimización debiendo enfrentarse a sus propios verdúgos y aceptar sus preguntas intimidatorias y provocadoras. Tal es el caso de lo vivido el día jueves en el Tribunal Oral Federal Nº1 de Tucumán.
Nos encontramos ante delitos que por su especialidad, requieren de parte de sus juzgadores, una actitud de especial cuidado y respeto en su tratamiento. Esto por cuanto se trata de violaciones masivas a los derechos Humanos cometidas desde el Estado con la suma del poder público. Este tratamiento especial, no significa de manera alguna menoscabar el derecho de los imputados a ejercer plenamente su defensa, pero a través de sus abogados, y no buscando amedrentar con sus preguntas a quienes tienen el valor de relatar los horrores vividos durante el Terrorismo de Estado.
La necesidad de preservar a víctimas, familiares y sobrevivientes de delitos de lesa humanidad, y de darles un tratamiento diferenciado respecto de las víctimas de delitos comunes, fue reconocido internacionalmente en numerosas oportunidades, e inclusive la Organizacion de las Naciones Unidas emitio la "Declaración sobre principios fundamentales de justicia para victimas de delitos y del abuso del poder", adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 40/34 del 29 de Noviembre de 1985.
Los imputados tiene garantizada su legítima defensa a través de sus defensores técnicos, no existiendo necesidad de que deban hacer uso de su defensa material. Se da una restriccion menor en el ejercicio de su defensa, en pro de los derechos de las victimas. Psicológicamente que una victima deba soportar las preguntas intimidatorias de sus verdugos es GRAVISIMO.
Hemos sostenido desde siempre la necesidad de que estos procesos se desarrollen con normalidad y pleno respeto de los derechos y garantías de AMBAS PARTES, nuestra posición no se ha modificado.
Desde siempre insistimos en que no deben exponerse a las victimas-testigos del genocidio, que brindan su voz, su memoria y su valor en estos procesos a lo largo y ancho del pais. Insistimos en la necesidad de unificar causas para así no exponer a los testigos a reeditar una y otra vez el horror vivido. Y esta vez insistimos en que es absolutamente inadmisible y gravisimo que los victimarios intenten amedrentar y provocar a las victimas. Y seguiremos insistiendo toda vez que se continúe revictimizando a los sobrevivientes.
A 41 meses de la desaparición del testigo Jorge Julio López, seguimos exigiendo Justicia y cárcel común perpetua y efectiva para todos los genocidas.
H.I.J.O.S. Tucumán
(Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)
FA.DE.TUC.
(Familiares de Desaparecidos de Tucumán)
A.T.C.I.
(Asociación Tucumana Contra la Impunidad)
A.N.D.H.E.S.
(Abogados y Abogadas del Norte Argentino por los Derechos Humanos y Estudios Sociales)
Asociación Madres de Plaza de Mayo Filial Tucumán
Asociación de Ex Presos Politicos de Tucumán
viernes, 19 de febrero de 2010
“En el ’75, el Ejército tenía el plan del golpe de Estado aprobado por Kissinger”
por Sebastián Lorenzo Pisarello l CONTRAPUNTO - De Igual a Igual
La experta en Derecho Militar, Mirta Mántaras, brindó un testimonio excepcional, donde explicó por qué los militares no pueden justificar su accionar genocida en los decretos presidenciales de Isabel Martínez de Perón; añadió, además, que el del ´76 fue un golpe cívico – militar, que la guerrilla era un grupo muy reducido y que el objetivo de las fuerzas armadas era un cambio radical esencialmente económico, esencialmente político. Al mismo tiempo, detalló que el plan del Ejército fue elaborado durante el año ´75 y tiró por la borda la teoría de los dos demonios. Una declaración pedagógica y técnicamente perfecta, que dejó callado al mismísimo represor Antonio Domingo Bussi.
“El gobierno democrático (de Isabel Martínez de Perón) estaba muy jaqueado, por una parte por la triple AAA –Alianza Anticomunista Argentina-, que funcionó como un elemento muy desestabilizador; también sufría una fuerte presión de la asamblea de empresarios, dirigida por Martínez de Hoz, que hicieron numerosos lock out (paros patronales). Había otro factor, que era la guerrilla, pero que no tenía la entidad suficiente para significar un problema. Sin embargo, a través del decreto 261/75, el gobierno dio poder a las FFAA para participar de la represión de la subversión, pero en una zona muy pequeña, que era Tucumán”, comenzó detallando Mirta Mántaras, abogada experta en Derecho Militar.
Este decreto es parte de la estrategia central de las defensas de los represores, pues afirman que actuaron, durante la última dictadura militar, como consecuencia de una orden emanada por un gobierno constitucional.
Sin embargo, la experta descartó totalmente esta posibilidad. “Referirse a los decretos podía dar la idea de una continuidad institucional. Nada más alejado en la Argentina. A Isabel de Perón la secuestraron; fue el primer secuestro importante. En segundo lugar, la presidenta jamás renunció. Al no haber renunciado nunca, la ilegalidad del golpe militar anula validez jurídica a todos los actos posteriores. Ella no renuncia, es secuestrada y les quita toda posibilidad de continuidad institucional”, indicó.
Esta orden gubernamental establecía claramente que toda la acción que se desarrollara en el marco de la lucha contra la subversión debía pasar por los jueces; como había Estado de Sitio permitía allanamientos, pero siempre había que informar a los jueces. “Según declararon los ministros de Isabel en el juicio a las juntas no se había decretado aniquilar en el sentido de eliminar, sino en el de parar la actividad”, determinó.
Entonces había una preocupación de que el patio trasero de Estados Unidos no sufra agitación social en el marco de la guerra fría. Esta postura le venía bien a los sectores poderosos, económicos, políticos; la presidenta Perón sufrió mucha presión, mucho boicot de los empresarios, desestabilización por parte de la triple A. “Por eso el golpe fue una acción cívico – militar”, manifestó Mántaras.
En este marco, se dictan los decretos que crean un Consejo de Seguridad Interno, presidido por la Presidente y sus Ministros, donde los militares eran asesores. “Pero ahí hay un corte; porque inmediatamente el consejo de seguridad interno se disolvió. Las tres fuerzas dictan sus propios planes de represión.; queda así el poder político aislado y se pasa de la faz defensiva a las operaciones ofensivas”, planteó.
La excusa de la guerrilla, para la abogada, fue sólo eso: una excusa. “Se produjo una represión que permitió cuantificar por medio de diversas formas, que la guerrilla no llegó nunca a tener más de 80 integrantes. Es importante esto, porque la magnitud de la represión comprendió batallones, unidades aereotransportable, etc.”, expresó.
Además, quedó claro que el fin de la guerrilla como tal se dio luego del fallido asalto al Monte Chingolo, donde la fuerza político – militar, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) sufrió numerosas bajas. “El 30 de enero de 1976 el general Videla dice que se ha asestado un golpe mortal a la guerrilla, que perdió capacidad operativa para actuar militarmente. ¿Qué era lo esperable entonces? Que los militares volvieran a los cuarteles; pues ya había aniquilado el enemigo”, dijo Mántaras.
Un plan sistemático
La experta brindó una serie de pruebas que demuestran que las Fuerzas Armadas tenían decidido dar el golpe de Estado desde hacía mucho tiempo. Tan es así, que elaboraron un plan del ejército durante el año ´75. “El plan es una radiografía del golpe militar, que indica detalladamente como debía actuar cada persona. Ya en ese año tenían el plan del golpe aprobado por Kissinger (entonces Secretario de Estado de Estados Unidos)”, explicó.
La abogada manifestó que no era solamente el plan del golpe militar, sino que tenía todos los principios rectores de lo que significa “el ataque de las FFAA de un país contra su propio pueblo, el romper el reglamento de la defensa nacional, el de adherir a la lealtad de otros países, como Estado Unidos, para atacar a su propio pueblo, para matar a su gente, para torturar a las mujeres, para desaparecer a su población”.
