En una de las jornadas con mayor carga emotiva desde que comenzó el juicio por el Centro Clandestino de Detención, Jefatura de Policía, el Tribunal Oral Federal decidió la suspensión por nueve días hábiles del proceso judicial, para esperar la evolución de la salud del represor Antonio Domingo Bussi. De esta manera, las audiencias volverían el martes 30 de marzo. Un día antes, el imputado por delitos de lesa humanidad será revisado por el médico forense de la Corte Suprema de la Nación, Cristian Rando, para analizar la evolución de su cuadro clínico.
Según el informe de Rando, al que suscribieron los distintos peritos de parte, el genocida “no está estable en relación a su cuadro cardiológico de base” y tiene “una infección urinaria aún no resuelta y una tumoración testicular dolorosa”. Esa infección urinaria ya existía 15 días atrás, pero no se realizó ningún tratamiento para evitar su evolución.
En este sentido, el médico forense indicó que “encontré un paciente discreta a moderadamente desmejorado de la última vez. Ya tenía una coloración discretamente peor que la última vez, estaba deshidratado, con mayor dificultad respiratoria. Hubieran sido necesarios menores plazos en implementar ciertas cosas para evitar la infección urinaria”.
Por eso, la querellante Laura Figueroa (representante de la Asociación Tucumana Contra la Impunidad – ATCI) manifestó que “no consta ninguna advertencia ni pedido específico por parte del médico Castellanos con respecto a la involución de Antonio Domingo Bussi”.
En igual sintonía se expresó el perito de parte, el cardiólogo Alfredo Neme Sheij, quién manifestó que “hay un evolución desfavorable del paciente, tiene patologías de muy mal pronóstico y las situaciones de estrés acelerarían el mal pronóstico”.
Ante esta situación, Figueroa le preguntó cómo es posible que en quince días, en los que no estuvo sometido a situaciones de estrés propias de un proceso judicial, haya empeorado su situación. Neme Sheij respondió que “hubo un evento coronario agudo comprobado, un agravamiento de su estabilidad coronaria. Pero además, no está debidamente atendido en su domicilio. El paciente requiere de una internación para resolver su problema urinario”.
Por esto, la abogada de la ATCI, planteó que “queda claro que la patología crónica de Bussi fue empeorando por el maltrato o descuido de las personas que lo rodean”.
En misma sintonía se expresó el Fiscal Federal, Alfredo Terraf, quién advirtió que “aparentemente, la salud de Bussi no está siendo bien cuidada por su familia” y que, por lo tanto, “el Estado se tiene que hacer cargo de la situación”.
Las resoluciones del TOF
Lo expuesto por Rando y Neme Sheij llevó al Tribunal a emitir una resolución en la que decidió “suspender la audiencia por nueve días hábiles. Ordenar la internación de Antonio Domingo Bussi, en un nosocomio público o privado (a su costo); que el SIPROSA disponga de los facultativos necesarios a fin de controlar diariamente el estado de salud del imputado. Que el doctor Rando revise a Bussi el lunes 29 y comparezca como perito a la audiencia de debate del día siguiente”.
Las medidas finalmente adoptadas por el TOF habían sido solicitadas, en primer lugar, por la abogada querellante por parte de andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), Valentina García Salemi. Adhirieron a esa postura todos los demás querellantes, a excepción de la doctora Figueroa.
““Voy a defender la prosecución de este juicio, para que no sufra un día más de suspensión, porque los testigos sobrevivientes están angustiados. Este juicio no debe caer en la trampa defensiva de los acusados. La dilación y la prolongación de la agonía es el juego de la impunidad”, indicó la querellante por ATCI y manifestó que "voy a retirar al doctor Neme Sheik, porque a mi entender ha sido categórico y claro, sobre que Bussi no está en condiciones de continuar en este juicio.
Según el informe de Rando, al que suscribieron los distintos peritos de parte, el genocida “no está estable en relación a su cuadro cardiológico de base” y tiene “una infección urinaria aún no resuelta y una tumoración testicular dolorosa”. Esa infección urinaria ya existía 15 días atrás, pero no se realizó ningún tratamiento para evitar su evolución.
En este sentido, el médico forense indicó que “encontré un paciente discreta a moderadamente desmejorado de la última vez. Ya tenía una coloración discretamente peor que la última vez, estaba deshidratado, con mayor dificultad respiratoria. Hubieran sido necesarios menores plazos en implementar ciertas cosas para evitar la infección urinaria”.
Por eso, la querellante Laura Figueroa (representante de la Asociación Tucumana Contra la Impunidad – ATCI) manifestó que “no consta ninguna advertencia ni pedido específico por parte del médico Castellanos con respecto a la involución de Antonio Domingo Bussi”.
En igual sintonía se expresó el perito de parte, el cardiólogo Alfredo Neme Sheij, quién manifestó que “hay un evolución desfavorable del paciente, tiene patologías de muy mal pronóstico y las situaciones de estrés acelerarían el mal pronóstico”.
Ante esta situación, Figueroa le preguntó cómo es posible que en quince días, en los que no estuvo sometido a situaciones de estrés propias de un proceso judicial, haya empeorado su situación. Neme Sheij respondió que “hubo un evento coronario agudo comprobado, un agravamiento de su estabilidad coronaria. Pero además, no está debidamente atendido en su domicilio. El paciente requiere de una internación para resolver su problema urinario”.
Por esto, la abogada de la ATCI, planteó que “queda claro que la patología crónica de Bussi fue empeorando por el maltrato o descuido de las personas que lo rodean”.
En misma sintonía se expresó el Fiscal Federal, Alfredo Terraf, quién advirtió que “aparentemente, la salud de Bussi no está siendo bien cuidada por su familia” y que, por lo tanto, “el Estado se tiene que hacer cargo de la situación”.
Las resoluciones del TOF
Lo expuesto por Rando y Neme Sheij llevó al Tribunal a emitir una resolución en la que decidió “suspender la audiencia por nueve días hábiles. Ordenar la internación de Antonio Domingo Bussi, en un nosocomio público o privado (a su costo); que el SIPROSA disponga de los facultativos necesarios a fin de controlar diariamente el estado de salud del imputado. Que el doctor Rando revise a Bussi el lunes 29 y comparezca como perito a la audiencia de debate del día siguiente”.
Las medidas finalmente adoptadas por el TOF habían sido solicitadas, en primer lugar, por la abogada querellante por parte de andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), Valentina García Salemi. Adhirieron a esa postura todos los demás querellantes, a excepción de la doctora Figueroa.
““Voy a defender la prosecución de este juicio, para que no sufra un día más de suspensión, porque los testigos sobrevivientes están angustiados. Este juicio no debe caer en la trampa defensiva de los acusados. La dilación y la prolongación de la agonía es el juego de la impunidad”, indicó la querellante por ATCI y manifestó que "voy a retirar al doctor Neme Sheik, porque a mi entender ha sido categórico y claro, sobre que Bussi no está en condiciones de continuar en este juicio.