El objetivo de ese golpe de Estado era un cambio radical esencialmente económico, esencialmente político. Entre estos, estaba la privatización de las empresas públicas, el achicamiento del Estado. Se hicieron negocios turbios, paralelos a las matanzas; de ahí salen todas las cuentas suizas. “El proyecto estaba dirigido, en primer lugar, a convencer a la población de que no le dieran crédito a quienes les planteaban la reivindicación de derecho y todo lo que significara agitación social; y en segundo lugar, que tenían clara conciencia que el problema no era la guerrilla”, planteó Mántaras.
Todos son oponentes
Este plan del ejército establecía la definición de lo que es el oponente. Dice allí que oponente es todo aquel que intente evitar la toma del poder por las FFAA y también todo aquel que de cualquier forma entorpezca el gobierno de las FFAA a establecer. “Vean lo amplio que es el oponente. O sea, todo aquel que no esté de acuerdo. No eran objetivos políticos, sino el objetivo eran los militantes de ciertos derechos. No era “político”. ¿Qué tenían que ver los niños con la política, los adolescentes que estaban en organizaciones secundarias?”, interpeló la defensora de los Derechos Humanos.
Para sus operaciones, contaban con el reglamento de operaciones contra elementos subversivos, que decía que “al agitador hay que eliminarlo, porque así se evita el crecimiento de esta cuestión. Pero el agitador es el militante; militantes hay en todos los partidos políticos. Nada más legal en la democracia que el militante, que el agitador, que terminaba siendo el máximo elemento de la subversión”.
Dice el reglamento que se debe incidir en la población, no en general, sino el sector social que percibe bienes que podría alcanzar (educación para sus hijos, casa para sus hijos, aumentos de sueldo, etc.), pero que si no los alcanza es debido a las políticas estatales económicas. “El reglamento dice que aquel que tiene conciencia de que esto le pasa por las políticas públicas es donde el agitador agita, creando problemas reales o supuestos; estos problemas son los que utiliza la subversión. Se amplía el concepto de subversión; ya no son solo los guerrilleros, sino también los agitadores que se dirigían a esos sectores sociales”, detalló la abogada.
La actividad en la ciudad era lo que les importaba a los militares en esta experiencia piloto que se implementó en Tucumán a partir del ´75 cargada de acción sicológica; “la propaganda estaba dirigida a determinados sectores bien clasificados. Esa propaganda era, junto a la inteligencia militar, las armas más importantes para ir certeramente al objetivo”, explicó Mántaras.
Ni obediencia debida…
Consultada acerca de la posibilidad de los militares de ampararse en la obediencia debida, lo rechaza sin atenuantes. “Cae por una cuestión técnica militar. La orden de servicio nunca puede ser ilícita. Porque la estructura de las FFAA es netamente legal y tiene que adecuarse a la constitución en todos sus aspectos y subordinarse a las instituciones civiles en todas sus medidas. Tiene que haber legitimidad en la orden, proveniente de los superiores; y esa orden tiene que ser lícita”, explicó.
Así, la abogada dejó en claro que los militares no podían aceptar una orden que iba en contra de las leyes vigentes.
“El gobierno democrático (de Isabel Martínez de Perón) estaba muy jaqueado, por una parte por la triple AAA –Alianza Anticomunista Argentina-, que funcionó como un elemento muy desestabilizador; también sufría una fuerte presión de la asamblea de empresarios, dirigida por Martínez de Hoz, que hicieron numerosos lock out (paros patronales). Había otro factor, que era la guerrilla, pero que no tenía la entidad suficiente para significar un problema. Sin embargo, a través del decreto 261/75, el gobierno dio poder a las FFAA para participar de la represión de la subversión, pero en una zona muy pequeña, que era Tucumán”, comenzó detallando Mirta Mántaras, abogada experta en Derecho Militar.
Este decreto es parte de la estrategia central de las defensas de los represores, pues afirman que actuaron, durante la última dictadura militar, como consecuencia de una orden emanada por un gobierno constitucional.
Sin embargo, la experta descartó totalmente esta posibilidad. “Referirse a los decretos podía dar la idea de una continuidad institucional. Nada más alejado en la Argentina. A Isabel de Perón la secuestraron; fue el primer secuestro importante. En segundo lugar, la presidenta jamás renunció. Al no haber renunciado nunca, la ilegalidad del golpe militar anula validez jurídica a todos los actos posteriores. Ella no renuncia, es secuestrada y les quita toda posibilidad de continuidad institucional”, indicó.
Esta orden gubernamental establecía claramente que toda la acción que se desarrollara en el marco de la lucha contra la subversión debía pasar por los jueces; como había Estado de Sitio permitía allanamientos, pero siempre había que informar a los jueces. “Según declararon los ministros de Isabel en el juicio a las juntas no se había decretado aniquilar en el sentido de eliminar, sino en el de parar la actividad”, determinó.
Entonces había una preocupación de que el patio trasero de Estados Unidos no sufra agitación social en el marco de la guerra fría. Esta postura le venía bien a los sectores poderosos, económicos, políticos; la presidenta Perón sufrió mucha presión, mucho boicot de los empresarios, desestabilización por parte de la triple A. “Por eso el golpe fue una acción cívico – militar”, manifestó Mántaras.
En este marco, se dictan los decretos que crean un Consejo de Seguridad Interno, presidido por la Presidente y sus Ministros, donde los militares eran asesores. “Pero ahí hay un corte; porque inmediatamente el consejo de seguridad interno se disolvió. Las tres fuerzas dictan sus propios planes de represión.; queda así el poder político aislado y se pasa de la faz defensiva a las operaciones ofensivas”, planteó.
La excusa de la guerrilla, para la abogada, fue sólo eso: una excusa. “Se produjo una represión que permitió cuantificar por medio de diversas formas, que la guerrilla no llegó nunca a tener más de 80 integrantes. Es importante esto, porque la magnitud de la represión comprendió batallones, unidades aereotransportable, etc.”, expresó.
Además, quedó claro que el fin de la guerrilla como tal se dio luego del fallido asalto al Monte Chingolo, donde la fuerza político – militar, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) sufrió numerosas bajas. “El 30 de enero de 1976 el general Videla dice que se ha asestado un golpe mortal a la guerrilla, que perdió capacidad operativa para actuar militarmente. ¿Qué era lo esperable entonces? Que los militares volvieran a los cuarteles; pues ya había aniquilado el enemigo”, dijo Mántaras.
Un plan sistemático
La experta brindó una serie de pruebas que demuestran que las Fuerzas Armadas tenían decidido dar el golpe de Estado desde hacía mucho tiempo. Tan es así, que elaboraron un plan del ejército durante el año ´75. “El plan es una radiografía del golpe militar, que indica detalladamente como debía actuar cada persona. Ya en ese año tenían el plan del golpe aprobado por Kissinger (entonces Secretario de Estado de Estados Unidos)”, explicó.
La abogada manifestó que no era solamente el plan del golpe militar, sino que tenía todos los principios rectores de lo que significa “el ataque de las FFAA de un país contra su propio pueblo, el romper el reglamento de la defensa nacional, el de adherir a la lealtad de otros países, como Estado Unidos, para atacar a su propio pueblo, para matar a su gente, para torturar a las mujeres, para desaparecer a su población”.
El objetivo de ese golpe de Estado era un cambio radical esencialmente económico, esencialmente político. Entre estos, estaba la privatización de las empresas públicas, el achicamiento del Estado. Se hicieron negocios turbios, paralelos a las matanzas; de ahí salen todas las cuentas suizas. “El proyecto estaba dirigido, en primer lugar, a convencer a la población de que no le dieran crédito a quienes les planteaban la reivindicación de derecho y todo lo que significara agitación social; y en segundo lugar, que tenían clara conciencia que el problema no era la guerrilla”, planteó Mántaras.
Todos son oponentes
Este plan del ejército establecía la definición de lo que es el oponente. Dice allí que oponente es todo aquel que intente evitar la toma del poder por las FFAA y también todo aquel que de cualquier forma entorpezca el gobierno de las FFAA a establecer. “Vean lo amplio que es el oponente. O sea, todo aquel que no esté de acuerdo. No eran objetivos políticos, sino el objetivo eran los militantes de ciertos derechos. No era “político”. ¿Qué tenían que ver los niños con la política, los adolescentes que estaban en organizaciones secundarias?”, interpeló la defensora de los Derechos Humanos.
Para sus operaciones, contaban con el reglamento de operaciones contra elementos subversivos, que decía que “al agitador hay que eliminarlo, porque así se evita el crecimiento de esta cuestión. Pero el agitador es el militante; militantes hay en todos los partidos políticos. Nada más legal en la democracia que el militante, que el agitador, que terminaba siendo el máximo elemento de la subversión”.
Dice el reglamento que se debe incidir en la población, no en general, sino el sector social que percibe bienes que podría alcanzar (educación para sus hijos, casa para sus hijos, aumentos de sueldo, etc.), pero que si no los alcanza es debido a las políticas estatales económicas. “El reglamento dice que aquel que tiene conciencia de que esto le pasa por las políticas públicas es donde el agitador agita, creando problemas reales o supuestos; estos problemas son los que utiliza la subversión. Se amplía el concepto de subversión; ya no son solo los guerrilleros, sino también los agitadores que se dirigían a esos sectores sociales”, detalló la abogada.
La actividad en la ciudad era lo que les importaba a los militares en esta experiencia piloto que se implementó en Tucumán a partir del ´75 cargada de acción sicológica; “la propaganda estaba dirigida a determinados sectores bien clasificados. Esa propaganda era, junto a la inteligencia militar, las armas más importantes para ir certeramente al objetivo”, explicó Mántaras.
Ni obediencia debida…
Consultada acerca de la posibilidad de los militares de ampararse en la obediencia debida, lo rechaza sin atenuantes. “Cae por una cuestión técnica militar. La orden de servicio nunca puede ser ilícita. Porque la estructura de las FFAA es netamente legal y tiene que adecuarse a la constitución en todos sus aspectos y subordinarse a las instituciones civiles en todas sus medidas. Tiene que haber legitimidad en la orden, proveniente de los superiores; y esa orden tiene que ser lícita”, explicó.
Así, la abogada dejó en claro que los militares no podían aceptar una orden que iba en contra de las leyes vigentes.
jueves, 18 de febrero de 2010
Tucumán : continúa juicio represores por genocidio.
Benjamín Menéndez habló de "inconstitucionalidad"
El ex jefe del III Cuerpo del Ejército se negó a declarar y sólo leyó un documento en el que aseguró que no puede ser juzgado y que el Tribunal en lo Criminal Federal de Tucumán no es competente.
No declaró. Luciano Benjamín Menéndez no aceptó preguntas y sólo se limitó a leer un documento desde una sala contigua a la de la audiencia. Dijo que el Tribunal es imcompetente y que sus subordinados -algunos de ellos detenidos- no son responsables de nada.
En la misma sintonía que el represor Antonio Bussi, el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez defendió este jueves el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar e insistió en que son “inconstitucionales” los juicios que se le siguen a él y a otros represores por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.
"Me niego a declarar porque estos juicios son inconstitucionales. La Constitución señala con toda claridad, en su artículo 18, que ningún habitante puede ser juzgado por comisiones especiales ni sacado de sus jueces naturales”, aseveró Menéndez durante la tercera audiencia del proceso que se realiza en Tucumán por 17 desapariciones en el centro clandestino que funcionó en la ex jefatura de la Policía tucumana.
El miércoles, Bussi había calificado de “epopeya” el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas durante la década del 70. "Agotaré hasta el último de mis esfuerzos para contribuir a la verdad histórica, hoy distorsionada, manejada y agraviada para satisfacer mezquinos intereses que no se ajustan a la realidad que vivieron Tucumán y la Argentina en los años 70”, aseveró el ex gobernador tucumano.
En este sentido, Menéndez señaló que “cuando la subversión marxista inició el asalto armado contra la patria estaba vigente la Ley 14.029 (Código de Justicia Militar), que designaba como mi juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Por tanto, este tribunal que me juzga hoy (el Tribunal en lo Criminal Federal de Tucumán) es incompetente para hacerlo”.
Como lo viene haciendo en todos los juicios en los que está imputado, Menéndez manifestó a través de la lectura de un documento desde una sala contigua a la que se desarrolla el juicio que "a esa Ley 14.029 nos ajustamos las fuerzas legales para enfrentar al terrorismo marxismo, sin apartarnos de ella o de lo que los reglamentos nos exigían, sin cometer delito alguno. Sólo con esa ley debe juzgarse eventualmente nuestra acción contra la guerra antisubversiva”.
Asimismo, el ex jefe del III Cuerpo del Ejército aseveró que "por mi carácter de comandante, fui el único responsable. Por eso, a mis dignos subordinados de ayer no se les puede imputar nada y, menos aún, privárselos de la libertad. Algunos de ellos hoy están aquí, presos”. Y añadió: “este es el primer país en el que sus compatriotas juzgan a los soldados victoriosos que lucharon por y para ellos”.
En la causa también están imputados –además de Antonio Bussi-, Albino Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo, además de los ex policías Roberto "El tuerto” Albornoz, y los hermanos Luis y Carlos de Cándido.
"Me niego a declarar porque estos juicios son inconstitucionales. La Constitución señala con toda claridad, en su artículo 18, que ningún habitante puede ser juzgado por comisiones especiales ni sacado de sus jueces naturales”, aseveró Menéndez durante la tercera audiencia del proceso que se realiza en Tucumán por 17 desapariciones en el centro clandestino que funcionó en la ex jefatura de la Policía tucumana.
El miércoles, Bussi había calificado de “epopeya” el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas durante la década del 70. "Agotaré hasta el último de mis esfuerzos para contribuir a la verdad histórica, hoy distorsionada, manejada y agraviada para satisfacer mezquinos intereses que no se ajustan a la realidad que vivieron Tucumán y la Argentina en los años 70”, aseveró el ex gobernador tucumano.
En este sentido, Menéndez señaló que “cuando la subversión marxista inició el asalto armado contra la patria estaba vigente la Ley 14.029 (Código de Justicia Militar), que designaba como mi juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Por tanto, este tribunal que me juzga hoy (el Tribunal en lo Criminal Federal de Tucumán) es incompetente para hacerlo”.
Como lo viene haciendo en todos los juicios en los que está imputado, Menéndez manifestó a través de la lectura de un documento desde una sala contigua a la que se desarrolla el juicio que "a esa Ley 14.029 nos ajustamos las fuerzas legales para enfrentar al terrorismo marxismo, sin apartarnos de ella o de lo que los reglamentos nos exigían, sin cometer delito alguno. Sólo con esa ley debe juzgarse eventualmente nuestra acción contra la guerra antisubversiva”.
Asimismo, el ex jefe del III Cuerpo del Ejército aseveró que "por mi carácter de comandante, fui el único responsable. Por eso, a mis dignos subordinados de ayer no se les puede imputar nada y, menos aún, privárselos de la libertad. Algunos de ellos hoy están aquí, presos”. Y añadió: “este es el primer país en el que sus compatriotas juzgan a los soldados victoriosos que lucharon por y para ellos”.
En la causa también están imputados –además de Antonio Bussi-, Albino Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo, además de los ex policías Roberto "El tuerto” Albornoz, y los hermanos Luis y Carlos de Cándido.
miércoles, 17 de febrero de 2010
JUICIO POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN TUCUMÁN
Bussi calificó de "epopeya" al accionar de las FF.AA.
El represor Antonio Bussi se defendió este miércoles en el juicio en su contra y dijo que las Fuerzas Armadas llevaron adelante una "verdadera epopeya" en los años 70. El ex militar presentó su alegato en el inicio del segundo día del proceso oral que se le sigue en Tucumán por violaciones a los derechos humanos cometidas en esa provincia durante la última dictadura.
"Agotaré hasta el último de mis esfuerzos para contribuir a la verdad histórica, hoy distorsionada, manejada y agraviada para satisfacer mezquinos intereses que no se ajustan a la realidad que vivieron Tucumán y la Argentina en los años 70”, aseveró el ex gobernador tucumano. Luego, negó que hubieran desaparecidos durante la dictadura militar, y afirmó que puede haber guerrilleros caídos en combate, sepultados en fosas por sus jefes o nunca reclamados por sus familias.
"Hubo una guerra y en ella sólo existen muertos en combate. Los cuerpos que recuperábamos iban a la morgue, pero nadie los buscó, con la única excepción de Julio Alsogaray. Tenían vergüenza de hacerlo o les aconsejaron que no lo hagan para poder reclamar luego una indemnización. Por cada uno se pagó U$S 250.000", sostuvo y desvinculó a la policía de todo operativo militar, y reivindicó sólo el accionar del Ejército, al tiempo que fustigó sobre los testigos ofrecidos por los querellantes.
En el comienzo de la segunda audiencia del juicio oral por la desaparición de 17 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex jefatura de la Policía provincial, Bussi hizo uso del derecho de hablar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal que lleva adelante el debate.
En el banquillo de los acusados también estuvo sentado el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, los ex militares Albino Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo, y los ex policías Roberto "El tuerto” Albornoz, Luis de Cándido y Carlos de Cándido.
Según la investigación, los secuestrados fueron vistos por última vez en el centro clandestino de detención tucumano, donde fueron torturados. Albornoz impartía las órdenes a grupos que, con el rostro descubierto, iban por sus víctimas durante la noche para llevarlos a celdas colectivas en la Jefatura. "La investigación prueba que hubo un plan sistemático llevado a cabo en forma conjunta por militares y policías, que ingresaban a los domicilios particulares sin orden judicial y se llevaban a las víctimas a un centro clandestino de detención", resaltó el abogado Emilio Guagnini, uno de los querellantes en la causa.
Las víctimas son Marta y Rolando Coronel, Hugo Alberto Díaz, Joaquín Ariño, Cerafina Rosa López, Francisco López, Juan Carlos López, Marta Angela López, Carlos Ramón Apaza, Diana Oestherheld, Raúl Carlos Araldi, Raúl Mauricio Lechessi. Edgardo Bordón, Graciela Bustamante de Argañaraz, Ricardo Torres Correa, Adriana Mitrovich, Horacio Atilio Ferreyra, José Edgardo Ramos, Alicia Dora Cerrota de Ramos, Daniel Fontanarrosa Larraza, Enrique Abdón Pastor Cerezo y Angel Garmendia.
El proceso se desarrolla 18 meses después de que Bussi y Menendez fueron condenados a prisión perpetua por la desaparición del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse en 1976. Esa fue la segunda sentencia a perpetua que recibió Menéndez, de 82 años, quien en diciembre de 2009 le fue otorgada la misma pena por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Córdoba.
MENÉNDEZ, A PESAR DE LOS PROBLEMAS DE SALUD. Menéndez, el ex Jefe del III Cuerpo de Ejército, llegó el lunes por la noche a la provincia de Tucumán desde Córdoba, donde había permanecido internado en el Hospital Militar a raíz de una neuropatía aguda. Es por ello que el militar fue ubicado en una sala del primer piso desde donde siguió la audiencia.
En segundo turno ante el tribunal, Luciano Benjamín Menéndez reivindicó su condición de comandante del III Cuerpo del Ejército y asumió toda responsabilidad: "Siempre digo lo mismo porque se trata de lo mismo, aunque otros dicen cosas distintas, según los interlocutores, las circunstancias y las conveniencias del momento. Mis acusadores vuelven sobre lo que pasó hace 30 años. Les debe sorprender desagradablemente que yo siga pensando igual frente al mismo enemigo", señaló y reiteró que en los 70 hubo una guerra contrarrevolucionaria contra el terrorismo marxista, al que venció sin apartarse de las leyes ni cometer delito alguno.
"Soy el único responsable de la actuación de mis tropas. A mis subordinados no se les puede imputar nada y menos privarlos de su libertad. No quiero prestarme al juego de los terroristas que ayer ponían bombas y asesinaban a traición para transformar el país en comunista y hoy pretenden ser y haber sido pacíficos ciudadanos democráticos. Quieren usurpar el poder para cambiar nuestro estilo de vida", señaló.
Se inicia en Tucumán el juicio contra Bussi y Menéndez
Junto a otros cinco acusados, comenzaron a ser juzgados ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, donde se reflejó la metodología utilizada por grupos militares y policiales, que tenía como finalidad secuestrar y torturar a personas en la década del 70.
Los magistrados Carlos Jiménez Montilla (presidirá los debates), Gabriel Casas y Josefina Curi procurarán determinar el grado de responsabilidad que tuvieron los implicados en la creación de un centro clandestino de detenidos que funcionó en la ex Jefatura de Policía, en la capital tucumana, durante 1976 y 1977.
Además del ex gobernador Bussi y el ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Menéndez, son juzgados los ex militares Albino Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo, y los ex policías Roberto Albornoz, Luis de Cándido y Carlos de Cándido.
La primera jornada del juicio comenzó minutos después de las 10 y los jueces decidieron realizar un receso para completar la jornada por la tarde.
Menéndez, quien llegó anoche a Tucumán tras ser trasladado desde Córdoba, fue ubicado en una sala del primer piso, desde donde siguió el desarrollo de la audiencia.
"Se tomó la decisión de habilitar ese lugar por pedido de los médicos oficiales, quienes consideran que por su salud no puede compartir lugares donde hay mucha gente", explicó Jiménez Montilla.
Bussi, por su parte, fue trasladado en una ambulancia, se movilizó en una silla de ruedas y tuvo asistencia médica permanente.
Durante la jornada, Cattáneo sufrió una leve descompensación y tuvo que ser asistido por personal médico.
Mientras se desarrollaba el juicio en el interior de la sala del Juzgado Federal, ubicada en Alvarez y Chacabuco de la capital tucumana, militantes de partidos políticos y de organizaciones de derechos humanos no pararon de cantar contra los ex militares y ex policías acusados, aunque todo transcurrió con normalidad.
Más de un centenar de gendarmes se encargaron de controlar la seguridad dentro y fuera del recinto.
El juicio consta de 13 causas, que van desde el secuestro y tortura de personas hasta la usurpación de viviendas, en casos que afectaron a 22 personas.
Las víctimas son Marta y Rolando Coronel, Hugo Alberto Díaz, Joaquín Ariño, Cerafina Rosa López, Francisco López, Juan Carlos López, Marta Angela López, Carlos Ramón Apaza, Diana Oestherheld, Raúl Carlos Araldi y Raúl Mauricio Lechessi.
La lista se completa con Edgardo Bordón, Graciela Bustamante de Argañaraz, Ricardo Torres Correa, Adriana Mitrovich, Horacio Atilio Ferreyra, José Edgardo Ramos, Alicia Dora Cerrota de Ramos, Daniel Fontanarrosa Larraza, Enrique Abdón Pastor Cerezo y Angel Garmendia.
Según la investigación, los secuestrados fueron vistos con vida por última vez en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía.
Durante la lectura de los requerimientos de los fiscales se explicó la metodología utilizada para secuestrar a las personas que eran privadas en forma ilegitima de la libertad y posteriormente torturadas en el centro de detención clandestino que funcionó en la ex Jefatura de Policía.
Según los fiscales, Albornoz era la persona que daba las órdenes y los grupos actuaban durante la noche, generalmente con el rostro descubierto.
Los secuestrados eran llevados a la Jefatura, donde eran alojados en celdas colectivas y torturados.
"La investigación prueba que hubo un plan sistemático llevado a cabo en forma conjunta por militares y policías, que ingresaban a los domicilios particulares sin orden judicial y se llevaban a las víctimas a un centro clandestino de detención", resaltó el abogado Emilio Guagnini, uno de los querellantes en la causa.
Según la investigación, los secuestrados fueron vistos por última vez con vida en el centro clandestino de detención tucumano, donde fueron torturados. Albornoz impartía las órdenes a los grupos que, con el rostro descubierto, salían en pos de sus víctimas durante la noche para conducirlos a celdas colectivas en la Jefatura.
Por su parte, Julia Vitar, resaltó que esos grupos "violaban sistemáticamente los derechos humanos atacando a grupos de personas, actos que no pueden encuadrarse en una guerra como ellos argumentan".
En la acusación, los fiscales sostienen que los imputados formaron parte de una asociación ilícita que operaba en todo el país y usaban armas de guerra.
La segunda jornada del juicio proseguirá el 17 de febrero, ocasión en la que los acusados tendrán la posibilidad de declarar, mientras que a partir del jueves se escucharán los testimonios de más de 100 testigos.
Los ex represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, y otros cuatro acusados, comparecieron este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de Tucumán para determinar su responsabilidad en la existencia de un centro clandestino de detención en la ex Jefatura de Policía local en la época de la dictadura militar.
El proceso se desarrolla 18 meses después de que ambos fueron condenados a prisión perpetua por la desaparición del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse en 1976. Esa fue la segunda sentencia a perpetua que recibió Menéndez, de 82 años, quien en diciembre de 2009 le fue otorgada la misma pena por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Córdoba.
PROBLEMAS DE SALUD.
Menéndez, el ex Jefe del III Cuerpo de Ejército, llegó el lunes por la noche a la provincia de Tucumán desde Córdoba, donde había permanecido internado en el Hospital Militar a raíz de una neuropatía aguda. Es por ello que el militar fue ubicado en una sala del primer piso desde donde siguió la audiencia.
"Se tomó la decisión de habilitar ese lugar por pedido de los médicos oficiales, quienes consideran que por su salud no puede compartir lugares donde hay mucha gente", explicó Jiménez Montilla.
Bussi, por su parte, fue trasladado en una ambulancia, se movilizó en una silla de ruedas y tuvo asistencia médica permanente, mientras que Cattáneo sufrió una leve descompensación y tuvo que ser asistido por personal médico.
lunes, 15 de febrero de 2010
Firmas para que los genocidas vayan a cárceles comunes
Se inicia en Tucumán juicio contra Bussi y Menéndez
Bussi y Menéndez deberán dar cuenta de 22 desaparecidos
Mañana, martes 16 de febrero de 2010- comienza el histórico juicio por la causa del centro clandestino de detención que funcionaba en la ex Jefatura de Policía, donde cientos de personas fueron detenidas, torturadas y de las cuales 95 desaparecieron, pero en esta causa estará en debate solamente 22. Sus familiares reclaman justicia.
El juicio comienza a las 9.30
Hoy llega Menéndez a la provincia y mañana estará sentado en el banquillo con el otro represor Antonio Domingo Bussi. Pero no serán los únicos, en este juicio por la causa de un centro clandestino de detención que funcionaba en la ex Jefatura de Policía, también están implicados Albino Zimmerman, Alberto Cattáneo, Roberto Albornoz, y los hermanos Luis y Carlos de Cándido.
El juicio se desarrollará los martes, miércoles y jueves, durante la mañana y tarde. A partir del jueves 18 de febrero y hasta la primera quincena de abril, comparecerán 120, de un total de 150 testigos de la causa, entre los que se destacan Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero, Ernerto Sábato y Magdalena Ruiz Guiñazú.
Un juicio histórico, teniendo en cuenta que es el primero por centro clandestino de detención. El anterior, realizado en el 2008, era por la causa Vargas Aignasse. Ahora se tratarán de 22 desapariciones de un total de 95 que sucedieron en La Jefatura, el resto está previsto que se traten en otro proceso judicial.
Por eso la tensión que se vivirá en la sala será fuerte. Muchas personas deberán declarar y recordar a su gente querida. Los testigos, al momento de declarar, tendrán en frente, nada más ni nada menos, a quienes ordenaron detenciones, secuestros, torturas y desapariciones.
De esta manera, desde diversos organismo de derechos humanos y agrupaciones de familiares de desaparecidos, reclaman “justicia por todos nuestros desaparecidos”. Y convocan a que “acompañemos el inicio del Juicio en las Puertas del Tribunal Oral Federal”.
Detenidos-desaparecidos vistos en la Jefatura de Policías
1. ARIÑO JOAQUIN
2. DR.MOLINA DARDO FRANCISCO
3. ARIAS FERNANDO
4. BAEZ ( santiagueño)
5. BERNUCCI HUGO
6. CAMPOS ENRIQUE
7. CARLEVARO DANIEL
8. PEREYRA EXEQUIEL
9. LESCANO ARTURO
10. DARIO
11. JULIO
12. WALTER
13. ADRISS ISMAEL
14. APAZA CARLOS
15. ARALDI
16. ARQUETI
17. VALDEZ LUIS
18. ALARCON AVELINO
19. ALARCON HUGO
20. ALARCON MIGUEL
21. PONCE (de Catamarca)
22. GARGIULLLO HECTOR
23. TORRES CORREA RICARDO
24. HNOS. DIAZ
25. MIÑO JUAN CARLOS
26. MOREIRA VICTOR
27. CURIA FERNANDO
28. MIGUEL RODOLFO
29. OJEDA JOSE
30. DI LORENZO JUAN CARLOS
31. QUINTEROS (policía)
32. GARCIA (Sgo. De policía)
33. CORONEL ROLANDO
34. FONTANARROSA DANIEL
35. GARMENDIA ANGEL M.
36. HOLMQUIST LUIS A.
37. MALDONADO
38. MAURI CARLOS
39. NARVAJA CUTINO
40. PADILLA TIBURCIO
41. PONCE HUMBERTO
42. PONCE HORACIO MARCELO
43. RAMOS JOSE
44. ROJAS DALMIRO (padre e hijo)
45. ROLDAN (de San Pablo)
46. ROMANO MIGUEL ANGEL
47. ROMERO RAUL
48. ROMERO REYES
49. SALIM CARLOS
50. SOMAINI RICARDO
51. SANTILLAN GUSTAVO
52. SONZINI RICARDO
53. STRACA OTTO
54. TOLEDO TORRES OSCAR
55. VARGAS AIGNASSE GUILLERMO
56. VILLEGAS JORGE
57. BARRIONUEVO MARIA T.
58. BEJAS MARIA CRISTINA
59. BURDISSO ALICIA
60. BUSCARIELO GRACIELA
61. BUSTAMANTE GRACIELA
62. CERROTA DE RAMOS ALICIA
63. RABA SARA
64. SRA. DE SALINAS
65. ALVAREZ CRISTINA
66. GOMEZ DE GIARGULO CARMEN
67. DUPUY NELLY
68. MITROVICH ADRIANA
69. MACOR DE DIAZ SUSANA
70. IBAÑEZ LUISA
71. SESTO LILIA
72. RABSIUM OLGA
73. CURIA GLORIA
74. CORONEL MARIA
75. CORRAL ANA CRISTINA
76. GALVAN AMELIA
77. GOMEZ ROSA
78. G. DE SOLTATI MARIA ISABEL
79. LAZARTE ANA LIA
80. L. DE GIORDANO ELEANOR
81. OESTERHELD DIANA
82. OJEA GRACIELA
83. ROMERO DE MEDINA JUANA
84. RONDOLETTO, AZUCENA Bermejo de,
85. RONDOLETTO, MARIA Cenador de
86. RONDOLETTO JORGE
87. RONDOLETTO PEDRO
88. RONDOLETTO SILVIA
89. SOLDATI BERTA
90. URUEÑA MARIA A.
91. VILLEGAS AIDA
92. SOSA DE FORTI NELIDA
93. JARAMILLO MARIA CARMEN
94. SILVA DE VISCONTI MARTA
95. SIBANTOS NORMA
martes, 29 de diciembre de 2009
Murió un testigo clave en el juicio contra el represor Luciano Benjamín Menéndez
Raúl Ernesto Morales, un albañil de 59 años, cuyo testimonio sobre las torturas que recibió en el Departamento de Inteligencia de la Policía (D2) durante la última dictadura resultó clave en el reciente juicio al represor Luciano Benjamín Menéndez, murió ayer, luego de una larga enfermedad.
El deceso de Morales, un militante de la Juventud Peronista que el 22 de marzo de 1976 fue secuestrado en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita y pasó casi tres años injustamente encarcelado, fue confirmado por organismos de derechos humanos.En un comunicado, emitido en la provincia de Córdoba, se señala que "los padecimientos físicos y psíquicos que Morales debió soportar durante los años que estuvo confinado en distintos centros clandestinos y cárceles de la maquinaria terrorista, quedaron marcados a fuego en su cuerpo".
Su deteriorado estado físico a raíz de esos padecimientos impactó a los miembros del Tribunal Oral Federal nro. 1 de Córdoba que juzgaron y condenaron a prisión perpetua al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y el fiscal Carlos Gonella llegó a expresar en esa oportunidad que "parecía una persona de 80 años".
En el juicio, Morales recordó haber sido secuestrado por una "patota policial" cuando salía de la casa que habitaba en Santa Rosa de Calamuchita, quiénes luego de preguntarle si "era montonero", le dijeron: "seas o no seas, no vamos a hacer 200 kilómetros al pedo, te vamos a llevar lo mismo y te vamos a boletear".
Morales tenía 26 años cuando fue trasladado al D2, que funcionaba en uno de los laterales del Cabildo Histórico de esta capital, donde fue sometido a salvajes golpizas y sesiones de picana eléctrica que le causaron quebraduras de costillas y quemaduras de genitales, entre otras consecuencas.
"Los efectos del terrorismo de Estado quedaron en su cuerpo y logró soportarlos hasta llegar al juicio (que finalizó el pasado mes de noviembre) mientras un cáncer avanzaba sobre uno de sus hombros", agrega el comunicado, que añade además que "el día de la sentencia no pudo estar presente, estaba internado".
"Desde la agrupación Hijos y de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas despedimos a sus restos y lo guardaremos en la memoria con la entereza y valentía que demostró durante tres décadas", concluye el documento.
domingo, 27 de diciembre de 2009
EN FEBRERO SE INICIA UN NUEVO JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Condenados ya a cadena perpetua por el secuestro y desaparición del ex diputado Vargas Aignasse, los represores enfrentarán un nuevo proceso por las torturas y homicidios de veintidós secuestrados en el centro clandestino de la jefatura de policía de Tucumán.
Antonio Domingo Bussi cumple prisión domiciliaria y Luciano Benjamín Menéndez está en cárcel común.
Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez serán nuevamente juzgados el año próximo en Tucumán por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, cuando eran dueños de vidas y muertes en el norte argentino. El Tribunal Oral Federal de la capital tucumana los juzgará a partir del 17 de febrero por privaciones ilegales de la libertad, torturas y homicidios en perjuicio de veintidós víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en la jefatura de la policía provincial, ubicada en pleno centro de San Miguel, donde hoy funcionan dependencias del Ministerio de Educación y de la Brigada de Investigaciones de la policía.
Se trata del segundo juicio celebrado en Tucumán por violaciones a los derechos humanos. El primero concluyó el 28 de agosto del año pasado con las condenas a prisión perpetua de Bussi y de Menéndez por la desaparición del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse. El secuestro ocurrió días antes del último golpe de Estado, cuando Bussi estaba al frente de la V Brigada de Infantería que dependía del Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, comandado por Menéndez.
A diferencia de Menéndez, que ya protagonizó dos juicios históricos en Córdoba junto a sus subordinados del Destacamento de Inteligencia 141 y del Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, el ex gobernador tucumano sólo fue juzgado junto a su superior. Esta vez tendrá compañía: también se sentarán en el banquillo el general retirado Alberto Luis Cattáneo (segundo de Bussi en su carácter de segundo comandante de la subzona militar 32 y jefe de la “comunidad informativa” local), el ex jefe de la policía coronel Albino Mario Zimmerman y los ex policías Roberto “El Tuerto” Albornoz (subjefe de policía y jefe del Servicio de Inteligencia de esa fuerza) y los agentes Luis de Cándido y Carlos de Cándido.
El proceso que comenzará en un mes y medio, a cargo de los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, es el producto de la unificación de trece expedientes que tramitaron por separado durante la instrucción y que fueron acumulados a instancias de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación. El mismo criterio se aplicó con los sesenta y cinco expedientes que ahora conforman la megacausa conocida como Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde funcionó otro centro clandestino y donde al menos hasta el mes de junio se alojaron como presos VIP Cattáneo y Zimmerman.
A pesar de la condena, Bussi goza del privilegio del arresto domiciliario en su country de Yerba Buena, en las afueras de Tucumán. El Tribunal Oral decidió diferir la revisión del lugar de ejecución de la pena para cuando la sentencia quede firme. Por el mismo artilugio continúan en libertad el general Jorge Olivera Róvere y los brigadieres Hipólito Mariani y César Comes, con condenas simbólicas del TOF5 porteño. Distinta es la situación de Menéndez, con prisión efectiva desde 2008 por decisión del TOF de Córdoba.
El defensor de Menéndez, Horacio Guerineau, solicitó la citación como testigos de Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, ex ministros de Economía y de Trabajo de María Estela Martínez de Perón, por haber refrendado el decreto 261/75, que además de haber dispuesto el Operativo Independencia en Tucumán ordenó “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. La fiscalía federal, en tanto, ofreció los testimonios del escritor Ernesto Sabato y de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, que integraron la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que elaboró el informe denominado Nunca Más.
sábado, 12 de diciembre de 2009
Nueva perpetua para Luciano Menéndez
LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ LEYO EN SU DEFENSA UN ARTICULO DEL NUEVO MINISTRO DE EDUCACION PORTEñO, ABEL POSSE
Al recibir su tercera condena a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, el ex jefe del Tercer Cuerpo repitió su repudio al “terrorismo marxista”, pero incorporó una novedad: reforzó sus argumentos con una cita del flamante responsable de la Educación porteña.
Poco antes de escuchar la sentencia que lo condenó –por tercera vez– a prisión perpetua, Luciano Benjamín Menéndez volvió a defender los crímenes de la dictadura. Con un discurso que reflotó el viejo libreto de “la amenaza comunista”, frente a una sala de audiencias desbordada por los familiares de las víctimas, el represor alegó que en la Argentina “hubo una guerra” iniciada por “el terrorismo marxista”. Menéndez respaldó la actuación de las Fuerzas Armadas (“en esa guerra teníamos que tomar medidas”, dijo a los jueces) y para argumentar su defensa citó al nuevo ministro de Educación porteño, Abel Posse. “Bien lo dijo Abel Posse: ningún país repudió a su ejército por lo que le exigieron sus gobiernos”, sostuvo, parafraseando una columna que Posse publicó esta semana en el diario La Nación, en vísperas de asumir en el gabinete de Mauricio Macri. Al dictar el veredicto contra Menéndez, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de Córdoba ordenaron que cumpla su condena en una cárcel común.
Junto con el ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército fueron condenados también a perpetua el coronel (R) Rodolfo Campos (ex titular de la policía provincial), César Cejas y Hugo Britos (ex agentes de la misma fuerza). El ex policía Miguel Gómez fue sentenciado a 16 años, siete menos de los que había pedido el fiscal. Y hubo un absuelto, el ex policía Calixto Flores, quien está siendo investigado en otras denuncias por violaciones a los derechos humanos.
El tema central tratado en el juicio fue el secuestro, tortura y homicidio agravado del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, ocurrido el 25 de septiembre de 1979. Albareda era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su asesinato fue de los más brutales que se recuerden. Denunciado por otros policías que lo señalaron como un infiltrado, fue secuestrado y llevado al centro clandestino de detención que el Departamento de Informaciones (D2) de la policía tenía cerca del dique San Roque, la Casa de Hidráulica. Allí lo torturaron y le arrancaron los testículos; los torturadores, mientras comían un asado frente al lago, lo dejaron morir desangrado.
En el proceso, al expediente Albareda se anexaron otras causas (“Morales” y “Moyano”), con nueve casos de detenidos que sufrieron torturas a manos de integrantes del Departamento de Informaciones de la policía cordobesa. Se trata de sobrevivientes de la represión cuyos testimonios fueron claves para el dictado del fallo.
Menéndez fue llevado a proceso por su rol como jefe máximo de la represión en Córdoba desde 1975 a 1979. Los ex agentes eran todos miembros del Departamento de Informaciones (D2) de la policía cordobesa. Otros de los responsables de la muerte de Albareda murieron de viejos sin llegar a ser condenados, como los ex jefes policiales Raúl Telleldín y Américo Romano. La causa, iniciada en la década del 80, fue cerrada con la sanción de la Obediencia Debida y el Punto Final, pero se reabrió luego de la anulación de estas leyes.
Afuera de la sala
En la puerta de los tribunales federales se reunieron ex presos políticos, estudiantes y militantes de partidos de izquierda para esperar la sentencia, que pudo ser seguida en una pantalla desde la calle. La leyó Jaime Díaz Gavier, el presidente del tribunal, compuesto además por los jueces riojanos José Quiroga Uriburu y Sergio Grimaux.
En el interior de la sala, en los asientos destinados al público, se vieron los pañuelos blancos de Madres y Abuelas. Fernando Albareda, el hijo de la víctima y querellante en la causa, estuvo acompañado por los abogados Claudio Orosz y Martín Fresneda.
Tenía ocho años cuando su padre fue asesinado y hoy es integrante de la agrupación Hijos. Al escuchar las condenas, lamentó la absolución del policía Flores: “Sabemos que Flores fue el que se lo llevó, haberlo absuelto es una lástima. Pero seguramente va a tener que responder por otras causas en las que está sumamente involucrado”, dijo a los periodistas.
El fiscal Carlos Gonella anticipó por su parte que analiza apelar la absolución, pero se mostró “conforme” con la sentencia contra los máximos jefes de la represión. En el fallo, Menéndez fue declarado autor responsable de los delitos de “privación ilegítima de la libertad, lesiones gravísimas, imposición de tormentos y homicidio”.
Tiene la palabra
La posibilidad de decir unas últimas palabras a los jueces antes de que dicten su veredicto es un derecho de los acusados que llegan a la instancia oral. Menéndez ya tenía dos condenas a prisión perpetua (la primera fue dictada en julio del año pasado por un tribunal cordobés en la causa “Brandalisis”; la segunda, en Tucumán, por el asesinato del ex senador Vargas Aignasse); en los juicios, siempre usó el derecho a unas últimas palabras para hacer su arenga.
En la de ayer, habló de la “invasión comunista internacional” que buscó poner a la Argentina bajo la órbita de la Unión Soviética y someterla a su “régimen despiadado y brutal”.
El represor recordó el decreto con el que el entonces presidente Italo Luder ordenó “aniquilar la subversión”. “Las Fuerzas Armadas en pocos años vencieron a los enemigos por pedido de la Nación”, planteó Menéndez y entonces fue cuando citó la frase de Posse, el nuevo ministro de Educación porteño. “Bien recuerda Abel Posse: ‘Ningún país repudió a su ejército por lo que les pidieron sus gobiernos, ni Francia en Argelia ni Rusia en Polonia ni Estados Unidos por Hiroshima’.”
Luego cargó contra el gobierno nacional: “Los mismos guerrilleros de los ’70 están en el Gobierno (...) siguiendo la doctrina de (Antonio) Gramsci de meterse en la sociedad, educación y la política para tomar el poder”.
A Menéndez le quedan más juicios por delante. El próximo tiene fecha de inicio en febrero próximo: deberá responder junto al ex gobernador Antonio Bussi por la desaparición de 17 personas. Luego será el turno del caso “Gontero”, por los secuestros y torturas de cinco ex policías cordobeses y un abogado. Otras causas abiertas es la llamada “UP1”, en la que se investigan los asesinatos de treinta y un detenidos en la Penitenciaría cordobesa de San Martín. El represor también deberá ir a juicio en Santiago del Estero por el homicidio de Cecilio Kamenetzky. Finalmente, en Mendoza, ya fue elevado a juicio oral el expediente por el asesinato del periodista y escritor Francisco “Paco” Urondo y su mujer.
domingo, 6 de diciembre de 2009
Juicio a Menéndez: hoy terminan los alegatos
El miércoles último, el fiscal Carlos Gonella había solicitado prisión perpetua para Menéndez como "autor responsable por diez hechos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos y homicidio (en un hecho)", en las tres causas acumuladas en este proceso de enjuiciamiento (Albareda, Morales y Moyano).
Los pedidos de prisión perpetua también alcanzan al ex titular de la policía provincial, el coronel (R) Rodolfo Campos, y a los ex policías de la D2 (Departamento Informaciones Policiales), Armando Cejas y Hugo Britos.
El abogado del represor y el defensor oficial que representa al ex agente de policía Miguel Angel Gómez, son los últimos letrados que alegarán en la audiencia convocada para hoy. El juicio se le sigue al ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército y a otros cinco represores por delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba.
Para el ex agente Gómez pidió 23 años de prisión y en el caso del ex suboficial policial, Luis Flores la pena solicitada fue de seis años.
En todos los casos los delitos son agravados y en concurso real, en tanto que las penas pedidas incluyen la inhabilitación perpetua, accesorias legales y costas.
El fiscal Gonella también solicitó al tribunal que se remitan los antecedentes ante la Fiscalía de turno para que se investigue la posible comisión del delito de "falso testimonio" del ex juez de Bell Ville, Eudoro Vázquez Cuestas, durante su declaración testimonial en este juicio que comenzó el 20 de octubre.
Los defensores oficiales de Campos, Britos y Cejas, en sus alegatos pidieron la absolución de sus defendidos al exponer el pasado jueves sus argumentos.
Para el ex agente Gómez pidió 23 años de prisión y en el caso del ex suboficial policial, Luis Flores la pena solicitada fue de seis años.
En todos los casos los delitos son agravados y en concurso real, en tanto que las penas pedidas incluyen la inhabilitación perpetua, accesorias legales y costas.
El fiscal Gonella también solicitó al tribunal que se remitan los antecedentes ante la Fiscalía de turno para que se investigue la posible comisión del delito de "falso testimonio" del ex juez de Bell Ville, Eudoro Vázquez Cuestas, durante su declaración testimonial en este juicio que comenzó el 20 de octubre.
Los defensores oficiales de Campos, Britos y Cejas, en sus alegatos pidieron la absolución de sus defendidos al exponer el pasado jueves sus argumentos.
martes, 1 de diciembre de 2009
Un fiscal pidió prisión perpetua para Menéndez
Carlos Gonella solicitó la condena para el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, al exponer su alegato en el juicio que se sigue en las causas Albareda, Morales y Moyano, en el que consideró que el represor "es autor responsable por diez hechos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos y homicidio".
Los pedidos de prisión perpetua alcanzan al ex titular de la policía provincial, el coronel (r) Rodolfo Campos; a los ex policías de la D2 (Departamento Informaciones Policiales) Armando Cejas y Hugo Britos.
Para el ex agente Miguel Angel Gómez pidió 23 años de prisión y en el caso del ex suboficial policial, Luis Flores la pena solicitada fue de seis años.
En todos los casos los delitos son agravados y en concurso real, en tanto que las penas pedidas incluyen la inhabilitación perpetua, accesorias legales y costas.
El fiscal Gonella también pidió que se remita los antecedentes ante la Fiscalía de turno para que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio del ex juez de Bell Ville, Eudoro Vázquez Cuestas, durante su declaración testimonial en este juicio que comenzó el 20 de octubre.
Entre ayer y hoy continúan los alegatos con los defensores oficiales y, según fuentes del Tribunal, en el curso de la próxima semana se conocerá la sentencia.
Para el ex agente Miguel Angel Gómez pidió 23 años de prisión y en el caso del ex suboficial policial, Luis Flores la pena solicitada fue de seis años.
En todos los casos los delitos son agravados y en concurso real, en tanto que las penas pedidas incluyen la inhabilitación perpetua, accesorias legales y costas.
El fiscal Gonella también pidió que se remita los antecedentes ante la Fiscalía de turno para que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio del ex juez de Bell Ville, Eudoro Vázquez Cuestas, durante su declaración testimonial en este juicio que comenzó el 20 de octubre.
Entre ayer y hoy continúan los alegatos con los defensores oficiales y, según fuentes del Tribunal, en el curso de la próxima semana se conocerá la sentencia.
sábado, 21 de noviembre de 2009
Última audiencia en el juicio a Benjamín Menéndez
Declaró el sobreviviente "Toto" López, raptado y torturado por el D2. Los alegatos comienzan el 24 y el fallo se conocerá en diciembre
Menéndez espera la resolución del juicio por los crímenes cometidos durante la dictadura militar. (Télam)
El actor cordobés Juan José "Toto" López, sobreviviente de la última dictadura militar, aseguró este viernes que en esa época se montó "un aparato para destruir a una generación" y que sus torturadores "disfrutaban" de aplicar los tormentos a los detenidos hasta hacerlos sentir que no valían "nada".
En el juicio a Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, y a otros acusados de represión por la muerte del subcomisario Ricardo Fermín Albareda -militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)-, se cumplió este viernes con la última audiencia, a la espera de los alegatos que comenzarán el próximo martes 24 y del fallo que se conocería el 10 ó 15 de diciembre.
López brindó detalles sobre el accionar policial del departamento de inteligencia conocido en Córdoba como D2. En el juicio también se analizan las torturas sufridas por otras nueve personas que sobrevivieron. El testigo narró al Tribunal Oral Federal 1 que en abril de 1978, dos días antes de casarse, ocho o diez personas "con armas largas y cortas" que llegaron en tres autos Ford Taunus irrumpieron en su verdulería de barrio Iponá. "Me preguntan por un tal Jorge que no sabía quién era", recordó, tras lo cual fue trasladado al centro clandestino de detención La Perla. Tras "dos o tres días bajo tortura" lo llevaron al Hospital Militar, donde lo atendieron por una infección a raíz de los tormentos aplicados.
Luego retornó a La Perla, donde permaneció atado algunos días junto a "otros y otras detenidos en condiciones de rehenes por el Mundial (de fútbol) '78, hasta julio", cuando lo trasladaron a La Perla "Chica", o "Escuelita".
"A mediados de septiembre fuimos trasladados por un camión del Ejército con Eduardo Porta (ya fallecido), Massera y el tucumano Haizvar" a la sede del D2 de calle Mariano Moreno. Tras un viaje "bastante tortuoso" bajo el mando del "capitán Juan", donde les aplicaron una golpiza, ingresaron al D2."Nos pegaban por deporte, por las dudas", confiesa.
En el juicio a Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, y a otros acusados de represión por la muerte del subcomisario Ricardo Fermín Albareda -militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)-, se cumplió este viernes con la última audiencia, a la espera de los alegatos que comenzarán el próximo martes 24 y del fallo que se conocería el 10 ó 15 de diciembre.
López brindó detalles sobre el accionar policial del departamento de inteligencia conocido en Córdoba como D2. En el juicio también se analizan las torturas sufridas por otras nueve personas que sobrevivieron. El testigo narró al Tribunal Oral Federal 1 que en abril de 1978, dos días antes de casarse, ocho o diez personas "con armas largas y cortas" que llegaron en tres autos Ford Taunus irrumpieron en su verdulería de barrio Iponá. "Me preguntan por un tal Jorge que no sabía quién era", recordó, tras lo cual fue trasladado al centro clandestino de detención La Perla. Tras "dos o tres días bajo tortura" lo llevaron al Hospital Militar, donde lo atendieron por una infección a raíz de los tormentos aplicados.
Luego retornó a La Perla, donde permaneció atado algunos días junto a "otros y otras detenidos en condiciones de rehenes por el Mundial (de fútbol) '78, hasta julio", cuando lo trasladaron a La Perla "Chica", o "Escuelita".
"A mediados de septiembre fuimos trasladados por un camión del Ejército con Eduardo Porta (ya fallecido), Massera y el tucumano Haizvar" a la sede del D2 de calle Mariano Moreno. Tras un viaje "bastante tortuoso" bajo el mando del "capitán Juan", donde les aplicaron una golpiza, ingresaron al D2."Nos pegaban por deporte, por las dudas", confiesa.
Posteriormente los policías introdujeron a López en un baúl y junto a Haizvar los llevaron al Chalé de Hidráulica (cerca del paredón del dique San Roque), contó el sobreviviente. "No sabíamos porque estábamos allí. En el viaje creí que me iban a matar", dijo López, y agregó que permaneció alojado ahí una semana "esposado de un pie y una mano al elástico de una cama".
López dijo que un policía, al que llamaban "Il Comendatore", cumplía años y para festejar mandaron a otros guardias a comprar vino. Allí pudo escuchar que estaban cerca de Bialet Massé. Durante la fiesta, según afirmó, los policías "se emborracharon y el 'Comendatore' entró con un arma y nos amenazó con matarnos".
Aparte de Menéndez, están imputados el militar ex jefe de la Policía de Córdoba Rodolfo Campos y los policías César Cejas, Hugo Cayetano Britos, Calixto Luis Flores y Miguel Angel Gómez. Sólo Menéndez y Gómez están involucrados en la causa de las torturas.
López dijo que un policía, al que llamaban "Il Comendatore", cumplía años y para festejar mandaron a otros guardias a comprar vino. Allí pudo escuchar que estaban cerca de Bialet Massé. Durante la fiesta, según afirmó, los policías "se emborracharon y el 'Comendatore' entró con un arma y nos amenazó con matarnos".
Aparte de Menéndez, están imputados el militar ex jefe de la Policía de Córdoba Rodolfo Campos y los policías César Cejas, Hugo Cayetano Britos, Calixto Luis Flores y Miguel Angel Gómez. Sólo Menéndez y Gómez están involucrados en la causa de las torturas.
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